perros colgados y hojas sagradas
El ex presidente Alberto Fujimori fue el hombre clave en la construcción de los carteles de la coca en Perú.
En 1961, la ciudad de Lima albergaba a 1,8 millones de habitantes. Sólo tres décadas después, en 1991, ya eran 6,5 millones, y más del 60% vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares.
En 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado reformista e inició una rápida reforma agraria en la costa y en los faldeos de los Andes peruanos. Parte de las nuevas tierras y la mano de obra barata fueron empleadas por los narcotraficantes colombianos que se preparaban para entrar al mercado norteamericano. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali escogieron el valle del río Huallaga, en el noreste del Perú, como centro de producción, porque allí las variedades de la coca son muy ricas en alcaloides. Y mientras crecían las plantaciones, otro proceso germinaba entre los campesinos indígenas.
En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre prosoviéticos y prochinos. En 1967 se escindió de estos últimos una vertiente que formó Sendero Luminoso. Ese mismo año, los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) impulsaron una rebelión de corte castrista.
A comienzos de los años 70 existían en Perú 1.500 hectáreas de cultivos que producían unas 3.500 toneladas de hojas de coca, lo que bastaba para el consumo de la población indígena.
En agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso a Velasco Alvarado y reimplantó el predominio de la elite más tradicional, mientras los amerindios, cholos, mulatos, mestizos y zambos, la enorme mayoría de la población, siguieron en la miseria.
En la Amazonía peruana, entre las localidades de Tingo María y Tarapoto, se agrupaban numerosos poblados que, al sentirse abandonados por el Estado, optaron por cultivar coca. Los colombianos instalados en el lugar reclamaban hoteles, restaurantes, automóviles, discotecas, prostíbulos y orquestas para amenizar sus fiestas y hacer más cómoda su estadía.
La lucha armada iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 (algunos años más tarde irrumpiría en Lima con el brutal gesto de colgar cientos de perros de los postes del alumbrado publico) buscó el control total de las actividades productivas, sociales y políticas. Los hombres de Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo , amenazaron a los habitantes, juzgaron a sus autoridades y designaron a sus reemplazantes. Se movilizaban en grupos fuertemente armados y dispuestos a enfrentarse con quien fuese. Desde abril de 1987, Sendero proclamó zonas liberadas, expulsó a la policía y obligó a los narcotraficantes a desarmarse.
Los productores de coca deseaban protección y más dinero. Sendero les ofreció defenderlos y extirpar el alcohol, la violencia y el relajo moral que habían impuesto los colombianos. Los guerrilleros obligaron a trabajar a todo el mundo, cerraron los garitos y burdeles, asesinaron a los homosexuales, desterraron a las prostitutas, y castigaron el adulterio de ambos sexos llegando a rapar a los hombres, a los que dejaban dos mechones en la frente a modo de cuernos.
Abimael Guzmán prohibió a los colombianos cambiar dólares en las agencias bancarias e instruyó a los campesinos sobre cómo y a quién vender su producción. El comercio de hojas de coca y de pasta base de cocaína (PBC) en la región generaba ingresos por unos 600 millones de dólares, de los que el 5% era para los senderistas.
Alto Rendimiento
En septiembre de 1989, una hectárea de tierra fértil producía mil kilos de coca, a tres dólares el kilo; una hectárea de café entregaba 400 kilos, a dos dólares el kilo; una de cacao, 500 kilos, a un dólar cada uno, y una hectárea de achiote (planta cuyo polvo es de uso farmacológico), 600 kilos a 90 centavos de dólar el kilo. La coca salía por vía aérea hacia Colombia; los productos agrícolas viajaban a la costa por malas carreteras.
La PBC era vendida en bolas de un kilo; cada una valía de 350 a 400 dólares en 1988; su precio bajó a 150 dólares en 1989 y a 50 en agosto de 1990. Y tres kilos de PBC rinden uno de pasta lavada, que en junio de 1989 valía 400 dólares.
