la mala hora de los generales
30 de noviembre de 2009
El general Jaime Humberto Uscátegui había sido exonerado por la masacre de Mapiripán hace dos años, pero el fallo fue derogado y ahora recibe una dura condena de 40 años. El fallo, aunque controvertido, revela una nueva doctrina de la justicia frente a los mandos. El proceso para-castrense apenas comienza.
Colombia. El general Jaime Humberto Uscátegui no esperaba una condena de 40 años por la masacre de Mapiripán. La noticia le llegó como una amarga sorpresa la semana pasada, cuando se supo que el Tribunal Superior de Bogotá derogó la decisión que hace dos años tomó un juez, que lo había exonerado. La historia de Uscátegui ha sido muy controvertida y ha dividido las opiniones entre quienes creen que hizo parte del complot criminal y quienes creen que es una víctima más de los paramilitares.
Todo comenzó en 1997, cuando Carlos Castaño envió desde Urabá dos aviones cargados de paramilitares, que volaron por medio país hasta aterrizar en San José del Guaviare y empezar una lenta y pavorosa arremetida contra un pueblo a orillas del río Meta, lleno de coca y guerrilla, llamado Mapiripán, del que prácticamente nadie en Colombia había oído hablar hasta entonces. Con libertad se movieron por ríos y carreteras, llegaron al pueblo y a lo largo de cinco días se dedicaron a matar, secuestrar, desaparecer y desplazar a la gente que consideraban guerrillera.
A pesar de que había Policía Antinarcóticos (colombianos y gringos) en la región y Ejército por todas partes, nadie hizo nada para proteger a la gente. Por el contrario, hubo facilitación, encubrimiento, mentiras, y falsos testimonios. Muy pronto se supo que algunos militares de la Brigada Móvil 2 habían sido cómplices de la matanza. Varios oficiales de diferentes rangos fueron condenados a duras penas de prisión. Pero durante años quedó sin resolver la situación de Uscátegui, quien era comandante de la Brigada VII del Ejército en la época en que sucedieron los hechos.
Uscátegui siempre usó dos poderosos argumentos en su defensa. El primero era que cuando ocurrió la masacre él no tenía mando sobre las tropas acantonadas allí, que pertenecían al Batallón Joaquín París. Y en todo caso, que la información que le envió el comandante de este Batallón, el teniente coronel Hernán Orozco, fue vaga, imprecisa y no permitía saber la magnitud de los crímenes que allí se estaban cometiendo. Hace dos años un juez dio crédito a sus argumentos, lo exoneró por los cargos de homicidio agravado y secuestro y le dictó una condena corta de 40 meses, por haber alterado un documento público. Ese fallo es el que acaba de dejar sin piso el Tribunal Superior de Bogotá, después de que fue impugnado por la Fiscalía, la Procuraduría y el Colectivo de Abogados José Alvear, que representa a las víctimas.
Los magistrados consideraron que Uscátegui era responsable de brindarle seguridad a Mapiripán, porque ésta hacía parte de la jurisdicción de la Brigada VII que él comandaba. Encontraron pruebas suficientes de que el Batallón Joaquín París, que actuaba en esa zona, respondía a sus órdenes -aunque también a las de la Brigada Móvil 2- , que tuvo suficiente información sobre la incursión paramilitar y que, sin embargo, no hizo nada por proteger a la gente. Y como si fuera poco, que trató de engañar a la justicia. En últimas, que su actuación fue crucial para garantizar que los paramilitares cumplieran su objetivo de convertir a ese remoto pueblo en una carnicería humana.
"El Tribunal no estudió a fondo las pruebas. Yo he demostrado en un largo juicio mi inocencia y ahora tendré que demostrarle a la Corte Suprema que aquí se está cometiendo una injusticia conmigo", dice Uscátegui, quien tan pronto supo por la radio que habían ordenado su captura, se recluyó voluntariamente en la Escuela de Artillería.
Este fallo es, además de controvertido, histórico, revelador y tendrá consecuencias mayores. Es histórico porque es la primera vez que un General de la República es condenado por la justicia ordinaria, y que se imparte una dura sanción a un alto oficial por violaciones a los derechos humanos. En muy pocos casos los altos mandos militares han comparecido ante tribunales, y estos casi siempre han sido castrenses. El mismo Uscátegui había sido condenado por la Justicia Penal Militar por los hechos de Mapiripán, pero bajo el cargo de omisión, a una pena de cinco años.
