sobre el voto obligatorio
[Manuel Antonio Garretón M.] Inscripción automática y voto obligatorio.
El gobierno ha anunciado nuevamente el envío de un proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, como parte de un conjunto de reformas que mejoren la calidad de la política y cambien también el sistema electoral binominal. Para ello ha pedido el consenso de la oposición y se estaría a las puertas de un nuevo gran acuerdo cupular de la clase política.
Desde hace tiempo que el sistema político, en gran parte heredado de la Constitución impuesta por la dictadura, requiere de reformas radicales que profundicen la democracia. La inscripción automática va en ese sentido, porque reduce lo que se llaman los costos de la participación, genera una base electoral reconocida y estable, y busca asegurar el derecho y deber de participación electoral, elemento imprescindible en democracia. No se entiende por qué algo tan elemental e indispensable ha sido siempre postergado.
En cambio, al reintroducir la cuestión del voto voluntario, que afortunadamente se ha olvidado, el gobierno y la Concertación, apoyados en esto por la oposición, cometen un error histórico gravísimo, contrario a nuestra tradición política, en la que el voto obligatorio con sanciones fue introducido precisamente por la crisis de escasa participación electoral a mediados del siglo pasado.
Sus consecuencias significarán un retroceso enorme en el proceso de democratización, lo que va precisamente en contra de los objetivos de mejorar la calidad de la política. Además, se trata de una medida contradictoria (tanto como la situación actual), pues el sentido de la inscripción automática (una manera de obligatoriedad) es que toda la base inscrita participe siempre en las elecciones. Si el voto es voluntario, entonces, ¿por qué no dejar que la inscripción también lo sea?
Se trata de una iniciativa demagógica, en el sentido de hacerse eco de las visiones y demandas que afirman que nadie debe estar obligado a nada, favoreciendo y adulando el individualismo, con lo que se les hace un flaco favor a quienes se sienten distantes de la política, al no incentivar institucionalmente su participación. Y también lo es, porque el voto voluntario favorece precisamente a quienes con propuestas demagógicas son capaces de movilizar a un electorado circunstancial.
Se trata de una iniciativa antidemocrática, en la medida en que -como muestran todos los estudios- el voto voluntario, comparado con el voto obligatorio, reduce la participación electoral y, sobre todo, la elitiza, pues tienden espontáneamente a votar los sectores de mayor nivel socioeconómico y cultural. Dicho de otra manera, si se quiere que voten menos personas y que voten los de mejor nivel de vida, es decir, si se quiere trasladar la desigualdad económica y cultural al plano político, entonces corresponde el voto voluntario. Se entiende que la oposición haga este cálculo y quizás algunos partidos ‘ciudadanos' o ‘ilustrados' de la Concertación, pero no el conjunto de ella ni un gobierno que quiere mejorar la vida política del país.
Por último, se trata de una iniciativa que esconde y a la vez promueve una desvalorización del concepto de ciudadanía, el que siempre ha supuesto que la participación en los asuntos de la polis vía elecciones de representantes o plebiscitos no es sólo un derecho, sino un deber, como lo es pagar impuestos o darles educación a los niños. ¿Por qué no hacemos que los impuestos y la educación escolar sean también voluntarios? La ciudadanía política es un principio, un derecho y un deber, que no pueden quedar a merced de estados de ánimo o preferencias cambiantes.
Si se quiere mejorar la política y promover la participación de la gente, la inscripción debe ser automática y el voto, obligatorio. En todo caso, el gobierno y la clase política debieran abrirse a un debate con el mundo intelectual y académico sobre estos temas.
Desde hace tiempo que el sistema político, en gran parte heredado de la Constitución impuesta por la dictadura, requiere de reformas radicales que profundicen la democracia. La inscripción automática va en ese sentido, porque reduce lo que se llaman los costos de la participación, genera una base electoral reconocida y estable, y busca asegurar el derecho y deber de participación electoral, elemento imprescindible en democracia. No se entiende por qué algo tan elemental e indispensable ha sido siempre postergado.
En cambio, al reintroducir la cuestión del voto voluntario, que afortunadamente se ha olvidado, el gobierno y la Concertación, apoyados en esto por la oposición, cometen un error histórico gravísimo, contrario a nuestra tradición política, en la que el voto obligatorio con sanciones fue introducido precisamente por la crisis de escasa participación electoral a mediados del siglo pasado.
Sus consecuencias significarán un retroceso enorme en el proceso de democratización, lo que va precisamente en contra de los objetivos de mejorar la calidad de la política. Además, se trata de una medida contradictoria (tanto como la situación actual), pues el sentido de la inscripción automática (una manera de obligatoriedad) es que toda la base inscrita participe siempre en las elecciones. Si el voto es voluntario, entonces, ¿por qué no dejar que la inscripción también lo sea?
Se trata de una iniciativa demagógica, en el sentido de hacerse eco de las visiones y demandas que afirman que nadie debe estar obligado a nada, favoreciendo y adulando el individualismo, con lo que se les hace un flaco favor a quienes se sienten distantes de la política, al no incentivar institucionalmente su participación. Y también lo es, porque el voto voluntario favorece precisamente a quienes con propuestas demagógicas son capaces de movilizar a un electorado circunstancial.
Se trata de una iniciativa antidemocrática, en la medida en que -como muestran todos los estudios- el voto voluntario, comparado con el voto obligatorio, reduce la participación electoral y, sobre todo, la elitiza, pues tienden espontáneamente a votar los sectores de mayor nivel socioeconómico y cultural. Dicho de otra manera, si se quiere que voten menos personas y que voten los de mejor nivel de vida, es decir, si se quiere trasladar la desigualdad económica y cultural al plano político, entonces corresponde el voto voluntario. Se entiende que la oposición haga este cálculo y quizás algunos partidos ‘ciudadanos' o ‘ilustrados' de la Concertación, pero no el conjunto de ella ni un gobierno que quiere mejorar la vida política del país.
Por último, se trata de una iniciativa que esconde y a la vez promueve una desvalorización del concepto de ciudadanía, el que siempre ha supuesto que la participación en los asuntos de la polis vía elecciones de representantes o plebiscitos no es sólo un derecho, sino un deber, como lo es pagar impuestos o darles educación a los niños. ¿Por qué no hacemos que los impuestos y la educación escolar sean también voluntarios? La ciudadanía política es un principio, un derecho y un deber, que no pueden quedar a merced de estados de ánimo o preferencias cambiantes.
Si se quiere mejorar la política y promover la participación de la gente, la inscripción debe ser automática y el voto, obligatorio. En todo caso, el gobierno y la clase política debieran abrirse a un debate con el mundo intelectual y académico sobre estos temas.
2 de marzo de 2008
©el mercurio
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