obama revoca políticas de bush
Adam Liptak contribuyó a este artículo. 24 de enero de 2009
[Scott Shane, Mark Mazzetti y Helene Cooper] Washington, Estados Unidos. El presidente Obama revocó el jueves las políticas antiterroristas más polémicas del gobierno de Bush, declarando que "nuestros ideales nos dan la fortaleza y la autoridad moral" para luchar contra al_Qaeda. Pero Obama pospuso durante meses tomar decisiones sobre las complejas cuestiones con las que ha estado lidiando Estados Unidos desde los atentados terroristas de 2001.
Obama firmó las órdenes para cerrar dentro de un año el campo de detención de Bahía Guantánamo, Cuba; poner fin al programa de cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia; y exigir que todos los interrogatorios utilicen los métodos no coercitivos descritos en el Manual de Campo del Ejército.
"Tenemos la intención de ganar esta guerra", dijo. "Pero la vamos a ganar en nuestros propios términos".
Sus acciones en el segundo día de su presidencia le ganaron el elogio de organizaciones de derechos humanos y los demócratas en el Congreso, que dijeron que las nuevas políticas ayudarían a recuperar la autoridad moral de Estados Unidos. Obama invitó a la ceremonia a dieciséis generales y almirantes en retiro que se habían opuesto a lo que llamaron tortura. Sus apasionados llamados a poner fin a los interrogatorios coercitivos "me causaron una impresión extraordinaria", dijo.
Las órdenes de Obama tocaron una nueva cuerda y representan un importante primer paso hacia la reformulación de las normas estadounidenses para tratar a los sospechosos de terrorismo. Pero es probable que sólo su decisión de paralizar de momento los juicios militares en curso en Bahía Guantánamo tenga efectos prácticos inmediatos, mientras que otras críticas opciones de política deberán ser tomadas por grupos de trabajo del gobierno.
Entre las cuestiones que la Casa Blanca no resolvió el jueves se encuentran estas: ¿Qué hay que hacer con los terroristas que no pueden ser juzgados en tribunales estadounidenses, debido a que las evidencias contra ellos fueron obtenidas mediante torturas o porque la información recabada es demasiado delicada como para ser usada en tribunales? ¿Deben algunos métodos de interrogatorio seguir siendo secretos para impedir que al_Qaeda entrene a sus operativos a resistirlos? ¿Cómo puede Estados Unidos cerciorarse de que los prisioneros trasladados a otros países no sean torturados?
Miembros del equipo de seguridad nacional de Obama han expresado una amplia variedad de opiniones sobre políticas de interrogatorio y detención, y es probable que haya un robusto debate interno antes de que estos temas se puedan resolver.
John D. Hutson, almirante retirado y decano de una facultad de leyes que asistió a la ceremonia de la firma de las órdenes presidenciales, dijo que tenía confianza en que el gobierno de Obama diera a esas preguntas respuestas prácticas y meditadas.
Cerrar la cárcel de Guantánamo y prohibir los interrogatorios coercitivos "es lo correcto moral, diplomática, militar y constitucionalmente", dijo Hutson. "Pero además nos hace más seguros".
Obama, agregó, "entiende realmente de qué se trata".
Pero el representante Peter Hoekstra, de Michigan, el más importante republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión de cerrar la cárcel en el plazo de un año "crea esperanzas más allá de la realidad: fija un objetivo sin un plan para alcanzarlo".
Al presentar una advertencia que fue también expresada por otros republicanos, Hoekstra observó en sesiones en el Congreso, que los funcionarios de gobierno "no pudieron responder preguntas sobre qué harán con los nuevos yihadistas o combatientes enemigos que capturemos".
Veteranos de Guerras en el Extranjero, el influyente grupo de presión de los veteranos, dijo en una declaración que no era "prudente" cerrar la cárcel de Guantánamo mientras el país siguiera en guerra. Glen M. Gardner Jr., un veterano de Vietnam y comandante nacional de la organización, dijo que el campamento en Cuba "mantiene a nuestros enemigos alejados del campo de batalla" y dijo que era "gestionado profesionalmente y con respeto por los derechos humanos".
La orden de Obama de cerrar la cárcel obliga al fiscal general a encabezar una revisión de qué deberá hacerse con los 245 detenidos que quedan y no excluye la posibilidad de que algunos de ellos sean juzgados por comisiones militares, como había empezado a hacerlo el gobierno de Bush, aunque posiblemente con procedimientos diferentes.
Un nuevo grupo de trabajo, encabezado por el fiscal general y el ministro de defensa estudiará qué hacer con los detenidos e informará al presidente en los siguientes seis meses. Un segundo grupo dirigido por el fiscal general, con el ministro de defensa y el director de la inteligencia nacional como vicepresidentes estudiará si el Manual de Campo del Ejército seguirá siendo o no la única norma para interrogatorios y revisará la práctica de las entregas extraordinarias, con la que terroristas capturados son transferidos a otros países.