A fines de los años 80, en el Alto Huallaga vivían 60 mil familias, cada una de las cuales poseía entre dos y cuatro hectáreas de cocales. Desde 1979 a 1989, Estados Unidos entregó ocho millones de dólares anuales para que las plantaciones de coca fueran arrancadas, pero los precios de los cultivos alternativos siguieron bajando. Expertos locales sugirieron a Washington que, para terminar con la coca, subieran en un 30% el precio de los productos sustitutos, y se les diera prioridad a su ingreso a los mercados estadounidenses. También recomendaron apoyar la creación de agroindustrias procesadoras de café y de chocolate. Ninguna iniciativa tuvo éxito.
En 1989, cuando la inflación superó el 2.000% anual y la economía peruana se despeñaba, surgió la candidatura de Alberto Fujimori, quien luego de romper todos los pronósticos, asumió la presidencia del país el 28 de julio de 1990. En los últimos diez años, la lucha en contra de la guerrilla y del narcotráfico había provocado más de 17 mil muertos y cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
En 1991, la ciudad de Lima tenía 6,5 millones de habitantes. Sólo tres décadas antes, en 1961, albergaba a 1,8 millones. El 52% de las industrias era informal y más del 60% de la población vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares. Los campesinos recibían un promedio de 700 dólares anuales por persona. En las selvas ya se estaba refinando la PBC y enviando la cocaína directamente a Estados Unidos y Europa, como resultado de la guerra del Estado colombiano con los carteles de Medellín y Cali.
Aparece Fujimori
El 5 de abril de 1992, Fujimori decidió dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. Uno de los argumentos que usó para disolver el Congreso y arrogarse poderes casi dictatoriales fue que parlamentarios corruptos bloqueaban reformas destinadas a detener el cultivo y exportación de coca. Al mismo tiempo, los militares anunciaron que asumían el control de todas las pistas aéreas existentes en el Alto Huallaga.
El economista Hernando de Soto, autor del libro El otro sendero , afirmó que Fujimori guardó silencio cuando funcionarios estadounidenses le preguntaron por qué salían cargamentos de droga desde pistas de aviación controladas por los militares.
Hasta ese momento, el sueño de un alto oficial militar peruano era ser enviado a un cargo diplomático en Londres, París o Washington. Ahora se peleaban por lograr el mando en una unidad en el valle del Huallaga. Oficiales corruptos cobraban una especie de peaje a los aviones de los narcotraficantes, lo que les reportaba entre 20 mil y 50 mil dólares mensuales.
El senador Raúl Ferrero Costa estimó que el gobierno de Fujimori había interceptado 60 avionetas con droga durante un año. La cifra es ínfima si se calcula que hay 30 vuelos diarios de avionetas en el valle del Huallaga , agregó el senador, titular de la Comisión de Justicia del disuelto Congreso.
Fujimori dispuso, a partir de su autogolpe, que sería él quien decidiría el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Uno de sus asesores era Vladimiro Montesinos, un ex capitán vinculado a la CIA y principal consejero del general Julio Salazar Monroe, director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN). Montesinos había sido expulsado del Ejército en 1976 por vender secretos militares relativos al armamento soviético en manos de las Fuerzas Armadas. Tenía estudios de Derecho y se transformó en un abogado de traficantes de drogas colombianos y peruanos, a quienes ayudó a fugarse o a desaparecer los expedientes judiciales. Logró sacar del paso a un grupo de oficiales superiores de la policía que protegía al padrino mafioso Reynaldo Rodríguez López, detenido en 1985. Montesinos también hizo desaparecer, en 1989, unas actas procesales sobre operaciones de bienes raíces dudosas realizadas por Alberto Fujimori.
Ciertos observadores consideraban que el autogolpe de abril de 1992, en cuya preparación Montesinos desempeñó un papel importante, tuvo como objetivo principal borrar las pruebas de la complicidad militar en el tráfico de drogas y en las violaciones de los derechos humanos. Entre el 5 y el 10 de abril, comandos del Ejército habrían hecho desaparecer un tercio de los legajos concernientes a casos en curso desde el Palacio de Justicia y la Fiscalía General del Perú.
