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justicia chilena vale callampa


Pobres reprueban la Justicia: 76,7% la tilda de "mala" o "muy mala". Un alto desconocimiento acerca de la Reforma Procesal Penal y gran percepción de desigualdad y, son algunos de los decidores resultados que arrojó el estudio de la Universidad Silva Henríquez.
Santiago, Chile. Un 76,7 por ciento de las personas de escasos recursos de Santiago considera que la justicia en el país es "mala" o "muy mala", según un estudio realizado por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez.
La investigación ‘Percepción de la población pobre de Santiago sobre justicia en Chile al año 2008 y visión evolutiva desde el año 2003’, fue desarrollado por el experto Marcelo Yáñez y evidencia que la mala percepción de la gente respecto a la justicia se mantiene por sexto año consecutivo.        
A juicio de Yáñez, "los resultados continúan siendo negativos, ya que las personas pobres no perciben mejoras sustantivas en la calidad y en el acceso a la justicia en el país, a pesar del significativo esfuerzo que ha venido realizando el Estado para mejorar su calidad, a través de reformas a los procesos penales, a la justicia de familia, en materias laborales y de responsabilidad penal juvenil", sostuvo.
Respecto a la reforma penal, un 54,2% estima que no ha mejorado la calidad de la justicia en el país, proporción similar a los años anteriores. Sólo un 25,3% de las personas pobres encuestadas asegura que "la reforma ha mejorado la calidad de la justicia en Chile".

Desigualdad y Pitutos
Sobre la inequidad social, según informó el sondeo, también se mantiene una percepción de desigualdad importante. De hecho, ocho de cada diez encuestados considera que "las personas con más recursos tienen mayor acceso a la justicia que las personas pobres".
En cuanto a las influencias, la mayoría de las personas piensan que son necesarias en el sistema judicial. Un 45% dice que "el pertenecer a un partido político influye en que una persona pueda obtener justicia".
Frente a la percepción de apoyo que sienten por parte de las autoridades, un abrumador 88,7% se muestran de acuerdo con que "hay poco apoyo estatal para que los pobres obtengan más justicia", cifra similar a la obtenida en este estudio desde el año 2003, destacó Yáñez.

Desconocimiento
El estudio también permitió evidenciar el desconocimiento que se tiene sobre la Reforma Procesal Penal, a pesar de los tres años que lleva en vigencia la implementación de la reforma en Santiago.
Entre las funciones más atribuidas al defensor público, los encuestados respondieron: "defender a los afectados" y "proteger a las víctimas". Mientras, el 40% de los encuestados, señala que el juez de garantía tiene la función de "Dictar sentencia".

26 de febrero de 2009
©la nación 
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