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servicio de inteligencia en democracia


[Luis Narváez y Javier Rebolledo] La vida de los otros. Cargan con ser parte de las violaciones de los derechos humanos cometidos en dictadura. Su actividad siempre estuvo relacionada a una actuación al margen de la ley. Pero en 2004 todo cambió.
Chile. Años atrás la diplomacia chilena en Perú estaba preocupada, tenían indicios de que informaciones internas estaban siendo conocidas por el poderoso organismo de inteligencia creado por Vladimiro Montesinos. De inmediato, los miembros de la agregaduría militar comenzaron a realizar sus funciones: en este caso, los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). En menos de 24 horas revisaron las instalaciones de la embajada en Lima, a fin de determinar si existía algún tipo de escucha de parte de agentes externos. Tras hacer un barrido de las dependencias, la sorpresa fue mayúscula al verificar que el lugar estaba plagado de micrófonos, ocultos en cada rincón de la legación.
La autoridad nacional de inteligencia se comunicó, vía informal, con su similar peruano con el fin de obtener una explicación del episodio. La respuesta, sin embargo, fue no menos inverosímil: "Hagan bien su trabajo".
El consejo de la agencia de inteligencia peruana a su par chilena, aunque políticamente incorrecto, no deja de ser acertado. De ahí que las medidas de seguridad sean extremas en todo organismo que maneja información nacional clasificada.
En general, no ha sido fácil para ninguno de los organismos que actualmente conforman el Sistema Nacional, regulado por la Ley de Inteligencia que está vigente desde 2004, sacarse el estigma de las violaciones de los derechos humanos.
Consultadas por LND, las Fuerzas Armadas responden con una clara intención de dar una señal de transparencia y marcar una gran diferencia entre lo que fueron durante la dictadura y lo que son en democracia.
Muy lejos de esta intención para sorpresa de muchos fue la actitud poco colaboradora de Carabineros e Investigaciones, que no respondieron las consultas de este medio respecto a sus servicios de inteligencia, la Dipolcar y Jipol, respectivamente.
Particularmente delicada es la labor de estas dos últimas entidades, que quedaron con la exclusividad de resguardar la seguridad interna y el orden público.
La ley estableció que las labores de inteligencia en el país son coordinadas por un Comité de Inteligencia que encabeza el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos.
"Los servicios de inteligencia tienen campos de acción claramente delimitados: los que dicen relación con la defensa nacional son propios de la de inteligencia militar, y los de seguridad pública corresponden a las policías. No hay intervención de los organismos militares en asuntos internos, una decisión que se viene aplicando desde hace bastante tiempo", aclara.
En lo formal, esta sería la gran diferencia con el pasado. El comité se reúne una o dos veces al mes para analizar distintos temas. Sin ir más lejos, la semana pasada trascendió que el organismo, al que asistieron todos los jefes de inteligencia, analizó detenidamente el conflicto interno que vive Bolivia a raíz del estallido social en la ciudad de Sucre.
Del mismo modo, se analizó y se tomaron medidas cuando el ex candidato presidencial peruano Ollanta Humala anunció una marcha hacia la frontera con Chile.
Los análisis permitieron advertir todos los escenarios posibles y el acto, afortunadamente, no pasó de ser una manifestación que no provocó más que detenidos al otro lado de la frontera. Sin embargo, uno de los jefes de inteligencia nacional reveló que "hubo personal específico que por precaución se mantuvo en los cuarteles".
Las limitaciones que marcó la Ley de Inteligencia se ven en la práctica. Por eso es que en la DINE dicen que ya no se inmutan con lo que sucede internamente en el país, porque "eso es problema de las policías". No reaccionan como antes cuando las personas ponen velas o gritan consignas en contra del Ejército, frente a los cuarteles. Prueba de aquello, recuerdan, fue cuando este año el edificio del organismo quedó con todos los vidrios rotos tras el paso de unos dos mil manifestantes.
Lo que sí hace activar el dispositivo de seguridad es, por ejemplo, cuando sospechosos se paran frente a su cuartel, lo vigilan y/o sacan fotografías. Y esto fue justamente lo que ocurrió hace algún tiempo. Los agentes militares neutralizaron a los ‘sospechosos' y les exigieron que se identificaran, provocando un conato que pudo tener graves consecuencias.
