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abusos en cárceles brasileñas


[Alexei Barrionuevo] Violación de niña de quince deja al descubierto abusos en el sistema penitenciario de Brasil.
Brasilia, Brasil. Según Márcia Soares, abogado y funcionaria federal de derechos humanos, los calabozos de la comisaría de Abaetetuva deberían ser demolidos cuanto antes. Para ella, la cárcel se ha convertido en un símbolo de lo mal que marchan los intentos de Brasil de proteger a mujeres y niños contra la violencia.
Fue a fines de octubre en Abaetetuba, en el estado de Pará al nordeste del país, en los márgenes del Amazonas, que una niña de quince años detenida por sospecha de hurto fue internada ilegalmente en un recinto con treinta y cuatro reclusos hombres. Durante veintiséis días la trataron como su juguete, violándola y torturándola repetidas veces. A veces cambió sexo por comida; en otras ocasiones fue simplemente violada, dijeron aquí investigadores federales.
Los policías de la cárcel hicieron más que hacer la vista gorda. Los detectives dijeron que le habían afeitado la cabeza para que pareciera un chico, y ahora la acusan de mentir sobre su edad.
El caso ha provocado un examen de conciencia en la capital brasileña, donde funcionarios federales están cada vez más preocupados sobre el tratamiento que se da a mujeres y menores en las hacinadas penitenciarías del país y la incapacidad de los jueces a la hora de tratar casos de torturas.
Las mujeres constituyen sólo el cinco por ciento de la población carcelaria de Brasil, pero esta cifra está creciendo. Los estados no han construido suficientes cárceles o prisiones con instalaciones separadas para las mujeres, aunque una ley federal exige esa separación. Un estudio reciente encargado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró que las mujeres reclusas estaban siendo colocadas ilegalmente con hombres o travestís en cinco estados brasileños, y eran sometidas a torturas y abusos sexuales.
Pese a que Brasil fue elevado en noviembre a la más alta categoría de desarrollo humano de Naciones Unidas, su irregular historia de derechos humanos y un tibio historial en cuanto a castigar a aquellos culpables de abusos ha sido su talón de Aquiles internacional. Un escuadrón de operaciones especiales opera en Río de Janeiro para exterminar con completa impunidad a los narcotraficantes. La policía es rara vez condenada por la ley de 1997 contra la tortura, debido a la "institucionalización de la tortura" durante la dictadura militar brasileña y más de trescientos años de esclavitud, dijo Paulo Vanucchi, el ministro de derechos humanos de Brasil.
El caso de la niña de quince será otra prueba para la justicia en la en gran parte caótica región amazónica. Hace dos años, un ranchero brasileño ordenó el asesinato de Dorothy Mae Stang, 73, una monja nacida en Estados Unidos y defensora de la selva tropical. Fue asesinada a balazos en un sendero en la selva. El ranchero, Vitalmiro Bastos de Moura, fue sentenciado a treinta años de cárcel.
Lo que ha sido particularmente descorazonador para los funcionarios de derechos humanos en el caso de la niña de quince es que mucha gente pudo haberla protegido. Soares, abogado, dijo que la policía, el juez y el defensor público que visitaron la cárcel sabían todos acerca de la adolescente que se encontraba en un ambiente exclusivamente masculino.
"Los funcionarios sabían lo que estaba ocurriendo. En el peor de los casos, son cómplices", dijo Soares. "Es una situación muy grave".
Desde que la situación se hiciera pública a fines del mes pasado, la gobernadora de Pará, Ana Júlia Carepa, ha estado bregando para corregirla. Carepa presionó a Raimundo Besassuly, el jefe de la policía del estado, para que renunciara al día siguiente de que dijera públicamente que la niña había mentido sobre su edad porque era "deficiente mental". La policía ha dicho que la niña dijo que tenía diecinueve, no quince, durante varios encuentros con la ley.
Soares dijo que los funcionarios, incluyendo al juez en el caso, una mujer, no pidieron a la niña ninguna documentación que probara que era adulta, aunque mide menos de un metro 52 y pesa 36 kilos. "Cuando le vi pensé que la niña tenía doce, no quince", dijo Soares.
Para Carepa, la edad de la niña es irrelevante. "Si tiene quince, veinte, cincuenta, ochenta o cien, su edad no tiene importancia", dijo a periodistas en Río el mes pasado. "Una mujer no puede ser metida a una celda con hombres".
Carepa dijo que la cárcel debería ser demolida y reemplazada por algo que tenga instalaciones para mujeres.
La juez que colocó a la niña en una cárcel para hombres, Clarice Maria Andrade, está siendo investigada y podría perder su trabajo. Otros dos funcionarios de su despacho está acusados de haber alterado un documento para hacer creer que la juez había aprobado el traslado de la niña de la cárcel poco después de que la policía hiciera esa petición, y no doce días después.
Funcionarios locales ya estaban familiarizados con la niña antes de que fuera detenida y encarcelada en la cárcel de Abaetetuva el 21 de octubre. Provenía de una familia desintegrada, había dejado la escuela y frecuentaba una zona conocida por la prostitución infantil, dijo Soares. En la época de su detención, transitaba entre la casa de sus padres y la de un tío, y no parece que nadie se ocupara de ella. Durante los veintiséis días que estuvo en la cárcel no la visitó ningún familiar.
En los primeros dos días de cárcel, un hombre la violó en los servicios, dijo la niña a los investigadores. Los reclusos dependen de los familiares que les llevan alimentos. Sin esas visitas, el hambre se apoderó pronto de la niña y empezó a cambiar sexo por comida, dijeron los detectives. Sin embargo, otros hombres simplemente la violaban cuando querían, y la torturaban para divertirse, dijeron los detectives. Alguien colocó trozos de papel entre los dedos de sus pies y los encendió cuando ella dormía, dijo Soares, agregando que la niña todavía tenía huellas de quemaduras en sus pies.
Los vecinos podían oír los gritos de la niña desde el camino, que está cerca de las ventanas de la cárcel. Sin embargo, durante semanas nadie acudió a su rescate. Fue sólo después de que una nota anónima llegara a los servicios locales de protección a la infancia que fue retirada de la cárcel.
En los últimos días, ella y su familia han sido reasentados bajo el programa federal de protección de testigos. El padre de la niña denunció que la policía lo había amenazado de muerte. Dijo que lo habían presionado para que dijera que la niña tenía diecinueve o veinte años.
"Ahora tenemos que protegerla y ayudarla a empezar una nueva vida", dijo Soares. "Y necesitamos mantener la presión política, para que la justicia tenga una posibilidad".

15 de diciembre de 2007
12 de diciembre de 2007
©new york times
cc traducción mQh
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