investigación criminal sobre la cia
21 de septiembre de 2009
[Greg Miller y Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. El fiscal general Eric H. Holder se dispone a nombrar un prosecutor criminal para investigarlos presuntos maltratos cometidos por la CIA durante los interrogatorios de personas acusadas de terrorismo, declararon actuales y antiguos funcionarios del gobierno estadounidense.
Un alto funcionario del ministerio de Justicia dijo que Holder tenía en vista una pesquisa que sería más "limitada" en alcance, concentrándose en "si la gente fue más allá de las técnicas autorizadas" en los memorandos del gobierno de Bush que interpretaron liberalmente las leyes contra la tortura.
Actuales y antiguos funcionarios de la CIA y del ministerio de Justicia que tienen conocimiento de primera mano sobre los documentos con los interrogatorios dicen que será difícil obtener sentencias criminales debido a la pobre calidad de las pruebas y porque los fundamentos jurídicos no han sido probados nunca.
Algunos casos no conocidos previamente, incluyendo una instancia en que un operativo de la CIA llevó un arma al cuarto de interrogatorios para obligar a hablar a un detenido.
Otros abusos potencialmente criminales ya han surgido a superficie, incluyendo la aplicación del submarino a prisioneros, por encima de las instrucciones del ministerio de Justicia, y la muerte de detenidos bajo custodia de la CIA en Iraq y Afganistán en 2002 y 2003.
Iniciar una investigación criminal es algo que Holder "ha llegado a considerar a regañadientes", dijo el funcionario del ministerio de Justicia, enfatizando que Holder no había tomado una decisión definitiva, pero observando que "como fiscal general, tiene la obligación de aplicar la ley". Otros familiarizados con la manera de pensar de Holder dicen que una investigación semejante es poco probable y que se elegirá a un prosecutor probablemente de una corta lista que Holder pidió componer a sus subordinados.
El prosecutor estudiará casos que tengan en general al menos cinco años de antigüedad y probablemente algunos que ya fueron revisados por prosecutores de carrera que concluyeron que no podían ser procesados.
"No les reprocho que no quieran investigar", dijo un alto funcionario del ministerio de Justicia familiarizado con los detalles del programa. "Pero si nombran a un prosecutor especial, a fin de cuentas será inútil, y podría continuar indefinidamente y causar enormes daños colaterales en ruta a resultados insuficientes".
Temiendo lo peor, un pequeño número de funcionarios de la CIA suspendieron sus planes de jubilación o de renuncia en la agencia para mantener su acceso a archivos clasificados y en mejor posición para defenderse ante una investigación de Justicia.
"Una vez que estás fuera, se pone mucho más difícil", dijo un agente de la CIA jubilado, que dijo que había hablado hace poco con colegas. La pesquisa también abarcaría a contratistas privados que trabajaron para la CIA durante los interrogatorios.
Actuales y antiguos funcionarios entrevistados para este reportaje hablaron a condición de conservar el anonimato debido al secretismo que todavía rodea las deliberaciones de Holder y los detalles de los documentos con los interrogatorios.
El presidente Obama ha expresado repetidas veces su reluctancia a iniciar una investigación criminal del programa de interrogatorios, pero ha dejado espacio para la persecución de individuos que hayan quebrantado la ley.
Obama y Holder han dicho ambos que creen que el submarino constituye tortura. Una investigación plantearía espinosos problemas políticos para el gobierno, y probablemente se cuestionaría su honestidad.
"Una investigación que se concentre solamente en los operadores de bajo nivel sería, creo yo, mejor que nada en absoluto", dijo Tom Malinowski, de Human Rights Watch. Una pesquisa también introduciría una nueva cuña entre la CIA y el ministerio de Justicia, agencias con una polémica historia que han tratado de colaborar más estrechamente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El interés de Holder en el nombramiento de un prosecutor para iniciar una investigación que según se dice surgió después de que leyera recientemente un informe todavía reservado de 2004, escrito por el inspector general de la CIA, mencionando extensos problemas y abusos en el programa de interrogatorios de la agencia. El grueso del informe será dado a conocer más tarde este mes.
El agente de la CIA dijo que el capítulo más inquietante gira sobre el submarino, una técnica de tortura en la que el prisionero es amenazado con la muerte por inmersión.
El ministerio de Justicia autorizó la aplicación del submarino en un memorando de agosto de 2002, que contenía un escrito legal que sería crucial para cualquier investigación criminal. Mientras permitía los métodos aprobados para ser "usados más de una vez", el memorando estipulaba que "la repetición no será substancial, porque las técnicas en general pierden efectividad después de varias repeticiones".
