los desaparecidos de chile
4 de enero de 2009
Es imposible que entre los cerca de mil 200 detenidos desaparecidos calificados por el Estado, no exista un mínimo porcentaje de error. ¿Cuántos aparecerán vivos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? Un 1, 2, 3% de error.
El punto es que las comisiones Rettig y la posterior de Reconciliación y Reparación no contaron manzanas en un cajón. Trabajaron con crímenes, con víctimas y criminales, y el intrincado laberinto de la mente humana enfrentada a situaciones límites tan dramáticas, como las huellas del horror del terrorismo de Estado durante 17 años. Sí sería bueno una profunda revisión de estas calificaciones, para limpiar los residuos.
¿Cuántos judíos dados por muertos o desaparecidos aparecieron? Algunos, entre los millones de víctimas del nazismo. ¿Cuántos comunistas, gitanos y homosexuales aparecieron, dados por desaparecidos en los campos de concentración? Unos pocos. ¿Alguien podría sostener por ello hoy, salvo el fanático neo-nazi, que el holocausto fue una farsa de los judíos o el marxismo internacional?
Entonces, no vengan hoy aquellos que siempre pretendieron que el dictador Augusto Pinochet y su hombre fuerte de la DINA, Manuel Contreras, tenían razón al sostener que los desaparecidos eran una mentira del comunismo internacional, a sacar cuentas miserables para poner en duda la tragedia más grande de la historia de Chile.
¿Lanzaron o no casi 800 cuerpos al mar? ¿Dónde están las víctimas de la Brigada Lautaro? ¿Ocultos en algún lugar del mundo? ¿Mienten los mecánicos del Comando de Aviación del Ejército al confesar que reiteradamente abrieron las compuertas de los helicópteros para lanzar los cadáveres al mar? ¿Están equivocados los jueces que han procesado y condenado a más de 350 militares en más de 400 procesos abiertos en el país por delitos de lesa humanidad bajo la opresión militar?
¿Mienten los agentes que, confrontados con los hechos, terminaron confesando sus crímenes como Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya, Juan Morales Salgado, Jorge Pichunmán Curiqueo, Ricardo Lawrence Mires, Juvenal Piña o Andrés Magaña? Todos hechos comprobados luego judicialmente.
El Informe Rettig también tiene otros errores, como asignar la muerte del suboficial de Ejército, José González Ulloa, agente DINA, a un "enfrentamiento con grupos armados" de izquierda, como lo informó el Ejército de Pinochet a esa comisión en su momento. En consecuencia que luego, en uno de los procesos abiertos, se estableció que, en una riña interna, lo asesinó otro agente, Carlos Labarca Sanhueza, al interior de la Escuela Nacional de Inteligencia en el Cajón del Maipo.
Por ello ¿se podría sostener que es falso que a los escoltas del tirano no los mató el FPMR en el atentado, sino que se eliminaron entre ellos? ¿O que al teniente coronel Roger Vergara no lo ejecutó un comando del MIR, sino que lo asesinó su chofer?
Cualquiera sea la opinión que se tenga de estos dos hechos, poner en duda la autoría de grupos de izquierda en estos dos casos por el error de la Comisión Rettig con el suboficial González Ulloa, no resiste la mínima seriedad.
Lo que sí importa es que las comisiones investigadoras de los crímenes de la dictadura determinaron el mapa del exterminio masivo, y cualquier error puntual no invalida esa confirmación. Pero más importante que ello son los más de 400 procesos en los que, judicialmente, se ha establecido la certeza jurídica de estos delitos contra la humanidad.
©la nación
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