Corresponsales del hoy desaparecido Observatoire Geopolitique des Drogues, una de las instituciones más prestigiadas del mundo en el tema del narcotráfico, afirmaron que todo indicaba que Fujimori podía contar con la fidelidad absoluta del Ejército y que le bastaba con dejar que los oficiales se financiaran con el comercio de la PBC.
Inquietud en Chile
En agosto de 1992, oficiales de Carabineros advirtieron que la mayor amenaza para Chile provenía de una nueva organización criminal denominada el cartel de Lima, que había llegado a controlar gran parte de la venta de hojas de coca y que estaba incursionando en la refinación. Uno de los temores era la repetición en la frontera chileno-peruana de la alianza de ‘Las ratas de la costa', un acuerdo entre traficantes colombianos y venezolanos dedicados al lavado de dinero.
En septiembre de 1993, agentes de la Policía de Investigaciones consiguieron ubicar en Chile a los cabecillas de una importante conexión del cartel de Lima que desde hacía varios años enviaba grandes partidas de cocaína a Europa.
En una lujosa residencia de la Vía Roja, de Lo Curro, los detectives arrestaron al peruano Jorge Saer Becerra, de 41 años, quien se encontraba ilegalmente en Chile desde 1989 bajo la identidad de Jorge Antonio Sáez Rivero. Era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania. La policía alemana lo sindicaba como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína refinada. El Gobierno alemán pidió a Chile la extradición de Saer y policías de ese país viajaron para llevárselo a fines de 1993.
Un día antes de que la Corte Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, logró obtener la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría para huir al extranjero.
Saer Becerra, conocido en Perú y Colombia como El Coqui , era un importante miembro del cartel de Cali y había internado a Chile cerca de una tonelada de cocaína que fue almacenada en una bodega de Las Condes y posteriormente enviada al extranjero. Estaba vinculado a otro narcotraficante peruano que estuvo radicado en Chile, Juan Guillermo Cornejo Huallpa, que usaba el nombre falso de Jorge Acosta Vargas y que, tras conocerse la captura de Saer, huyó hacia Argentina abandonando un patrimonio de dos millones de dólares. Dejó su mansión en Lo Curro, su parcela en la zona central y sus empresas. Este peruano era muy cercano a Reynaldo Rodríguez López, el padrino que Montesinos había ayudado.
Durante las pesquisas, Investigaciones pidió la colaboración a las policías de Perú y Bolivia, sin conseguir mucho. Era evidente, incluso, que muchos de los antecedentes proporcionados a los policías peruanos les eran entregados a los propios delincuentes para que evitaran ser capturados.
El máximo jefe antinarcóticos de Investigaciones, el subprefecto José Sotomayor, no pudo contenerse: No tienen ninguna disposición efectiva para prevenir ni controlar el narcotráfico, dijo a la prensa, agregando que estamos permanentemente reclamando en forma diplomática y policial para comprometerlos en este trabajo. Añadió que de los 450 kilos de cocaína decomisados en Chile ese año, 350 correspondían a la zona norte, donde se había arrestado a 1.500 narcotraficantes.
Sotomayor indicó que si se analizaban las estadísticas de Perú y Bolivia se comprobaba que la información era casi nula y que al otro lado de las fronteras prácticamente no existían detenidos ni decomisos.
La diplomacia pudo más que la franqueza del subprefecto; 24 horas después, Sotomayor fue removido y abandonó el cuartel antidroga en medio del aplauso de sus compañeros. [Luego se descubriría que también estaba implicado en el tráfico de drogas].
Vaticano y LAN Chile
En marzo de 1994, el narcotráfico en Perú era controlado por ocho organizaciones. La DEA informó que tras la captura de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano , el 14 de enero de ese año en Cali, otros narcos se aprestan a ocupar su lugar.
