guerras constitucionales en américa
[Monte Reel] Mientras tres presidentes intentan remodelar el poder, persiste una pregunta: ¿A quién le conviene?
Buenos Aires, Argentina. Movimientos para rescribir las constituciones nacionales están cambiando dramáticamente la vida política de varios países sudamericanos, provocando encarnizados debates sobre si las nuevas cartas magnas beneficiarán a las futuras generaciones o si sólo sirven a las ambiciones políticas de los presidentes actuales.
En tres países andinos -Bolivia, Ecuador y Venezuela-, sus líderes políticos han buscado recientemente introducir reformas en sus constituciones para dificultar que gobiernos futuros reviertan las políticas que han iniciado durante sus mandatos. Pero en las últimas semanas, las propuestas han revigorizado los movimientos de oposición, que se quejan de que sus gobiernos se inclinan hacia el autoritarismo.
"En todos esos casos, las constituciones sólo durarán lo que dure el gobernante", dijo Allan Brewer-Caras, opositor del presidente venezolano Hugo Chávez, que participó en la asamblea constituyente de los años noventa. "Los principales cambios que quieren introducir son la centralización del gobierno y la concentración del poder en el gobierno central. Si quieres reforzar la democracia después de eso, tendrás que volver a cambiar la constitución para descentralizar el gobierno y el poder".
Al tratar de rescribir la constitución, Chávez y sus aliados en Bolivia y Ecuador esperan forjar nuevas identidades nacionales -y despertar fuertes sentimientos de esperanza entre los ciudadanos más pobres. Hablan de los cambios que proponen como reformas revolucionarias, abogando por una mayor intervención del estado en la economía y menos dependencia de los mercados globales, que, dicen, favorecen a los países más desarrollados.
Nadie en América del Sur está hablando de abandonar las elecciones, pero esos tres países están librando combates constitucionales con lo que el presidente venezolano llama el ‘socialismo del siglo 21'. El experimento no ha sido fácil, en parte porque determinar en qué consiste el socialismo del siglo 21ha provocado dolorosos periodos de auto-evaluación.
Tanto Chávez como el presidente boliviano Evo Morales propusieron cambios que eliminarían los actuales límites para la reelección de presidente, y los partidarios del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, abogan por el desmantelamiento de la legislatura que está controlada por la oposición. Para aquellos que no comparten sus ideologías, las propuestas son intentos de aferrarse al poder y silenciar a la oposición.
Desde que se propusieran los cambios, sin embargo, la oposición sólo se ha vuelto más ruidosa.
Después de casi dos años de encarnizado impasse, la asamblea constituyente boliviana aprobó el mes pasado el borrador de una nueva constitución -sólo para presenciar la furiosa oposición de importantes sectores de la población. La polémica terminó en disturbios y llevó a Morales a llamar a un referéndum revocatorio, del presidente y de los gobernadores regionales.
En Ecuador, una asamblea similar compuesta fundamentalmente por aliados de Correa, disolvió efectivamente el congreso nacional. Sus críticos definieron la medida como el fin de la democracia, aunque los jueces que la revisaron aprobaron la decisión.
Y en Venezuela el mes pasado los votantes procuraron a Chávez su primera derrota electoral por un estrecho margen rechazando las reformas constitucionales que le hubieran dado todavía más autoridad. Aunque Chávez y sus partidarios han insinuado que podrían tratar de introducir esos cambios por otros medios, tales como nuevas leyes o decretos, el referéndum constitucional obligó a Chávez por primera vez a repensar la naturaleza de su auto-definida ‘revolución bolivariana'.
"Sería un error que ignoráramos [los resultados] y tratáramos de acelerar el ritmo [de los cambios]", dijo el presidente este mes. "Estoy obligado a frenar".
Las constituciones vigentes no son exactamente documentos mohosos o pergaminos amarillentos. Bolivia introdujo substanciales reformas a su Constitución en 1994, la de Ecuador fue ratificada en 1998 y la asamblea venezolana dominada por partidarios de Chávez redactaron la Constitución del país en 1999. En 2004, la legislatura colombiana, dominada por partidarios de Estados Unidos, cambiaron su Constitución para permitir la reelección del presidente, permitiendo que Álvaro Uribe ganara otro mandato dos años después.
Tal como Chávez antes de ser elegido en 1998, tanto Morales como Correa hicieron campaña prometiendo la creación de asambleas constituyentes para alterar radicalmente lo que muchos percibían como el fracaso de las instituciones gubernamentales y del estado de derecho.
"Las reformas constitucionales de largo plazo son inmensamente populares entre los ciudadanos", dijo Jonathan Hartlyn, politólogo de la Universidad de Carolina del Norte que ha estudiado las constituciones de América Latina. "Son particularmente populares en un contexto de exclusión económica y social y en lugares donde los partidos políticos y los políticos son ambos débiles y extremadamente impopulares y acusados de la crisis".
La tensión política ha ido empeorando en Bolivia, donde miles de personas se echaron a la calle el mes pasado, muchos de ellos pidiendo escindirse del gobierno central. Varios gobernadores regionales crearon ‘estatutos de autonomía' exigiendo más independencia y poder para tomar decisiones locales.
