impunidad de poder judicial
23 de septiembre de 2008
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. Las estadísticas de la última cuenta de la Defensoría Penal Pública (DPP) llaman a la reflexión. De un total de 2.203 personas que el año 2007 fueron absueltas, es decir declaradas inocentes tras un juicio, 300 de ellas estuvieron en prisión preventiva durante toda la tramitación de su proceso. ¿Quién se hace cargo de compensar el tiempo en que estas personas estuvieron privadas de libertad erróneamente? Nadie.
Para la actual defensora nacional, Paula Vial Reyna, regular indemnizaciones al respecto en la actualidad no es prioritario, pero a su juicio debería ser una aspiración de la justicia.
"Se dan casos en que incluso no existen arbitrariedades, había presunciones fundadas para mantenerlo privado de libertad y sin embargo es absuelto, lo que tiene una implicancia terrible para esa persona" señala la jefa del ente encargado de proveer defensa en el nuevo sistema penal a quienes no poseen recursos para contratar un abogado particular. Porque, como lo señala el eslogan de la entidad, "sin defensa, no hay justicia".
¿Son los costos de la reforma al sistema penal?
Son más que los costos. Una cosa es asumir que tengan que establecerse ciertas restricciones como la prisión preventiva para un imputado, aún favoreciéndole la presunción de inocencia, pero otra cosa es el rigor y la exigencia con la que se den esas situaciones. Para eso nuestro deber como defensores es cautelar que eso no pase, que un inocente no vaya porque sí a la cárcel.
En casos de errores judiciales existe una forma de compensación económica. ¿Es suficiente?
Es que en esos casos es necesario que exista arbitrariedad en una resolución, lo que se da en situaciones excepcionales. En Chile no existe como en otros países una indemnización por el solo hecho de haber estado privado de libertad cuando se es finalmente absuelto. No existe esa facultad en la actualidad. Yo entiendo que es prioridad, pero el desagravio para estas personas debería ser una aspiración en términos de justicia
Desde el punto de vista de un defensor que lidia a diario con privados de libertad, ¿cómo ve usted el actual sistema carcelario?
Hoy nuestra realidad penitenciaria es igual que el sistema, mucho mejor que la que teníamos hace un tiempo. Las cárceles concesionadas han traído algunas ventajas, beneficios en términos de infraestructura y el objetivo de terminar con el hacinamiento. En la actualidad, hay otras lógicas carcelarias de las cuales hacerse cargo. Hay mayor sensación de encierro y más soledad. La población carcelaria se ha duplicado durante los últimos años y tenemos que hacernos cargo de aquello.
¿Qué piensa cuando políticos critican el sistema y surgen conceptos como el de la puerta giratoria?
Las cifras avalan que esto no es así. Es evidentemente contradictorio señalar que existe una puerta giratoria. Estos discursos matizan y complejizan la discusión por que no responden a la realidad, ni a las cifras. El contraste del crecimiento de la población penal es un ejemplo de ello.
¿Existen presiones políticas hacia el Poder Judicial para que se deje en prisión preventiva todo aquel que cometa un delito?
En general los jueces son profesionales responsables y son independientes respecto a las decisiones que adoptan. Yo diría que en general, exceptuando casos más emblemáticos y mediáticos, se cumple con las garantías para los imputados. Para eso estamos nosotros también, para enfrentar casos donde eventualmente podría haber arbitrariedad.
Sin embargo la mayoría de las resoluciones de libertad en primera instancia luego son revocadas por la Corte, previo debate público.
Desentenderse de los contextos es una tarea sumamente difícil. Así y todo en general en el Poder Judicial hay conciencia de ello y se intenta resolver mediante la adscripción a la causa, los antecedentes y los argumentos del Ministerio Público y la defensa. El contexto es probablemente un argumento más.
David frente a Goliat
¿Se ven ustedes como el hermano chico del Ministerio Público?
Somos un poco David frente a Goliat. A una persona que debe enfrentar una acusación le favorece la presunción de inocencia que es un resguardo que obliga al Ministerio Público a destruir esa presunción. Nosotros somos el escudo que le permite a esa persona natural enfrentar a ese súper ente coercitivo que posee toda la fuerza del Estado y que representa los intereses de la sociedad. Institucionalmente las reglas del juego son así. Por eso es tan fundamental que en la lucha de David y Goliat haya igualdad de armas, por eso es tan importante el defensor.
¿Cuáles son esas armas?
Por sobre todo, la calidad de defensa que entrega nuestra institución, con profesionales de vasta experiencia y con una vocación impresionante al servicio público. También está el trabajo en la lógica de las alternativas. Por ejemplo, que la única salida penal no sea la cárcel. Que aprovechemos esos espacios que el propio sistema nos da. Como defensores debemos ser más creativos en la búsqueda de soluciones en los conflictos penales.
¿Para ello es que buscan ser igual de autónomos del Ministerio Público?
La idea es ir generando una lógica de la necesidad de ser autónomos. A parte del rol que constitucionalmente debemos cumplir queremos desarrollarnos técnicamente de manera independiente.
¿Desligarse de un sesgo político por depender del Ministerio de Justicia?
Lo que pasa es que uno no se puede desligar del ámbito político, uno está contextualizado en él. Todo lo que uno realiza tiene un impacto en ese sentido. La necesidad de tener esta autonomía es para poder desarrollar sin trabas, sin límites, la función que nos corresponde. Hasta el momento no hemos tenido problemas de presiones políticas. Pero queremos evitar que esto se produzca o llame la atención de que, por ejemplo, en el ámbito mapuche cuando en dichas causas el ministerio del Interior es querellante nosotros seamos contraparte, aún cuando siempre ha existido independencia del ejercicio de la defensa.
Falso Dilema
Frente a las críticas que hace algunas semanas hizo el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Colombo, a la reforma procesal penal, porque según él se garantizan más los derechos de los imputados que de las víctimas, Paula Vial señaló estar en desacuerdo.
"Yo creo que él sin quererlo quizás plantea un falso dilema. No existe contradicción entre proteger y garantizar los derechos de los imputados y hacer lo mismo con el afectado. La víctima es protegida por el Ministerio Público que es el poderoso que investiga y pide sanciones. El sistema protege a las víctimas y les da protagonismo que no tenían antes y le da mayores privilegios que en ningún otro país" señaló la defensora nacional.
Hacia la Equidad
Es la primera mujer que dirige la Defensoría Penal Pública (DPP), lleva poco más de dos meses y Paula Vial quiere estampar un sello de género en la entidad. "No desde el punto de vista feminista, sino desde el equilibrio" dice. Agrega que si el 50% de los abogados son mujeres, ¿Por qué no equiparar esa cifra en la defensoría?
Finalmente, subraya que "hay estudios relevantes que dicen que los espacios donde hay mujeres se favorecen el desarrollo de políticas hacia la equidad. Nos interesa que haya más defensoras y estamos proyectándonos para eso".
©la nación 
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