ex prisioneros demandan a estado
Ex prisioneros de Isla Dawson presentan millonaria demanda contra el Estado.
Santiago, Chile. Un grupo de 31 ex detenidos en Isla Dawson al inicio de de la dictadura militar, presentaron una millonaria demanda reparatoria contra el Estado de Chile. Los ex presos políticos acusan a agentes del Estado de secuestros, torturas, trabajos forzados y otros delitos que vulneran los pactos internacionales, como la Convención de Ginebra, firmados por Chile.
La demanda presentada hoy en los tribunales de justicia por una treintena de ex prisioneros en Isla Dawson durante los dos primeros años de la dictadura, solicitan una indemnización de $400 millones por cada uno, además de $500 mil por cada de día de reclusión.
El abogado patrocinante de la demanda, Víctor Rosas señaló la urgencia de que "los poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo y Legislativo, se aboquen a respetar la resolución de la Naciones Unidas, que obliga que estos juicios de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a una justicia rápida y eficaz, y no sigamos bajo el procedimiento de juicio de Hacienda, que es lo más largo y engorroso que puede haber, con una serie de prerrogativas para el demandado Fisco".
Unas 700 personas -entre ellas 35 ex colaboradores del gobierno del presidente Salvador Allende- fueron confinadas en la isla austral durante 1973 y 1974. La totalidad de los ex prisioneros de Magallanes sufrieron flagrantes, masivas y sistemáticas violaciones a sus derechos que incluyeron secuestros, largos periodos de incomunicación, torturas, trabajos forzados y vejaciones de todo tipo, dice el extenso escrito presentado ante tribunales por el abogado Víctor Rosas, en representación de los demandantes.
"En Magallanes la represión hacia las organizaciones sociales y políticas afines al gobierno depuesto comenzó con antelación al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por ello y proporcionalmente -de acuerdo a su población de época- fue más masiva que en otras regiones del país. Más de 2 mil personas fueron detenidas en los primeros meses de instalación de la dictadura militar", dijo Eliecer Valencia, uno de los demandantes.
"La totalidad de los agentes que actuaron en la represión lo hicieron bajo las órdenes de jefes militares de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, usaron instalaciones fiscales (regimientos, estadios, bases militares), medios de transportes (buques, aviones, camiones y vehículos menores) e innumerables otros recursos destinados a las ramas castrenses. Tras el golpe militar, en Magallanes fueron usados 32 recintos de reclusión", añadió el ex prisionero Miguel Loguercio, quien era menor de edad cuando estaba en la Isla Dawson.
"Los derechos básicos de miles de magallánicos fueron vulnerados por una práctica sistemática de agentes estatales durante la dictadura. El Estado de Chile es el responsable último de estas violaciones. El Estado es el garante y responsable, en todo momento y bajo cualquier tipo de gobierno, de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Las violaciones de derechos humanos en Magallanes tuvieron un carácter masivo y sistemático", dice la demanda presentada ante tribunales y que en más de 80 páginas describe los atropellos que sufrieron los ex prisioneros, relata las torturas a que fueron sometidos y menciona los nombres de los agentes directamente involucrados en los atropellos.
La demanda será tramitada por el 18 Juzgado Civil de Santiago.
Santiago, Chile. Un grupo de 31 ex detenidos en Isla Dawson al inicio de de la dictadura militar, presentaron una millonaria demanda reparatoria contra el Estado de Chile. Los ex presos políticos acusan a agentes del Estado de secuestros, torturas, trabajos forzados y otros delitos que vulneran los pactos internacionales, como la Convención de Ginebra, firmados por Chile.La demanda presentada hoy en los tribunales de justicia por una treintena de ex prisioneros en Isla Dawson durante los dos primeros años de la dictadura, solicitan una indemnización de $400 millones por cada uno, además de $500 mil por cada de día de reclusión.
El abogado patrocinante de la demanda, Víctor Rosas señaló la urgencia de que "los poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo y Legislativo, se aboquen a respetar la resolución de la Naciones Unidas, que obliga que estos juicios de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a una justicia rápida y eficaz, y no sigamos bajo el procedimiento de juicio de Hacienda, que es lo más largo y engorroso que puede haber, con una serie de prerrogativas para el demandado Fisco".
Unas 700 personas -entre ellas 35 ex colaboradores del gobierno del presidente Salvador Allende- fueron confinadas en la isla austral durante 1973 y 1974. La totalidad de los ex prisioneros de Magallanes sufrieron flagrantes, masivas y sistemáticas violaciones a sus derechos que incluyeron secuestros, largos periodos de incomunicación, torturas, trabajos forzados y vejaciones de todo tipo, dice el extenso escrito presentado ante tribunales por el abogado Víctor Rosas, en representación de los demandantes.
"En Magallanes la represión hacia las organizaciones sociales y políticas afines al gobierno depuesto comenzó con antelación al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por ello y proporcionalmente -de acuerdo a su población de época- fue más masiva que en otras regiones del país. Más de 2 mil personas fueron detenidas en los primeros meses de instalación de la dictadura militar", dijo Eliecer Valencia, uno de los demandantes.
"La totalidad de los agentes que actuaron en la represión lo hicieron bajo las órdenes de jefes militares de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, usaron instalaciones fiscales (regimientos, estadios, bases militares), medios de transportes (buques, aviones, camiones y vehículos menores) e innumerables otros recursos destinados a las ramas castrenses. Tras el golpe militar, en Magallanes fueron usados 32 recintos de reclusión", añadió el ex prisionero Miguel Loguercio, quien era menor de edad cuando estaba en la Isla Dawson.
"Los derechos básicos de miles de magallánicos fueron vulnerados por una práctica sistemática de agentes estatales durante la dictadura. El Estado de Chile es el responsable último de estas violaciones. El Estado es el garante y responsable, en todo momento y bajo cualquier tipo de gobierno, de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Las violaciones de derechos humanos en Magallanes tuvieron un carácter masivo y sistemático", dice la demanda presentada ante tribunales y que en más de 80 páginas describe los atropellos que sufrieron los ex prisioneros, relata las torturas a que fueron sometidos y menciona los nombres de los agentes directamente involucrados en los atropellos.
La demanda será tramitada por el 18 Juzgado Civil de Santiago.
10 de enero de 2008
©la nación 
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