tribunales en entredicho
[Marc Lacey] Asesinato en Nicaragua pone en entredicho a tribunales.
Managua, Nicaragua. Hace catorce meses, alguien violó y estranguló a Doris Jiménez en su pequeña boutique. Desde entonces, el poder judicial nicaragüense mismo está siendo sometido a juicio.
El caso se ha convertido tanto en una disputa internacional como en un espectáculo político. Y no ha demostrado quién mató a Jiménez, pero sí que aquí la justicia es un concepto nebuloso, subjetivo hasta la abstracción.
El presidente de Nicaragua se ha ocupado del caso Jiménez, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Corte Suprema de Nicaragua también se ha involucrado en el caso. Y el juez que se ocupó del caso se cuida las espaldas por temor a que él mismo también termine asesinado.
En febrero pasado, un juez nicaragüense condenó a Eric Volz, un norteamericano de 28 años, de matar a Jiménez, 25, una nicaragüense con la que salía de vez en vez. Volz, nativo de Nashville, que vendía propiedades inmobiliarias y dirigía una revista en Managua, la capital, insistió en que tenía una coartada sólida y no tenía nada contra ella. Pero después de un juicio de tres días, la juez, Ivette Toruño, dijo que estaba convencida de que él y otro hombre eran culpables.
Sin embargo, si Volz es realmente culpable todavía no está claro. Presentó evidencias de que estaba en Managua cuando el 21 de noviembre de 2006 alguien entró a la boutique de Jiménez cerca de Rivas, a unos noventa kilómetros al sur, y la estranguló. Amigos y conocidos confirmaron su versión. También lo hicieron los archivos telefónicos que lo sitúan en la capital para cuando Jiménez fue asesinada y archivos de su ordenador demuestran que en ese momento estaba enviando un mensaje instantáneo.
Nada de eso convenció a la juez, ni a la comunidad.
Aunque no hay evidencias físicas que vinculen a Volz con el crimen, sí lo hizo un testigo, un surfista de la localidad, Nelson López. López fue inicialmente arrestado en el caso, pero fue más tarde absuelto cuando acusó al norteamericano. Y la opinión pública local claramente veía a Volz como el asesino. Cuando lo trasladaban al tribunal en Rivas durante el juicio, la policía tuvo que contener a enfadados vecinos que parecían dispuestos a atacarlo.
Volz fue condenado a treinta años de cárcel, que empezó a cumplir mientras su abogado recurría la sentencia. Desde su celda Volz ha dicho que el tribunal se ha equivocado. En Estados Unidos, su familia y amigos empezaron una campaña para obtener su liberación, vendiendo camisetas con la leyenda ‘Free Eric Voz', brazaletes y pegatinas de parachoques para un fondo para su defensa y han iniciado una página web (www.friendsofericvolz.com) para difundir lo que llaman una sentencia injusta.
Entonces, el 17 de diciembre, la corte de apelaciones de Granada, una ciudad al sudeste de Managua, resolvió que Volz y sus partidarios tenían la razón.
Dos de los tres jueces de una comisión decidieron que probablemente no era el asesino, y que posiblemente pasiones locales habían provocado esa sentencia. Ordenaron su libertad. El tercer juez, Norman Miranda, miembro del gobernante Partido Sandinista, encontró deficiencias en el caso que justifican un nuevo juicio, pero no apoyó la liberación de Volz.
Los tres jueces están de acuerdo en que el co-acusado nicaragüense, Julio Martín Chamorro, debe seguir en la cárcel.
Roberto Rodríguez, el juez que redactó la resolución a favor de Volz, dijo en una entrevista a fines del mes pasado que él inicialmente pensaba que Volz era culpable. Pero que después de revisar las evidencias en el juicio, se había convencido de estas indicaban que el joven norteamericano no podía haber sido el asesino.
Su resolución no fue suficiente para sacar inmediatamente a Volz de la cárcel. El juez, Toruño, retrasó su libertad durante algunos días, colocando excusa tras excusa. Otro juez, Miranda, perdió el expediente de Volz. El Departamento de Estado llamó a Nicaragua a respetar sus propias leyes y dejarlo en libertad.
Entretanto, los fiscales recurrieron su liberación y trataron de mantener a Volz tras las rejas. Pero, de algún modo, Volz fue dejado en libertad y abandonó el país, que consternó a Julio Centeno, el fiscal general de Nicaragua. "No sé cómo logró salir", dijo Centeno en una entrevista el 27 de diciembre, cuatro días después de la partida de Volz.
Transportado a toda prisa por las calles de Managua, y protegido por una escolta de seguridad, Volz entró al aeropuerto por una entrada privada y abordó un avión privado. Funcionarios de gobierno timbraron su pasaporte y lo dejaron marchar.
"No estamos celebrando", dijo Volz el viernes en una entrevista telefónica. "Siguen persiguiéndome".
Rodríguez, el juez que resolvió a favor de Volz, dijo que sabía que su veredicto sería polémico. Pero incluso él se sorprendió por el escándalo que provocó.
