guerra de agresiones sexuales
[John Holmes] La salvaje violencia sexual que está golpeando a este agitado país exige una respuesta global.
A pesar de repetidas advertencias, nada me había realmente preparado para lo que oí el mes pasado de boca de sobrevivientes de agresiones sexuales tan brutales que dejan perpleja a la imaginación y se mofan de mis creencias sobre la decencia humana. No puedo encontrar palabras para describir lo que oí de boca de niñas y mujeres en el Hospital Panzi, ubicado en la provincia de Kivu del Sur en la República Democrática del Congo, cerca del epicentro de una de las más graves crisis humanitarias del mundo. Lo que sí sé es que ya no soy la misma persona que era cuando entré al hospital.
Como funcionario de Naciones Unidas para asuntos humanitarios, he visto a mucha gente en el planeta viviendo en circunstancias verdaderamente dramáticas. Pero el Congo es diferente. Su prolongada guerra ha sido siempre brutal, y entre 1998 y 2004 se ha cobrado la vida de casi cuatro millones de personas -el equivalente de cinco genocidios de Ruanda. Y aunque la guerra terminó formalmente hace años, ha continuado en la parte oriental del país, donde el ejército nacional está combatiendo contra milicias locales y extranjeras en una lucha que comprende conflictos étnicos no resueltos, problemas entre agencias regionales de poder y el poderoso influjo de la codicia, en la que todas las partes implicadas compiten por un trozo de los ricos recursos minerales del Congo.
Una de estas milicias es la FDLR, el grupo genocida hutu que huyó de Ruanda al Congo en 1994 y que continúa abrigando amplias ambiciones políticas. Estos grupos atacan y acosan deliberadamente a civiles en un clima de impunidad casi total.
La violencia sexual ha sido, desde el principio, una característica especialmente horrible y espantosamente corriente de la guerra en el Congo. En este ambiente predatorio, mujeres y niñas son particularmente vulnerables, y las violaciones y otras formas de abuso sexual cometidas por todas las partes implicadas a una escala asombrosa. Desde 2005, se han registrado solamente en la provincia de Kivu del Sur más de 32 mil casos de violación y violencia sexual. Pero esto es sólo una parte del total; muchos de los ataques, quizás la mayoría, no son denunciados. Las víctimas de violación son despreciadas en la sociedad congoleña y son frecuentemente aisladas o excluidas por sus familias y comunidades. El efecto dominó de estas agresiones van mucho más allá de las víctimas individuales, destruyendo los lazos familiares y comunitarios y dejando niños huérfanos o y/o seropositivos.
El Hospital Panzi ocupa unos destartalados edificios en las afueras de Bukavu, una ciudad de Kivu del Sur. De las quince mil víctimas de violencia sexual tratadas allá desde 1999, se estima que dos tercios de ellas o más son víctimas del FDLR. Un tercio de las víctimas son niñas.
En el hospital conocí a una niña de dieciséis años pero todavía determinada a contar su historia. Fue secuestrada por el FDLR y mantenida como esclava sexual durante meses de inconmensurables horrores antes de que lograra escapar, embarazada y sola. También oí las historias de otras mujeres que fueron violadas en innumerables ocasiones, a menudo frente a sus vecinos o familiares. Empleados del hospital me contaron sobre una mujer que regresaba a casa después de haber estado trabajando en sus plantaciones, cuando fue abordada por siete soldados que la violaron colectivamente. El último violador le introdujo el cañón de su pistola y jaló el gatillo, haciendo explotar literalmente sus genitales. Oímos repetidas veces relatos de doctores y otros empleados del hospital sobre incidentes similares en los que los agresores usaron bayonetas y palos y armas de fuego.
Esta violencia sexual es una afrenta no solamente para el cuerpo sino para el alma y la dignidad de cada una de las mujeres asaltadas. Es una mancha en cualquiera con influencia o autoridad en la sociedad congoleña. Sin embargo, continúa pese a todo en medio de una indiferencia generalizada y en un clima de impunidad donde el elemento más prominente es la ausencia de un sistema judicial que valga la pena nombrar. Incluso los pocos que son condenados y encarcelados, normalmente ‘escapan'. Líderes de gobiernos nacionales y provinciales, jefes militares, la Iglesia Católica y otras autoridades religiosas y personajes de los ámbitos cultural y deportivo en el Congo deben hacer mucho más para cambiar la cultura que permite que ocurran estas agresiones.
