responsabilidad política y penal
[Mirko Macari] Genaro Arriagada echa abajo la tesis de Emilio Cheyre. "El problema con Santelices es que no tuvo carácter".
Santiago, Chile. El ex ministro y analista político cree que sería una "monstruosidad" quitar los derechos políticos a un ciudadano por lo que hizo hace 30 años. También distingue entre el ejército y los militares que cometieron crímenes. "El país se reencuentra con el ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén… Eso sería una abyección", afirma.
Los militares son un tema de siempre para el ex embajador, ex ministro y hombre histórico de la Concertación. Durante la dictadura de Pinochet fueron su objeto de estudio en su condición de analista, pues "cuando se produjo el golpe, mi sensación fue que los civiles no sabíamos nada del mundo militar, y en consecuencia me dediqué a investigar y a escribir". Tiene varios libros sobre el pensamiento político castrense, así como sobre la política militar de Pinochet, algunos de ellos publicados en inglés. "En general, esos textos son leídos en la Academia de Guerra, porque nunca han tenido insultos a las fuerzas armadas. En otro plano fui duro con los abusos. Recuerdo haber escrito prólogos de libros [como ‘Quemados vivos', sobre el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana] de esa mujer admirable que fue Patricia Verdugo", señala. Ya durante los años ochenta, Arriagada planteaba en sus textos que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares no fueron responsabilidad del ejército, sino responsabilidades individuales, a menos que la institución hubiese tenido una actitud de encubrimiento.
Ese es el gran karma que arrastran los militares hasta hoy, como lo demuestran los últimos sucesos.
Hay un hecho que es mundial: qué hacer con los abusos ocurridos en materia de derechos humanos, y es así en todos los países de la Tierra que tuvieron dictaduras militares en los años sesenta. Es un problema que está en la Unión Soviética, en Europa Oriental, en España, en América Latina, en Sudáfrica.
Y que no tiene respuesta definitiva.
No la tiene, y no hay respuestas fáciles. Los que han buscado atajos se han dado cuenta que han cometido tremendos errores. Los españoles, después de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, creían haber enterrado el tema, pero hoy basta llegar a España para saber que está flotando en el aire. Los uruguayos creyeron haber zanjado la cuestión a través de un plebiscito en su oportunidad, Julio María Sanguinetti me dijo que veía al pueblo uruguayo yendo a depositar su voto en la urna con la nariz apretada , pero el asunto volvió.
Finalmente, en ninguna parte las amnistías ni los puntos finales resultaron eficientes.
Ni las leyes de amnistía ni los puntos finales han sido solución, por el contrario. Pero, además, este no es un tema con las instituciones militares, sino con individuos que usando el uniforme cometieron crímenes que están condenados en la legislación desde siempre, que no son actos de guerra ni nada. Sacar a un tipo de una cárcel y torturarlo hasta matarlo no es un acto militar. Al revés, es una ofensa al honor militar. Creo que Chile se está reencontrando con sus Fuerzas Armadas, lo prueban todas las encuestas, pero lo que los países no aceptan es reencontrarse con los militares que cometieron crímenes. Son cosas muy distintas. El país se reencuentra con la institución centenaria que es el Ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén Eso sería una abyección.
Probablemente vamos a seguir con este problema por mucho tiempo más como parte de la vida institucional del país.
Así va a ser. Pero eso, aunque doloroso, es más sano que la impunidad.
Ahora bien, Cheyre en su carta a la clase política dice: "Me inquieta que se terminen dilapidando los acuerdos alcanzados y se intente imponer una sanción moral a quienes han defendido y asumido la verdad", pues Santelices nunca ocultó ante el tribunal su actuación.
Pienso que la defensa que Cheyre y otros hacen del general Santelices no encuentra fundamento ni en la teoría militar ni en el honor militar.
Se argumenta que el general Santelices recibía órdenes.