Un párrafo en el informe de la CIA desclasificado a principios de este año dice que el método fue usado "al menos 83 veces en agosto de 2002" con Abu Zubaydah, el primer alto operativo de al Qaeda capturado por la agencia. Entonces el submarino fue empleado "183 veces durante marzo de 2003" con Khalid Shaikh Mohammed, el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El inspector general también expresó su alarma por la cantidad de agua que se utilizaba. Antes que chorrear agua desde una cantimplora, como se visualizaba en el memorando de 2002, los interrogadores de la CIA "echaban grandes volúmenes de agua", planteando interrogantes sobre si el método "era eficaz o médicamente responsable".
Debido a estas discrepancias documentadas, funcionarios del ministerio de Justicia y juristas consideran los abusos por el submarino como casos que podrían terminar en procesos judiciales.
Incluso así, los casos se ven entorpecidos por complicaciones jurídicas y logísticas.
La ley contra la tortura exige demostrar que un individuo "tenía específicamente la intención de infligir severos dolores físicos o mentales o sufrimiento", un desalentador umbral legal.
Más allá de eso, los funcionarios dijeron que no estaba claro que los interrogadores de la CIA estuvieran informados sobre las restricciones detalladas en el memorando del ministerio de Justicia.
"Varias personas podrían decir honesta y correctamente: ‘No lo sabía’", dijo un ex agente de la inteligencia estadounidense familiarizado con el funcionamiento del programa de interrogatorios.
El informe de la CIA también menciona casos en los que los interrogadores participaron en improvisaciones potencialmente ilegales. Un interrogador blandió un arma de fuego, contaron ex agentes de la CIA. Otros prisioneros fueron aparentemente amenazados con apremios corporales, incluyendo el ser enterrado vivo.
El portavoz de la agencia, Paul Gimigliano, dijo que la CIA cooperó extensamente en "referir acciones para potenciales procesos judiciales y en tratar con prosecutores que decidieron si y cuando casos específicos podían ser llevados a tribunales". Hasta la fecha, sólo ha habido un caso. En 2007, un contratista paramilitar de la CIA, David A. Passaro, fue sentenciado a ocho años de prisión después de ser condenado por usar una linterna para golpear a un detenido afgano, que murió posteriormente.
Además del extenso documento de 2004, el ex inspector general de la CIA, John L. Helgerson, jubilado recientemente, también produjo más de un docena de informes subsiguientes que podrían motivar una investigación del ministerio de Justicia.
Entre ellos se encuentra los estudios de otros casos que implicaron la muerte de prisioneros bajo custodia de la agencia.
En 2002, un prisionero afgano murió por hipotermia después de ser desnudado, rociado con agua y abandonado toda una noche en un gélido calabozo de la CIA cerca de Kabul. Un agente de la CIA hace frente a sanciones internas sobre el episodio, pero el operativo encubierto a cargo del recinto fue más tarde ascendido a jefe de estación en Bagdad, dijeron ex agentes de la CIA.
Un año más tarde un prisionero iraquí murió por asfixia después de ser capturado en un violento allanamiento de los marines de la Armada [SEALS] y después de que sus brazos fueran encadenados por detrás de su espalda en una celda de interrogatorio de la CIA en la infame cárcel de Abu Ghraib.
El comandante del equipo de SEALS fue más tarde absuelto de cargos criminales. El interrogador de la CIA, Mark Swanner, no ha sido acusado.
Se cree que los dos casos estaban entre los diecinueve que fueron examinados por un grupo de trabajo del ministerio de Justicia instalado en Alexandria, Virginia, en 2004 para investigar posibles abusos de la CIA. La comisión no investigó la aplicación del submarino.
Ex funcionarios del ministerio de Justicia familiarizados con el programa dijeron que diecisiete de esos casos fueron rechazados a mediados de 2006. No está claro qué pasó con los otros dos. Un funcionario mencionó una plétora de problemas, incluyendo la dificultad de localizar a los testigos e identificar documentos -tales como análisis clínicos o autopsias- que pudieran ser aceptados en un tribunal federal.
"Queríamos llevar estos casos a tribunales", dijo un ex funcionario de Justicia familiarizado con el asunto. "Los buscamos por todas partes, y simplemente no estaban ahí. No estaban ahí debido al modo en que se realizó la investigación, debido a los hechos, debido a que no había testigos ni pruebas".
2 de agosto de 2009
©los angeles times 
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