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demandas contra la tortura


Juez acoge demanda civil en caso de torturas.
[John Schwartz] La decisión dada a conocer el viernes tarde por un juez de San Francisco, que acogió una demanda civil contra un ex funcionario del gobierno de Bush, John C. Yoo, podría parecer poco más que la remoción de un obstáculo procesal. Pero los abogados del hombre que presentó una demanda contra Yoo, José Padilla, dicen que constituye una substantiva interpretación de temas constitucionales de valor para todos los detenidos y podría tener un amplio impacto.
Padilla fue detenido como ‘enemigo combatiente’ y mantenido en una celda de aislamiento durante más de tres años en una prisión de la Marina en Charleston, Carolina del Sur. Padilla, que fue condenado por apoyar al terrorismo y otros delitos, demanda que Yoo sea considerado responsable por acciones que Padilla dice que condujeron a que fuera torturado.
Durante la época en que Padilla estuvo en prisión, de acuerdo a su demanda, "sufrió graves abusos físicos y psicológicos a manos de funcionarios federales como parte de un programa sistemático de interrogatorios violentos que tenían la intención de romper la humanidad y voluntad de vivir de Padilla".
En la sentencia de 42 páginas, el juez Jeffrey S. White, del tribunal de distrito federal de San Francisco, dice que el conflicto representa la tensión "entre las exigencias de la guerra y la defensa de las libertades que la guerra busca proteger".
Yoo, como parte de un grupo de altos funcionarios llamado el Consejo de Guerra, ayudó a definir la estrategia de la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Como vicefiscal general en la Oficina de Asesoría Jurídica de 2001 a 2003, escribió numerosos memorandos autorizando los apremios físicos. Yoo se ha defendido alegando que no debería ser procesado porque no estaba establecido claramente que esos tratamientos fueron inconstitucionales.
El juez White, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, rechazó todas las pretensiones de inmunidad de Yoo, excepto un alegato, y determinó que Padilla "ha aportado suficientes datos para demostrar que Yoo puso en movimiento una serie de eventos que resultaron en la privación de los derechos constitucionales de Padilla".
Tahlia Townsend, una de los abogados de Padilla, la llamó "una significativa victoria para los valores americanos, la rendición de cuentas del gobierno y nuestro sistema de equilibrio de poderes". El equipo legal de Padilla también incluye a estudiantes de la clínica internacional de derechos humanos de la Facultad de Leyes de Yale.
Townsend dijo que la decisión "anunciaba que las protecciones fundamentales contra los abusos se aplican a todos los individuos detenidos por el gobierno" y establece lo que los funcionarios federales deben saber sobre los límites de abuso. "Esa posición hará posible que lo que le pasó a Padilla no vuelva a ocurrir nunca", dijo.
Padilla y su madre, Estela Lebrón, están pidiendo un dólar por concepto de indemnización, junto con una declaración de la corte de que su tratamiento fue inconstitucional.
Como ex funcionario de gobierno, Yoo está siendo representado por el ministerio de Justicia. Charles S. Miller, portavoz del ministerio: "Estamos revisando la decisión".
Yoo, ahora profesor de derecho en la Universidad de California, Berkeley, no respondió a un mensaje por correo electrónico pidiéndole que comentara el caso, pero en una columna del año pasado en The Wall Street Journal escribió sobre la demanda diciendo que "el sistema legal no debería ser utilizado como una porra contra individuos señalados por activistas políticos que imponen preferencias de políticas de gobierno que no lograron ver aprobadas en las urnas".
Padilla, nacido en Brooklyn y convertido al islam, fue detenido en junio de 2002 y acusado originalmente de participar en una conspiración de al Qaeda para detonar una ‘bomba sucia’ radioactiva en Estados Unidos. Después de su período en la cárcel, el gobierno lo juzgó en Miami, y en 2007 él y otros dos acusados fueron encontrados culpables de conspiración para asesinar, secuestrar y mutilar a personas en un país extranjero. Padilla fue sentenciado a más de diecisiete años de cárcel.

14 de junio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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