tortura y civilización
Estados Unidos debe dejar de torturar y volver al redil de las naciones civilizadas.
En el pasado remoto, era Estados Unidos el país que instaba al resto de los países a obedecer el espíritu y la letra de los tratados internacionales y a proteger los derechos humanos y las libertades civiles. Los presidentes estadounidenses denunciaban las cárceles secretas donde se retenía a ciudadanos sin que se les acusara de nada, para ser torturados y asesinados. Y la gente en gran parte del mundo, si no sus gobiernos, respetaban a Estados Unidos por sus valores.
El gobierno de Bush ha deshonrado esa historia y despilfarrado ese respeto. Como explicaba con inquietantes detalles un artículo en la primera plana de este diario la semana pasada, el presidente Bush y sus asesores no solamente han aprobado la tortura y los maltratos en cárceles secretas, sino que además han realizado una campaña sistemática para engañar al Congreso, al pueblo estadounidense y al mundo entero en torno a estas medidas.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush autorizó la creación de campos de detención extrajudiciales donde los agentes de la CIA debían extraer información de los prisioneros capturados y retenidos clandestinamente. Algunos de sus métodos -amenazas o simulacros de asfixia por inmersión, calor y frío extremos, prolongadas posturas corporales estresantes y aislamiento- han sido clasificados hace décadas como tortura por las naciones civilizadas. El gobierno lo sabía claramente; la CIA hizo suyas las técnicas utilizadas en los calabozos de Egipto, Arabia Saudí y la Unión Soviética.
La Casa Blanca nunca lo reconoció. Así que sus abogados redactaron documentos que redefinían la ‘tortura' para dejar fuera las cosas que los gendarmes estadounidenses estaban haciendo y ocultaron esos documentos al Congreso y al pueblo de Estados Unidos. Durante el mandato del fiscal general Alberto Gonzales, el leal facilitador de Bush, el ministerio de Justicia llegó incluso a declarar que esas acciones no violaban las normas mínimas de "trato cruel, inhumano o degradante".
Eso permitió a la Casa Blanca proclamar que no aprobaba la tortura, y a presionar al Congreso para que aprobara leyes que protegían a los interrogadores que maltrataban a los prisioneros, y a los hombres que les ordenaban hacerlo, ante cualquier tipo de rendición de cuentas.
Bush y sus asesores estaban todavía aferrándose a sus racionalizaciones a fines de la semana pasada. El presidente declaró que Estados Unidos no torturaba a los prisioneros y que el Congreso había sido debidamente informado sobre sus medidas de detención.
Ninguna de esas afirmaciones era verídica -al menos para lo que la Casa Blanca llamó alguna vez desdeñosamente la "comunidad basada en la realidad"- y el senador John Rockefeller, presidente del Comité de Inteligencia, tenía derecho a estar furioso. Exigió todas las "recomendaciones del ministerio de Justicia que analizan la legalidad" de las políticas de detención e interrogatorio. Los legisladores, que también han sido durante largo tiempo amenazados e intimidados por la Casa Blanca, deberían rescribir la Ley sobre el Trato de Detenidos y la Ley de Comisiones Militares para ajustarlas a las leyes y valores estadounidenses actuales.
Para el resto del país, existe una pregunta apremiante: ¿Es esto lo que somos realmente?
¿Es este el país cuyo presidente declaró: ‘Señor Gorbachev, derribe este muro', y luego logró derrumbar al comunismo con un mínimo de derramamiento de sangre y un máximo de dignidad en el crepúsculo del siglo 20? ¿O es este un país que tortura a seres humanos y luego inventa sofisticaciones jurídicas para confundir al mundo y evitar rendir cuentas antes los votantes estadounidenses?
Prohibir realmente el uso de la tortura no pondría en peligro la vida de estadounidenses; expertos en estas materias concuerdan en general en que la tortura produce falsas confesiones. Restaurar el imperio del derecho en Bahía Guantánamo no implicaría dejar en libertad a terroristas; los que son verdaderamente culpables podrían ser juzgados por sus delitos de un modo que no sea una burla de los valores de Estados Unidos.
Aferrarse a las políticas del gobierno sólo significará más abolladuras en la imagen global de Estados Unidos y de nuestro sistema judicial. También aumentará de manera inconmensurable el riesgo de todo hombre o mujer que sea capturado o capturada con el uniforme estadounidense o que sean miembros de sus unidades de inteligencia.
Y prohibir la tortura es una opción fácil.
