día negro para los derechos humanos
columna de mérici
Ayer en la Cámara se impidió que Chile ratificara la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Es otra oportunidad perdida. Otra humillación para Chile en la comunidad internacional, particularmente dolorosa ahora que empieza la Cumbre de Presidentes de Iberoamérica, que han firmado en su gran mayoría esa Convención. ¡Vaya papelón!
Y, obviamente, se lo debe Chile a la extrema derecha. También se debe a la extrema derecha que Chile no pueda todavía firmar el tratado que funda el Tribunal Penal Internacional.
Poco a poco, a casi dos décadas del fin de la tiranía pinochetista, el país no se puede despojar todavía de su condición de paria de la comunidad internacional.
Se necesitaban 68 votos a favor. De los legisladores votaron 67 a favor, y se abstuvieron 31. Y faltó una legisladora demócrata-cristiana cuya asistencia, si no me fallan las matemáticas, debería haber asegurado la ratificación.
Es difícil entender los motivos de los legisladores de derechas. La convención, suscrita por la OEA en junio de 1994, no podrá ser tramitada sino dentro de un año. Existe la posibilidad teórica de que la presidenta insista ante el Senado y sea aprobado en ese foro por dos tercios de sus miembros, lo que es derechamente imposible.
¿Qué molesta a la derecha chilena?
En la nota que publica la Cámara , se define la "desaparición forzada de personas como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
Las partes firmantes se comprometen a no tolerar la desaparición forzada de personas, "ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales" (mismo enlace); a sancionar a autores, cómplices y encubridores del delito; prevenir y erradicar la desaparición forzada; y adoptar medidas para implementar la convención. Se comprometen, además, a introducir en sus códigos penales el delito, imponiendo penas acordes con su gravedad.
La desaparición forzada de personas es, además, un delito permanente "mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
Como digo, cuesta imaginar los motivos que han tenido los legisladores de derechas para impedir la ratificación de esta convención. Es verdad que versa sobre esos seres pervertidos, algunos de ellos en prisión, que secuestraron, torturaron y asesinaron durante diecisiete años en Chile. ¿Qué motivos podrían tener los legisladores para seguir defendiendo a estos criminales, después de todo lo que se sabe sobre sus motivos y los espantosos actos de terror que cometieron contra los chilenos? A mí me resulta incoherente que la derecha quiera todavía exculpar a esos monstruos tan alejados de nuestra definición habitual de humanidad. Las leyes que se deriven de esta convención no se podrían aplicar a los criminales chilenos, porque no podrán ser retroactivas.
Además, como medida de resguardo, la convención impide que acusados o perseguidos por este delito puedan ser aprehendidos y juzgados en cualquiera de los países firmantes que no sea el propio. Con la experiencia londinense del dictador todavía viva en la memoria, podría entenderse la reticencia de la derecha; pero es un temor injustificado.
La derecha no puede argumentar que no se trate de una convención necesaria ni que deban introducirse en el cuerpo de leyes nacionales las que sancionen este delito. Tampoco dice la convención que se quiera atacar solamente a los regímenes de derechas. El delito también lo pueden cometer, obviamente, regímenes de izquierda. Si no ha ocurrido todavía, este es un instrumento que permitirá obligar a esos regímenes, a todo régimen que viole el contenido de esta convención, a rendir cuentas.
Es difícil imaginar, pero es verdad, sin duda, que las derechas chilenas defiendan la comisión de este delito. ¿Por qué? La derecha que yo llamo indecente (UDI) fue, y sigue justificando el régimen de Pinochet y los métodos a los que recurrió para imponer su autoridad en el país. La UDI ha justificado las desapariciones, las torturas y asesinatos cometidos por la jauría militar. Que Pinochet haya definido deliberadamente una estrategia que excluía los tribunales, que le permitía cometer los abusos más inhumanos imaginables al tiempo que pretendía no saber nada de los chilenos secuestrados, dice todo sobre la increíble cobardía y vileza del estamento militar chileno.
Así que no sorprende que los legisladores de la UDI se opusieran a la ratificación del convenio. Pero sí sorprende -sin exagerar tampoco- que los legisladores de Renovación Nacional se hayan sumado a esta infamia. Creía yo, aunque con reservas, que RN era la derecha decente de Chile: la derecha liberal anti-autoritaria y anti-pinochetista. Tenía yo mis dudas, porque si eso era verdad, no entendía yo cómo era posible que RN y la UDI estuviesen juntos en un pacto. Para mí, lo lógico, para demostrar una verdadera postura liberal, sería que RN rompiera con la UDI y disolviera ese pacto. Siempre me pareció que RN cometía en esto el delito de bestialismo.
