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10 de septiembre de 2009
[Kristin Bricker] El 25 de agosto, la Suprema Corte argentina revocó una ley de los tiempos de la ‘guerra sucia’ que tipificaba como delito la posesión, de incluso pequeñas cantidades, de marihuana. En la decisión la Suprema Corte dictaminó que la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal está amparada por el Artículo 19 de la Constitución Argentina, el cual establece: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados."
La BBC reporta que el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo, "El Estado no puede establecer la moralidad," y la conducta privada es legal "mientras no ocasione peligro o daño para terceros."
La decisión no fue una sorpresa; fue precedida por foros públicos en los que jueces y legisladores argentinos llamaron a la despenalización a nivel internacional y trasladó a tribunales inferiores las decisiones que movieron al país cada vez más cerca de la despenalización. En 2007, el Congreso aprobó una ley que legalizaba la marihuana medicinal.
La decisión de la Suprema Corte significa que el Congreso argentino, que según se informa apoya el fallo, modifique las existentes leyes sobre drogas en un futuro cercano para que se cumpla la decisión de la Corte. La Suprema Corte ha dejado claro que su decisión solo se aplica para la marihuana, y solo en el caso del uso personal de los adultos. Sin embargo, queda por ver si el Congreso se pronunciará por aclarar el término "uso personal"—o podría ser como el caso de Uruguay y dejar a la determinación de los jueces la decisión caso por caso.
Hasta que el Congreso argentino apruebe la legislación estableciendo exactamente lo que significa el uso personal "los jueces tomarán las decisiones basados en casos concretos en función de los criterios que marque la Corte," dijo Alejandro Corda de la organización argentina Intercambios. Corda dijo al diario argentino Clarín que a su organización le preocupa que algunos jueces se resistan a la aplicación de la decisión de la Corte Suprema hasta que el gobierno establezca los criterios específicos que constituyen el "uso personal".
En la despenalización de pequeñas cantidades de marihuana y de otras drogas con fines médicos u otros, los países del continente han definido de manera diferente el término "uso personal." En los Estados Unidos, por ejemplo, los habitantes de Michigan pueden crecer hasta doce plantas de marihuana por vez con una prescripción médica. Ésta legislación le da a los residentes de Michigan una manera legal de obtener y consumir marihuana medicinal.
La reciente despenalización en México de posesión de marihuana, heroína, LSD y cocaína tomó un camino diferente. El Congreso mexicano despenalizó la posesión de una cantidad muy pequeña de esas drogas y ahora la trata simplemente como un problema de salud pública en lugar de uno criminal. Sin embargo, el compartir, vender, comprar, regalar o cualquier forma de intercambio de esas drogas continua siendo ilegal, significando que aún no hay una forma legal para que los consumidores obtengan los importes permitidos de su droga de elección. El limite legal de la posesión de marijuana en México de cinco gramos es muy pequeña para permitir a los mexicanos cultivar la marihuana para uso personal. La nueva política de drogas de México podría aliviar la presión en el sistema judicial y penitenciario del país al mantener a los infractores menores fuera de ellos, sin embargo, está lejos de ser una política de drogas radicalmente nueva o innovadora.
Rompiendo con las Políticas Estadounidenses sobre las Drogas
La Suprema Corte argentina dejó muy claro su intención de no apoyar la depenalización total de la marihuana, sino solo de pequeñas cantidades. En su decisión, la Suprema Corte alienta al gobierno a perseguir a los "verdaderos enemigos": los grandes narcotraficantes.
La decisión de la Corte argentina llega en un momento en que muchos países de Latinoamérica están cambiando sus políticas de drogas a la luz de la abrumadora evidencia que el modelo actual de prohibicionismo simplemente no funciona. A principios de año, los expresidentes César Gaviria de Colombia, Ernesto Zedillo de México y Fernando Henrique Cardoso de Brasil hicieron un llamado internacional para acabar con las estrategias prohibicionistas en favor de las estrategias basadas en la salud pública.
