contra el tratamiento compulsivo
27 de agosto de 2009
[Pedro Lipcovich] Argentina. "Este fallo debiera hacer caer el negocio de los tratamientos compulsivos, con internaciones prolongadas que los pacientes soportan a cambio de no ir presos, donde la facturación de las ‘comunidades terapéuticas’ importa más que los resultados", afirmó el diputado Leonardo Gorbacz. El legislador –cuyo proyecto de ley para crear un Plan Federal de Asistencia Pública a las Adicciones espera ser tratado en el Congreso– sostuvo que "ahora el Gobierno debe dinamitar la Sedronar, cuya razón de ser se basa en la represión al consumidor". Gorbacz –que integra el SI– preguntó "cuál es la verdadera voluntad política del gobierno", ya que "hay funcionarios con posiciones absolutamente encontradas sobre este tema". El legislador propone "un sistema nacional de prevención y asistencia de acceso gratuito para los problemas de drogas", pero duda "de que la mayoría de la clase política esté dispuesta a ponerse a la altura de este dictamen".
Con este fallo, que determina claramente la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia para consumo de cualquier droga, el estado de derecho llega a un conjunto de ciudadanos que estaban privados de él. Este fallo, en cuanto concierne a la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 23.737, debe conducir a desmontar las estructuras de negocio montadas en base a los tratamientos compulsivos. Porque en la penalización del consumo se basan las supuestas terapias que los pacientes se ven obligados a aceptar para no ir a la cárcel. Estos tratamientos con clientela cautiva conllevan internaciones prolongadas, con índices de recuperación bajísimos, lo cual se vincula con ese inicio compulsivo. La despenalización del consumo pone en crisis a las "comunidades terapéuticas" nacidas y reproducidas sobre la base de la penalización, que no facturan por éxito terapéutico sino por día de internación.
¿Qué otra consecuencia inmediata podría tener este fallo?
El gobierno debería dinamitar la Sedronar, cuya política y razón de ser se basa en la represión del consumidor. Esta es la primera señal que debería dar el Poder Ejecutivo. Hasta ahora, en el gobierno nacional persiste una contradicción: por una parte Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete, planteó una posición clara en favor de una reforma integral de la política de drogas, que no criminalice ya el consumo. Por otra parte, José Ramón Granero, titular de la Sedronar, se opuso abiertamente a esa posición. Conviven así en el gobierno dos funcionarios de alta jerarquía con posiciones absolutamente encontradas en relación con este tema. Esto abre el interrogante sobre cuál es la verdadera voluntad política del Poder Ejecutivo: ¿la de Aníbal Fernández o la de Granero?
¿Qué haría con la Sedronar?
Simplemente, que deje de existir; esta agencia no es más que un espejo de la DEA (Agencia contra la Droga de Estados Unidos). La Sedronar condensa la función de perseguir al narcotráfico con la asistencia de las adicciones: mezcla dos cosas que no tienen nada que ver, y hace mal las dos. Habría que adjudicar la coordinación de la asistencia a un área específica dentro del Ministerio de Salud. Y la persecución del narcotráfico debería quedar en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad. Un paso importante en este orden es el informe del Comité Científico Asesor del Poder Ejecutivo, que preside la fiscal Mónica Cuñarro.
¿Cómo valora el informe del Comité Asesor?
Es la primera vez que, desde un ente oficial, se aborda con seriedad el análisis de la problemática de las drogas. Hasta la aparición de este informe, la palabra oficial no había hecho más que desarrollar consignas fáciles, que alientan y sostienen los prejuicios de la sociedad. El documento demuestra la falta de coordinación de los organismos de seguridad, que en general se limitan a actuar en situaciones de flagrancia, sin trabajo de inteligencia ni coordinación que permita atacar los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico; muestra cómo el sistema penal actúa selectivamente sobre los consumidores más pobres; advierte que, en lugar de una política sanitaria, proliferan distintas organizaciones que dicen brindar asistencia y rehabilitación, con escasísimos controles.
¿Cuál es el eje de su proyecto de asistencia a las adicciones?
El proyecto de ley que presenté el año pasado (‘Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación’, pendiente de dictamen en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados) propone un sistema de prevención y asistencia de acceso gratuito, lo cual requiere una inversión importante de recursos nacionales en las provincias.
¿Cómo se puede constituir un sistema con criterios únicos para todo el país, cuando la atención de la salud está delegada en las provincias?
La inversión de fondos por el Estado nacional es una herramienta para eso. En rigor hay dos razones por las que la Nación debe poner fondos: la primera es el déficit de las provincias, ya que sus recursos se han reducido. La segunda razón es que ese aporte permitirá que la Nación ponga condiciones: privilegiar lo ambulatorio; respetar la autonomía de los asistidos; no tercerizar la atención en instituciones privadas, que están cruzadas por intereses económicos; trabajar en conjunto con otras áreas estatales. El proyecto también incorpora el modelo de reducción de daños: en la Argentina, todavía está extendida la idea de que el único abordaje posible es procurar el inmediato abandono del consumo; mejores resultados tiene contemplar, también, minimizar los daños asociados al consumo.
¿Qué otras áreas, además de Salud, debieran intervenir en este abordaje?
Trabajo, Educación, Cultura, Deportes, Derechos Humanos. Lo esencial es dar una respuesta amplia, que no se reduzca a un tratamiento psiquiátrico o psicológico; utilizar un modelo que permita evaluar cada caso y dar respuestas personalizadas: hay personas en las que lo prioritario es la posibilidad de inserción laboral o reinserción educativa; pueden ser convenientes las alternativas que desarrollen potencialidades artísticas.
Las Madres del paco han requerido, en cambio, más lugares de internación compulsiva.
Las Madres del paco tienen toda la legitimidad para pedirle asistencia al Estado, pero pueden equivocarse en los caminos que proponen. No hay por qué sacralizar las propuestas específicas que hacen para resolver un problema del que son parte.
¿Qué perspectivas ve para que efectivamente se apruebe una nueva ley en este sentido?
El fallo de la Corte, que es claramente un avance, ajustado a derecho y progresista, se produce sin embargo en un momento en que el escenario político se inclina hacia la derecha. Tengo mis dudas de que la mayoría de la clase política esté a la altura de actuar en consecuencia.
¿Qué otras cuestiones abre el fallo de la Corte?
Al plantear que la tenencia para consumo no es punible pero sólo cuando no constituya riesgo o daño para terceros, hace necesaria una nueva legislación, para que esto no quede tan abierto a la interpretación de cada juez. Más allá de esto, el Congreso nacional debe establecer un plan sanitario sobre drogas, en el marco de este paradigma que vuelve a poner al consumidor en un lugar de ciudadano. Y quiero advertir también que, en el orden del acceso a la ciudadanía, sigue pendiente el desarrollo de garantías para los pacientes de salud mental, que siguen sujetos a internaciones compulsivas arbitrarias –finalizó Gorbacz, autor del proyecto de Ley Nacional de Salud Mental que, pese a contar con dictamen favorable en todas las comisiones de la Cámara baja, perdió estado parlamentario a fin del año pasado.
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