Nicaragüenses de toda condición condenaron el veredicto, arremetiendo contra Rodríguez y su colega Alejandro Estrada Sequeira. En opinión de muchos nicaragüenses, un norteamericano rico había sido liberado gracias a su influencia, y un nicaragüense pobre se quedaba atrás para pagar.
"Este asesino tenía el dinero para pagar a los jueces", dijo Sylvia Sánchez, amiga de Jiménez.
El presidente Daniel Ortega, que critica comúnmente a Washington, también intervino, dijo desdeñosamente que los dos jueces que liberaron al convicto norteamericano habían sido nombrados por partidos que se oponen a los sandinistas.
Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, de Nicaragua, calificó la absolución de Volz como "el producto de un poder judicial corrupto, que deja a un asesino y violador en libertad".
Mercedes Alvarado, madre de la víctima, dijo que Rodríguez debería ser arrestado para cumplir la sentencia de Volz. Otros llamaron a arrojarlo al océano. Muchos pusieron en duda su patriotismo porque tiene las dos nacionalidades, la nicaragüense y la norteamericana.
"Voy a pelear defendiendo mi integridad", prometió Rodríguez, que dijo, sin embargo, que tenía miedo por las amenazas que le habían llegado. "Quiero ser claro: No podría vivir con mi conciencia tranquila sabiendo que mandé a alguien a pasar treinta años en la cárcel por algo que creo que no hizo".
Este caso llamó la atención del más alto tribunal del país. Al ordenar una investigación de los dos jueces que liberaron a Volz, dos miembros sandinistas de la Corte Suprema dijeron que pensaban interrogar a todos los implicados para descubrir si había alguna irregularidad.
Volz, ahora en Estados Unidos, pero todavía tratando de no llamar la atención porque teme por su vida, condenó la pesquisa de los jueces que lo dejaron en libertad.
"Es la continuación de la misma injusticia", dijo.
Volz dice que una prominente familia nicaragüense con lazos con el partido gobernante, cuyo nombre declinó dar a conocer, es la responsable del asesinato de Jiménez. Dice que todos los embrollos jurídicos desde su partida se explican como parte en un encubrimiento.
Aquellos que están seguros de que Volz mató a Jiménez y aquellos convencidos de que no es culpable, están de acuerdo en una cosa: el caso ha dejado al descubierto las deficiencias de la justicia nicaragüense. Se cree que los veredictos son comprados y vendidos. La política impregna las cámaras judiciales. La confianza en el poder judicial es más baja que nunca.
"Nuestro poder judicial tenía una mala reputación antes", dijo Jaime Morales, vice-presidente del país. "Y este caso no ayuda".
Managua, Nicaragua. Hace catorce meses, alguien violó y estranguló a Doris Jiménez en su pequeña boutique. Desde entonces, el poder judicial nicaragüense mismo está siendo sometido a juicio.El caso se ha convertido tanto en una disputa internacional como en un espectáculo político. Y no ha demostrado quién mató a Jiménez, pero sí que aquí la justicia es un concepto nebuloso, subjetivo hasta la abstracción.
El presidente de Nicaragua se ha ocupado del caso Jiménez, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Corte Suprema de Nicaragua también se ha involucrado en el caso. Y el juez que se ocupó del caso se cuida las espaldas por temor a que él mismo también termine asesinado.
En febrero pasado, un juez nicaragüense condenó a Eric Volz, un norteamericano de 28 años, de matar a Jiménez, 25, una nicaragüense con la que salía de vez en vez. Volz, nativo de Nashville, que vendía propiedades inmobiliarias y dirigía una revista en Managua, la capital, insistió en que tenía una coartada sólida y no tenía nada contra ella. Pero después de un juicio de tres días, la juez, Ivette Toruño, dijo que estaba convencida de que él y otro hombre eran culpables.
Sin embargo, si Volz es realmente culpable todavía no está claro. Presentó evidencias de que estaba en Managua cuando el 21 de noviembre de 2006 alguien entró a la boutique de Jiménez cerca de Rivas, a unos noventa kilómetros al sur, y la estranguló. Amigos y conocidos confirmaron su versión. También lo hicieron los archivos telefónicos que lo sitúan en la capital para cuando Jiménez fue asesinada y archivos de su ordenador demuestran que en ese momento estaba enviando un mensaje instantáneo.
Nada de eso convenció a la juez, ni a la comunidad.
Aunque no hay evidencias físicas que vinculen a Volz con el crimen, sí lo hizo un testigo, un surfista de la localidad, Nelson López. López fue inicialmente arrestado en el caso, pero fue más tarde absuelto cuando acusó al norteamericano. Y la opinión pública local claramente veía a Volz como el asesino. Cuando lo trasladaban al tribunal en Rivas durante el juicio, la policía tuvo que contener a enfadados vecinos que parecían dispuestos a atacarlo.
Volz fue condenado a treinta años de cárcel, que empezó a cumplir mientras su abogado recurría la sentencia. Desde su celda Volz ha dicho que el tribunal se ha equivocado. En Estados Unidos, su familia y amigos empezaron una campaña para obtener su liberación, vendiendo camisetas con la leyenda ‘Free Eric Voz', brazaletes y pegatinas de parachoques para un fondo para su defensa y han iniciado una página web (www.friendsofericvolz.com) para difundir lo que llaman una sentencia injusta.