Vaticano era sindicado como el mayor narcotraficante peruano y se le atribuía el control anual de unos 60 mil kilos de PBC lavada, equivalentes a 900 millones de dólares. El mismo día de su arresto fue deportado a Perú y condenado a 30 años de cárcel. Algunos policías peruanos afirmaban que sería reemplazado por su hermano Elías, alias Lan Chile .
Vaticano tenía un competidor, el colombiano Waldo Vargas Arias, alias El Ministro , quien controlaba el despacho de unos 40 mil kilos de pasta lavada hacia Cali y había montado laboratorios para producir cocaína de alta pureza. Otros postulantes a dominar el negocio de la coca eran los hermanos Cachique Rivera, con bases en todo Perú. A la zaga se ubicaban otras seis organizaciones menos conocidas que operaban en Ayacucho, en las cercanías de Tacna y en Madre de Dios, en el límite con Bolivia y Brasil.
Un mes después, en abril de 1994, una comisión especial del Parlamento anunció que unos 100 oficiales de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional estaban involucrados en casos de narcotráfico, además de otro centenar de oficiales que ya habían sido sentenciados. Y en abril se informó que por primera vez un general peruano sería sometido a la justicia civil por un delito vinculado al tráfico de estupefacientes. Se trataba de Jaime Ríos Arayco, jefe del comando político militar de la zona del Alto Huallaga, quien sería procesado junto a otros 11 oficiales.
En ese instante, las mafias de la droga controlaban el 60% de la Amazonía peruana, donde 1,2 millones de personas se dedicaban al cultivo y a la refinación de coca que era movilizada a través de 300 pistas aéreas clandestinas: el mercado llegaba a los mil millones de dólares anuales.
Expertos advertían que el 80% de las mujeres recluidas en el país estaban purgando condenas por narcotráfico; la mayoría pertenecía a los estratos más pobres y había sido sorprendida vendiendo pasta base. Les seguían en número las mulas que transportaban droga al exterior: casi todas jóvenes hermosas, modelos o estudiantes universitarias.
El Avión Presidencial
El momento de mayor actividad de las organizaciones peruanas se localiza en la segunda mitad de los años 90, cuando se detectaron unas 25 firmas que operaban simultáneamente. Las más activas fueron las lideradas por José María Aguilar Ruiz (Shushupe), Waldo Simeón Vargas Arias (Ministro), Lizardo Macedo Santillán (Cristal), los hermanos Cachique Rivera, Lamber Rengifo Tello, Diego Vallejos Reyes (Albino) y Julio Daniel Augurto Lugo (Camello).
El 40% de los 23 millones de peruanos seguía siendo pobre, por lo que el rápido enriquecimiento que brindaba el narcotráfico se imponía como una forma eficaz y segura de abandonar la miseria. En este escenario, Fujimori volvió a imponerse en las urnas y asumió en julio de 1995 su segundo período de gobierno.
Tres meses después, 11 altos oficiales del Ejército peruano entre ellos dos generales fueron acusados por un fiscal por tráfico de drogas.
Eran David Jaime Sobrevilla, que en 1992 fue jefe político-militar de la zona del Mántaro, y MacDonald Pérez Silva, miembro de su Estado Mayor. Sobrevilla era llamado El Abuelo por los narcos, y fue acusado de colaborar con Abelardo Cachique Rivera (El Negro), condenado a cadena perpetua.
A la acusación se sumaban otras en contra de otros tres generales. Uno de ellos era Jaime Ríos Araico, ex jefe del frente de Huallaga, acusado de colaborar con Vaticano , quien tras ser detenido detalló a la justicia su relación con Vladimiro Montesinos.
Uno de los casos más sorprendentes fue el uso del avión presidencial para transportar cocaína. Miembros de la Fuerza Aérea Peruana cargaron 93 kilos en un viaje a Moscú, 15 kilos rumbo a las islas Canarias, 30 kilos en dos viajes a Miami y otros 174 kilos que iban a ser desembarcados en una gira de Fujimori a Europa, en mayo de 1996. Uno de los principales responsables de los cargamentos era el edecán aéreo del Mandatario.
