ministro acusado de violación
carol.williams@latimes.com 17 de junio de 2008
[Carol J. Williams] Kingstown, San Vicente, Granadinas. Acusaciones de violación contra el primer ministro Ralph Gonsalves han dividido a este idílico archipiélago, adorado por parejas en luna de miel, navegantes y excursionistas. Un lado denuncia lo que considera una cultura de indiferencia hacia la violencia sexual, y el otro insiste en que las acusaciones están motivadas políticamente.
Una miembro del séquito de seguridad de Gonsalves ha declarado ante la policía que el tres de enero el dirigente político de 61 años la violó en su mansión Old Montrose, cuando estaba de patrulla, ahogando sus protestas y advirtiéndola que se callara porque su esposa e hijos estaban durmiendo en la segunda planta.
Gonsalves ha negado la acusación, y el fiscal de distrito, un ex colega del primer ministro, ha desechado la denuncia interpuesta ante la Corte de Magistrados por la agente de policía Michele Andrews. La agente recurrió a la corte porque sus superiores en la policía se negaron a iniciar acciones judiciales contra Gonsalves.
Activistas de derechos humanos y líderes empresariales locales dicen que Gonsalves tiene toda una historia de agresiones sexuales, y defensores de las mujeres en todo el Caribe han empezado a organizar una campaña de apoyo a Andrews, 36, cuya identidad fue revelada por Gonsalves.
Desde que Andrews hiciera su acusación, al menos otras cuatro mujeres han denunciado haber sido agredidas sexualmente por Gonsalves.
El escándalo arroja luz sobre las redes políticas, legales y de seguridad en las nacientes democracias de la región, donde las lealtades hacia los amiguetes de la escuela y los aliados políticos pueden, dicen los críticos, burlar el imperio de la ley.
Emery Robertson, una de las cuatro abogados que se ocupan del caso de Andrews, dice que el sistema jurídico caribeño carece de controles del poder. En San Vicente, por ejemplo, el primer ministro es también el jefe de los ministerios de finanzas, seguridad nacional, planificación económica y asuntos jurídicos. Los funcionarios de los ministerios deben sus posiciones a él y a su partido.
"Los funcionarios deben lealtad al primer ministro", dijo Sharon Morris-Cummings, otra abogado de Andrews.
Las cuatro abogados han apelado la resolución que desecha este y otro caso que fue presentado a un tribunal regional por una canadiense que denunció otra agresión. Juraron recurrir, si llegase a ser necesario, al Consejo Privado de Londres [London Privy Council], que sigue siendo el tribunal supremo de la ex colonia británica.
Organizaciones de derechos humanos y feministas han exigido que Gonsalves sea procesado para sentar un ejemplo de que nadie está por encima de la ley.
"La gente tiene miedo de dar la cara. El mensaje que está enviando él es: ‘Te arruinaremos’", dijo Peggy Antrobus, una vecina de San Vicente que vive en Barbados y que ha estado en las últimas décadas al frente del pequeño movimiento feminista del Caribe.
Denuncia Canadiense
Margaret Parsons, abogado canadiense de derechos humanos proveniente de una familia de San Vicente, dice en su denuncia contra Gonsalves que ella fue agredida en enero de 2003 durante una reunión con él para discutir los planes de reforma constitucional en la región. Apenas empezada la conversación, dice, se lanzó sobre ella, la empezó a meter mano, le desgarró la blusa e intentó violarla en el sofá de su oficina -aunque ella logró liberarse y escapar.
"Recuerdo que salí del edificio con el corazón en la mano. Estaba furiosa. No podía creer lo que me había pasado", dijo Parsons en una conferencia telefónica desde Toronto. "No sabía a quién recurrir. No sabía quién podía escucharme".
Volvió a Canadá, y dice que "sufrí en silencio" -hasta que el caso de Andrews la envalentonó para presentar una denuncia ante la Corte de Magistrados.
"Es el primer ministro, ¡por el amor de Dios! No puede seguir perpetrando con impunidad esos actos tan atroces", dijo Parsons. "No estamos hablando de un parte del parking o de una falta de tráfico; estamos hablando de la violencia contra el cuerpo de una mujer".
Como ocurrió en el caso de Andrews, la denuncia de Parsons fue tratada por el fiscal, R. Colin Williams, un amigo de toda la vida de Gonsalves, que interrumpió la investigación, un poder otorgado a la fiscalía pero rara vez usado en casos tan graves.
Williams es un hombre alto e impetuoso con una estruendosa carcajada. Defendió su decisión de parar las acusaciones contra Gonsalves.