En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia reconoció las violaciones sistemáticas en Bosnia como un crimen contra la humanidad y procesó a varios de los responsables. En el este del Congo, esos crímenes siguen sin castigo. Las Naciones Unidas están colaborando con las autoridades congoleñas para prevenir la violencia y abuso sexual de parte de las fuerzas de seguridad mediante cursillos de formación y la creación de unidades más disciplinadas y profesionales, y fortalecer los sistemas judicial y penal. También está tratando de aumentar la ayuda directa a las víctimas, de asegurarse del reclutamiento de más mujeres en las fuerzas de paz de Naciones Unidas y de fortalecer los proyectos de protección de niñas y mujeres que viven en áreas álgidas en la zona de conflicto. Las elecciones nacionales del año pasado, respaldadas por Naciones Unidas, fueron un importante paso adelante y ayudaron a poner fin a la guerra en gran parte del país, aunque no en el este. Desde 2004 el número de personas desplazadas ha disminuido a 1.2 millones -de los 3.3 millones previos.
Pero las necesidades del país son enormes. En cualquier caso, no podrá haber un futuro digno y pacífico para la sociedad congoleña mientras sus madres, abuelas, hermanas e hijas sean sometidas a estos crímenes inhumanos.
Muchas de las mujeres que conocí en el Congo me preguntaron, con razón, qué diferencia haría en sus vidas mi visita. Les dije que yo no podía prometer milagros, pero haría todo lo que estuviese en mi poder para llamar la atención sobre sus necesidades mientras exigía que se trataran las causas políticas de sus penurias. A eso me he comprometido. Pero se necesita una presión sostenida en todo el mundo para dejar en claro que este tipo de escandalosa y espeluznante violencia sexual no debe seguir siendo tolerada.
A pesar de repetidas advertencias, nada me había realmente preparado para lo que oí el mes pasado de boca de sobrevivientes de agresiones sexuales tan brutales que dejan perpleja a la imaginación y se mofan de mis creencias sobre la decencia humana. No puedo encontrar palabras para describir lo que oí de boca de niñas y mujeres en el Hospital Panzi, ubicado en la provincia de Kivu del Sur en la República Democrática del Congo, cerca del epicentro de una de las más graves crisis humanitarias del mundo. Lo que sí sé es que ya no soy la misma persona que era cuando entré al hospital.Como funcionario de Naciones Unidas para asuntos humanitarios, he visto a mucha gente en el planeta viviendo en circunstancias verdaderamente dramáticas. Pero el Congo es diferente. Su prolongada guerra ha sido siempre brutal, y entre 1998 y 2004 se ha cobrado la vida de casi cuatro millones de personas -el equivalente de cinco genocidios de Ruanda. Y aunque la guerra terminó formalmente hace años, ha continuado en la parte oriental del país, donde el ejército nacional está combatiendo contra milicias locales y extranjeras en una lucha que comprende conflictos étnicos no resueltos, problemas entre agencias regionales de poder y el poderoso influjo de la codicia, en la que todas las partes implicadas compiten por un trozo de los ricos recursos minerales del Congo.
Una de estas milicias es la FDLR, el grupo genocida hutu que huyó de Ruanda al Congo en 1994 y que continúa abrigando amplias ambiciones políticas. Estos grupos atacan y acosan deliberadamente a civiles en un clima de impunidad casi total.
La violencia sexual ha sido, desde el principio, una característica especialmente horrible y espantosamente corriente de la guerra en el Congo. En este ambiente predatorio, mujeres y niñas son particularmente vulnerables, y las violaciones y otras formas de abuso sexual cometidas por todas las partes implicadas a una escala asombrosa. Desde 2005, se han registrado solamente en la provincia de Kivu del Sur más de 32 mil casos de violación y violencia sexual. Pero esto es sólo una parte del total; muchos de los ataques, quizás la mayoría, no son denunciados. Las víctimas de violación son despreciadas en la sociedad congoleña y son frecuentemente aisladas o excluidas por sus familias y comunidades. El efecto dominó de estas agresiones van mucho más allá de las víctimas individuales, destruyendo los lazos familiares y comunitarios y dejando niños huérfanos o y/o seropositivos.