En 1961, la ciudad de Lima albergaba a 1,8 millones de habitantes. Sólo tres décadas después, en 1991, ya eran 6,5 millones, y más del 60% vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares.En 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado reformista e inició una rápida reforma agraria en la costa y en los faldeos de los Andes peruanos. Parte de las nuevas tierras y la mano de obra barata fueron empleadas por los narcotraficantes colombianos que se preparaban para entrar al mercado norteamericano. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali escogieron el valle del río Huallaga, en el noreste del Perú, como centro de producción, porque allí las variedades de la coca son muy ricas en alcaloides. Y mientras crecían las plantaciones, otro proceso germinaba entre los campesinos indígenas.
En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre prosoviéticos y prochinos. En 1967 se escindió de estos últimos una vertiente que formó Sendero Luminoso. Ese mismo año, los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) impulsaron una rebelión de corte castrista.
A comienzos de los años 70 existían en Perú 1.500 hectáreas de cultivos que producían unas 3.500 toneladas de hojas de coca, lo que bastaba para el consumo de la población indígena.
En agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso a Velasco Alvarado y reimplantó el predominio de la elite más tradicional, mientras los amerindios, cholos, mulatos, mestizos y zambos, la enorme mayoría de la población, siguieron en la miseria.
En la Amazonía peruana, entre las localidades de Tingo María y Tarapoto, se agrupaban numerosos poblados que, al sentirse abandonados por el Estado, optaron por cultivar coca. Los colombianos instalados en el lugar reclamaban hoteles, restaurantes, automóviles, discotecas, prostíbulos y orquestas para amenizar sus fiestas y hacer más cómoda su estadía.
La lucha armada iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 (algunos años más tarde irrumpiría en Lima con el brutal gesto de colgar cientos de perros de los postes del alumbrado publico) buscó el control total de las actividades productivas, sociales y políticas. Los hombres de Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo , amenazaron a los habitantes, juzgaron a sus autoridades y designaron a sus reemplazantes. Se movilizaban en grupos fuertemente armados y dispuestos a enfrentarse con quien fuese. Desde abril de 1987, Sendero proclamó zonas liberadas, expulsó a la policía y obligó a los narcotraficantes a desarmarse.
Los productores de coca deseaban protección y más dinero. Sendero les ofreció defenderlos y extirpar el alcohol, la violencia y el relajo moral que habían impuesto los colombianos. Los guerrilleros obligaron a trabajar a todo el mundo, cerraron los garitos y burdeles, asesinaron a los homosexuales, desterraron a las prostitutas, y castigaron el adulterio de ambos sexos llegando a rapar a los hombres, a los que dejaban dos mechones en la frente a modo de cuernos.
Abimael Guzmán prohibió a los colombianos cambiar dólares en las agencias bancarias e instruyó a los campesinos sobre cómo y a quién vender su producción. El comercio de hojas de coca y de pasta base de cocaína (PBC) en la región generaba ingresos por unos 600 millones de dólares, de los que el 5% era para los senderistas.
Alto Rendimiento
En septiembre de 1989, una hectárea de tierra fértil producía mil kilos de coca, a tres dólares el kilo; una hectárea de café entregaba 400 kilos, a dos dólares el kilo; una de cacao, 500 kilos, a un dólar cada uno, y una hectárea de achiote (planta cuyo polvo es de uso farmacológico), 600 kilos a 90 centavos de dólar el kilo. La coca salía por vía aérea hacia Colombia; los productos agrícolas viajaban a la costa por malas carreteras.
La PBC era vendida en bolas de un kilo; cada una valía de 350 a 400 dólares en 1988; su precio bajó a 150 dólares en 1989 y a 50 en agosto de 1990. Y tres kilos de PBC rinden uno de pasta lavada, que en junio de 1989 valía 400 dólares.