Pero, me equivoqué. Mi conclusión es que Renovación Nacional es tan indecente como la UDI. Mi impresión es que RN no tiene nada de liberal, si es que con liberalismo no se entiende solamente la defensa de la economía de libre mercado sino todo un conjunto de valores asociados con las sociedades libres, lo que incluye, entre otras cosas, un respeto irrestricto y a brazo partido, de los derechos humanos. Sé que a muchos les suena esto rarillo, pero les recuerdo que muchos líderes del partido liberal chileno, en los años sesenta y setenta, antes de su desaparición, eran partidarios del cambio social impulsado por los socialistas en los años setenta y resueltos opositores de la dictadura pinochetista. Estas tendencias genuinamente liberales desaparecieron tras la formación de lo que se llamó entonces el Partido Nacional. (Uno de los grandes ideólogos liberales de la tendencia reformadora fue el historiador Guillermo Feliú Cruz).
Así, en mi mente flotaba el recuerdo de esos liberales honestos y comprometidos como otros con la causa de la democracia y libertad. Pero, ya se ve que no fue RN el partido que continuó la tradición liberal.
Dicen algunos en la prensa que el ambiente rarificado de los últimos días llevó a esos legisladores a rechazar la ratificación de la convención. ¿Pero qué lógica tiene esto? Pues se dice que el rechazo al proyecto que permitiría gozar de beneficios carcelarios a los militares condenados por causas de derechos humanos que hubiesen cumplido al menos diez años en la cárcel, motivó la actitud de la derecha (en emol). La lógica suena algo cavernaria, pero no se puede esperar más: Los violadores de derechos humanos no saldrán con libertad anticipada, por tanto me niego a ratificar la convención contra la desaparición forzada. ¿Y dónde está la lógica de este punto de vista? Aquí no hay nada de racional, pero ¿es racional la derecha?
Y tiene esta situación también que ver con la muerte del cabo Moyano. Según algunos legisladores de extrema derecha, había un pacto, una suerte de acuerdo secreto entre el gobierno o el conglomerado concertacionista que implicaba que a cambio de los beneficios carcelarios otorgados a los lautaristas en 2004, este año se extenderían esos beneficios a los violadores de derechos humanos. Varios legisladores concertacionistas y la presidenta misma han negado en todos los tonos que se haya cerrado un trato semejante. ¿Quién miente? ¿Y por qué los chilenos nos enteramos recién ahora de este pacto secreto?
Estos pactos son secretos porque se teme que, de ser públicos, desaten tal oposición que desbaraten los propósitos originales de los pactantes: si este pacto se hubiese hecho público, habría sido ampliamente rechazado por la opinión chilena. Esto de cerrar pactos secretos es más propio del ex presidente Lagos, cuyas inclinaciones mandarinas son innegables. Pero Lagos no se habría atrevido a informar a sus legisladores sobre la existencia de este pacto. ¿Fue con él con quién cerró la extrema derecha ese misterioso pacto?
Digo esto porque sabemos que el ex presidente es partidario de dar vuelta la página, amnistiar a los criminales y echar tierra sobre el pasado, sobre la justicia y sobre los legítimos derechos de los familiares de los asesinados. Esa postura le llevó a indultar al salvaje e impenitente criminal que terminó con la vida de Tucapel Jiménez, en una decisión que fue ampliamente repudiada por la sociedad chilena.
Así, el caso es que las derechas chilenas están, por lo que parece, picadas. La concertación les hizo fracasar un plan; pues ellos, en venganza, provocan una nueva humillación al gobierno en presencia de los presidentes del área iberoamericana. Nada más vergonzoso, para la derecha, obviamente, porque los invitados ya saben de qué se trata.
El rechazo a la convención, se dice, tiene que ver también con el caso del cabo Moyano. Los lautaristas indultados no cumplieron su palabra y volvieron a delinquir; pero de los violadores de derechos humanos se puede decir lo mismo, como demuestra la fuga de Iturriaga Neumann y de otro criminal cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que se encuentra prófugo. En ambos casos es manifiesta la actitud de desprecio por la justicia e instituciones del país.