Sí; pero la obediencia de los militares a sus mandos no es ilimitada ni ciega ni irreflexiva. Hay una vasta literatura sobre esto. En el ejército alemán había un principio que se llamaba de la ‘corresponsabilidad' y que establecía que el jefe que daba la orden no era el único responsable, sino también el que la transmitía y el que la ejecutaba. Y este principio no lo impusieron los activistas de derechos humanos, sino los más grandes militares prusianos, el mariscal Von Moltke o Luddendorf. Sin embargo, lo derogó Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército francés lo incorporó en sus reglamentos de disciplina, señalando que el inferior que ejecuta una orden que comporta un acto ilegal asume plenamente la responsabilidad penal del mismo. Los ingleses son aún más claros: si una persona que está obligada a obedecer a un superior recibe de éste una orden ilegal, no debe cumplir tal orden, y en caso de hacerlo, caerá en la responsabilidad penal.
El general Cheyre, en declaraciones a Radio Duna, ha dicho que los acontecimientos suscitados a partir del caso de Santelices son el momento más crítico, lamentable y peligroso del proceso democrático.
Esa es una demasía. Pretender que la democracia está en un momento crítico porque a una persona se le presiona para que renuncie a la condición de general de la república, debido a que cuando era teniente se vio envuelto, cierto que en una función menor, en un asesinato colectivo de prisioneros políticos, que escuchó de modo presencial las descargas que consumaban el asesinato y que respecto de esos hechos guardó silencio durante casi 30 años esa es una exageración inaceptable. Lo que es claro es que el general Santelices nunca informó de esto, salvo cuando fue citado por el juez Guzmán, y eso fue 30 años después del hecho, y esa es una responsabilidad moral no menor.
Cheyre está defendiendo a alguien que no cometió un crimen, y él invoca un acuerdo en el gobierno de Lagos. Está haciendo un punto político más allá de lo procesal.
Desconozco si ha habido acuerdos políticos entre el gobierno de Lagos y el Ejército. Me parece sorprendente, porque en definitiva eso implicaría llamar a los comandantes en jefe a una deliberación política.
Pero en el documento de Lagos "No hay mañana sin ayer" dice: "Proponemos también diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo temor a represalias que amenazaban sus vidas en estado de ignorancia insuperable que prácticamente anulaba su capacidad de decisión, de aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de crímenes, por lo que ejecutaron directamente con pleno discernimiento". Ahí hay una doctrina de la autoridad máxima, el presidente.
Él dice diferenciar, pero no exculpar. No la conocía, pero la frase de Lagos me parece razonable. Uno no puede poner en el mismo caso a quien diseñó una política de exterminio, como se hizo con el MIR, que con aquel que teniendo conocimiento de ese hecho no lo denunció. La transición chilena ha sido muy cuidadosa en los matices. Aplicada a Santelices es parecido a lo que digo: él no diseñó el crimen, ni lo ordenó ni lo ejecutó. Pero los hechos en que se vio envuelto no son menores: yo entrego 14 personas maniatadas, vendadas, sé lo que van a hacer con ellas, me retiro, escucho las descargas, sé que las han asesinado, y guardo el silencio durante 30 años. Uno puede llegar a comprender y decir: este señor tenía 20 años, era un teniente, se vivía en una dictadura, pero eso no excluye una responsabilidad moral.
¿Qué quiere Cheyre?
En el fondo, Cheyre quiere situar los hechos en un contexto amplio, diciendo algo así como que "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra".
En cierto aspecto Cheyre tiene razón, pero su juicio, al no tener matices y contener confusiones, en vez de ayudar a aclarar las responsabilidades las confunde. Concretamente, no se puede poner en un mismo rango las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales.
Entonces, está de acuerdo con Cheyre en que hay una responsabilidad política que va mucho más allá del Ejército.
Sin duda, a lo menos 15 años antes de que Cheyre diera a conocer el documento "Nunca más", innumerables personas de la Concertación, entre ellas yo, afirmamos que la mayor responsabilidad del golpe no era de los militares, sino de los civiles, y concretamente de aquellos que habíamos ido destruyendo gradualmente la democracia chilena. Tendrán diferentes grados de culpa y en eso no se exculpa ni la DC, ni los socialistas, ni el PC, ni la derecha, ni tampoco los empresarios o la prensa. No es que bruscamente cuatro generales malos llegaron y decidieron dar un golpe, eso no es así. En eso, Cheyre reitera ideas que son muy anteriores. Pero eso no desvaloriza el "nunca más" y menos el hecho de que, a través de él, Cheyre tuviera como comandante en jefe el coraje de asumir de manera simbólica la responsabilidad política del Ejército. Ese acto merece respeto.