En una directriz separada, Obama pidió una revisión de alto nivel del caso de Ali al-Marri -Obama lo llamó "un individuo claramente peligroso"-, actualmente detenidos sin cargos como ‘enemigo combatiente’ en una cárcel militar en Carolina del Sur. El ministerio de Justicia pidió a la Corte Suprema una prórroga de treinta días en el caso civil de Marri impugnando su detención, hasta que el nuevo gobierno decida sobre su situación.
Obama buscaba también enviar una señal al mundo de que estaba rompiendo con las políticas del gobierno de Bush, que durante su campaña presidencial a menudo dijo que era erróneas y contraproducentes. En una decisión, ordenó que su gobierno no utilice ninguna recomendación legal sobre el interrogatorio coercitivo elaboradas por el ministerio de Justicia y otras reparticiones entre el 11 de septiembre de 2001 y el martes, cuando asumió la presidencia.
"Creemos que podemos atenernos a una regla que dice: ‘Nosotros no torturamos, pero podemos obtener efectivamente la información que necesitamos’", dijo Obama en su intervención televisada.
El impacto práctico inmediato de las órdenes fue limitado, en parte porque las políticas más agresivas de Bush fueron reducidas hace un tiempo. Los interrogadores militares deben por ley, desde 2005, actuar según el Manual de Campo del Ejército, y desde 2003 la CIA no ha usado el submarino, la técnica que utiliza la asfixia por inmersión descrita como tortura por el fiscal general de Obama, Eric H. Holder Jr. Desde 2005, sólo un puñado de prisioneros han pasado por el programa de detención en cárceles secretas de la CIA.
Mientras se firmaban las nuevas órdenes del ejecutivo, la elección de Obama para la dirección de la inteligencia nacional debió responder preguntas de una comisión del Senado sobre si el gobierno no estaría creando un resquicio legal que daría más libertad a los interrogadores de la CIA.
Dennis C. Blair, almirante en retiro y ex funcionario de la CIA que se espera sea fácilmente confirmado como director de inteligencia por el Comité de Inteligencia del Senado, insistió en que los interrogadores militares y de inteligencia se regirán por las mismas reglas, pero dejó abierta la posibilidad de que se puedan autorizar otras técnicas, aparte de las diecinueve aprobadas para los interrogadores militares.
Blair también sugirió que algunos procedimientos de interrogatorio debían permanecer siendo secretos de modo que adversarios potenciales no sean entrenados para resistirlos.
"No queremos proporcionar datos de inteligencia a los que nos atacan", dijo a los miembros del Comité de Inteligencia.
La respuesta causó el asombro de algunos senadores demócratas, que han sostenido durante largo tiempo que las reglas para los interrogatorios secretos sólo despiertan sospechas de que Estados Unidos podría estar maltratando a sus prisioneros.
La senadora Dianne Feinstein, demócrata de California y presidente del comité, dijo que pese a las órdenes presidenciales todavía piensa proponer una legislación que uniformize las reglas para los interrogadores de las fuerzas armadas y de la CIA. Esa ley sería más difícil de revocar que la orden presidencial de Obama, que él podría modificar o suspender en cualquier momento sólo firmando una nueva orden.
"Creo que en última instancia conviene al gobierno que lo ponga en una ley", dijo Feinstein.
Algunas organizaciones liberales, aunque elogiando las órdenes de Obama, dijeron que apoyaban una ley como la propuesta por Feinstein porque estaban preocupados por las posibles propuestas del grupo de trabajo. También dijeron que continuarán presionando para que se investiguen los programas de detención e interrogatorio del presidente George W. Bush.
La Campaña Religiosa Nacional contra la Tortura, una coalición de 240 asociaciones religiosas, dijo que la declaración de Obama "permitía que Estados Unidos encuentre nuevamente su porte moral", pero agregó que le preocupaba que la comisión sobre el interrogatorio permitiera que la CIA reanudara su recurso a métodos abusivos.
Geneve Mantri, que estudia los programas antiterroristas en Amnistía Internacional, dijo que las órdenes eran "un gran paso adelante", pero agregó que "vemos con preocupación algunas de las cuestiones pendientes".
Las medidas de Obama fueron elogiadas por un ex funcionario del gobierno de Bush, John B. Bellinger III, que fue el principal asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de ese gobierno. Bellinger dijo que las órdenes presidenciales eran "medidas y no decisiones apresuradas".
"Aunque la orden sobre Guantánamo es sobre todo simbólica’, dijo, "es muy importante. Logra lo que nunca pensamos que se lograría durante el gobierno de Bush".
22 de enero de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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