Sin saberlo, un ex oficial de las Fuerzas Armadas de Cuba, que se encontraba en el país y que era seguido por detectives de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de Investigaciones por sospechas de crimen organizado, los había hecho caer en una trampa al ingresar a una armería ubicada a un costado de la DINE.
El incidente se resolvió rápidamente. El general Ortega telefoneó directamente al jefe de inteligencia de la policía para aclarar lo sucedido.

La Máquina
Ninguna autoridad de la inteligencia nacional habla con tranquilidad de esta materia. Todo lo que se dice se piensa varias veces antes y, generalmente, prefieren hablar sin grabadora. Para ellos todo es hipotético, ya que cualquier afirmación puede ser objeto de reclamo de los países más sensibles: Argentina, Perú y Bolivia.
Los directores de inteligencia del Ejército, la FACH y la Armada preparan todo con esmero. No quieren que quede ninguna duda ni se caiga en ninguna imprecisión.
En sus oficinas relucen condecoraciones, diplomas y las fotografías de los comandantes en jefe y, un poco más arriba, la de la Presidenta Michelle Bachelet. No se observan papeles sueltos. Antes de recibirnos parecen haberse preocupado especialmente que nada quedara a la vista de ojos indiscretos: desde la entrada, los pasillos, hasta el lugar desde donde se manejan los hilos de las redes.
La oficina del director de Inteligencia del Ejército, general Ricardo Ortega, nunca recibe luz natural. El ventanal que da a la calle se mantiene siempre con las persianas cerradas y tiene un doble vidrio, con un espacio entre ambos. En ese espacio vacío un equipo de parlantes emite una señal durante las 24 horas del día para bloquear eventuales equipos de escucha direccionales que podrían encontrarse en edificios ubicados hasta unos 150 metros de distancia. "Las ondas de radio neutralizan las que emiten las máquinas", nos explican.
Para Ortega, un hombre de sonrisa fácil, ha sido laborioso llevar a cabo el proceso de renovación del organismo. El primer paso fue cuando en 2003 le cambiaron el nombre al brazo operativo del organismo, el Batallón de Inteligencia (BIE), luego que varios de sus agentes participaran en crímenes como el de Tucapel Jiménez y del químico Eugenio Berríos. El entonces comandante en jefe castrense, Juan Emilio Cheyre, lo rebautizó llamándolo Agrupación de Seguridad Militar.
Junto con ello se renovó a todo el personal y se sacaron de sus filas a todos los agentes que desarrollaron actividades de inteligencia hasta la década de 1990.
Ortega es enfático en esto, pero al mismo tiempo recalca una salvedad: su propio caso. Él mismo reconoce haber sido parte del antiguo BIE y que estuvo destinado algunos meses en la CNI. Aunque su nombre ha sido mencionado en dos casos que actualmente investiga la justicia, nunca ha sido procesado. Ni el ministro Mario Carroza (que investiga la muerte de cinco frentistas ocurrida en 1987) ni el juez Claudio Pavez (que lo interrogó como inculpado en el caso de la muerte del general Gerardo Huber) lo han encargado reo.
Hoy, insiste Ortega, los agentes de la DINE sólo estarían encargados de cumplir la Ley de Inteligencia, limitados al tema de la defensa nacional.
Esta misma tarea cumplen los integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la de la Armada.
El general Roberto Sarabia tiene una doble función en la FACH: es director de Operaciones y director de Inteligencia. Es hermano de Osvaldo Sarabia, ex comandante en jefe de la institución.
"Nuestra mirada hoy es de futuro. Nosotros estamos pensando en todos los escenarios posibles para adelantarnos a cualquier conflicto. Nuestra misión es aportar para evitar que se produzcan".
Al igual que en la DINE, Sarabia aclara que actualmente en las filas de Inteligencia tampoco hay funcionarios vinculados a causas de DDHH.
Por su parte, el director de Inteligencia de la Armada, contraalmirante Ellis Berg, también destaca la distancia que existe entre la actual institución y lo que ocurría hace 20 años. En el marco de la defensa nacional, el uniformado coincide con Sarabia y explica que la preocupación está en custodiar los activos institucionales (escuadra nacional y sistemas de defensa) frente a las acciones de espionaje de "amenazas emergentes".