¿Dónde está su discrepancia?
Es grave y profunda. Cheyre confunde responsabilidad política con responsabilidad penal. No hay ningún general, u oficial, de Ejército o de otras ramas, procesado por sus responsabilidades políticas en el golpe militar. Todos lo están por la comisión directa o por complicidad en actos que son crímenes: ejecuciones sumarias, asesinatos de personas que estaban en cárceles regulares o clandestinas o en recintos militares, por desapariciones de detenidos, o actos de tortura que causaron la muerte.
Y en ese sentido, ¿qué le parece la posición de Cheyre cuando dice: "En la misma línea que avanzó el ejército sea exigible a quien ocupe el cargo de presidente de la república, ministro, parlamentario, etc., el no haber estado directa o indirectamente vinculado a organizaciones o acciones que le impidan ser ajeno a presiones de grupos de poder que ejerzan influencia en sus decisiones"?
Eso no tiene fundamento. En teoría, la inhabilitación legal para ocupar los más altos cargos políticos y de la administración en virtud de una responsabilidad política es un instrumento totalitario. Además, la aplicación práctica generaría enormes injusticias, avivaría odios, desataría cazas de brujas. Imagínese: usted fue comunista, no puede; fue oficial de Ejército por 30 años, tampoco; socialista de línea dura, jamás; dirigente DC antes de 1973, igualmente inhabilitado; funcionario del régimen militar, peor. Pero, además, ¿quién va a decidir esa "muerte cívica" de categorías amplias de personas, fundada no en actos criminales, sino en la ideología que profesaron o las políticas que impulsaron? ¿Una asamblea de santos? ¿Un grupo elegido por votación universal? Sería, literalmente, establecer la dictadura de la mayoría.
Cheyre, en declaraciones posteriores, critica que la presidenta haga guardia de honor en el féretro de Volodia Teitelboim, que es una de las personas con responsabilidad política en la creación del FPMR.
Con franqueza, no la visita, pero sí lo de la guardia, me pareció un gesto excesivo. Pero, si entiendo bien, la propuesta de Cheyre, en la medida que fuera aplicable al PC, no habría comunista con derecho a ocupar un cargo en Chile. Eso estaba en el artículo 8º de la Constitución original de Pinochet, cuya derogación fue parte de las primeras reformas aprobadas después del plebiscito de 1988. Pero, de nuevo, no hay que confundir: los militantes del PC que se metieron en actos criminales, cuando los detectaron fueron condenados. Es lo mismo que ha sucedido con el Ejército, los que cometieron crímenes están siendo procesados y condenados, pero sería una monstruosidad que a un ciudadano, en función de haber estado en altos cargos durante el régimen militar, se le impidiera ejercer cargos públicos o postular a cargos electivos. No sucedió con [Rodolfo] Stange, no ha sucedido con generales y almirantes que han sido miembros del Senado.
Cheyre incluso habla de los jueces que no tuvieron el suficiente coraje para defender los derechos humanos y también menciona a la derecha.
Por supuesto que hay responsabilidad política de la Corte Suprema y del poder judicial, y el general Cheyre hace muy bien en recordar la responsabilidad política de la derecha.
A partir de este episodio, ¿se resiente la relación que había logrado con tanto esfuerzo la Concertación con el mundo militar?
La Concertación nunca ha querido desarrollar una política contra el ejército; por el contrario, lo considera una institución esencial de la nación. Hubo otros que lo intentaron, como en el caso argentino, donde se les rebajaron los presupuestos, los sueldos, se degradó la carrera militar. Digo que la Concertación enfrentada al problema universal de qué hacer con los pasados abusos de derechos humanos , en vez de haber actuado a lo bruto y haber dicho "aquí es el ejército", dijo: "Vamos a precisar responsabilidades individuales, porque las responsabilidades penales son individuales y no de la institución". Así fue desde siempre.