A fines de los años 80, en el Alto Huallaga vivían 60 mil familias, cada una de las cuales poseía entre dos y cuatro hectáreas de cocales. Desde 1979 a 1989, Estados Unidos entregó ocho millones de dólares anuales para que las plantaciones de coca fueran arrancadas, pero los precios de los cultivos alternativos siguieron bajando. Expertos locales sugirieron a Washington que, para terminar con la coca, subieran en un 30% el precio de los productos sustitutos, y se les diera prioridad a su ingreso a los mercados estadounidenses. También recomendaron apoyar la creación de agroindustrias procesadoras de café y de chocolate. Ninguna iniciativa tuvo éxito.
En 1989, cuando la inflación superó el 2.000% anual y la economía peruana se despeñaba, surgió la candidatura de Alberto Fujimori, quien luego de romper todos los pronósticos, asumió la presidencia del país el 28 de julio de 1990. En los últimos diez años, la lucha en contra de la guerrilla y del narcotráfico había provocado más de 17 mil muertos y cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
En 1991, la ciudad de Lima tenía 6,5 millones de habitantes. Sólo tres décadas antes, en 1961, albergaba a 1,8 millones. El 52% de las industrias era informal y más del 60% de la población vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares. Los campesinos recibían un promedio de 700 dólares anuales por persona. En las selvas ya se estaba refinando la PBC y enviando la cocaína directamente a Estados Unidos y Europa, como resultado de la guerra del Estado colombiano con los carteles de Medellín y Cali.
Aparece Fujimori
El 5 de abril de 1992, Fujimori decidió dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. Uno de los argumentos que usó para disolver el Congreso y arrogarse poderes casi dictatoriales fue que parlamentarios corruptos bloqueaban reformas destinadas a detener el cultivo y exportación de coca. Al mismo tiempo, los militares anunciaron que asumían el control de todas las pistas aéreas existentes en el Alto Huallaga.
El economista Hernando de Soto, autor del libro El otro sendero , afirmó que Fujimori guardó silencio cuando funcionarios estadounidenses le preguntaron por qué salían cargamentos de droga desde pistas de aviación controladas por los militares.
Hasta ese momento, el sueño de un alto oficial militar peruano era ser enviado a un cargo diplomático en Londres, París o Washington. Ahora se peleaban por lograr el mando en una unidad en el valle del Huallaga. Oficiales corruptos cobraban una especie de peaje a los aviones de los narcotraficantes, lo que les reportaba entre 20 mil y 50 mil dólares mensuales.
El senador Raúl Ferrero Costa estimó que el gobierno de Fujimori había interceptado 60 avionetas con droga durante un año. La cifra es ínfima si se calcula que hay 30 vuelos diarios de avionetas en el valle del Huallaga , agregó el senador, titular de la Comisión de Justicia del disuelto Congreso.
Fujimori dispuso, a partir de su autogolpe, que sería él quien decidiría el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Uno de sus asesores era Vladimiro Montesinos, un ex capitán vinculado a la CIA y principal consejero del general Julio Salazar Monroe, director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN). Montesinos había sido expulsado del Ejército en 1976 por vender secretos militares relativos al armamento soviético en manos de las Fuerzas Armadas. Tenía estudios de Derecho y se transformó en un abogado de traficantes de drogas colombianos y peruanos, a quienes ayudó a fugarse o a desaparecer los expedientes judiciales. Logró sacar del paso a un grupo de oficiales superiores de la policía que protegía al padrino mafioso Reynaldo Rodríguez López, detenido en 1985. Montesinos también hizo desaparecer, en 1989, unas actas procesales sobre operaciones de bienes raíces dudosas realizadas por Alberto Fujimori.
Ciertos observadores consideraban que el autogolpe de abril de 1992, en cuya preparación Montesinos desempeñó un papel importante, tuvo como objetivo principal borrar las pruebas de la complicidad militar en el tráfico de drogas y en las violaciones de los derechos humanos. Entre el 5 y el 10 de abril, comandos del Ejército habrían hecho desaparecer un tercio de los legajos concernientes a casos en curso desde el Palacio de Justicia y la Fiscalía General del Perú.