Informantes y Espías
Uno de los temas más sensibles a la hora de hacer las diferencias con el pasado son los métodos que utilizan los organismos de inteligencia para recolectar información.
Ningún organismo de las FFAA puede intervenir teléfonos, correos electrónicos o hacer seguimientos de personas sin la autorización expresa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La ley establece que esa autorización sólo se concede cuando está comprometida la seguridad nacional.
En los casi tres años que lleva funcionando la ley, no se han denunciado ni reportado casos en que ciudadanos hayan sido objeto de este tipo de acciones por parte de entidades castrenses.
Aunque nadie lo reconoce oficialmente, todos los organismos del sistema de inteligencia cuentan con informantes, que en estricto rigor son personas que aportan antecedentes a cambio de algún incentivo.
Su precio tiene directa relación con la importancia de la información que entregan. No forman parte de la planta de personas contratadas ni remuneradas de los organismos, y si son descubiertos no son reconocidos como tales. Una alta autoridad en inteligencia reconoce que hasta ahora, con todos los medios tecnológicos existentes, sigue siendo la piedra angular de cualquier servicio de inteligencia.
En las ramas castrenses, una de las misiones fundamentales es reclutar a las personas que pueden cumplir esta misión, en cualquier parte del mundo y en las funciones más inverosímiles, que pueden ir desde un simple barrendero a un alto funcionario de un gobierno. "Su calidad no está dada por la altura del puesto que pueda tener dentro de un gobierno, sino por el tipo de documentación que pasa por sus manos. Por ejemplo, una persona encargada de sacar las fotocopias puede ser el informante perfecto, sin que siquiera dimensione la información que realmente tiene en sus manos", apunta un agente.
Él mismo recalca que "toda persona tiene su precio: para unos es el dinero, para otros una ideología, sexo o religión. Para nosotros son las debilidades de todo ser humano. Siempre existe la forma de llegar a ellos. Tiene que ser así, porque el sentido de la inteligencia es infiltrar a la parte contraria".
Altas fuentes consultadas confirman que la ANI, la DINE, la Jipol, Dipolcar y la Armada cuentan con informantes a quienes se les paga en dinero.
Las mismas fuentes aclaran que dichos incentivos corresponden al presupuesto que anualmente la ley asigna en el ítem de gastos reservados, cuyos responsables son los directores de cada organismo.
Otro alto oficial de inteligencia asegura que los montos que se pagan a estos individuos, al parecer, hasta ahora son suficientes. "Sólo puedo decir que no tenemos problemas de dinero y que el presupuesto que se nos asigna nos alcanza".

La Nueva Oficina
En el ámbito de la seguridad pública, donde sólo tienen competencia la ANI, Investigaciones y Carabineros, la historia es más sensible y todo ello es dirigido por el Ministerio del Interior.
Todos los martes, a las ocho de la mañana, se juntan en sus dependencias los jefes de Inteligencia de las policías, con el fin de coordinarse.
La coordinación, en este sentido, se reflejó cuando se logró identificar a los ex lautaristas que supuestamente participaron en el asalto al Banco Security. Investigaciones mantenía información desconocida por el OS-9 y que resultó fundamental para la investigación. "Finalmente se logró que el director de la Jipol con el de Dipolcar se reunieran y compartieran los datos, ya que ambos organismos tenían órdenes de investigar. La información que entregó Investigaciones fue tan importante que el director de Carabineros, José Bernales, dio agradecimientos públicos a Arturo Herrera", cuenta una fuente de Interior.
Un alto funcionario de la ANI explica que "la Ley de Inteligencia vino a demarcar una función, que en el pasado vulneró las garantías constitucionales, ya que tanto en la dictadura como en los primeros años de democracia los organismos no tenían delimitadas sus funciones y muchos la utilizaron para hacer inteligencia política".