Otro punto es que la derecha suele proponer que los acuerdos deben ser válidos para ambos bandos. Lo idiota de la esta tesis es que en Chile no hubo dos bandos en guerra. No hubo guerra tampoco.* Y los participantes no son comparables. Los delitos que comete un estado a través de sus fuerzas armadas y policiales pertenecen a otro orden que cuando grupos de ciudadanos se organizan y arman para defender al país de lo que ven prácticamente como una ocupación extranjera. Cuando un cuerpo del estado secuestra, tortura y mata a un ciudadano comete un delito que no es el mismo que cuando un grupo de ciudadanos ataca o mata a un miembro de las fuerzas de orden. Te pongas como te pongas, es absurdo pretender que se trata de una situación del mismo orden. La razón es que esas agencias del estado existen sólo para proteger al ciudadano, no para perseguirlo y oprimirlo. Su función es velar por el respeto de las leyes y códigos del país, no de su violación. Se trata pues de una perversión del sentido de la función de las fuerzas armadas y policiales y debería por lo mismo ser castigado con mucha mayor severidad que los delitos cometidos por ciudadanos de a pie.
Quizá lo más cuerdo sería que no tratemos de seguir defendiendo lo indefendible. Los delitos cometidos por los militares son de tal inhumana gravedad que el derecho internacional impide que sean amnistiables. Tampoco prescriben. Un acuerdo más salomónico sería otorgar a todos los condenados los beneficios normales que permita la ley. Los que no puedan ser incorporados a este acuerdo, pues que mueran en la cárcel. Pero en este contexto sería igualmente lógico que los condenados hayan sido condenados o sean condenados por el mismo cuerpo de leyes. Sería inadmisible juzgar por leyes antiterroristas solamente a los militantes de extrema izquierda, porque entonces las penas se redoblarían para los militantes, mientras que los militares podrían acogerse a los beneficios pertinentes.
Pero, terminado el día, lo mejor sería no otorgar ningún beneficio carcelario a nadie y dejar que la justicia siga su curso normal, después de eliminar de ella las leyes pinochetistas -como las antiterroristas- que aún la pervierten.
La nota del diario de la Cámara se encuentra aquí .
* Dijo el senador binominal Jorge Arancibia: "En este país se produjo una confrontación seria, donde hubo caídos por ambos lados". ¿A qué país se referirá? No a Chile, ciertamente. Para el senador Jaime Naranjo, ayer se agregó otra página negra a la historia de los derechos humanos en Chile (en La Tercera ).
[mérici ]
Y, obviamente, se lo debe Chile a la extrema derecha. También se debe a la extrema derecha que Chile no pueda todavía firmar el tratado que funda el Tribunal Penal Internacional.
Poco a poco, a casi dos décadas del fin de la tiranía pinochetista, el país no se puede despojar todavía de su condición de paria de la comunidad internacional.
Se necesitaban 68 votos a favor. De los legisladores votaron 67 a favor, y se abstuvieron 31. Y faltó una legisladora demócrata-cristiana cuya asistencia, si no me fallan las matemáticas, debería haber asegurado la ratificación.
Es difícil entender los motivos de los legisladores de derechas. La convención, suscrita por la OEA en junio de 1994, no podrá ser tramitada sino dentro de un año. Existe la posibilidad teórica de que la presidenta insista ante el Senado y sea aprobado en ese foro por dos tercios de sus miembros, lo que es derechamente imposible.
¿Qué molesta a la derecha chilena?
En la nota que publica la Cámara , se define la "desaparición forzada de personas como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
Las partes firmantes se comprometen a no tolerar la desaparición forzada de personas, "ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales" (mismo enlace); a sancionar a autores, cómplices y encubridores del delito; prevenir y erradicar la desaparición forzada; y adoptar medidas para implementar la convención. Se comprometen, además, a introducir en sus códigos penales el delito, imponiendo penas acordes con su gravedad.
La desaparición forzada de personas es, además, un delito permanente "mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
Como digo, cuesta imaginar los motivos que han tenido los legisladores de derechas para impedir la ratificación de esta convención. Es verdad que versa sobre esos seres pervertidos, algunos de ellos en prisión, que secuestraron, torturaron y asesinaron durante diecisiete años en Chile. ¿Qué motivos podrían tener los legisladores para seguir defendiendo a estos criminales, después de todo lo que se sabe sobre sus motivos y los espantosos actos de terror que cometieron contra los chilenos? A mí me resulta incoherente que la derecha quiera todavía exculpar a esos monstruos tan alejados de nuestra definición habitual de humanidad. Las leyes que se deriven de esta convención no se podrían aplicar a los criminales chilenos, porque no podrán ser retroactivas.
