obama continúa detención indefinida
27 de junio de 2009
[Dafna Linzer y Peter Finn] El gobierno de Obama, temeroso de que un enfrentamiento con el Congreso pudiera paralizar los planes de cerrar la cárcel estadounidense en Bahía Guantánamo, está trabajando una orden presidencial que reafirmaría la autoridad del presidente para encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo, de acuerdo a tres altos funcionarios de gobierno familiarizados con las deliberaciones en la Casa Blanca.
La orden adoptaría las motivaciones del ex presidente George W. Bush de que algunas personas pueden ser -según las leyes de guerra- detenidas sin juicio durante períodos prolongados. Los asesores de Obama temen que la orden, que eludiría al Congreso, dejaría mal parado al presidente ante los tribunales e indignaría a importantes partidarios, dijeron los funcionarios.
Después de meses de debate interno sobre cómo cerrar el recinto militar en Cuba, funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados de que llegar a un acuerdo rápido con el Congreso sobre un nuevo sistema de detención sea imposible. Varios funcionarios dijeron que existe el temor de que la Casa Blanca no sea capaz de cerrar la cárcel antes de la fecha de cierre anunciada por el presidente.
El portavoz de la Casa Blanca, Ben LaBolt, dijo que no existe esa orden presidencial y que el gobierno no ha decidido todavía si emitir una o no. Pero un funcionario de gobierno sugirió que la Casa Blanca está tratando de reunir apoyo para firmarla.
"Las organizaciones de libertades civiles han alentado al gobierno a que, si lo que se busca es un sistema de detención prolongada, que lo haga a través de una orden presidencial", dijo el funcionario. Esa orden podría ser rescindida y no entorpecería proyectos legislativos posteriores, pero las organizaciones de libertades civiles generalmente se oponen a detenciones de largo término, diciendo que los detenidos deben ser acusados o dejados en libertad.
El ministerio de Justicia se ha negado a hacer comentarios sobre las perspectivas de un sistema de detención de largo plazo mientras sigan en curso las revisiones internas de los casos de los detenidos de Guantánamo. Un grupo de trabajo, que está evaluando las políticas de detención, debería completar su trabajo antes del 21 de julio.
En un discurso en mayo, el presidente Obama abordó la necesidad de un sistema de detenciones prolongadas y sugirió que incluiría controles parlamentarios y judiciales. "Tenemos que reconocer que esas políticas de detención no pueden ser ilimitadas. No pueden basarse simplemente en lo que yo o la rama ejecutiva decida por sí sola", dijo.
Algunos de los asesores de Obama, junto con un puñado de influyentes legisladores republicanos y demócratas, han abogado por la creación de un "tribunal de seguridad nacional" para supervisar el encarcelamiento de detenidos que son considerados demasiado peligrosos como dejarlos marchar, pero que no pueden ser acusados ni juzgados.
Pero los tres funcionarios de gobierno dijeron que la Casa Blanca ha desechado esa opción, al menos de momento, porque las leyes que establecerían un tribunal especial serían difícilmente aprobadas y probablemente fracturarían al partido de Obama. Esos funcionarios, así como otros entrevistados para este artículo, hablaron a condición de conservar el anonimato debido a que no están autorizados para hablar públicamente sobre deliberaciones internas.
El día que asumió Obama, en Guantánamo había 242 detenidos. En su discurso de mayo, el presidente delineó cinco estrategias que utilizará el gobierno en su tratamiento: juicios criminales, tribunales militares renovados, traslados a otros países, liberaciones y detención continuada.
Desde su investidura, once detenidos han sido liberados o transferidos, un prisionero se suicidó, y otro fue trasladado a Nueva York para responder por cargos de terrorismo ante un tribunal federal.
Funcionarios de gobierno dijeron que los casos de casi la mitad de los restantes 229 detenidos han sido revisados para decidir si serán procesados o liberados. Dos funcionarios implicados en una revisión de los posibles procesos de parte del ministerio de Justicia, dijeron que el gobierno está considerando seriamente presentar cargos criminales contra Khalid Sheik Mohammed y otros tres detenidos, acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La otra mitad de los casos, dijeron los funcionarios, presentan las mayores dificultades, porque estos detenidos no pueden ser juzgados en tribunales federales o comisiones militares. En muchos casos la evidencia contra ellos es reservada, ha sido proporcionada por servicios de inteligencia extranjeros o ha sido contaminada por el uso de técnicas de interrogatorio ilegales por parte del gobierno de Bush.
El fiscal general Eric H. Holder Jr. aceptó las conclusiones de una evaluación ofrecida durante los testimonios parlamentarios este mes de que menos del veinticinco por ciento de los detenidos serían acusados en tribunales criminales y que sobre otros cincuenta se ha decidido que serán transferidos o liberados. Un funcionario dijo que el gobierno espera que unos setenta ciudadanos yemeníes sean trasladados, por etapas, a Arabia Saudí en el marco de un programa de rehabilitación.
A tres meses de iniciadas las revisiones del ministerio de Justicia, varios funcionarios involucrados dijeron que han llegado a estar de acuerdo con las conclusiones alcanzadas años antes por el gobierno de Bush, de que unos noventa detenidos no pueden ser acusados ni liberados.
La Casa Blanca ha gastado meses reuniéndose con líderes parlamentarios clave con la esperanza de alcanzar un acuerdo sobre la detención prolongada, aunque el apoyo de la opinión pública para ese plan se ha reducido desde que los legisladores trataran de impedir que los detenidos sean transferidos a sus distritos electorales.
