golpe en honduras injustificado
30 de junio de 2009
Los latinoamericanos han sufrido al menos tres docenas de golpes militares desde los años sesenta hasta fines del siglo veinte. Creían que habían terminado con un desagradable período de su historia, con una ola de gobiernos civiles elegidos democráticamente, y en general lo habían logrado, hasta que Honduras volvió a esa época perimida esta semana cuando los militares sacaron sus tanques a las calles, el presidente fue obligado a punta de pistola -todavía en piyama- a marcharse al exilio y el Congreso, blandiendo una carta de renuncia falsa, nombró a un nuevo presidente. Esto fue un golpe, y debe ser revertido.
Antes de su derrocamiento, el presidente Manuel Zelaya no era un ejemplo de demócrata. Estaba luchando contra las otras ramas del gobierno por sus cuestionables intentos de eliminar los límites [constitucionales] al período de mandato presidencial. La Corte Suprema y el Congreso declararon que un referéndum sobre el tema sería inconstitucional y la fiscalía y el tribunal electoral confiscaron las urnas. Cuando el ejército se negó a organizar la votación, Zelaya destituyó al comandante de las fuerzas armadas.
La Organización de Estados Americanos demostraron una extraordinaria unidad en la condena del golpe. Eso no es sorprendente, ya que la OEA incluye a muchos países, como Chile, Argentina y Brasil, que han superado dictaduras militares. Estados Unidos, sin embargo, se mostró inicialmente más cauteloso. En lugar de llamarlo golpe, la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton se refirió a los "problemas subyacentes que condujeron a los sucesos del domingo". Sólo el lunes llamó el presidente Obama esos sucesos por su nombre.
Zelaya es un rico ganadero que se convirtió en aliado del presidente venezolano Hugo Chávez y que lucha contra las elites hondureñas. Fue reemplazado por un miembro de su propio partido, Roberto Micheletti, que justificó la remoción de Zelaya diciendo: "No podemos permitir que este gobierno nos conduzca al comunismo o al socialismo". Incluso aunque el Congreso y las fuerzas armadas hondureñas crean que están defendiendo al país contra un aspirante a dictador, el fin no justifica los medios. Calcularon mal y deben retroceder. De hecho, la mejor solución sería que ambos lados cedieran. Zelaya debería poder volver a su cargo por los últimos seis meses que le quedan. Y si lo que dice es verdad, que no estaba buscando su reelección, no le fastidiará continuar su campaña por el referéndum después de que deje su cargo -como ciudadano privado. De momento, los dos lados deben volver a la Constitución.
©los angeles times
cc traducción mQh
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