Santiago, Chile. El ex ministro y analista político cree que sería una "monstruosidad" quitar los derechos políticos a un ciudadano por lo que hizo hace 30 años. También distingue entre el ejército y los militares que cometieron crímenes. "El país se reencuentra con el ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén… Eso sería una abyección", afirma.Los militares son un tema de siempre para el ex embajador, ex ministro y hombre histórico de la Concertación. Durante la dictadura de Pinochet fueron su objeto de estudio en su condición de analista, pues "cuando se produjo el golpe, mi sensación fue que los civiles no sabíamos nada del mundo militar, y en consecuencia me dediqué a investigar y a escribir". Tiene varios libros sobre el pensamiento político castrense, así como sobre la política militar de Pinochet, algunos de ellos publicados en inglés. "En general, esos textos son leídos en la Academia de Guerra, porque nunca han tenido insultos a las fuerzas armadas. En otro plano fui duro con los abusos. Recuerdo haber escrito prólogos de libros [como ‘Quemados vivos', sobre el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana] de esa mujer admirable que fue Patricia Verdugo", señala. Ya durante los años ochenta, Arriagada planteaba en sus textos que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares no fueron responsabilidad del ejército, sino responsabilidades individuales, a menos que la institución hubiese tenido una actitud de encubrimiento.
Ese es el gran karma que arrastran los militares hasta hoy, como lo demuestran los últimos sucesos.
Hay un hecho que es mundial: qué hacer con los abusos ocurridos en materia de derechos humanos, y es así en todos los países de la Tierra que tuvieron dictaduras militares en los años sesenta. Es un problema que está en la Unión Soviética, en Europa Oriental, en España, en América Latina, en Sudáfrica.
Y que no tiene respuesta definitiva.
No la tiene, y no hay respuestas fáciles. Los que han buscado atajos se han dado cuenta que han cometido tremendos errores. Los españoles, después de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, creían haber enterrado el tema, pero hoy basta llegar a España para saber que está flotando en el aire. Los uruguayos creyeron haber zanjado la cuestión a través de un plebiscito en su oportunidad, Julio María Sanguinetti me dijo que veía al pueblo uruguayo yendo a depositar su voto en la urna con la nariz apretada , pero el asunto volvió.
Finalmente, en ninguna parte las amnistías ni los puntos finales resultaron eficientes.
Ni las leyes de amnistía ni los puntos finales han sido solución, por el contrario. Pero, además, este no es un tema con las instituciones militares, sino con individuos que usando el uniforme cometieron crímenes que están condenados en la legislación desde siempre, que no son actos de guerra ni nada. Sacar a un tipo de una cárcel y torturarlo hasta matarlo no es un acto militar. Al revés, es una ofensa al honor militar. Creo que Chile se está reencontrando con sus Fuerzas Armadas, lo prueban todas las encuestas, pero lo que los países no aceptan es reencontrarse con los militares que cometieron crímenes. Son cosas muy distintas. El país se reencuentra con la institución centenaria que es el Ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén Eso sería una abyección.
Probablemente vamos a seguir con este problema por mucho tiempo más como parte de la vida institucional del país.
Así va a ser. Pero eso, aunque doloroso, es más sano que la impunidad.
Ahora bien, Cheyre en su carta a la clase política dice: "Me inquieta que se terminen dilapidando los acuerdos alcanzados y se intente imponer una sanción moral a quienes han defendido y asumido la verdad", pues Santelices nunca ocultó ante el tribunal su actuación.
Pienso que la defensa que Cheyre y otros hacen del general Santelices no encuentra fundamento ni en la teoría militar ni en el honor militar.
Se argumenta que el general Santelices recibía órdenes.