Corresponsales del hoy desaparecido Observatoire Geopolitique des Drogues, una de las instituciones más prestigiadas del mundo en el tema del narcotráfico, afirmaron que todo indicaba que Fujimori podía contar con la fidelidad absoluta del Ejército y que le bastaba con dejar que los oficiales se financiaran con el comercio de la PBC.
Inquietud en Chile
En agosto de 1992, oficiales de Carabineros advirtieron que la mayor amenaza para Chile provenía de una nueva organización criminal denominada el cartel de Lima, que había llegado a controlar gran parte de la venta de hojas de coca y que estaba incursionando en la refinación. Uno de los temores era la repetición en la frontera chileno-peruana de la alianza de ‘Las ratas de la costa', un acuerdo entre traficantes colombianos y venezolanos dedicados al lavado de dinero.
En septiembre de 1993, agentes de la Policía de Investigaciones consiguieron ubicar en Chile a los cabecillas de una importante conexión del cartel de Lima que desde hacía varios años enviaba grandes partidas de cocaína a Europa.
En una lujosa residencia de la Vía Roja, de Lo Curro, los detectives arrestaron al peruano Jorge Saer Becerra, de 41 años, quien se encontraba ilegalmente en Chile desde 1989 bajo la identidad de Jorge Antonio Sáez Rivero. Era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania. La policía alemana lo sindicaba como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína refinada. El Gobierno alemán pidió a Chile la extradición de Saer y policías de ese país viajaron para llevárselo a fines de 1993.
Un día antes de que la Corte Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, logró obtener la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría para huir al extranjero.
Saer Becerra, conocido en Perú y Colombia como El Coqui , era un importante miembro del cartel de Cali y había internado a Chile cerca de una tonelada de cocaína que fue almacenada en una bodega de Las Condes y posteriormente enviada al extranjero. Estaba vinculado a otro narcotraficante peruano que estuvo radicado en Chile, Juan Guillermo Cornejo Huallpa, que usaba el nombre falso de Jorge Acosta Vargas y que, tras conocerse la captura de Saer, huyó hacia Argentina abandonando un patrimonio de dos millones de dólares. Dejó su mansión en Lo Curro, su parcela en la zona central y sus empresas. Este peruano era muy cercano a Reynaldo Rodríguez López, el padrino que Montesinos había ayudado.
Durante las pesquisas, Investigaciones pidió la colaboración a las policías de Perú y Bolivia, sin conseguir mucho. Era evidente, incluso, que muchos de los antecedentes proporcionados a los policías peruanos les eran entregados a los propios delincuentes para que evitaran ser capturados.
El máximo jefe antinarcóticos de Investigaciones, el subprefecto José Sotomayor, no pudo contenerse: No tienen ninguna disposición efectiva para prevenir ni controlar el narcotráfico, dijo a la prensa, agregando que estamos permanentemente reclamando en forma diplomática y policial para comprometerlos en este trabajo. Añadió que de los 450 kilos de cocaína decomisados en Chile ese año, 350 correspondían a la zona norte, donde se había arrestado a 1.500 narcotraficantes.
Sotomayor indicó que si se analizaban las estadísticas de Perú y Bolivia se comprobaba que la información era casi nula y que al otro lado de las fronteras prácticamente no existían detenidos ni decomisos.
La diplomacia pudo más que la franqueza del subprefecto; 24 horas después, Sotomayor fue removido y abandonó el cuartel antidroga en medio del aplauso de sus compañeros. [Luego se descubriría que también estaba implicado en el tráfico de drogas].
Vaticano y LAN Chile
En marzo de 1994, el narcotráfico en Perú era controlado por ocho organizaciones. La DEA informó que tras la captura de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano , el 14 de enero de ese año en Cali, otros narcos se aprestan a ocupar su lugar.
