el espionaje ilegal de bush
1 de agosto de 2009
[Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. Los programas de espionaje de después del 11 de septiembre de 2001 del gobierno de Bush fueron más allá del ampliamente publicitado programa de interceptaciones telefónicas sin orden judicial, reveló el viernes un informe oficial, describiendo nuevas actividades encubiertas que crearon atribuciones de espionaje "sin precedentes".
El informe también plantea nuevos interrogantes sobre cómo la Casa Blanca de Bush mantuvo a funcionarios clave del ministerio de Justicia en la ignorancia sobre el programa de espionaje.
En una medida que describió como "extraordinaria e inapropiada", el informe dice que la Casa Blanca se apoyó en un solo abogado de niveles inferiores en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia para evaluar la legalidad del programa.
Ese abogado, John Yoo, un joven protegido de George W. Bush con estrechos lazos con el círculo íntimo del presidente, escribió una serie de memorandos justificando legalmente el programa, pese a que sus superiores y la mayoría de los altos funcionarios no fueron informados sobre él.
El informe fue compilado, por petición del Congreso, por cinco agencias fiscalizadoras del gobierno: el inspector general del ministerio de Justicia, el Pentágono, la CIA, el Directorado de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Interior.
Representa la revelación pública más detallada sobre la existencia de programas de espionaje que fueron más allá del programa de interceptaciones telefónicas sin orden judicial, diciendo que todos esos programas fueron conocidos durante el gobierno de Bush como el "programa de espionaje del presidente".
Sin embargo, el informe no describe los otros programas ni explica cómo funcionaban.
"Todas estas actividades fueron autorizadas por una simple autorización presidencial", dice el informe, refiriéndose a las escuchas sin orden judicial como "programa de vigilancia de terroristas", y los programas no conocidos como "otras actividades de inteligencia".
"Los detalles específicos de las otras actividades de inteligencia siguen siendo altamente reservados", dice el informe.
El inspector general entrevistó a los más de doscientos altos funcionarios y agentes de terreno de agencias de defensa e inteligencia, y dijo que las opiniones sobre la efectividad de las escuchas sin orden judicial y otras actividades todavía secretas fueron ambivalentes.
Mientras muchos agentes pensaron que los programas llenaban un vacío en las actividades de inteligencia, otros "tuvieron dificultades a la hora de evaluar la contribución precisa del Programa de Espionaje del Presidente a los programas antiterroristas, porque el programa era visto a menudo como solo una fuente entre otras".
El inspector general concluyó que, aunque el Congreso adoptara cambios en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior [Foreign Intelligence Surveillance Act] que legalizan algunas de las actividades, la información que entregan "debe ser controlada cuidadosamente".
El informe también proporciona una comprehensiva versión oficial del modo a menudo agresivo y selectivo con el que el gobierno de Bush trató de obtener, y obtuvo, que se autorizaran sus programas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Finalmente, el programa de vigilancia y el papel en él del ministerio de Justicia fueron tan polémicos que, en 2004, el vicefiscal general, James B. Comey, y el director del FBI, Robert S. Mueller III, amenazaron ambos con renunciar, porque creían que el programa era ilegal.
La disputa resultó en un notorio enfrentamiento ese año en el cuarto de hospital de entonces fiscal general John Ashcroft, cuando Comey subió corriendo las escalinatas para impedir que el asesor de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzales, y el jefe de personal, Andrew H. Card Jr., convencieran al fuertemente medicado fiscal general para que firmara una extensión del programa.
Juristas y legisladores dijeron que los últimos hallazgos plantearon inquietantes preguntas sobre las actividades del gobierno de Bush y resaltaron la necesidad de encontrar maneras para que sus participantes rindieran cuentas.
"Estoy feliz de que el pueblo americano pueda ver finalmente por sí mismo lo qué ocurre cuando un puñado de altos funcionarios -que piensan que lo saben mejor que los tribunales, el ministerio de Justicia y el Congreso- deciden rescribir la ley en secreto", dijo el miembro del Comité de Inteligencia del Senado, Ron Wyden (demócrata de Oregon). "Este informe permite que el pueblo estadounidense vea cómo altos funcionarios del gobierno de Bush primero tramaron el programa y después inventaron sus creativas justificaciones jurídicas".
