obama quiere suspender juicios
21 de enero de 2009
Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Barack Obama pidió inmediatamente después de su investidura el martes suspender por 120 días los procesos ante los tribunales de excepción de Guantánamo, de acuerdo con documentos judiciales presentados a la prensa.
"En el interés de la justicia, y a pedido del presidente de Estados Unidos y del secretario de Defensa Robert Gates, el gobierno solicita, respetuosamente, que las comisiones militares autoricen el aplazamiento de los procesos mencionados anteriormente hasta el 20 de mayo de 2009", dice la moción que el miércoles será presentada por el juez Cayton Trivett, del ministerio público, a dos fiscales de los tribunales de excepción.
Uno de esos fiscales, Stephen Henley, está a cargo del proceso de cinco hombres acusados de haber ayudado a organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El segundo fiscal, Patrick Parrish, examina el caso de Omar Khadr, un canadiense arrestado cuando tenía sólo 15 años en Afganistán, acusado de matar a un soldado estadounidense.
Corresponderá por lo tanto a esos dos fiscales decidir este miércoles si aceptan el pedido de congelar el funcionamiento de las comisiones militares de Guantánamo, un enclave bajo administración estadounidense en el extremo oriental de la isla de Cuba.
La prisión de Guantánamo se abrió en 2002, en el marco de la ‘guerra contra el terrorismo’ lanzada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados de Nueva York y Washington.
Los tribunales de excepción fueron creados en 2006, y actualmente están a cargo de 21 casos, 14 de ellos asignados ya a un juez, sobre un total de cerca de 245 detenidos, de acuerdo con datos del Pentágono.
Obama, quien asumió sus funciones el martes, prometió que una de sus primeras medidas sería el cierre de la prisión de Guantánamo, convertida en un símbolo de los excesos de Estados Unidos en su ‘guerra contra el terrorismo’.
Y Obama empezó de hecho a cumplir de inmediato su promesa, al pedir suspender el sistema judicial de excepción, que juzga a los detenidos acusados de crímenes de guerra.
Desde la apertura de la cárcel de Guantánamo en 2002, unas 800 personas estuvieron detenidas en la base, considerada por organizaciones de defensa de derechos humanos como una tierra de arbitrariedad judicial, dado que la mayoría de los personas detenidas allí pasan años sin juicio, condena, acusación ni acceso a abogados y en condiciones de aislamiento.
En su solicitud, Trivett sostiene que la suspensión de los tribunales de excepción "permitirá al nuevo presidente y a su gobierno volver a examinar el sistema de comisiones militares en general y de los dos expedientes en curso en particular".
De acuerdo con ese documento, Gates ordenó a los fiscales militares "dar tiempo suficiente a la nueva administración para volver a examinar los expedientes de las personas actualmente detenidas en Guantánamo y por las cuales no se haya determinado la posibilidad de liberarlas o transferirlas".
Luego cabrá "determinar si pueden ser acusadas por ciertos delitos y la jurisdicción más apropiada" para tratar los casos.
El caso de Omar Khadr debía servir a partir del lunes próximo para observar de cerca el funcionamiento de las comisiones militares, que no son cortes marciales ni tribunales federales.
En su corta existencia, las comisiones condenaron a 5 años y medio de cárcel (cinco de los cuales ya fueron cumplidos) a Salim Hamdan, ex chofer Osama bin Laden, el jefe de Al Qaida, y a cadena perpetua a Alí Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de esa red islamista.
Esos tribunales, en contradicción con todos los principios del derecho estadounidense, aceptan pruebas obtenidas bajo coacción y pruebas indirectas, es decir, de testigos que no son llamados a confirmar sus versiones durante el juicio.
Queda por determinar las instancias judiciales que reemplazarán a los tribunales de excepción.
La mayor parte de los abogados defensores -tanto militares como civiles- así como las organizaciones de defensa de derechos humanos, plantean transferir los juicios a tribunales federales, después de un examen de cada caso.
También se planteó la posibilidad de crear una nueva instancia judicial, adaptada a cuestiones de terrorismo -que diferencie entre apoyo al terrorismo y acción terrorista- pero para ello haría falta adoptar una ley y, según los expertos, Obama no quiere correr el riesgo de verla bloqueada por el Congreso.
El ministro de Justicia designado por Obama, Eric Holder, dio a entender que las comisiones militares podrían ser readaptadas, aunque precisó que ante el Senado que aún no se había adoptado una decisión al respecto.
Por lo pronto, los cinco individuos acusados de haber concebido, financiado y organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguen sin juicio, siete años después.
©el mercurio 
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