Un borrador de la Constitución fue aprobado el 9 de diciembre pero la oposición continúa protestando contra algunos de sus artículos, incluyendo los que dan al gobierno federal mayor control sobre las recaudaciones fiscales locales y limitan el tamaño de las propiedades agrícolas individuales.
Jaime Aparicio, ex embajador boliviano ante Estados Unidos que también ha ayudado a supervisar las elecciones para la asamblea constituyente ecuatoriana el año pasado, responsabiliza de los problemas constitucionales de Bolivia a la composición de la asambles.
"El problema en Bolivia es que los partidarios de Morales eligieron a personas sobre la base de su lealtad al partido y sus experiencia en el activismo político", dijo Aparicio, que también es vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro. "Así que una vez que entraron a la asamblea, había un problema que era muy simple: incompetencia".
Ese es exactamente el tipo de declaraciones que más indigna a los partidarios de Morales. Han argumentado permanentemente que la asamblea constituyente daría más poder a los movimientos de base, no a los abogados ni a la elite política.
Cuando los grupos opositores se reunieron este mes en La Paz, adoptaron un tono conciliatorio, prometiendo concentrarse más en lo que une a las diferentes regiones del país que en lo que las separa.
"A la hora de redactar una Constitución duradera, necesitamos sacar de la agenda las políticas específicas y concentrarnos en los principios", dijo David King, director del Instituto Política de la Universidad de Harvard y boliviano. "Concentrarse en lo abstracto y no en asuntos específicos es algo que puede ayudar".
Morales, que ha sido acusado de tratar de consolidarse en el poder por medio de la Constitución, ampliando la autoridad presidencial, sugirió la semana pasada que las disputas en el proceso de redacción de la Constitución -pese al profundo rencor que lo ha caracterizado hasta el momento- podría conducir eventualmente a un consenso sobre lo que debe significar ser boliviano.
"Cuando no existan ambiciones personales ni sectoriales, podremos entendernos mutuamente por el bien del país", dijo Morales.
Esa ha sido la esperanza del proceso desde su inicio, antes de que algo tan básico como una conversación cara a cara entre los dos lados del debate constitucional pueda ser llamada un avance en las negociaciones.
"Pienso que será un proceso muy difícil, pero creo que ahora estamos en mejores condiciones", dijo Aparicio. "Como ocurrió en Venezuela, las circunstancias están cambiando y creo que el presidente Morales se dio cuenta de eso. Estuvimos muy cerca del enfrentamiento, y teníamos todo que perder".
Buenos Aires, Argentina. Movimientos para rescribir las constituciones nacionales están cambiando dramáticamente la vida política de varios países sudamericanos, provocando encarnizados debates sobre si las nuevas cartas magnas beneficiarán a las futuras generaciones o si sólo sirven a las ambiciones políticas de los presidentes actuales.En tres países andinos -Bolivia, Ecuador y Venezuela-, sus líderes políticos han buscado recientemente introducir reformas en sus constituciones para dificultar que gobiernos futuros reviertan las políticas que han iniciado durante sus mandatos. Pero en las últimas semanas, las propuestas han revigorizado los movimientos de oposición, que se quejan de que sus gobiernos se inclinan hacia el autoritarismo.
"En todos esos casos, las constituciones sólo durarán lo que dure el gobernante", dijo Allan Brewer-Caras, opositor del presidente venezolano Hugo Chávez, que participó en la asamblea constituyente de los años noventa. "Los principales cambios que quieren introducir son la centralización del gobierno y la concentración del poder en el gobierno central. Si quieres reforzar la democracia después de eso, tendrás que volver a cambiar la constitución para descentralizar el gobierno y el poder".
Al tratar de rescribir la constitución, Chávez y sus aliados en Bolivia y Ecuador esperan forjar nuevas identidades nacionales -y despertar fuertes sentimientos de esperanza entre los ciudadanos más pobres. Hablan de los cambios que proponen como reformas revolucionarias, abogando por una mayor intervención del estado en la economía y menos dependencia de los mercados globales, que, dicen, favorecen a los países más desarrollados.
Nadie en América del Sur está hablando de abandonar las elecciones, pero esos tres países están librando combates constitucionales con lo que el presidente venezolano llama el ‘socialismo del siglo 21'. El experimento no ha sido fácil, en parte porque determinar en qué consiste el socialismo del siglo 21ha provocado dolorosos periodos de auto-evaluación.
Tanto Chávez como el presidente boliviano Evo Morales propusieron cambios que eliminarían los actuales límites para la reelección de presidente, y los partidarios del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, abogan por el desmantelamiento de la legislatura que está controlada por la oposición. Para aquellos que no comparten sus ideologías, las propuestas son intentos de aferrarse al poder y silenciar a la oposición.
Desde que se propusieran los cambios, sin embargo, la oposición sólo se ha vuelto más ruidosa.