Lamentablemente, tanto México como Colombia no han escuchado el llamado de sus ex presidentes para "rectificar la estrategia de ‘guerra contra las drogas’seguida en la región durante los últimos 30 años." Ambos países tratan el consumo de drogas, como un problema de salud, no criminal. Sin embargo, los dos países, simultáneamente conducen guerras sangrientas contra las organizaciones narcotraficantes. En lugar de reconsiderar la estrategia de la guerra fallida contra las drogas, su decisión de despenalización de la posesión sirve solo para enmascarar la creciente militarización de ambos países. México, por ejemplo, al depenalizar la simple posesión, aprueba simultáneamente nuevas leyes anti-drogas que proporcionan a narcomenudistas callejeros sentencias obligatorias mínimas federales (ignorando por completo la clara diferencia entre los narcomenudistas de la calle y los grandes barones de la droga). También las nuevas leyes le otorgan a la policía poderes extensamente vastos, tales como la posibilidad de cateos a domicilios sin la necesidad de una orden, o la capacidad para llevar a cabo operaciones encubiertas de inteligencia. El Ejército Mexicano ha venido desempeñando tareas policiales desde el comienzo del gobierno de Calderón, dando lugar al aumento exponencial de ejecuciones y de violaciones a los derechos humanos. En lugar de alejarse de la fracasada estrategia de la guerra contra las drogas, México y Colombia han optado por la militarización a expensas de la seguridad pública.
A pesar de que México y Colombia han optado por afianzar aún más su guerra contra las drogas apoyada por los Estados Unidos, muchos otros gobiernos latinoamericanos están rompiendo con la políticas de drogas de los E.E.U.U. Si bien ningún país latinoamericano ha despenalizado completamente o legalizado las drogas, muchos países están experimentando con políticas innovadoras hechas específicamente para ese país y bajo su contexto, en lugar de aplicar la política de prohibición estilo estadounidense que dominó en el continente en el siglo pasado. Muchos de estos países ahora distinguen entre consumidores, pequeños narcomenudistas, y principales organizaciones del tráfico de drogas. Las nuevas políticas de drogas de los gobiernos latinoamericanos ofrecen a Argentina una gran variedad de posibilidades de su propia política de drogas mientas se mueve hacia la despenalización.
En Venezuela, por ejemplo, la simple posesión de marihuana y cocaína es legal. Si el usuario es sorprendido con más de la cantidad permitida, o con una droga distinta, un juez debe tener en cuenta las circunstancias del sospechoso previo a su sentencia, pudiendo elegir una sentencia suspendida. El presidente venezolano, Hugo Chávez cancelo el acuerdo de cooperación entre su país y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), alegando que apoyaba el tráfico de drogas y que era utilizada para "llevar a cabo operaciones de inteligencia en contra del gobierno [venezolano]." Chávez utilizó su ruptura con la DEA como una oportunidad para diseñar una nueva estrategia de control de drogas que de hecho casi ha suprimido la cocaína en Venezuela.
Cuando los bolivianos eligieron al indígena cocalero Evo Morales como su presidente, abieron la puerta para una nueva política para la coca: "Coca sí, cocaína no." Siguiendo los pasos de Chávez, el presidente Morales echó a la DEA del país. Estableció una distinción entre las cooperativas cocaleras que la cultivan para usos tradicionales y las organizaciones narcotraficantes que convierten la coca en cocaína para el mercado internacional. La posesión de la marihuana sigue siendo ilegal en Bolivia.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido a su gobierno revistar la política de drogas, a la que él llama "bárbara". "En la ley, es lo mismo el capo, el jefe del cartel de Cali y la pobre madre soltera, desempleada que se atrevió a llevar 300 gramos de droga. Esto es una barbaridad", dijo Correa. La ley de drogas ecuatoriana "viene de los 90 [y es] impuesta por los Estados Unidos a todos los países de América Latina."
Martín Jelsma, coordinador del Programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), dijo a la BBC que se espera que la legislatura ecuatoriana introduzca una nueva ley este mes que "no sólo despenalizaría el consumo, sino que bajaría las penas previstas para el ‘micro comercio’ de sustancias ilícitas". El presidente Correa quiere disminuir las penas para los pobres que se han visto obligadas por su situación económica de trabajar como "mulas" transportando relativamente pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos para los cárteles de las drogas. Correa pregunta, "¿Como van a creer ustedes que un desempleado que no es un criminal, a la final decidió viajar con droga, se vaya 12 o 16 años preso? eso es un absurdo."
Traducción de Fernando León.
©narconews 
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