el activismo judicial español
El autor es abogado y profesor asistente en la Facultad de Servicio Internacional de la American University. Está escribiendo una historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 27 de mayo de 2009
[David Bosco] Desde fines de los años noventa, los jueces españoles han iniciado acusaciones criminales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en más de una docena de países, incluyendo Argentina, Chile y Ruanda. El elegante superjuez Baltasar Garzón ha estado en primera plana en todo el mundo investigando muchos de estos casos, siendo el más famoso la acusación contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y la disputa multi-jurisdiccional de meses que le siguió y que terminó finalmente con el regreso de Pinochet a Chile, bajo investigación de las autoridades nacionales.
Hace poco, los jueces españoles se han fijado metas más grandes: Estados Unidos, China e Israel. En enero, un juez inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel. Luego otro juez trató de interrogar a altos funcionarios chinos sobre la represión en el Tibet. Y el mes pasado Garzón mismo anunció una investigación de las políticas de detención en Bahía Guantánamo, concentrándose en si los abogados y asesores del gobierno de Bush crearon un marco legal para torturar.
La reacción fue rápida. El presentador de televisión Bill O’Reilly amenazó con iniciar un boicot de productos españoles y el ex embajador ante Naciones Unidas, John Bolton, denunció la "inminente inquisición española" y acusó a los españoles de tratar de "intimidar a funcionarios estadounidenses".
Múltiples factores han convertido a España en la meca de los que buscan reparar injusticias internacionales. El país posee un sistema jurídico que otorga a los jueces poderes de investigación y también un estatuto de "jurisdicción universal" que permite que los tribunales españoles vean casos sobre crímenes graves cometidos en el extranjero. Tiene un tribunal -la Audiencia Nacional- que se dedica a investigar casos sensibles, sin el peso de las causas nacionales. La ley española también permite que ciudadanos y organizaciones de derechos presenten demandas penales inclusive cuando no son afectadas directamente, en lo que se llama una acción pública. Combinad estas herramientas con personalidades implacables como Garzón -un juez que ha incursionado en política y posee un fino olfato para las relaciones públicas- y tendréis la receta para crear un poder judicial aguerrido.
Algunos observadores se han preguntado si acaso algo más profundo está ocurriendo en la psique nacional española. ¿Está el país procesando el trauma de la dictadura del general Francisco Franco de 1939 a 1975, tratando de corregir los males del mundo?
Algunos chilenos y argentinos han detectado un tufillo a neocolonialismo en este intento de ajustar cuentas con los pecados pasados de América Latina. ¿Está España tratando de fundar un imperio judicial para remplazar el territorial? "Queremos ser policías universales", se quejaba hace poco en una entrevista el ex presidente José María Aznar en el diario española La Razón.
El aventurerismo judicial español se ha convertido en una fuente de irritación para los diplomáticos y políticos del país, que deben convencer a poderosos aliados y socios comerciales que sus colegas en los tribunales no quieren ofender a nadie. Funcionarios israelíes han acusado a los jueces españoles de tener motivos políticos, mientras que los chinos exigieron "medidas inmediatas y efectivas" para poner fin a la investigación.
La semana pasada, el parlamento español aprobó abrumadoramente una ley que exigirá que los jueces sólo acepten casos que tengan algún vínculo demostrable con España. Si se implementa, España seguirá el ejemplo de Bélgica, que redujo en 2003 el alcance de su ley de jurisdicción universal después de que un juez belga iniciara una investigación del general estadounidense Tommy Franks por el uso de bombas de racimo en Iraq. Estados Unidos amenazó con retirar la sede de la OTAN de Bruselas, obligando a los belgas a cambiar la ley.
Para las organizaciones de derechos humanos, los límites propuestos al sistema español serían un retroceso. Activistas como Reed Brody, de Human Rights Watch, consideran la jurisdicción universal un arma valiosa para juzgar a transgresores de otro modo difíciles de tocar. Aunque no se logró juzgar a Pinochet en España, Brody argumenta que empujó al propio poder judicial chileno y alentó al país a hacer cuentas con su pasado.
Además, al perseguir a funcionarios de países poderosos, los jueces españoles están reparando una deficiencia del naciente sistema de justicia penal internacional que viene adquiriendo forma desde la desintegración de Yugoslavia en los años noventa. Cortes y tribunales internacionales iniciados para tratar crímenes contra la humanidad se han concentrado en estados débiles, como Bosnia, Camboya y Ruanda. Se supone que estos países no están en estado de aplicar justicia en sus propios países. La Corte Penal Internacional, inaugurada en 2002, ha investigado a personas en Uganda, Congo y Sudán, pero de momento no ha investigado, ni mucho menos acusado, a nadie de países occidentales.
Esta aparente doble moral ha provocado resentimiento entre líderes africanos, muchos de los cuales defendieron al presidente sudanés Omar al-Bashir cuando la CPI lo acusó en marzo de crímenes contra la humanidad. "Este tribunal sólo juzga a africanos", se quejó el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade.
Con sus investigaciones, los jueces españoles han insistido en que nadie, ni los funcionarios de democracias liberales como Estados Unidos e Israel y de países poderosos como China, gozará de inmunidad frente a tribunales. España puede acorralar a sus jueces errantes, pero la pregunta de si la justicia internacional debe aplicarse también a los más poderosos llegó para quedarse.
24 de mayo de 2009
©washington post
cc traducción mQh
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