el pinochet africano
28 de julio de 2009
[Juan Gasparini] El jurista chileno Claudio Grossman, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) con sede en Ginebra, intentará la próxima semana convencer al gobierno de Senegal que juzgue al ex dictador del Chad, Hiss ne Habré -refugiado en ese país- sobre quien pesan graves denuncias por violaciones de derechos humanos.
Grossman, decano del Washington College of Law de la American University en Washington, investigó a petición de la Organización de Estados Americanos (OEA), la causa del atentado explosivo contra la mutual israelí AMIA, en Buenos Aires (1994).
Al abogado lo acompañará otro experto del CAT, el catedrático español Fernando Mariño Menéndez. Tienen prevista una visita de tres días a Dakar a partir del 5 de agosto para entrevistarse con sus autoridades. Es en la capital senegalesa donde Habré se refugia desde 1990.
"Vamos en misión de seguimiento, buenos oficios y cumplimiento de obligaciones, para recordar a Senegal que debe juzgar a Habré, acusado de torturas, un crimen de lesa humanidad", explicó Mariño Menéndez.
Integrado por diez expertos independientes, nombrados por los estados que han firmado la Convención contra la Tortura, el CAT resolvió el 17 de mayo de 2006 que, en virtud de las obligaciones de dicho documento, ratificado por Senegal en 1984, éste país debía extraditar o juzgar al ex dictador del Chad, ante las acusaciones de vulnerar gravemente los DDHH durante su mandato (1982-1990).
Orden Incumplida
La Convención Internacional contra la Tortura obliga a los países firmantes a perseguir crímenes de tortura perpetrados fuera de sus fronteras.
Desde 2005 existía un pedido de extradición contra Habré lanzado por Bélgica, que instruía penalmente una querella presentada en el 2001 por 21 víctimas que padecieron las atrocidades cometidas durante sus ocho años de gobierno, tres de las cuales eran de nacionalidad belga.
Dicho país, abrogó en 2003 el ejercicio de la jurisdicción universal para crímenes que hubieran sucedido en el exterior y con autonomía de la nacionalidad y el sitio de residencia de sus autores manteniendo, no obstante, abiertos los sumarios que involucraran a sus ciudadanos, lo que ocurría con tres víctimas que se querellaron en el 2001.
La decisión del CAT en 2006 estuvo motivada por el pedido de siete de los querellantes contra Habré en Bélgica, que en 2001 solicitaron a la ONU que se tomaran medidas cautelares para impedir que el ex gobernante escapara de Senegal.
Frente al dictamen del CAT, el mandatario senegalés, Abdou-laye Wade, consultó a la Unión Africana (UA), que el 2 de julio de 2006 lo mandató para llevar a cabo el juicio en Dakar.
Pero, hasta la fecha, su realización no se concreta, por lo que Grossman y Mariño Menéndez viajan ahora a Senegal para esclarecer la situación.
El 19 de febrero pasado, Bélgica recurrió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ordenara a Senegal extraditar o juzgar a Habré, y no lo dejara abandonar el país mientras la causa siga pendiente.
El 28 de mayo, Senegal se comprometió ante la CIJ a no autorizar al ex dictador a dejar su territorio hasta tanto el asunto se solucionara.
Sangriento Legado
Según informes de Human Rights Watch, a Habré se le responsabiliza de 40 mil homicidios políticos y de practicar sistemáticamente la tortura en interrogatorios de detenidos, identificando 1.208 torturados y asesinados bajo su régimen.
En el documento ‘Chad: el legado de Habré’, Amnistía Internacional acusó al ex gobernante de miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, incluyendo testimonios detallados de ex presos, algunos de los cuales denunciaron la participación del entonces Presidente en los suplicios.
Habré fue derrocado en 1990 por Idriss Déby Itno, cuyo gobierno no ha pedido la extradición para juzgarlo, pero prometió 4 millones y medio de dólares para financiar el proceso que debería ventilarse en Dakar, a lo que se suman a otros 3 millones de dólares ofrecidos por la Unión Europea (UE).
Lamentable Similitud
La posición del CAT en esta oportunidad es similar a la observada cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 1998. En aquella ocasión le dijo a Gran Bretaña que debía entregar o juzgar al sátrapa chileno. Como se recordará, los jueces de la Cámara de los Lores acataron y ordenaron su extradición a España, donde lo reclamaban para juzgarlo. Sin embargo, el gobierno del entonces Primer Ministro británico Tony Blair estimó que la salud del dictador chileno no permitía que enfrentara un tribunal y, en marzo de 2000, lo remitió a Chile.
El 10 de diciembre de 2006, sin haber sido juzgado por los crímenes que se le reprochaban -3 mil homicidios y desapariciones, 35 mil torturados, incontables presos y refugiados- Pinochet no falleció en la cárcel, sino en la cama del Hospital Militar.
©la nación 
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