El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont) dijo que el informe daba urgencia a la formación de una "comisión de investigación" independiente para examinar los programas del gobierno de Bush. El presidente Obama se opone a esa comisión.
Un ex funcionario del gobierno de Bush que participó en el programa dijo que el informe de los inspectores no tomaba en cuenta que en la época el ministerio de Justicia y la Casa Blanca alegaron consistentemente que el presidente "tiene autoridad para realizar vigilancia electrónica para proteger la seguridad interior contra amenazas foráneas, independiente del Congreso".
Hablando a condición de preservar el anonimato debido a la sensibilidad política y jurídica, el funcionario dijo que los programas se derivaron de preocupaciones surgidas después del 11 de septiembre de 2001.
"El gobierno estaba tambaleando, lidiando con una amplia gama de iniciativas de seguridad interior", dijo el funcionario. "Esto no fue hecho como un intento de ampliar las atribuciones del presidente; se hizo para proteger al país de un ataque -que en ese entonces todo el mundo pensaba que iba a ocurrir- al mismo tiempo sin delatar las ventajas tecnológicas que teníamos".
Las escuchas sin orden judicial fueron reveladas en 2005 como resultado de artículos publicados por el New York Times. Con ese programa, la NSA eludía las leyes federales para interceptar, sin orden judicial, las comunicaciones internacionales de presuntos terroristas.
Al trazar el desarrollo de las actividades de vigilancia, el informe dice que el programa empezó en octubre de 2001, semanas antes del primer memorando de Yoo justificando su empleo el 2 de noviembre.
El informe describe los intentos de la Casa Blanca que parecían formulados para asegurarse de que fueran aprobados. Excepto tres funcionarios del ministerio de Justicia, nadie estaba enterado de los esfuerzos de espionaje durante sus primeros años, pese a que se utilizó el sello de aprobación del ministerio para autorizar los programas, dice el informe.
En lugar de eso, la Casa Blanca se comunicaba directa y casi exclusivamente con Yoo, que elabora el trabajo jurídico sobre el programa de vigilancia "que como mínimo se apoyaba en hechos erróneos", dice el informe.
"Las deficiencias de los memorandos jurídicos se hicieron aparentes una vez que nuevos abogados del ministerio de Justicia... trataron de entender mejor la operación de PSP", dice el informe.
En ese momento estallaron disputas entre el ministerio de Justicia y la Casa Blanca, lo que condujo al enfrentamiento en el lecho de enfermo en 2004.
El informe dedica considerable atención a Yoo, asistente del fiscal general en la Oficina de Asesoría Jurídica entre 2001 y 2003.
Yoo se ha convertido en un pararrayos de críticas debido a las recomendaciones jurídicas que emitió sobre toda una gama de temas de seguridad interior, repudiadas más tarde como poco profesionales y posiblemente ilegales.
Algunas de esas opiniones, incluyendo algunas sobre métodos coercitivos de interrogatorio como el submarino, fueron retiradas por funcionarios republicanos que sucedieron a Yoo en el ministerio de Justicia. El viernes Yoo no quiso comentar el informe.
Sólo otros dos funcionarios del ministerio de Justicia fueron informados sobre el programa de la Agencia de Seguridad Interior (NSA) en sus primeros años, dice el informe: Ashcroft y el abogado de políticas de inteligencia, James Baker.
Ashcroft otorgó su autorización legal para los primeros dos años y medio sobre la base de una "impresión errónea" sobre el tipo de actividades que estaba realizando la NSA, dijo el inspector general.
En 2004, mientras el ministerio de Justicia obstaculizaba la aprobación de mayores extensiones del programa, Bush firmó una nueva autorización basándose en una recomendación jurídica de Gonzales, todavía en la Casa Blanca.
Más tarde, dice el informe, el fiscal general Gonzales dio informaciones "imprecisas" y "engañosas" en su declaración ante el Congreso cuando dijo que en 2004 el ministerio no había manifestado preocupaciones legales sobre el programa.
"La Casa Blanca trampeó el sistema", dijo Jameel Jaffer, del Proyecto de Seguridad Interior de la Unión Americana por las Libertades Civiles, "asegurándose de que las únicas personas que conocían el programa... fueran las que torcerían la ley para llegar a las conclusiones que quería la Casa Blanca".
11 de julio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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