"Ralph es víctima de su personalidad. Tiene un estilo muy informal", dijo Williams. "Aquí lo llaman Huggingson Kissinger, porque te saluda con su abrazo y un beso".
Dijo que los cinco incidentes reportados en declaraciones juradas eran antiguos o no fundamentados por la evidencia física.
Andrews no presentó una declaración escrita cuando contó al inspector de policía el ataque la mañana del incidente, ni cuando se puso en contacto con el jefe de policía al día siguiente, dijo Williams. Andrews dice que ambos le dijeron que volviera a casa y se calmara, y le aseguraron que investigarían el asunto y se pondrían en contacto con ella cuando necesitaran información.
Ante las acusaciones de una mujer de 43 años que declaró que fue violada por Gonsalves cuando tenía dieciocho y estaba en su oficina pidiendo trabajo, Williams rugió divertido: "¡Hombre, eso fue hace más de veinte años!"
En cuanto a la denuncia de Parsons, Williams dijo que no se podía confiar en ella "¡porque es una abogado de derechos humanos!"
Orden de la Corte Nula
Andrews, que ahora está recorriendo los edificios coloniales de Kingstown Harbor, dijo que después del ataque quería suicidarse. Recordó con lágrimas en los ojos las horas que pasó temblando en una litera en una comisaría de policía después de echar sus bragas al inodoro y de ducharse durante media hora, antes de decidir que debía contárselos a sus superiores en la policía.
Después de no oír nada de ellos durante cuatro semanas, pese a sus repetidas peticiones, Andrews presentó una denuncia criminal ante la Corte de los Magistrados el 31 de enero. Se firmó una orden para que Gonsalves compareciera en tres semanas. Pero la orden fue anulada cuando Williams intervino cuatro días después.
A horas de presentación de la denuncia, el jefe de policía Keith Miller informó a los abogados de Andrews que había "investigado el asunto y esas investigaciones no revelaron ninguna falta del honorable primer ministro".
Respuesta del Premier
Gonsalves apareció en una rueda de prensa al día siguiente para declarar su inocencia y acusar a sus opositores políticos de tratar de obligarlo a renunciar.
"Este es un intento de perjudicarme políticamente y de desprestigiarme ante los ojos de la gente", dijo Gonsalves, acompañado por su esposa Eloise y algunos funcionarios del gabinete.
Se pronunció a sí mismo "limpiado" por Miller e identificó a Andrews como su acusadora, desencadenando semanas de hostigamiento público de la mujer policía en el programa radial diario presentado por el secretario de prensa de Gonsalves, Hans King.
"No me desalojarán con acusaciones infundadas. Soy totalmente inocente", dijo, agregando que estaba contemplando iniciar acciones legales contra Andrews y sus abogados.
Gonsalves no ha comentado la denuncia más reciente de Parsons ni sobre la decisión de Williams, el cuatro de abril, de desestimarla. Pero uno de los abogados del primer ministro, Grahame Bollers, consideró su denuncia una "calumnia", exigió excusas y medio millón de dólares en reparaciones de Radio Nice, que emitió tres veces en abril una entrevista con Parsons.
La abogado Kay Bacchus-Browne, que representa tanto al director de la emisora como a los denunciantes de Gonsalves, informó a Bollers que rechazaban las demandas debido a que Parsons había "dicho la verdad".
Preguntas del Times fueron desviadas hacia otro de los abogados del primer ministro, Parnell Campbell, que no devolvió las llamadas. Funcionarios policiales no respondieron las peticiones de entrevistas.
Cartas a los editores de periódicos locales y a la agencia de noticias Caribbean Net News han denunciado las maniobras legales para proteger a Gonsalves e impedir que sea procesado, y recordaron a los lectores que se supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Los artistas de calipso políticamente comprometidos también se han metido al escándalo con una irónica balada titulada ‘Hip, Hip, Who Rape?’
"Hemos observado varios preocupantes incidentes en los que el imperio de la ley parece estar en duda", dijo un diplomático norteamericano, que habló a condición de preservar su identidad, que estuvo aquí de visita en abril para informarse sobre los casos.
La Corte Suprema del Este del Caribe, a la que se ha solicitado que revise las acciones de Williams, debe resolver pronto y podría desechar las acusaciones o enviarlas a juicio.
Esa corte está compuesta por jueces nombrados por los primeros ministros de los estados miembros, y la abogado Bacchus-Browne dijo que tenía "un poco de esperanza" de que la corte regional dejara a un lado la política y enviara los casos a juicio. Aunque si eso ocurriera, dijo, Gonsalves probablemente recurriría.
"Probablemente, si queremos ver justicia, tendremos que ir al Consejo Privado", dijo.
25 de mayo de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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