También se rompe una tradición en la justicia colombiana -considerada por muchos críticos una práctica de impunidad- según la cual en las más graves violaciones a los derechos humanos terminaban condenados los militares de rangos medio y bajo. La justicia, en cambio, había sido indulgente con los generales.
La sensación de que los generales eran intocables ha empezado a cambiar. Primero, porque el Presidente destituyó a por lo menos tres generales bajo sospecha de haber sido negligentes frente a los casos de "falsos positivos" que se estaban cometiendo en sus jurisdicciones. Segundo, con la investigación a los altos mandos que tuvieron bajo la responsabilidad la violenta retoma del Palacio de Justicia, hace 24 años, y tercero, con la investigación y el juzgamiento de un general activo, el almirante Gabriel Arango Bacci, señalado por la contrainteligencia de su propia fuerza de haber favorecido narcotraficantes. A esto se suman varias capturas y juicios por casos de violaciones de derechos humanos y paramilitarismo que involucran a generales activos y en retiro.
El fallo contra Uscátegui también es revelador porque muestra hacia dónde va la justicia. Aunque muchos sectores castrenses han esgrimido el peregrino argumento de que este giro de la justicia es parte de la "guerra jurídica" de las Farc, de unas ONG que buscan dinero o de los enemigos del gobierno, lo que ocurre en realidad es que la justicia está desarrollando doctrinas universales que son más drásticas con quienes ejercen mando militar. Estas tesis buscan sobre todo elevar el costo moral de las violaciones de los derechos humanos y, por esta vía, proteger a los civiles de la barbarie de la guerra.
El caso de Uscátegui tiene varios antecedentes. El primero es que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Mapiripán. La Corte no sólo le ordenó reparar a las víctimas. También instó al Estado a: "realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y complementar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aquiescencia hicieron posible la comisión de la misma". Es importante recordar que aunque los hechos de Mapiripán ocurrieron antes de 2002, año en que entró en vigencia el Estatuto de Roma, la mayoría de las víctimas son desaparecidos, y eso hace que el caso pueda llegar a la Corte Penal Internacional, si hay impunidad en Colombia.
Otro factor que contribuye al juzgamiento ejemplar de altos mandos militares es el proceso de Justicia y Paz, donde se supone que se ventilan las verdades ocultas de una guerra que ha sido sucia y despiadada. En estos relatos los militares salen bastante mal. Hay una lista de casi 150 oficiales mencionados, de los cuales por lo menos una docena son generales. Se han compulsado copias para que se les investigue. La mayoría está en preliminares, y unos pocos en indagatoria o expedición de órdenes de captura. Esto no sorprende a nadie. Después de lo traumático -pero necesario- que ha sido el proceso de la para-política, es evidente que está a punto de comenzar uno sobre las relaciones entre los paras y los militares, para el que se tienen que preparar las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, Uscátegui no ha sido mencionado por ningún paramilitar como colaborador o cómplice de Mapiripán, y el fallo de los jueces se basa exclusivamente en las pruebas del proceso. ?
Acusado por Acción
Este fallo también tendrá consecuencias jurídicas y políticas. Los magistrados condenan a Uscátegui por homicidio agravado, secuestro y falsedad en documento público. Es decir, por acción. Los jueces creen que el general facilitó el plan criminal, al tiempo que le faltó mando y control sobre los hombres del Batallón París, que fueron cómplices de la matanza. Esto es trascendental porque la justicia moderna ha acogido la tesis de que el mando debe responder por los delitos que cometan sus subalternos en contextos de guerra. Se sabe que los ejércitos son organizaciones piramidales donde el mando y el control son verticales y, en consecuencia, tanto los méritos como las responsabilidades recaen en el comandante.
No obstante, este concepto del Tribunal es el más controvertido, pues en ninguna parte del fallo hay pruebas de que Uscátegui haya conspirado para que se realizara la masacre. "No hay ningún paramilitar que haya mencionado mi nombre", dice el general. Tampoco hay evidencias de relaciones suyas con las AUC. Por eso considerarlo autor de la masacre podría ser exagerado. Dado que el alto tribunal le critica la grave negligencia de no haber actuado, muchos creen que si había lugar a una condena, debía ser por omisión, lo cual no sería tan drástico como la que recibió.