Apenas dos semanas después del asesinato de Jaime Guzmán ocurrido en 1991 a manos del FPMR , el Gobierno de Patricio Aylwin tomó una polémica decisión: anunció la creación del Consejo de Seguridad Pública, más conocido como ‘La Oficina'. Se trató de una organización dependiente del Ministerio del Interior, cuya función fue controlar los grupos subversivos que en ese momento se negaban a adecuarse a la transición a la democracia. A través de un trabajo coordinado con Investigaciones, Carabineros, el Ejército y con más de 30 informantes que habían pertenecido al MIR, el FPMR y el MAPU-Lautaro, su cerebro, Marcelo Shilling, logró el objetivo trazado ganándose, al paso, la animadversión de algunos. Funcionó al filo de la ley y cumplió ampliamente con su objetivo (la desarticulación de los grupos armados), pero en el camino cometió algunos errores. Por ejemplo, el respaldo a la inculpación de Sergio Olea Gaona en el asesinato de Jaime Guzmán, quien finalmente fue sobreseído puesto que resultó ser un delincuente común sin vinculación alguna con los hechos.
Para cumplir con su cometido, ‘La Oficina' protegió a miembros de agrupaciones de izquierdas que, mientras seguían militando, filtraron información trascendental.
‘La Oficina' dio paso a la Dirección de Seguridad Pública (Dispi) y luego, con el advenimiento de la Ley de Inteligencia, se transformó en la ANI.
De ahí que en la actualidad en La Moneda la palabra ‘inteligencia' sigue sacando ronchas y las autoridades prefieren cultivar un perfil más bien bajo.
La ANI rinde cuentas directamente al Ministerio del Interior, y en temas como el combate a organizaciones criminales y al posible rearme de grupos como el MAPU-Lautaro, los personeros de esa cartera no hablan de informantes, sino de ‘redes de información'. Éstas se distribuyen principalmente en cuatro sectores: política, movimientos sociales, tráfico de drogas y comercio ambulante. Luego de la recolección de la información, un equipo de expertos, dependientes de Interior, la procesan e interpretan frente a determinados eventos. Si bien en el ministerio niegan que el sistema que poseen pueda catalogarse como unidad de inteligencia, la estructura que tiene se parece bastante a la que montó en su tiempo Marcelo Schilling.
Una de las actividades de mayor efectividad atribuible a este organismo sería la desarticulación de movimientos políticos infiltrados en las protestas en contra del Transantiago en mayo de este año. "¿Recuerda que antes el Día del Joven Combatiente las manifestaciones eran a razón de 18 por día y con violencia, pero que a partir de esa fecha se detuvieron?", pregunta una autoridad. Según explica, el motivo del fin de las manifestaciones sería que en las protestas en contra del sistema de transportes, ‘las redes de información' detectaron que elementos políticos estaban ‘infiltrados' en los movimientos pacíficos, generando actitudes violentas. Gracias a este trabajo, que incluye el uso de cámaras y otros sistemas tecnológicos de punta, durante el Día del Joven Combatiente las policías ya conocían los rostros de varios de los manifestantes que participaron en las protestas. Como ese día salieron a protestar, fueron identificados y, posteriormente, detenidos. "La señal que se les envió fue muy fuerte y se hizo de manera personal. Se les señaló que si no cesaban se les iba a caer con todo encima. Entonces, la reacción de ellos fue lo que en jerga se llama estacionarse y que significa paralizar las acciones, por un tiempo, mientras se vuelven a organizar", explica un experto del Gobierno.
En la actualidad, los jueces sólo autorizarían expresamente actividades de inteligencia, como intervención telefónica y seguimiento a personas, sólo si la seguridad nacional o el orden público están en riesgo. Sin embargo, existirían algunos organismos que cuentan con medios tecnológicos de punta que no dejan huella. "Tenemos equipos capaces de interceptar comunicaciones digitales entre teléfonos celulares, lo que hace que no sea necesario que recurran a las compañías. Basta con ingresar un número e interceptan", relata un agente de una institución de seguridad.
Hasta ahora sólo son rumores no confirmados, como casi todas las actividades de inteligencia. Los tribunales de justicia no han recibido quejas ni ha constatado que esto esté ocurriendo. El trabajo de los agentes secretos justamente consiste en que nadie se entere.

2 de diciembre de 2007
©la nación
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