quién nos defiende del cde
3 de agosto de 2008
[Alejandra Carmona] Santiago, Chile. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Enero de 2002. Las palabras de la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, cayeron como un balde de agua fría. "Se había llegado a una especie de acuerdo sobre una cantidad que parecía adecuada a lo que era la vida de las personas... Cuánto vale un codo, cuánto vale un rostro quemado, cuánto vale una cadera, cuánto vale una vida".
Como si se tratase de una empresa de seguros, la abogada intentaba explicar el final de un largo y dramático camino: las indemnizaciones que el CDE pagaría a los familiares de las 27 víctimas que cayeron en un boquete de la ruta 220 que une Puerto Varas con Ensenada. Esa noche del 7 de mayo de 1995, la tragedia del estero Minte causó heridas no sólo a quienes sobrevivieron al socavón.
La abogada María Eugenia Concha aún recuerda la "tabla de pago" a la que hizo referencia Szczaranski. En ese entonces, como jueza a cargo de la causa, ordenó al fisco pagar 3 mil 600 millones de pesos a los afectados. Después de acusaciones en su contra de parte del CDE, debió abandonar el Poder Judicial. El consejo llegó a un acuerdo con las familias de las víctimas: 1.200 millones. "Yo sabía que tenía dos posibilidades: o no les daba nada porque la vida del ser humano no tiene precio, o les daba todo. No se reemplaza a los niños que murieron ni a las familias que quedaron sin historia y yo quería que a través de un monto justo se pudiera mitigar en algo el daño. Yo creo que CDE tiene una tremenda labor que realizar, pero desde el punto de vista de proteger a la sociedad, no sólo las platas estatales", dice Concha, insatisfecha por el monto que recibieron las familias, pero también conforme porque con el acuerdo extrajudicial al que llegaron finalmente, el CDE reconocía cierta culpa en los hechos, una responsabilidad que, pese al pago, el organismo negó hasta el final.
Los huérfanos y viudos del estero Minte recibieron la indemnización siete años después del accidente. Aunque la pérdida que sufrieron no se puede cuantificar en la tabla entregada por Szczaranski, aceptaron una indemnización que por lo menos deja claro que hay un responsable.
Por ley, el Consejo de Defensa del Estado tiene una misión: defender judicialmente los intereses patrimoniales del Estado. Y el CDE la cumple a cabalidad. Según el informe de gestión del organismo, el año pasado el Estado fue demandado por 125 mil 330 millones de pesos y de esos sólo pagaron 8 mil 844 millones de pesos. Un triunfo que es cuestionado por los abogados que están del otro lado y que deben defender a cientos de chilenos cuyos daños o perjuicios fueron cometidos por algún organismo del Estado. ¿Cuáles son los límites para los guardianes del fisco?
Un Proyectil en el Desierto
El 17 de diciembre de 1994, la vida de José Miguel Larenas se fue a negro. Tenía 18 años y festejaba con sus compañeros el fin del colegio en el Valle de la Luna cuando, a la entrada del lugar al lado de un cartel que lo anunciaba como "santuario de la naturaleza" , la camioneta de sus amigos se volcó hacia un costado del camino. Él, que conducía otro vehículo delante de ellos, se devolvió para pedir ayuda y coordinar el traslado de los heridos. Caminó hasta la camioneta siniestrada e intentó sacarla del lugar. Sólo recuerda que retrocedió, sintió el fuego y su brazo izquierdo colgando.
Un experto en limpieza de minas antipersonales determinó que la explosión que casi mató a José Miguel se debió a un proyectil sin estallar del Ejército. Una negligencia por la que aún José Miguel explicaciones y una respuesta económica.
Larenas presentó una querella que fue sobreseída temporalmente el 18 de septiembre de 2000. En 1999 interpuso una demanda en contra el Estado de Chile por daños y perjuicios y aún no hay resultados. "El CDE sigue ciegamente las directrices y estatutos que se resumen en defender a toda costa al fisco sin diferenciar santos de demonios. El CDE no conoce de moral, ética o justicia, solo de procedimientos eternos. Pero, afortunadamente, la justicia no está en manos del CDE sino que recae en el Poder Judicial, en el que abrigo la esperanza y confianza que nos dará la razón aunque sea luego de 14 años", dice.
Larenas cree que en este tipo de casos, en que "existen pruebas irrefutables de la responsabilidad del Estado", el organismo debería negociar rápidamente con las víctimas para que al "sufrimiento humano que ya se ha causado" no se sume un dilatado y destructor proceso judicial.
Jorge Baeza, abogado jefe de la división de Defensa Estatal del CDE, reconoce que el retraso de las causas y el intento del organismo por rebajar las indemnizaciones puedan generar molestias, pero dice que esto corresponde a la rigurosidad con que deben hacer su trabajo. "Pensemos esto objetivamente dice Baeza . Si alguien llega y nos demanda por 100 millones y decimos ‘paguemos 100 millones’, de esos 100 millones hay plata suya, de sus padres, de su marido, de sus parientes, de sus amigos. Llegar y pagar sería cómodo, un problema menos. ¡Pero es muy fácil disponer de plata ajena! Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio".