Entonces, el 17 de diciembre, la corte de apelaciones de Granada, una ciudad al sudeste de Managua, resolvió que Volz y sus partidarios tenían la razón.
Dos de los tres jueces de una comisión decidieron que probablemente no era el asesino, y que posiblemente pasiones locales habían provocado esa sentencia. Ordenaron su libertad. El tercer juez, Norman Miranda, miembro del gobernante Partido Sandinista, encontró deficiencias en el caso que justifican un nuevo juicio, pero no apoyó la liberación de Volz.
Los tres jueces están de acuerdo en que el co-acusado nicaragüense, Julio Martín Chamorro, debe seguir en la cárcel.
Roberto Rodríguez, el juez que redactó la resolución a favor de Volz, dijo en una entrevista a fines del mes pasado que él inicialmente pensaba que Volz era culpable. Pero que después de revisar las evidencias en el juicio, se había convencido de estas indicaban que el joven norteamericano no podía haber sido el asesino.
Su resolución no fue suficiente para sacar inmediatamente a Volz de la cárcel. El juez, Toruño, retrasó su libertad durante algunos días, colocando excusa tras excusa. Otro juez, Miranda, perdió el expediente de Volz. El Departamento de Estado llamó a Nicaragua a respetar sus propias leyes y dejarlo en libertad.
Entretanto, los fiscales recurrieron su liberación y trataron de mantener a Volz tras las rejas. Pero, de algún modo, Volz fue dejado en libertad y abandonó el país, que consternó a Julio Centeno, el fiscal general de Nicaragua. "No sé cómo logró salir", dijo Centeno en una entrevista el 27 de diciembre, cuatro días después de la partida de Volz.
Transportado a toda prisa por las calles de Managua, y protegido por una escolta de seguridad, Volz entró al aeropuerto por una entrada privada y abordó un avión privado. Funcionarios de gobierno timbraron su pasaporte y lo dejaron marchar.
"No estamos celebrando", dijo Volz el viernes en una entrevista telefónica. "Siguen persiguiéndome".
Rodríguez, el juez que resolvió a favor de Volz, dijo que sabía que su veredicto sería polémico. Pero incluso él se sorprendió por el escándalo que provocó.
Nicaragüenses de toda condición condenaron el veredicto, arremetiendo contra Rodríguez y su colega Alejandro Estrada Sequeira. En opinión de muchos nicaragüenses, un norteamericano rico había sido liberado gracias a su influencia, y un nicaragüense pobre se quedaba atrás para pagar.
"Este asesino tenía el dinero para pagar a los jueces", dijo Sylvia Sánchez, amiga de Jiménez.
El presidente Daniel Ortega, que critica comúnmente a Washington, también intervino, dijo desdeñosamente que los dos jueces que liberaron al convicto norteamericano habían sido nombrados por partidos que se oponen a los sandinistas.
Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, de Nicaragua, calificó la absolución de Volz como "el producto de un poder judicial corrupto, que deja a un asesino y violador en libertad".
Mercedes Alvarado, madre de la víctima, dijo que Rodríguez debería ser arrestado para cumplir la sentencia de Volz. Otros llamaron a arrojarlo al océano. Muchos pusieron en duda su patriotismo porque tiene las dos nacionalidades, la nicaragüense y la norteamericana.
"Voy a pelear defendiendo mi integridad", prometió Rodríguez, que dijo, sin embargo, que tenía miedo por las amenazas que le habían llegado. "Quiero ser claro: No podría vivir con mi conciencia tranquila sabiendo que mandé a alguien a pasar treinta años en la cárcel por algo que creo que no hizo".
Este caso llamó la atención del más alto tribunal del país. Al ordenar una investigación de los dos jueces que liberaron a Volz, dos miembros sandinistas de la Corte Suprema dijeron que pensaban interrogar a todos los implicados para descubrir si había alguna irregularidad.
Volz, ahora en Estados Unidos, pero todavía tratando de no llamar la atención porque teme por su vida, condenó la pesquisa de los jueces que lo dejaron en libertad.
"Es la continuación de la misma injusticia", dijo.
Volz dice que una prominente familia nicaragüense con lazos con el partido gobernante, cuyo nombre declinó dar a conocer, es la responsable del asesinato de Jiménez. Dice que todos los embrollos jurídicos desde su partida se explican como parte en un encubrimiento.
Aquellos que están seguros de que Volz mató a Jiménez y aquellos convencidos de que no es culpable, están de acuerdo en una cosa: el caso ha dejado al descubierto las deficiencias de la justicia nicaragüense. Se cree que los veredictos son comprados y vendidos. La política impregna las cámaras judiciales. La confianza en el poder judicial es más baja que nunca.
"Nuestro poder judicial tenía una mala reputación antes", dijo Jaime Morales, vice-presidente del país. "Y este caso no ayuda".
7 de enero de 2008
©new york times
cc traducción mQh
0 comentarios