Además, como medida de resguardo, la convención impide que acusados o perseguidos por este delito puedan ser aprehendidos y juzgados en cualquiera de los países firmantes que no sea el propio. Con la experiencia londinense del dictador todavía viva en la memoria, podría entenderse la reticencia de la derecha; pero es un temor injustificado.
La derecha no puede argumentar que no se trate de una convención necesaria ni que deban introducirse en el cuerpo de leyes nacionales las que sancionen este delito. Tampoco dice la convención que se quiera atacar solamente a los regímenes de derechas. El delito también lo pueden cometer, obviamente, regímenes de izquierda. Si no ha ocurrido todavía, este es un instrumento que permitirá obligar a esos regímenes, a todo régimen que viole el contenido de esta convención, a rendir cuentas.
Es difícil imaginar, pero es verdad, sin duda, que las derechas chilenas defiendan la comisión de este delito. ¿Por qué? La derecha que yo llamo indecente (UDI) fue, y sigue justificando el régimen de Pinochet y los métodos a los que recurrió para imponer su autoridad en el país. La UDI ha justificado las desapariciones, las torturas y asesinatos cometidos por la jauría militar. Que Pinochet haya definido deliberadamente una estrategia que excluía los tribunales, que le permitía cometer los abusos más inhumanos imaginables al tiempo que pretendía no saber nada de los chilenos secuestrados, dice todo sobre la increíble cobardía y vileza del estamento militar chileno.
Así que no sorprende que los legisladores de la UDI se opusieran a la ratificación del convenio. Pero sí sorprende -sin exagerar tampoco- que los legisladores de Renovación Nacional se hayan sumado a esta infamia. Creía yo, aunque con reservas, que RN era la derecha decente de Chile: la derecha liberal anti-autoritaria y anti-pinochetista. Tenía yo mis dudas, porque si eso era verdad, no entendía yo cómo era posible que RN y la UDI estuviesen juntos en un pacto. Para mí, lo lógico, para demostrar una verdadera postura liberal, sería que RN rompiera con la UDI y disolviera ese pacto. Siempre me pareció que RN cometía en esto el delito de bestialismo.
Pero, me equivoqué. Mi conclusión es que Renovación Nacional es tan indecente como la UDI. Mi impresión es que RN no tiene nada de liberal, si es que con liberalismo no se entiende solamente la defensa de la economía de libre mercado sino todo un conjunto de valores asociados con las sociedades libres, lo que incluye, entre otras cosas, un respeto irrestricto y a brazo partido, de los derechos humanos. Sé que a muchos les suena esto rarillo, pero les recuerdo que muchos líderes del partido liberal chileno, en los años sesenta y setenta, antes de su desaparición, eran partidarios del cambio social impulsado por los socialistas en los años setenta y resueltos opositores de la dictadura pinochetista. Estas tendencias genuinamente liberales desaparecieron tras la formación de lo que se llamó entonces el Partido Nacional. (Uno de los grandes ideólogos liberales de la tendencia reformadora fue el historiador Guillermo Feliú Cruz).
Así, en mi mente flotaba el recuerdo de esos liberales honestos y comprometidos como otros con la causa de la democracia y libertad. Pero, ya se ve que no fue RN el partido que continuó la tradición liberal.
Dicen algunos en la prensa que el ambiente rarificado de los últimos días llevó a esos legisladores a rechazar la ratificación de la convención. ¿Pero qué lógica tiene esto? Pues se dice que el rechazo al proyecto que permitiría gozar de beneficios carcelarios a los militares condenados por causas de derechos humanos que hubiesen cumplido al menos diez años en la cárcel, motivó la actitud de la derecha (en emol). La lógica suena algo cavernaria, pero no se puede esperar más: Los violadores de derechos humanos no saldrán con libertad anticipada, por tanto me niego a ratificar la convención contra la desaparición forzada. ¿Y dónde está la lógica de este punto de vista? Aquí no hay nada de racional, pero ¿es racional la derecha?
Y tiene esta situación también que ver con la muerte del cabo Moyano. Según algunos legisladores de extrema derecha, había un pacto, una suerte de acuerdo secreto entre el gobierno o el conglomerado concertacionista que implicaba que a cambio de los beneficios carcelarios otorgados a los lautaristas en 2004, este año se extenderían esos beneficios a los violadores de derechos humanos. Varios legisladores concertacionistas y la presidenta misma han negado en todos los tonos que se haya cerrado un trato semejante. ¿Quién miente? ¿Y por qué los chilenos nos enteramos recién ahora de este pacto secreto?
