quieren reintroducir pena de muerte
15 de diciembre de 2008
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. La rabia y frustración sobre los desenfrenados asesinatos y secuestros han encendido aquí un raro debate sobre la legalización de la pena de muerte, un castigo que ha sido prohibido en México durante casi medio siglo.
Los legisladores acordaron el jueves oír la próxima semana los alegatos sobre una propuesta para reformar la Constitución mexicana para permitir la pena de muerte en un número limitado de casos.
La iniciativa de Humberto Moreira, gobernador del norteño estado fronterizo de Coahuila, permite imponer la pena de muerte a secuestradores condenados que hayan asesinado o mutilado a sus víctimas. Dijo que en lo que concierne a la gente de su estado, ahora el único problema es cómo ejecutar a los convictos, no si hacerlo o no.
Es altamente improbable, si no imposible, que se pueda reintroducir la pena de muerte, debido a los obstáculos legales, dijeron expertos. Pero ese no es el punto. Moreira se ha nutrido del pánico entre la opinión pública por la ola de crímenes, un clima de miedo que ha convertido la ley y el orden en el más importante problema del país.
Gran parte de la carnicería está relacionada con la guerra contra las drogas del gobierno mexicano, en momentos en que las fuerzas del gobierno reprimen a poderosos narcotraficantes y estos luchan unos contra otros sobre segmentos del lucrativo negocio.
Pero la violencia está afectando a la sociedad. Dos recientes secuestros de hijos de mexicanos ricos -uno apareció muerto, el otro no ha sido encontrado todavía- subrayaron la vulnerabilidad de la gente. Tanto como los crímenes mismos, el hecho de que haya tan pocos procesos -impunidad y ausencia de justicia- irrita a la sociedad mexicana.
"Si el 98 por ciento de los criminales elude ser juzgado por sus crímenes, está claro que la población se siente herida y tiende a apoyar la pena capital", dijo a periodistas Gerardo Priego, un legislador del gobernante Partido de Acción Nacional, PAN.
La iniciativa de Moreira recibió rápidamente el apoyo de varios gobernadores de su Partido Revolucionario Institucional, PRI.
Pero los críticos acusaron a Moreira de demagogia y de sacar ventajas políticas del ánimo de la opinión pública. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México declaró que el retorno a las ejecuciones administradas por el estado harían retroceder al país en doscientos años.
"Detrás de este llamado [para reintroducir la pena capital] se encuentra la desesperación de la sociedad por el clima de inseguridad en que estamos viviendo", dijo Alberto Herrera, director del capítulo mexicano de Amnistía Internacional. "Pero se corre el riesgo de que provoque llamados a vengarse. Las épocas de desesperación son el peor momento para las soluciones fáciles".
La reimplantación de la pena capital es poco probable, debido a razones jurídicas y políticas. La última ejecución en México data de 1961, coincidentemente en Coahuila, el estado donde se originó la actual iniciativa. La pena capital siguió en los libros, sobre todo dentro del sistema judicial militar, pero no se utilizaba y fue abolida en 2005.
En 1981, México firmó un tratado de derechos humanos como parte de la Organización de Estados Americanos que dictamina que la pena de muerte, una vez eliminada, no puede ser reintroducida.
Además, el PAN, que controla el Congreso, dice que se opone a reformar la Constitución para permitir la pena capital.
Sondeos recientes mostraron que el apoyo a la pena de muerte ha aumentado a casi dos tercios de la población encuestada.
Miguel Carbonell, experto en derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que pese a la indignación pública, la posibilidad de que se reinstale la pena de muerte, dados los tratados internacionales suscritos por México, era "nula".
"Todos estamos preocupados por la situación de seguridad y todos queremos medidas fuertes", dijo. "Pero el estado no puede caer en el mismo esquema de conducta criminal que los delincuentes".
En una acción separada el jueves, la Cámara Baja del Congreso mexicano aprobó un paquete de medidas sobre la seguridad del estado dirigido a reforzar la capacidad del estado para combatir a los narcotraficantes y al crimen organizado. Clave entre las medidas se encuentran las disposiciones que previenen la infiltración de los cuerpos de policía por elementos criminales.
5 de diciembre de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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