ilegal e inútil
10 de agosto de 2009
Hemos sabido durante años que el gobierno de Bush ignoró y quebrantó la ley repetidas veces en nombre de la seguridad nacional. Ahora está claro que muchos de esos programas podrían haberse realizado igual de cómodamente dentro de la ley -y quizás de modo más efectivo y ciertamente provocando mucho menos daños al sistema judicial y a la fe de los estadounidenses en sus gobiernos.
Esa es la inescapable conclusión a la que llega un demoledor informe del inspector general de las comunidades de inteligencia y policial sobre el programa de interceptaciones sin orden judicial del presidente George W. Bush. El informe muestra que la tradicional exigencia de que el gobierno consiga primero una orden judicial no era un obstáculo para recabar informaciones de inteligencia sobre los terroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. De hecho, el argumento de que la ley era un obstáculo fue fabricada por abogados de la Casa Blanca y del ministerio de Justicia después de que Bush autorizara el espionaje de las comunicaciones internacionales de los estadounidenses.
De momento sabemos poco sobre el plan del gobierno de Bush de enviar equipos paramilitares encubiertos para asesinar a dirigentes de al Qaeda. Pero lo que está abrumadoramente claro es que no había ninguna justificación legal ni racional de la orden del vicepresidente Dick Cheney de ocultar al Congreso el programa de espionaje. El plan no fue nunca llevado a la práctica, aparentemente debido a que no era operacional. Pero es difícil imaginar al Congreso rechazando el asesinato de terroristas.
¿Así que, por qué violar la ley una y otra vez? Dos cosas parecen inquietantemente claras. Primero, el presidente Bush y sus asesores sufrieron un ataque de pánico después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y, segundo, Cheney y sus ideólogos, que se han mostrado siempre irritados por los intentos de poner límites legales al poder del ejecutivo, explotaron ese pánico para favorecer sus propios objetivos.
De acuerdo al inspector general, el memorando jurídico que justificaba las interceptaciones sin orden judicial fue escrito por John Yoo, en ese entonces subdirector de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia y autor de otros memorandos que torcían la ley para justificar la tortura.
En este caso, dice el informe, informó torcidamente tanto sobre la ley como sobre los detalles de la operación de interceptación para que pareciera que la Ley de Vigilancia Extranjera de 1978 era anticuada y que Bush podía ignorarla. Y, según el informe, Yoo pasó por alto a sus jefes en el ministerio de Justicia y entregó sus informes directamente en -adivinen- la oficina de Cheney.
Durante cuatro años, hasta que el Times revelara las interceptaciones sin orden judicial, Bush confirmó la autorización de estas cada 45 días, basándose en memorandos de la comunidad de inteligencia y del ministerio de Justicia. El informe dice que cuando los ‘memorandos de miedo’, como llegarían a ser conocidos, no eran suficientemente tenebrosos, los abogados bajo la dirección de Alberto Gonzales, asesor de la Casa Blanca y más tarde fiscal general, los revisaban u ordenaban "informaciones" adicionales "sobre la amenaza". Todos terminaban con un párrafo escrito por la Casa Blanca afirmando que se habían interceptado comunicaciones de terroristas que "poseían la capacidad y la intención" de atacar a este país.
Después de que Yoo y su jefe, Jay Bybee, dejaran el ministerio de Justicia, sus reemplazos concluyeron que el programa de interceptaciones era ilegal. La Casa Blanca finalmente cambió algunas partes del programa y luego exigió que el Congreso lo legalizara, pero sólo después de que la Casa Blanca tratara de obligar al ministerio de Justicia a ignorar sus propias conclusiones y después de que Robert Mueller, director del FBI, amenazara con renunciar.
Cheney ha tratado de evitar una rendición de cuentas alegando que las interceptaciones sin orden judicial salvaron miles de vidas. El informe dice que la CIA no podía indicar más que escasos beneficios directos. El FBI declaró que la mayor parte de las pistas que se recogieron, eran falsas. Otras nunca terminaron con la detención de nadie.
Este no es un caso aislado. Una vez que el equipo de Bush adquirió el hábito de romper la ley, su procedimiento operacional fue que todos los medios se justificaban: ordenar a los agentes de inteligencia del país torturar a los prisioneros; enviar inocentes al extranjero para que fuesen torturados; crear cárceles secretas donde los detenidos eran mantenidos ilegalmente sin que se les formulasen cargos.
Los estadounidenses todavía no conocemos toda la verdad. Incluso ahora, la mayor parte de lo que constató el inspector general es reservada, incluyendo otras interceptaciones autorizadas por Bush. El memorando original de Yoo también es reservado.
El presidente Obama se ha negado a iniciar una investigación completa de las numerosas leyes que fueron evadidas, torcidas o quebrantadas -destructivamente y sin asunto- durante el gobierno de Bush. Obama debería cambiar de opinión. Una rendición de cuentas completa es el único modo de asegurarse de que estos abusos no vuelvan a ocurrir.
16 de julio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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