Sí; pero la obediencia de los militares a sus mandos no es ilimitada ni ciega ni irreflexiva. Hay una vasta literatura sobre esto. En el ejército alemán había un principio que se llamaba de la ‘corresponsabilidad' y que establecía que el jefe que daba la orden no era el único responsable, sino también el que la transmitía y el que la ejecutaba. Y este principio no lo impusieron los activistas de derechos humanos, sino los más grandes militares prusianos, el mariscal Von Moltke o Luddendorf. Sin embargo, lo derogó Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército francés lo incorporó en sus reglamentos de disciplina, señalando que el inferior que ejecuta una orden que comporta un acto ilegal asume plenamente la responsabilidad penal del mismo. Los ingleses son aún más claros: si una persona que está obligada a obedecer a un superior recibe de éste una orden ilegal, no debe cumplir tal orden, y en caso de hacerlo, caerá en la responsabilidad penal.
El general Cheyre, en declaraciones a Radio Duna, ha dicho que los acontecimientos suscitados a partir del caso de Santelices son el momento más crítico, lamentable y peligroso del proceso democrático.
Esa es una demasía. Pretender que la democracia está en un momento crítico porque a una persona se le presiona para que renuncie a la condición de general de la república, debido a que cuando era teniente se vio envuelto, cierto que en una función menor, en un asesinato colectivo de prisioneros políticos, que escuchó de modo presencial las descargas que consumaban el asesinato y que respecto de esos hechos guardó silencio durante casi 30 años esa es una exageración inaceptable. Lo que es claro es que el general Santelices nunca informó de esto, salvo cuando fue citado por el juez Guzmán, y eso fue 30 años después del hecho, y esa es una responsabilidad moral no menor.
Cheyre está defendiendo a alguien que no cometió un crimen, y él invoca un acuerdo en el gobierno de Lagos. Está haciendo un punto político más allá de lo procesal.
Desconozco si ha habido acuerdos políticos entre el gobierno de Lagos y el Ejército. Me parece sorprendente, porque en definitiva eso implicaría llamar a los comandantes en jefe a una deliberación política.
Pero en el documento de Lagos "No hay mañana sin ayer" dice: "Proponemos también diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo temor a represalias que amenazaban sus vidas en estado de ignorancia insuperable que prácticamente anulaba su capacidad de decisión, de aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de crímenes, por lo que ejecutaron directamente con pleno discernimiento". Ahí hay una doctrina de la autoridad máxima, el presidente.
Él dice diferenciar, pero no exculpar. No la conocía, pero la frase de Lagos me parece razonable. Uno no puede poner en el mismo caso a quien diseñó una política de exterminio, como se hizo con el MIR, que con aquel que teniendo conocimiento de ese hecho no lo denunció. La transición chilena ha sido muy cuidadosa en los matices. Aplicada a Santelices es parecido a lo que digo: él no diseñó el crimen, ni lo ordenó ni lo ejecutó. Pero los hechos en que se vio envuelto no son menores: yo entrego 14 personas maniatadas, vendadas, sé lo que van a hacer con ellas, me retiro, escucho las descargas, sé que las han asesinado, y guardo el silencio durante 30 años. Uno puede llegar a comprender y decir: este señor tenía 20 años, era un teniente, se vivía en una dictadura, pero eso no excluye una responsabilidad moral.
¿Qué quiere Cheyre?
En el fondo, Cheyre quiere situar los hechos en un contexto amplio, diciendo algo así como que "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra".
En cierto aspecto Cheyre tiene razón, pero su juicio, al no tener matices y contener confusiones, en vez de ayudar a aclarar las responsabilidades las confunde. Concretamente, no se puede poner en un mismo rango las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales.
Entonces, está de acuerdo con Cheyre en que hay una responsabilidad política que va mucho más allá del Ejército.
Sin duda, a lo menos 15 años antes de que Cheyre diera a conocer el documento "Nunca más", innumerables personas de la Concertación, entre ellas yo, afirmamos que la mayor responsabilidad del golpe no era de los militares, sino de los civiles, y concretamente de aquellos que habíamos ido destruyendo gradualmente la democracia chilena. Tendrán diferentes grados de culpa y en eso no se exculpa ni la DC, ni los socialistas, ni el PC, ni la derecha, ni tampoco los empresarios o la prensa. No es que bruscamente cuatro generales malos llegaron y decidieron dar un golpe, eso no es así. En eso, Cheyre reitera ideas que son muy anteriores. Pero eso no desvaloriza el "nunca más" y menos el hecho de que, a través de él, Cheyre tuviera como comandante en jefe el coraje de asumir de manera simbólica la responsabilidad política del Ejército. Ese acto merece respeto.