Como Uscátegui no es el único general que enfrenta un juicio por masacres, es de esperarse que la justicia va seguir en esta línea -y tiene en la mira a muchos generales sobre los que hay acusaciones aún más graves-. Es el caso por ejemplo del general Francisco René Pedraza, quien fue capturado hace pocas semanas en la IV Brigada (y después puesto en libertad), pues está vinculado a la masacre del Alto Naya, cometida por las AUC. Alias ’H. H’, otros paramilitares, y algunas víctimas dicen que el Ejército, bajo el mando de Pedraza, les abrió paso a los verdugos para que cumplieran la misión de matar a 26 campesinos.
También está preso Rito Alejo del Río, acusado de un homicidio cometido por los paramilitares del ’Alemán’ en el Urabá chocoano, según la Fiscalía, en complicidad de soldados bajo el mando de Del Río. Aunque la conexión entre el general y ese crimen específico es difícil de establecer, la situación de Del Río no se resolverá fácilmente, pues la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el proceso que por vínculos con paramilitares ya le había cerrado la justicia. Lo nuevo es que varios jefes paramilitares han dicho que hubo reuniones con el general en Urabá y que les colaboró en muchas ocasiones.
El general Iván Ramírez está detenido por la retoma del Palacio de Justicia, junto al coronel Alfonso Plazas. Este ha sido un proceso controversial en el que el punto crítico a resolver es quién tenía el mando, la información y tomó las decisiones para que por lo menos nueve personas que salieron con vida del Palacio de Justicia terminaran desaparecidas. Pero Ramírez también ha sido mencionado por jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, como uno de los principales aliados de las AUC.
Vale la pena aclarar que el solo testimonio de los paramilitares o delincuentes no inculpa a los militares. Pero quizá las más importantes son las consecuencias políticas que esta condena puede tener. Un sector importante de militares considera que la actuación de la justicia es parte de la "guerra jurídica" de las Farc, y que la guerrilla busca golpear la moral y la legitimidad de las tropas. El propio Presidente así lo cree, pues lo ha dicho en muchas ocasiones. Incluso le dijo al ministro de Defensa, Gabriel Silva, que la defensa jurídica de los militares debería ser su prioridad.
Pero más que guerra jurídica, esta es una tendencia internacional. El año pasado Argentina condenó a cadena perpetua a dos octogenarios generales por la desaparición de un ciudadano. Pinochet murió como un criminal de guerra y no con los honores que hubiera soñado. El gobierno de El Salvador acaba de pedir perdón porque militares participaron en el asesinato de monseñor Romero y de un grupo de jesuitas en la década de los 80, y en Perú y Guatemala los juicios a militares no han faltado.
Lo que revela esta actuación de la justicia es el fortalecimiento de la democracia. Quiere decir que en Colombia está en decadencia la idea de que el fin -combatir a la guerrilla- justifica los medios -aliarse con los paramilitares-; una falsa doctrina que hizo carrera entre los militares y policías de más de una generación. Pero también demuestra que las autoridades civiles están por encima del poder militar. Mucha de la impunidad que durante tanto tiempo le hizo daño al país estaba basada en que los generales eran intocables. El mensaje actual es que un crimen es un crimen, cualquiera que sea el rango de quien lo cometa. Y que si algo atenta contra la legitimidad y el honor militar son estas masacres, y no los fallos de los jueces.
No obstante, no deja de ser paradójico que mientras los paramilitares pagarán ocho años por haber matado a miles de personas, o que miles de combatientes de las autodefensas que cometieron los peores crímenes estén libres, los militares terminen con máximas penas de hasta 40 años.
Está por verse qué reacciones desatará un fallo tan drástico como este. No sólo entre militares que pueden interpretarlo como una falta de respaldo del Estado hacia ellos, sino en sectores políticos y de la sociedad que consideran que los militares han puesto el pecho en la guerra y han terminado siendo juzgados con más dureza que los propios jefes guerrilleros y paramilitares.
Nadie desconoce que 12 ó 15 años atrás la situación del país era otra. La guerrilla estaba a la ofensiva, los militares estaban duramente golpeados y en el filo de la derrota, y los paramilitares emergían como falsos salvadores en muchas regiones del país, donde eran aupados por las elites locales.
Pero nada de ello atenúa la gravedad de la masacre de Mapiripán, que los paramilitares pudieron cometer, durante cinco días, sin que nadie los detuviera.
©semana 
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