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cia no quiere revelar documentos


CIA pide a juez mantener sellados documentos de la época de Bush. Dicen que al Qaeda podría utilizarlos.
[R. Jeffrey Smith] El gobierno de Obama objetó ayer la liberación de algunos documentos de la época de Bush que entregan detalles sobre los interrogatorios filmados de detenidos por la CIA en cárceles secretas, alegando ante un juez federal que de hacerlo se pondría en peligro la seguridad nacional y favorecería las campañas de reclutamiento de al Qaeda.
En una declaración jurada, el director de la CIA, Leon E. Panetta, defendió la clasificación de los archivos que describen los contenidos de 92 cintas, su destrucción por la CIA en 2005 y lo que llamó "información operacional sensible" sobre los interrogatorios.
La revelación forzada de esos materiales, por acción de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), "podría redundar en daños excepcionalmente severos a la seguridad nacional al informar a nuestros enemigos sobre lo que sabíamos sobre ellos, y cuándo, y en algunas circunstancias, cómo obtuvimos la información que poseíamos sobre ellos", argumentó Panetta.
Aunque en la declaración Panetta continúa su oposición previa a la publicación de otras informaciones sobre la política y prácticas de interrogatorio de la CIA durante la presidencia de George W. Bush, representa una nueva afirmación del gobierno de Obama de que la CIA debería poder mantener secreta toda esa información. Los críticos de Bush han esperando durante mucho tiempo que esa revelación podría asignar responsabilidades por actos que dicen que fueron abusivos e ilegales.
El mes pasado el presidente Obama dijo que trataría de impedir la publicación de fotografías que están siendo demandadas por otras organizaciones, que describen los violentos interrogatorios realizados en cárceles militares durante el gobierno de Bush.
Panetta argumentó que ninguno de los 65 documentos de la CIA en cuestión, que la ACLU ha exigido durante varios años en una demanda en el marco de la Ley de Libertad de Información, debería ser liberado. Pidió al juez de distrito Alvin K. Hellerstein que introduzca una distinción entre la liberación por el gobierno, en abril, de los memorandos del ministerio de Justicia autorizando los interrogatorios con apremios físicos y el deseo de la CIA de mantener como reservados sus propios documentos detallando el tratamiento específico de detenidos en sus cárceles secretas en el extranjero.
Dijo que mientras que los memorandos del ministerio de Justicia discutían los métodos de interrogatorios con apremios "en abstracto", la información de la CIA era de una "naturaleza cualitativamente diferente", porque describía las técnicas de interrogatorio "aplicadas en operaciones reales".
La "revelación de detalles explícitos de interrogatorios específicos" entregaría a al Qaeda "materiales de propaganda que podría usar para campañas de reclutamiento y recaudación de fondos", dijo Panetta al describir la información en cuestión como "munición lista para usar". También entregó a la corte un documento reservado que dijo que explicaba por qué los detenidos podrían utilizar los contenidos para evadir preguntas en el futuro, pese a la promesa de Obama de que Estados Unidos no volverá a usar métodos ilegales de interrogatorio.
Jameel Jaffer, director del programa de seguridad nacional de la ACLU, dijo ayer en la tarde que es "desalentador" e "inquietante" que el gobierno de Obama diga que esa información sobre presuntos abusos debería ser reservada porque podría contribuir a la propaganda antinorteamericana. Dijo que eso equivale a decir que "mientras más graves los abusos, más importante es que permanezcan secretos". Jaffer dijo que la ACLU está convencida de que la opinión pública debe tener "acceso a todos los archivos que documentan lo que ocurría en las cárceles de la CIA y bajo la autoridad de quién".
Aunque la ACLU quería originalmente los documentos de la CIA relacionados con los interrogatorios ilegales en 2004, en 2007 pidió a la corte que declarara en desacato a la CIA después de que se descubriera que la agencia había destruido las cintas. La ACLU exigió como reparación acceso a los correos electrónicos internos y otras informaciones que pudieran revelar los contenidos de las cintas e identificar a quiénes participaron, aprobaron o endosaron su destrucción.
Hellerstein ha negado repetidas veces las peticiones de la CIA de que se deseche el caso, pero no ha concluido que la CIA haya cometido desacato. En lugar de eso, ordenó a la CIA entregar algunos de los archivos y proporcionar detalles de otros archivos en su poder; la agencia respondió entregando a la corte los documentos sellados.
Un fiscal federal sigue investigando la destrucción de las cintas.
En total, la CIA dijo que 580 documentos se relacionan con la petición de la ACLU de 2007; Panetta dijo que su declaración se aplica al total de los 65 documentos seleccionados hasta el momento por el tribunal para su posible liberación y que la CIA considerará en el futuro la liberación de "documentos no operacionales".
En dos documentos entregados a la corte junto con la declaración de Panetta, la CIA dijo que el material que debe permanecer reservado se encuentra una fotografía de Zayn al-Abidin Muhammed Hussein, conocido como Abu Zubaida, el primer detenido que se cree que la CIA consideró de alto valor; un extenso sumario de notas manuscritas redactadas después de revisar las cintas; una versión de cinco páginas escrita por un abogado de la CIA detallando la política de la agencia y la asesoría legal sobre la destrucción de las cintas; un correo electrónico a jefes de la CIA resumiendo las opiniones de otros sobre las cintas; un documento de seis páginas escrito por un empleado de la agencia sobre una discusión sobre las cintas con un abogado de la agencia; y una serie de correos electrónicos discutiendo qué debía decir la CIA en público sobre la destrucción.
También dice que uno de los documentos resumidos "proporciona detalles sobre el submarino en las cintas destruidas", refiriéndose al simulacro de muerte por asfixia por inmersión, un método que Obama y otros personeros de gobierno definieron como torturas ilegales.
Aunque la CIA rescribe frecuentemente extensos pasajes de los documentos que libera, Panetta dijo que había "decidido que ninguna información significativa puede ser liberada de los documentos operacionales en cuestión". Algunos, dijo, estaban protegidos por el secreto profesional, y casi todos contenían información personal sobre los empleados de la CIA y otros que, de revelarse, "constituiría claramente una invasión injustificada de la privacidad personal".
Panetta también dijo que quería enfatizar que su petición de "ningún modo se deriva de su deseo de evitar situaciones embarazosas al gobierno de Estados Unidos o a la CIA, ni de eliminar pruebas de conductas ilegales". Dijo que su único propósito era impedir el deterioro de la seguridad nacional estadounidense y proteger las fuentes y métodos de contraespionaje".

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

9 de junio de 2009
©washington post
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