Abogados del gobierno están ahora negociando con los senadores Carl M. Levin (demócrata de Michigan) y Lindsey O. Graham (republicano de Carolina del Sur) sobre leyes separadas que podrían reformar las comisiones militares. Un miembro del staff republicano dijo que los senadores todavía no ven una "política comprehensiva y detallada" sobre la detención prolongada de parte del gobierno.
"Lo pueden hacer sin el respaldo del Congreso, pero creo que habría temores muy serios", dijo el miembro del staff, agregando que el "Congreso podría privar de financiamiento" todo sistema de detención en territorio estadounidense.
Entre los asesores de Obama crece la preocupación de que el Congreso pueda tratar de ejercer demasiado control sobre el proceso. Esta semana Obama firmó un proyecto de ley sobre asignaciones que obliga al gobierno a informar al Congreso antes de trasladar a un detenido fuera de Guantánamo e impide que la Casa Blanca utilice fondos disponibles para trasladar a detenidos en territorio estadounidense.
"El proyecto terminaría con los planes de Obama", dijo uno de los funcionarios de gobierno implicados. El funcionario dijo que una orden presidencial es la mejor manera que tiene el presidente en estos momentos.
Según un borrador que estaba siendo discutido este mes, de acuerdo a funcionarios de gobierno, los detenidos serían encarcelados en un recinto militar en territorio estadounidense, pero la continuidad de su detención estaría sujeta a una revisión presidencial anual. Ciudadanos estadounidenses no podrían ser sometidos a ese sistema.
Esos detenidos -los que están en Guantánamo y los que podrían ser capturados en el futuro- también tendrían el derecho a ser representados legalmente durante su detención y acceso a algunas de las informaciones utilizadas para mantenerlos tras las rejas. Todo detenido bajo esta orden tendría el derecho a impugnar su detención ante un juez.
Los funcionarios dicen que el plan daría más derechos a los detenidos y les otorgaría mayores posibilidades de terminar algún día con su encarcelamiento indefinido, que en Guantánamo ahora.
Pero algunos demócratas consideran la detención prolongada como equivalente al establecimiento del sistema de Guantánamo en territorio estadounidense. "Creo que esto sería un gran error, por la manera en que sería percibido en el mundo", dijo a Holder el senador Russell Feingold (demócrata de Wisconsin).
Un funcionario de gobierno dijo que las trasferencias futuras a Estados Unidos para períodos de detención indefinida serían raras. Los operativos de al Qaeda capturados en el campo de batalla, que el funcionario definió como Iraq, Afganistán, Pakistán y posiblemente el Cuerno de África, serían encarcelados en instalaciones en el campo de batalla. Los sospechosos capturados en otras partes del mundo podrían ser transferidos a Estados Unidos para ser juzgados en tribunales federales, entregados a las autoridades locales o devueltos a sus países de origen.
"A menos que se trate de algún caso extraordinario, no habrá nuevas transferencias a Estados Unidos de casos de detención indefinida", dijo el funcionario.
Fundar un programa de detención prolongada mediante una orden presidencial dejaría a Obama vulnerable ante cargos de que está dispuesto a dejar de lado la rama legislativa del gobierno, como hizo a menudo su predecesor. Las políticas de detención de Bush fueron derrotadas en tribunales en parte debido a que carecían del respaldo del Congreso y en parte porque trataban de eludir el control judicial.
"No hay ninguna ley que prohíba que el presidente lo haga mediante una orden presidencial, y de momento los tribunales no han fallado de manera que le impidan hacerlo", dijo Matthew Waxman, que trabajó sobre el tema de los detenidos en el ministerio de Defensa durante el primer término de Bush. Pero Waxman, que quebró lanzas en el gobierno de Bush por una mayor cooperación con el Congreso, dijo que "es más probable que los tribunales cedan ante el presidente y el Congreso si mantienen una sola opinión sobre estos temas".
Tawfiq bin Attash, que está acusado de participar en el atentado contra el USS Cole en 2000 y que fue retenido en una cárcel secreta de la CIA, podría ser uno de los detenidos que podría ser encarcelado indefinidamente, dijo un funcionario.
No se sabe mucho públicamente sobre el caso de Attash, pero los funcionarios que han revisado su expediente dijeron que el ministerio de Justicia ha concluido que ninguno de los tres testigos que declararon contra él pueden declarar en un tribunal. Un testigo, que fue encarcelado en Yemen, escapó hace varios años. El segundo testigo sigue encarcelado, pero el gobierno de Yemen no permitirá que declare.
Funcionarios de gobierno creen que las declaraciones del único testigo que se encuentra bajo custodia norteamericana, Abd al-Rahim al-Nashiri, podría ser declarada inadmisible porque fue sometido a interrogatorios ilegales durante su detención.
"Esos problemas no han cambiado simplemente porque haya cambiado el gobierno", dijo Juan Zárate, que fue asesor de seguridad nacional para el contraterrorismo durante el gobierno de Bush y trabaja ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
"Para el nuevo gobierno el reto es cómo resolver estas cuestiones legales de la detención preventiva de modo que sea consistente con la Constitución, cómo legitimarlo a ojos del mundo y no crear lagunas jurídicas que causen temores en el Congreso", dijo Zárate.
©washington post
cc traducción mQh
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