confirman prisión para ratas de la dina
26 de diciembre de 2008
Santiago, Chile. La Sala Penal de la Corte Suprema condenó hoy, nuevamente, a siete ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su implicancia en la investigación por los secuestros calificados de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Daricarrere, ocurridos el 13 de febrero de 1975 en la comuna de Las Condes.
En fallo dividido, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de enero de 2008, y determinaron las sentencias contra Manuel Contreras Sepúlveda, a siete años de presidio efectivo como autor de los dos secuestros calificados; Marcelo Moren Brito, a 4 años de presidio como autor de dos secuestros calificados, con beneficio de libertad vigilada; Rolf Wenderoth Pozo, a cuatro años de presidio como autor de dos secuestros calificados, con beneficio de la libertad vigilada; Miguel Krassnoff Martchentko, a 541 días de presidio como cómplice de dos secuestros calificados, con el beneficio de remisión condicional de la pena; Basclay Zapata Reyes, a 541 días de presidio como cómplice de dos secuestros calificados, con el beneficio de la remisión condicional de la pena; Fernando Lauriani Maturana, absuelto por falta de participación; y Gerardo Godoy García, también absuelto por falta de participación.
Las penas aplicadas en primera y segunda instancia fueron rebajas en algunos de los casos, sin embargo ninguno de los afectados podrá disfrutar en la práctica de esos beneficios, pues se encuentran en prisión cumpliendo condenas en otros procesos por violaciones a los derechos humanos.
En tanto, la sentencia para el ex general Contreras, se suma a otras que incluyen dos cadenas perpetuas y doscientos años de prisión.
Durante la sesión, se ratificó además la decisión de rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentados por los familiares de las víctimas en contra del Estado de Chile.
©la nación 
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