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nueva denuncia de brutalidad policial


Informe de Derechos Humanos cuestiona "brutalidad policial". Documento elaborado por la UDP aborda además el derecho a la salud, constatando que el Plan Auge no brinda la cobertura prometida, y las isapres discriminan a las mujeres.
Santiago, Chile. El gobierno "mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento" a las movilizaciones sociales, según consigna el Informe Anual Sobre Derechos Humanos 2008 que elabora el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
En contraposición, el informe constata que la posición del gobierno es diametralmente opuesta cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.
"Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe", explicó el director del Centro de DD.HH. de la UDP, el académico Nicolás Espejo, al presentar el documento, que incluye expresamente un capítulo al tema de la protesta social y derecho a huelga.
En este último punto, y a pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.

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El informe, además, por primera vez incluye un capítulo completo dedicado al tema al derecho a la salud, constatando que el Plan Auge no brinda la cobertura prometida, y el sistema privado (Isapres) por su parte, presenta una discriminación hacia las mujeres.
El informe además incluye temáticas como los derechos de niños, niñas y adolescentes, discapacitados, minorías sexuales y étnicas, de la mujer, medio ambiente, violaciones a los derechos humanos en el pasado, acceso a la justicia, y condiciones carcelarias.
Este último punto, constata las dificultades para comprender cómo el Estado de Chile "permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile".

19 de agosto de 2008
©la nación
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