Después de casi dos años de encarnizado impasse, la asamblea constituyente boliviana aprobó el mes pasado el borrador de una nueva constitución -sólo para presenciar la furiosa oposición de importantes sectores de la población. La polémica terminó en disturbios y llevó a Morales a llamar a un referéndum revocatorio, del presidente y de los gobernadores regionales.
En Ecuador, una asamblea similar compuesta fundamentalmente por aliados de Correa, disolvió efectivamente el congreso nacional. Sus críticos definieron la medida como el fin de la democracia, aunque los jueces que la revisaron aprobaron la decisión.
Y en Venezuela el mes pasado los votantes procuraron a Chávez su primera derrota electoral por un estrecho margen rechazando las reformas constitucionales que le hubieran dado todavía más autoridad. Aunque Chávez y sus partidarios han insinuado que podrían tratar de introducir esos cambios por otros medios, tales como nuevas leyes o decretos, el referéndum constitucional obligó a Chávez por primera vez a repensar la naturaleza de su auto-definida ‘revolución bolivariana'.
"Sería un error que ignoráramos [los resultados] y tratáramos de acelerar el ritmo [de los cambios]", dijo el presidente este mes. "Estoy obligado a frenar".
Las constituciones vigentes no son exactamente documentos mohosos o pergaminos amarillentos. Bolivia introdujo substanciales reformas a su Constitución en 1994, la de Ecuador fue ratificada en 1998 y la asamblea venezolana dominada por partidarios de Chávez redactaron la Constitución del país en 1999. En 2004, la legislatura colombiana, dominada por partidarios de Estados Unidos, cambiaron su Constitución para permitir la reelección del presidente, permitiendo que Álvaro Uribe ganara otro mandato dos años después.
Tal como Chávez antes de ser elegido en 1998, tanto Morales como Correa hicieron campaña prometiendo la creación de asambleas constituyentes para alterar radicalmente lo que muchos percibían como el fracaso de las instituciones gubernamentales y del estado de derecho.
"Las reformas constitucionales de largo plazo son inmensamente populares entre los ciudadanos", dijo Jonathan Hartlyn, politólogo de la Universidad de Carolina del Norte que ha estudiado las constituciones de América Latina. "Son particularmente populares en un contexto de exclusión económica y social y en lugares donde los partidos políticos y los políticos son ambos débiles y extremadamente impopulares y acusados de la crisis".
La tensión política ha ido empeorando en Bolivia, donde miles de personas se echaron a la calle el mes pasado, muchos de ellos pidiendo escindirse del gobierno central. Varios gobernadores regionales crearon ‘estatutos de autonomía' exigiendo más independencia y poder para tomar decisiones locales.
Un borrador de la Constitución fue aprobado el 9 de diciembre pero la oposición continúa protestando contra algunos de sus artículos, incluyendo los que dan al gobierno federal mayor control sobre las recaudaciones fiscales locales y limitan el tamaño de las propiedades agrícolas individuales.
Jaime Aparicio, ex embajador boliviano ante Estados Unidos que también ha ayudado a supervisar las elecciones para la asamblea constituyente ecuatoriana el año pasado, responsabiliza de los problemas constitucionales de Bolivia a la composición de la asambles.
"El problema en Bolivia es que los partidarios de Morales eligieron a personas sobre la base de su lealtad al partido y sus experiencia en el activismo político", dijo Aparicio, que también es vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro. "Así que una vez que entraron a la asamblea, había un problema que era muy simple: incompetencia".
Ese es exactamente el tipo de declaraciones que más indigna a los partidarios de Morales. Han argumentado permanentemente que la asamblea constituyente daría más poder a los movimientos de base, no a los abogados ni a la elite política.
Cuando los grupos opositores se reunieron este mes en La Paz, adoptaron un tono conciliatorio, prometiendo concentrarse más en lo que une a las diferentes regiones del país que en lo que las separa.
"A la hora de redactar una Constitución duradera, necesitamos sacar de la agenda las políticas específicas y concentrarnos en los principios", dijo David King, director del Instituto Política de la Universidad de Harvard y boliviano. "Concentrarse en lo abstracto y no en asuntos específicos es algo que puede ayudar".
Morales, que ha sido acusado de tratar de consolidarse en el poder por medio de la Constitución, ampliando la autoridad presidencial, sugirió la semana pasada que las disputas en el proceso de redacción de la Constitución -pese al profundo rencor que lo ha caracterizado hasta el momento- podría conducir eventualmente a un consenso sobre lo que debe significar ser boliviano.
"Cuando no existan ambiciones personales ni sectoriales, podremos entendernos mutuamente por el bien del país", dijo Morales.
Esa ha sido la esperanza del proceso desde su inicio, antes de que algo tan básico como una conversación cara a cara entre los dos lados del debate constitucional pueda ser llamada un avance en las negociaciones.
"Pienso que será un proceso muy difícil, pero creo que ahora estamos en mejores condiciones", dijo Aparicio. "Como ocurrió en Venezuela, las circunstancias están cambiando y creo que el presidente Morales se dio cuenta de eso. Estuvimos muy cerca del enfrentamiento, y teníamos todo que perder".
11 de febrero de 2008
18 de enero de 2008
©washington post 
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