diamantes de sangre
11 de julio de 2009
[Celia W. Dugger] Johanesburgo, Sudáfrica. Las fuerzas armadas de Zimbabue, controladas por el partido del presidente Robert Mugabe, se apoderó el año pasado violentamente de los campos de diamante de Zimbabue y ha utilizado las ganancias ilegales para comprar la lealtad de sus revoltosos soldados y enriquecer a los dirigentes del partido, acusó Human Rights Watch en un informe dado a conocer el viernes.
El partido, ZANU-PF, ha utilizado el dinero de los diamantes -sacados ilegalmente del país o vendidos ilegalmente a través del Reserve Bank- para reforzar su control de las fuerzas de seguridad, que parecía estar menguando el año pasado cuando se derrumbaba el valor de la paga de los soldados como consecuencia de una galopante inflación -según los investigadores de Human Right Watch.
El viernes, el gobierno de Zimbabue rechazó rotundamente los cargos en el informe, que mencionaba la visita de su investigador a los campos de diamante en febrero y entrevistas con soldados, mineros y otros testigos.
El ministro de Información, Webster Shamu, de ZANU-PF, dijo en una entrevista telefónica que el principal objetivo del informe era manchar la imagen del país, bloquear la venta internacional de sus diamantes y, "al hacer así, negarle a Zimbabue las divisas que necesita".
"Nada de ese informe es verdad", dijo.
El año pasado, los medios estatales de Zimbabue describieron el ataque militar, bajo el nombre de Operation No Return, en la comuna de Marange, como un intento de restablecer el orden en medio de una desenfrenada fiebre del diamante en la zona.
Pero el informe de Human Rights Watch acusa a los militares de haber asesinado a más de doscientos mineros y utilizado el ataque para apropiarse de los campos de Marange.
Algunos mineros murieron cuando los soldados dispararon desde helicópteros con rifles automáticos montados en ellos, dice la organización. Muchos de los muertos fueron llevados a la morgue del Hospital General Mutare, o enterrados en una fosa común, dice el informe.
Brigadas del ejército están siendo rotadas en los campos de diamante, descubiertos en 2006, de modo que más soldados puedan beneficiarse del comercio ilegal, dice el informe.
Campesinos de la zona, algunos de ellos niños, están siendo obligados a trabajar en minas controladas por sindicatos militares y se han quejado de ser perseguidos, golpeados y arrestados, dice el informe.
"Es una gran vaca lechera para los militares y la policía, especialmente desde que Zimbabue está prácticamente en bancarrota", dijo en una entrevista Dewa Mavhinga, el abogado zimbabuense que fue el principal investigador del informe.
Mugabe, que ha gobernado el país en los últimos veintinueve años, ahora comparte el gobierno con el primer ministro Morgan Tsvangirai, líder del Movimiento por el Cambio Democrático, que pasó las últimas tres semanas en capitales occidentales buscando ayuda para la devastada economía de Zimbabue.
El presidente Obama y jefes de estado europeos han rehusado en general ayudar directamente al gobierno de Zimbabue, en parte debido a la preocupación de que continúe burlándose del estado de derecho.
El informe de Human Rights Watch es el último signo de la creciente preocupación internacional sobre las acusaciones de asesinatos y violaciones de los derechos humanos en los campos de diamante al sudoeste de la ciudad de Mutare.
"Mientras el nuevo gobierno compartido de Zimbabue, formado en febrero de 2009, recorre ahora el mundo buscando ayuda para el desarrollo, millones de dólares en ingresos potenciales del gobierno están siendo desviados hacia otros fines", dice el informe.
En abril, la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes, una organización que agrupa a veintiocho bolsas de veinte países, llamó a sus miembros a no transar los diamantes de los depósitos de Marange en Zimbabue.
"En algún momento tendremos que rendir cuentas", dijo Michael H. Vaughan, director ejecutivo de la federación, en una entrevista el viernes.
El domingo, representantes del Kimberley Process, una coalición de funcionarios públicos, de la industria y civiles fundada para detener el flujo de los llamados diamantes de sangre, viajarán a Zimbabue para explorar si el país cumple o no con las normas de la coalición.
Una coalición de organizaciones sin fines de lucro están presionando para que Zimbabue sea suspendida del Kimberley Process. "Existe en el país un contrabando desenfrenado", dijo Annie Dunnebacke, de Global Witness, una de las organizaciones. "Los militares están explotando el comercio y están implicados directamente en la venta de diamantes".
En momentos en que Zimbabue tiene dificultades para pagar a sus empleados públicos y soldados salarios de cien dólares al mes, los ingresos extras que provienen de la venta de diamantes extraídos por los soldados en las minas sólo sirven para "satisfacer a un electorado cuya lealtad hacia ZANU-PF, en el contexto de la continuada lucha política, es esencial", dice el informe de Human Rights Watch.
En diciembre los soldados se amotinaron en Harare, la capital de Zimbabue, para protestar por la paga, que había perdido todo su valor frente a una inflación que había alcanzado niveles astronómicos. Analistas y diplomáticos occidentales dijeron entonces que Mugabe podría perder su control del poder si no era capaz de mantener el patronazgo que había exhibido durante décadas.
26 de junio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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