general dizque demente causa problemas
5 de noviembre de 2008
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Abogados querellantes y agrupaciones de familiares de las víctimas, expresaron que el juez Víctor Montiglio sobrepasó las atribuciones de Gendarmería cuando, una vez que notificó de su condena de presidio al ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark, decretó que se le mantenga con custodia de esa institución en el Hospital Militar, hasta que se conozca los exámenes médicos que se le deben practicar.
Más aún, en el oficio Nº555-2008 de fecha 3 de noviembre de este año, el magistrado ordenó que Arellano sólo debe ser ingresado "al Penal Cordillera" de Peñalolén "en calidad de reo rematado" para cumplir los seis años de presidio "una vez dado de alta por el Hospital Militar" donde decretó que se le mantenga.
Ayer el abogado querellante Hugo Gutiérrez junto a las presidentas de las agrupaciones de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, Lorena Pizarro (AFDD) y Marta Godoy (AFEP), se reunieron con el ministro de Justicia Carlos Maldonado para hacerle presente esta "ilegalidad".
Le pidieron que el Gobierno tome cartas pues asumen que el juez ya dejó de tener tuición sobre el condenado, una vez que lo notificó y lo entregó a Gendarmería.
En esta institución se informó ayer a La Nación que "Gendarmería ha acatado una resolución del juez Montiglio".Sin embargo, los querellantes sostienen que lo dictaminado por el magistrado "es ilegal según el artículo 86 del Código Penal, al artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y a los artículos 687, 688 y 689 del Código de Procedimiento Penal del antiguo sistema procesal penal, por el que se rige este tipo de juicios en contra de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Los demandantes pidieron ayer al juez Montiglio en un escrito que, reconociendo la ilegalidad de su intromisión en las atribuciones propias de Gendarmería respecto del lugar donde deben cumplir sus condenas los reos rematados como Arellano, "ordene el inmediato traslado de Sergio Arellano Stark a un establecimiento penitenciario".
En el mismo sentido informaron que si el ministro Montiglio no da cumplimiento a esa demanda, interpondrán en su contra un recurso de protección o una queja disciplinaria.
"Si el juez Montiglio no cumple esta petición, estudiaremos cuál debe ser el mejor camino para obligarlo" dijo Hugo Gutiérrez.
En resumen, los querellantes expresan que las excepciones para que una persona con facultades mentales perturbadas o disminuidas no cumpla su condena, o la cumpla en un lugar distinto a una cárcel, sólo están contempladas en los artículos 687 y siguientes del Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo.
Y en estas disposiciones legales, afirman, "queda muy claro" que, "partiendo de la base que la regla general es que los reos cumplan su condena en una cárcel", el juez no tiene atribuciones para determinar el cumplimiento o la mantención del reo rematado en un lugar distinto, sino hasta que, conocidos los resultados de las pericias médicas requeridas, el juez lo decreta mediante "una resolución fundada" en esos resultados.
"Pero en ningún caso el juez puede decidir dónde cumple una condena una persona que dice tener sus facultades mentales perturbadas a disminuidas, antes de que se practiquen las pericias médicas y se conozcan sus resultados", afirmó Hugo Gutiérrez.
En un segundo oficio, Montiglio ordenó que se practiquen pericias a Arellano para determinar su estado "físico y mental en los términos del artículo 689 del Código de Procedimiento Penal".
©la nación 
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