Estos pactos son secretos porque se teme que, de ser públicos, desaten tal oposición que desbaraten los propósitos originales de los pactantes: si este pacto se hubiese hecho público, habría sido ampliamente rechazado por la opinión chilena. Esto de cerrar pactos secretos es más propio del ex presidente Lagos, cuyas inclinaciones mandarinas son innegables. Pero Lagos no se habría atrevido a informar a sus legisladores sobre la existencia de este pacto. ¿Fue con él con quién cerró la extrema derecha ese misterioso pacto?
Digo esto porque sabemos que el ex presidente es partidario de dar vuelta la página, amnistiar a los criminales y echar tierra sobre el pasado, sobre la justicia y sobre los legítimos derechos de los familiares de los asesinados. Esa postura le llevó a indultar al salvaje e impenitente criminal que terminó con la vida de Tucapel Jiménez, en una decisión que fue ampliamente repudiada por la sociedad chilena.
Así, el caso es que las derechas chilenas están, por lo que parece, picadas. La concertación les hizo fracasar un plan; pues ellos, en venganza, provocan una nueva humillación al gobierno en presencia de los presidentes del área iberoamericana. Nada más vergonzoso, para la derecha, obviamente, porque los invitados ya saben de qué se trata.
El rechazo a la convención, se dice, tiene que ver también con el caso del cabo Moyano. Los lautaristas indultados no cumplieron su palabra y volvieron a delinquir; pero de los violadores de derechos humanos se puede decir lo mismo, como demuestra la fuga de Iturriaga Neumann y de otro criminal cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que se encuentra prófugo. En ambos casos es manifiesta la actitud de desprecio por la justicia e instituciones del país.
Otro punto es que la derecha suele proponer que los acuerdos deben ser válidos para ambos bandos. Lo idiota de la esta tesis es que en Chile no hubo dos bandos en guerra. No hubo guerra tampoco.* Y los participantes no son comparables. Los delitos que comete un estado a través de sus fuerzas armadas y policiales pertenecen a otro orden que cuando grupos de ciudadanos se organizan y arman para defender al país de lo que ven prácticamente como una ocupación extranjera. Cuando un cuerpo del estado secuestra, tortura y mata a un ciudadano comete un delito que no es el mismo que cuando un grupo de ciudadanos ataca o mata a un miembro de las fuerzas de orden. Te pongas como te pongas, es absurdo pretender que se trata de una situación del mismo orden. La razón es que esas agencias del estado existen sólo para proteger al ciudadano, no para perseguirlo y oprimirlo. Su función es velar por el respeto de las leyes y códigos del país, no de su violación. Se trata pues de una perversión del sentido de la función de las fuerzas armadas y policiales y debería por lo mismo ser castigado con mucha mayor severidad que los delitos cometidos por ciudadanos de a pie.
Quizá lo más cuerdo sería que no tratemos de seguir defendiendo lo indefendible. Los delitos cometidos por los militares son de tal inhumana gravedad que el derecho internacional impide que sean amnistiables. Tampoco prescriben. Un acuerdo más salomónico sería otorgar a todos los condenados los beneficios normales que permita la ley. Los que no puedan ser incorporados a este acuerdo, pues que mueran en la cárcel. Pero en este contexto sería igualmente lógico que los condenados hayan sido condenados o sean condenados por el mismo cuerpo de leyes. Sería inadmisible juzgar por leyes antiterroristas solamente a los militantes de extrema izquierda, porque entonces las penas se redoblarían para los militantes, mientras que los militares podrían acogerse a los beneficios pertinentes.
Pero, terminado el día, lo mejor sería no otorgar ningún beneficio carcelario a nadie y dejar que la justicia siga su curso normal, después de eliminar de ella las leyes pinochetistas -como las antiterroristas- que aún la pervierten.
La nota del diario de la Cámara se encuentra aquí .
* Dijo el senador binominal Jorge Arancibia: "En este país se produjo una confrontación seria, donde hubo caídos por ambos lados". ¿A qué país se referirá? No a Chile, ciertamente. Para el senador Jaime Naranjo, ayer se agregó otra página negra a la historia de los derechos humanos en Chile (en La Tercera ).
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