¿Dónde está su discrepancia?
Es grave y profunda. Cheyre confunde responsabilidad política con responsabilidad penal. No hay ningún general, u oficial, de Ejército o de otras ramas, procesado por sus responsabilidades políticas en el golpe militar. Todos lo están por la comisión directa o por complicidad en actos que son crímenes: ejecuciones sumarias, asesinatos de personas que estaban en cárceles regulares o clandestinas o en recintos militares, por desapariciones de detenidos, o actos de tortura que causaron la muerte.
Y en ese sentido, ¿qué le parece la posición de Cheyre cuando dice: "En la misma línea que avanzó el ejército sea exigible a quien ocupe el cargo de presidente de la república, ministro, parlamentario, etc., el no haber estado directa o indirectamente vinculado a organizaciones o acciones que le impidan ser ajeno a presiones de grupos de poder que ejerzan influencia en sus decisiones"?
Eso no tiene fundamento. En teoría, la inhabilitación legal para ocupar los más altos cargos políticos y de la administración en virtud de una responsabilidad política es un instrumento totalitario. Además, la aplicación práctica generaría enormes injusticias, avivaría odios, desataría cazas de brujas. Imagínese: usted fue comunista, no puede; fue oficial de Ejército por 30 años, tampoco; socialista de línea dura, jamás; dirigente DC antes de 1973, igualmente inhabilitado; funcionario del régimen militar, peor. Pero, además, ¿quién va a decidir esa "muerte cívica" de categorías amplias de personas, fundada no en actos criminales, sino en la ideología que profesaron o las políticas que impulsaron? ¿Una asamblea de santos? ¿Un grupo elegido por votación universal? Sería, literalmente, establecer la dictadura de la mayoría.
Cheyre, en declaraciones posteriores, critica que la presidenta haga guardia de honor en el féretro de Volodia Teitelboim, que es una de las personas con responsabilidad política en la creación del FPMR.
Con franqueza, no la visita, pero sí lo de la guardia, me pareció un gesto excesivo. Pero, si entiendo bien, la propuesta de Cheyre, en la medida que fuera aplicable al PC, no habría comunista con derecho a ocupar un cargo en Chile. Eso estaba en el artículo 8º de la Constitución original de Pinochet, cuya derogación fue parte de las primeras reformas aprobadas después del plebiscito de 1988. Pero, de nuevo, no hay que confundir: los militantes del PC que se metieron en actos criminales, cuando los detectaron fueron condenados. Es lo mismo que ha sucedido con el Ejército, los que cometieron crímenes están siendo procesados y condenados, pero sería una monstruosidad que a un ciudadano, en función de haber estado en altos cargos durante el régimen militar, se le impidiera ejercer cargos públicos o postular a cargos electivos. No sucedió con [Rodolfo] Stange, no ha sucedido con generales y almirantes que han sido miembros del Senado.
Cheyre incluso habla de los jueces que no tuvieron el suficiente coraje para defender los derechos humanos y también menciona a la derecha.
Por supuesto que hay responsabilidad política de la Corte Suprema y del poder judicial, y el general Cheyre hace muy bien en recordar la responsabilidad política de la derecha.
A partir de este episodio, ¿se resiente la relación que había logrado con tanto esfuerzo la Concertación con el mundo militar?
La Concertación nunca ha querido desarrollar una política contra el ejército; por el contrario, lo considera una institución esencial de la nación. Hubo otros que lo intentaron, como en el caso argentino, donde se les rebajaron los presupuestos, los sueldos, se degradó la carrera militar. Digo que la Concertación enfrentada al problema universal de qué hacer con los pasados abusos de derechos humanos , en vez de haber actuado a lo bruto y haber dicho "aquí es el ejército", dijo: "Vamos a precisar responsabilidades individuales, porque las responsabilidades penales son individuales y no de la institución". Así fue desde siempre.
17 de febrero de 2008
©la nación
cc traducción mQh
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