van a juzgar a john yoo
5 de julio de 2009
En su infame ‘memorando de la tortura’ de agosto de 2002, los funcionarios del ministerio de Justicia, Jay S. Bybee y John C. Yoo definieron tortura exclusivamente como el dolor asociado a una "insuficiencia orgánica, deterioro de las funciones corporales, o incluso la muerte". Se trataba de una interpretación forzada de la ley, y que fue anulada en 2004 por Jack Goldsmith, el sucesor de Bybee como director de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Pero ¿puede Yoo, ahora profesor en la Universidad de California en Berkeley, ser responsabilizado por las acciones de otros que se basaron en sus argumentos jurídicos? Un juez federal de San Francisco parece pensar así, pero nosotros tenemos nuestras dudas. Por más indignados que estemos con las opiniones de Yoo, nos preocupa que hacer equivaler el análisis jurídico con los actos de personeros de gobierno pueda sentar un venenoso precedente. Sólo si Yoo se hubiese excedido en su papel como abogado, lo que es posible que haya ocurrido, podría ser sometido a recriminaciones civiles por su trabajo.
El mes pasado, el juez de distrito Jeffrey S. White allanó el camino para que José Padilla, ciudadano estadounidenses y convertido al islam, demandara a Yoo por violaciones de sus derechos civiles.
Padilla, que está cumpliendo una pena de prisión tras ser condenado por conspiración terrorista, estuvo detenido durante más de tres años como enemigo combatiente en un calabozo en una nave de la Marina en Charleston, Carolina del Sur, donde dice que fue sometido a ultrajes, incluyendo privación del sueño, temperaturas extremas y amenazas de que sería torturado si no cooperaba. Al negarse a desechar la demanda civil, White observó que Padilla acusó a Yoo de participar en la designación de Padilla como enemigo combatiente y de participar en la definición de las políticas del ‘consejo de guerra’. Esas acusaciones merecen ser investigadas en un juicio. Pero el juez también se refirió al presunto papel de Yoo en la "redacción de los memorandos preparados para eludir las restricciones legales y otorgar inmunidad a los que los implementaran".
White escribió: "Como cualquier otro funcionario de gobierno, los abogados del gobierno son responsables de las previsibles consecuencias de sus actos". Es verdad. Pero ofrecer una interpretación legal, incluso si es torcida o estúpida, no es un acto; es una empresa intelectual. Los abogados aplicados no deberían temer que su interpretación de la ley les pueda implicar en la formulación de políticas que podrían aborrecer -o en la aplicación de maltratos que van más allá de lo que permiten esas mismas políticas.
La excepción a ese principio ocurre cuando un abogado distorsiona deliberadamente la ley con el propósito de justificar una política determinada o favorecer a un cliente político. Si Yoo o Bybee violaron o no la ética profesional de ese modo, ha sido motivo de una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ministerio de Justicia, que puede recomendar algún tipo de disciplina a las asociaciones de abogados del estado. Ese proceso, no una demanda civil por daños, es el mejor modo de obligar a los abogados a rendir cuentas por sus prácticas.
2 de julio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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