En el pasado remoto, era Estados Unidos el país que instaba al resto de los países a obedecer el espíritu y la letra de los tratados internacionales y a proteger los derechos humanos y las libertades civiles. Los presidentes estadounidenses denunciaban las cárceles secretas donde se retenía a ciudadanos sin que se les acusara de nada, para ser torturados y asesinados. Y la gente en gran parte del mundo, si no sus gobiernos, respetaban a Estados Unidos por sus valores.El gobierno de Bush ha deshonrado esa historia y despilfarrado ese respeto. Como explicaba con inquietantes detalles un artículo en la primera plana de este diario la semana pasada, el presidente Bush y sus asesores no solamente han aprobado la tortura y los maltratos en cárceles secretas, sino que además han realizado una campaña sistemática para engañar al Congreso, al pueblo estadounidense y al mundo entero en torno a estas medidas.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush autorizó la creación de campos de detención extrajudiciales donde los agentes de la CIA debían extraer información de los prisioneros capturados y retenidos clandestinamente. Algunos de sus métodos -amenazas o simulacros de asfixia por inmersión, calor y frío extremos, prolongadas posturas corporales estresantes y aislamiento- han sido clasificados hace décadas como tortura por las naciones civilizadas. El gobierno lo sabía claramente; la CIA hizo suyas las técnicas utilizadas en los calabozos de Egipto, Arabia Saudí y la Unión Soviética.
La Casa Blanca nunca lo reconoció. Así que sus abogados redactaron documentos que redefinían la ‘tortura' para dejar fuera las cosas que los gendarmes estadounidenses estaban haciendo y ocultaron esos documentos al Congreso y al pueblo de Estados Unidos. Durante el mandato del fiscal general Alberto Gonzales, el leal facilitador de Bush, el ministerio de Justicia llegó incluso a declarar que esas acciones no violaban las normas mínimas de "trato cruel, inhumano o degradante".
Eso permitió a la Casa Blanca proclamar que no aprobaba la tortura, y a presionar al Congreso para que aprobara leyes que protegían a los interrogadores que maltrataban a los prisioneros, y a los hombres que les ordenaban hacerlo, ante cualquier tipo de rendición de cuentas.
Bush y sus asesores estaban todavía aferrándose a sus racionalizaciones a fines de la semana pasada. El presidente declaró que Estados Unidos no torturaba a los prisioneros y que el Congreso había sido debidamente informado sobre sus medidas de detención.
Ninguna de esas afirmaciones era verídica -al menos para lo que la Casa Blanca llamó alguna vez desdeñosamente la "comunidad basada en la realidad"- y el senador John Rockefeller, presidente del Comité de Inteligencia, tenía derecho a estar furioso. Exigió todas las "recomendaciones del ministerio de Justicia que analizan la legalidad" de las políticas de detención e interrogatorio. Los legisladores, que también han sido durante largo tiempo amenazados e intimidados por la Casa Blanca, deberían rescribir la Ley sobre el Trato de Detenidos y la Ley de Comisiones Militares para ajustarlas a las leyes y valores estadounidenses actuales.
Para el resto del país, existe una pregunta apremiante: ¿Es esto lo que somos realmente?
¿Es este el país cuyo presidente declaró: ‘Señor Gorbachev, derribe este muro', y luego logró derrumbar al comunismo con un mínimo de derramamiento de sangre y un máximo de dignidad en el crepúsculo del siglo 20? ¿O es este un país que tortura a seres humanos y luego inventa sofisticaciones jurídicas para confundir al mundo y evitar rendir cuentas antes los votantes estadounidenses?
Prohibir realmente el uso de la tortura no pondría en peligro la vida de estadounidenses; expertos en estas materias concuerdan en general en que la tortura produce falsas confesiones. Restaurar el imperio del derecho en Bahía Guantánamo no implicaría dejar en libertad a terroristas; los que son verdaderamente culpables podrían ser juzgados por sus delitos de un modo que no sea una burla de los valores de Estados Unidos.
Aferrarse a las políticas del gobierno sólo significará más abolladuras en la imagen global de Estados Unidos y de nuestro sistema judicial. También aumentará de manera inconmensurable el riesgo de todo hombre o mujer que sea capturado o capturada con el uniforme estadounidense o que sean miembros de sus unidades de inteligencia.
Y prohibir la tortura es una opción fácil.
8 de octubre de 2007
7 de octubre de 2007
©new york times
©traducción mQh
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