Vaticano era sindicado como el mayor narcotraficante peruano y se le atribuía el control anual de unos 60 mil kilos de PBC lavada, equivalentes a 900 millones de dólares. El mismo día de su arresto fue deportado a Perú y condenado a 30 años de cárcel. Algunos policías peruanos afirmaban que sería reemplazado por su hermano Elías, alias Lan Chile .
Vaticano tenía un competidor, el colombiano Waldo Vargas Arias, alias El Ministro , quien controlaba el despacho de unos 40 mil kilos de pasta lavada hacia Cali y había montado laboratorios para producir cocaína de alta pureza. Otros postulantes a dominar el negocio de la coca eran los hermanos Cachique Rivera, con bases en todo Perú. A la zaga se ubicaban otras seis organizaciones menos conocidas que operaban en Ayacucho, en las cercanías de Tacna y en Madre de Dios, en el límite con Bolivia y Brasil.
Un mes después, en abril de 1994, una comisión especial del Parlamento anunció que unos 100 oficiales de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional estaban involucrados en casos de narcotráfico, además de otro centenar de oficiales que ya habían sido sentenciados. Y en abril se informó que por primera vez un general peruano sería sometido a la justicia civil por un delito vinculado al tráfico de estupefacientes. Se trataba de Jaime Ríos Arayco, jefe del comando político militar de la zona del Alto Huallaga, quien sería procesado junto a otros 11 oficiales.
En ese instante, las mafias de la droga controlaban el 60% de la Amazonía peruana, donde 1,2 millones de personas se dedicaban al cultivo y a la refinación de coca que era movilizada a través de 300 pistas aéreas clandestinas: el mercado llegaba a los mil millones de dólares anuales.
Expertos advertían que el 80% de las mujeres recluidas en el país estaban purgando condenas por narcotráfico; la mayoría pertenecía a los estratos más pobres y había sido sorprendida vendiendo pasta base. Les seguían en número las mulas que transportaban droga al exterior: casi todas jóvenes hermosas, modelos o estudiantes universitarias.
El Avión Presidencial
El momento de mayor actividad de las organizaciones peruanas se localiza en la segunda mitad de los años 90, cuando se detectaron unas 25 firmas que operaban simultáneamente. Las más activas fueron las lideradas por José María Aguilar Ruiz (Shushupe), Waldo Simeón Vargas Arias (Ministro), Lizardo Macedo Santillán (Cristal), los hermanos Cachique Rivera, Lamber Rengifo Tello, Diego Vallejos Reyes (Albino) y Julio Daniel Augurto Lugo (Camello).
El 40% de los 23 millones de peruanos seguía siendo pobre, por lo que el rápido enriquecimiento que brindaba el narcotráfico se imponía como una forma eficaz y segura de abandonar la miseria. En este escenario, Fujimori volvió a imponerse en las urnas y asumió en julio de 1995 su segundo período de gobierno.
Tres meses después, 11 altos oficiales del Ejército peruano entre ellos dos generales fueron acusados por un fiscal por tráfico de drogas.
Eran David Jaime Sobrevilla, que en 1992 fue jefe político-militar de la zona del Mántaro, y MacDonald Pérez Silva, miembro de su Estado Mayor. Sobrevilla era llamado El Abuelo por los narcos, y fue acusado de colaborar con Abelardo Cachique Rivera (El Negro), condenado a cadena perpetua.
A la acusación se sumaban otras en contra de otros tres generales. Uno de ellos era Jaime Ríos Araico, ex jefe del frente de Huallaga, acusado de colaborar con Vaticano , quien tras ser detenido detalló a la justicia su relación con Vladimiro Montesinos.
Uno de los casos más sorprendentes fue el uso del avión presidencial para transportar cocaína. Miembros de la Fuerza Aérea Peruana cargaron 93 kilos en un viaje a Moscú, 15 kilos rumbo a las islas Canarias, 30 kilos en dos viajes a Miami y otros 174 kilos que iban a ser desembarcados en una gira de Fujimori a Europa, en mayo de 1996. Uno de los principales responsables de los cargamentos era el edecán aéreo del Mandatario.
20 de agosto de 2007
©la nación 
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