Andrea Flores, asesora de la misma división, cree que los juicios del CDE no se dilatan más que otros juicios. Es más, suma dos datos para destacar que podría ser más beneficioso litigar contra el Estado: "El fisco siempre va a tener plata para pagar y nunca vamos a hacer algo ilegal en el juicio". Andrea también acusa que el "daño moral", que muchas veces hace subir hasta en un 80% el monto de la indemnización demandada, es muy subjetivo. "Incluso en el último tiempo se ha hablado de la mercantilización del daño moral", comenta.
El CDE ha logrado proteger el erario nacional ganando sobre el 90% de las demandas. La fiereza y profesionalismo de sus abogados es desatacada en el mercado laboral, pero quienes han sido contraparte reclaman: "Todos somos chilenos, cómo van a actuar de igual modo cuando defienden una demanda por expropiación que cuando se trata de una vida humana".
Cinco Años y un Día
Alfredo Soto aprendió tres cosas en la cárcel: coa, a hacer dibujos con hilos de colores y que nada material puede compensar el dolor humano. No se le olvida. Es su mantra desde que en 1990 lo detuvieron como autor del crimen de la joven de 17 años María Soledad Opazo, un homicidio conocido como el ‘crimen de La Calchona’, en Talca.
Después de pasar cinco años y un día tras las rejas, y de ser torturado y maltratado en el proceso de confesión al igual que otros dos amigos inculpados , la Corte de Apelaciones de Talca lo absolvió y ordenó su liberación inmediata.
Hoy, Soto trabaja como maestro pintor en su ciudad. "Cuando la gente me ve me dice ‘tú eres el inocente de La Calchona’", cuenta. Para él, el tiempo que pasó en la cárcel no se puede recuperar. Sus proyectos, los sueños y la vida familiar quedaron en suspenso. El portazo en la cara del CDE y de la justicia chilena se sumó al dolor de la prisión injusta. La indemnización que solicitaron al Estado por el error judicial fue negada y la decisión adversa sólo pudo ser revocada gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alfredo Soto y sus compañeros reciben una pensión de por vida que asciende a 300 mil pesos. A pesar de su triunfo, es una excepción y sólo se logró gracias a la ayuda de un organismo internacional. "Desde 1980 a la fecha se han producido 67 casos de errores judiciales y en sólo cuatro de ellos ha sido aceptada la indemnización", alega el abogado Roberto Celedón.
Alfredo Soto sorprende. Tiene rabia y años perdidos, pero no deja de mirar la vida desde la libertad. "Las 300 lucas no reparan en nada el daño que sufrí, la cana, la humillación, el hambre, la celda de dos por dos que tuve que ocupar en la cárcel. Trescientas lucas no son nada", dice mirando una foto de su única hija, Susana Leonor, que tiene 7 años. Por ella disfruta cada día, e incluso guardó todas las grabaciones de los programas donde se cansó de contar su historia. "Salí en ‘Cuéntame’ y en el ‘Rock and Pop’. Mi hija no sabe del sufrimiento que pasé, ella cree que soy una estrella, una estrella de la televisión".
Precio de los Derechos Humanos
El atardecer del 14 de junio, Otilia Vargas murió por sexta vez. Ya se le había ido la vida llorando por sus cinco hijos asesinados por la dictadura. Esta vez fue su turno. Murió de cáncer. Su enfermedad, su lucha, sus recuerdos en la clandestinidad y su exilio en Cuba quedaron sepultados en una fosa del cementerio Parque La Florida. "Éste es el único caso donde hemos conseguido algo", reflexiona el abogado Nelson Caucoto, flanqueado en su escritorio por decenas de expedientes de causas de derechos humanos. Desde el año 1996, paralelamente a la denuncia ante la OEA por denegación de justicia, Caucoto comenzó a interponer demandas; la primera vino de los hijos del doctor Enrique París, asesor del Presidente Salvador Allende. "En general me costó mucho, porque los familiares no querían que el tema del dolor se involucrara con el de la plata. La reparación no puede ser tratada como el pariente pobre de los derechos humanos. Es extremadamente importante, es un componente del concepto de la justicia", asegura Caucoto, quien cree que este tipo de causas no deben ser vistas a la luz del derecho civil. "El gran desafío de hoy es que nuestros jueces sean más educados en el derecho internacional".
Hoy Nelson Caucoto tramita 200 demandas y los antecedentes están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La causa de Otilia es la única que llegó a buen puerto. Sabiendo que el cáncer le acortaba la vida, la madre de los hermanos asesinados insistió en una pensión para su única hija viva que sufre esquizofrenia, el único integrante de la familia. EL CDE accedió a pagar una pensión vitalicia.
©la nación 
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