El Hospital Panzi ocupa unos destartalados edificios en las afueras de Bukavu, una ciudad de Kivu del Sur. De las quince mil víctimas de violencia sexual tratadas allá desde 1999, se estima que dos tercios de ellas o más son víctimas del FDLR. Un tercio de las víctimas son niñas.
En el hospital conocí a una niña de dieciséis años pero todavía determinada a contar su historia. Fue secuestrada por el FDLR y mantenida como esclava sexual durante meses de inconmensurables horrores antes de que lograra escapar, embarazada y sola. También oí las historias de otras mujeres que fueron violadas en innumerables ocasiones, a menudo frente a sus vecinos o familiares. Empleados del hospital me contaron sobre una mujer que regresaba a casa después de haber estado trabajando en sus plantaciones, cuando fue abordada por siete soldados que la violaron colectivamente. El último violador le introdujo el cañón de su pistola y jaló el gatillo, haciendo explotar literalmente sus genitales. Oímos repetidas veces relatos de doctores y otros empleados del hospital sobre incidentes similares en los que los agresores usaron bayonetas y palos y armas de fuego.
Esta violencia sexual es una afrenta no solamente para el cuerpo sino para el alma y la dignidad de cada una de las mujeres asaltadas. Es una mancha en cualquiera con influencia o autoridad en la sociedad congoleña. Sin embargo, continúa pese a todo en medio de una indiferencia generalizada y en un clima de impunidad donde el elemento más prominente es la ausencia de un sistema judicial que valga la pena nombrar. Incluso los pocos que son condenados y encarcelados, normalmente ‘escapan'. Líderes de gobiernos nacionales y provinciales, jefes militares, la Iglesia Católica y otras autoridades religiosas y personajes de los ámbitos cultural y deportivo en el Congo deben hacer mucho más para cambiar la cultura que permite que ocurran estas agresiones.
En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia reconoció las violaciones sistemáticas en Bosnia como un crimen contra la humanidad y procesó a varios de los responsables. En el este del Congo, esos crímenes siguen sin castigo. Las Naciones Unidas están colaborando con las autoridades congoleñas para prevenir la violencia y abuso sexual de parte de las fuerzas de seguridad mediante cursillos de formación y la creación de unidades más disciplinadas y profesionales, y fortalecer los sistemas judicial y penal. También está tratando de aumentar la ayuda directa a las víctimas, de asegurarse del reclutamiento de más mujeres en las fuerzas de paz de Naciones Unidas y de fortalecer los proyectos de protección de niñas y mujeres que viven en áreas álgidas en la zona de conflicto. Las elecciones nacionales del año pasado, respaldadas por Naciones Unidas, fueron un importante paso adelante y ayudaron a poner fin a la guerra en gran parte del país, aunque no en el este. Desde 2004 el número de personas desplazadas ha disminuido a 1.2 millones -de los 3.3 millones previos.
Pero las necesidades del país son enormes. En cualquier caso, no podrá haber un futuro digno y pacífico para la sociedad congoleña mientras sus madres, abuelas, hermanas e hijas sean sometidas a estos crímenes inhumanos.
Muchas de las mujeres que conocí en el Congo me preguntaron, con razón, qué diferencia haría en sus vidas mi visita. Les dije que yo no podía prometer milagros, pero haría todo lo que estuviese en mi poder para llamar la atención sobre sus necesidades mientras exigía que se trataran las causas políticas de sus penurias. A eso me he comprometido. Pero se necesita una presión sostenida en todo el mundo para dejar en claro que este tipo de escandalosa y espeluznante violencia sexual no debe seguir siendo tolerada.
John Holmes es secretario general adjunto para asuntos humanitarios de Naciones Unidas y coordinador de la ayuda de emergencia.
12 de octubre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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