restitución en sierra nevada

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Justicia y Paz devolvió 223 hectáreas en San Pedro de la Sierra a 24 familias campesinas, quienes habían sido beneficiarios del Incora, pero que guerrilla y  paramilitares habían desplazado en dos ocasiones, y en la última, habían entregado sus casas a los gnósticos.

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Colombia. Si las autoridades logran que esta restitución sea exitosa, será buen augurio para la devolución masiva de tierras que ha anunciado el nuevo gobierno.
El pasado primero de septiembre terminaron diez años de desplazamiento y estigmatización para 24 familias campesinas pertenecientes a una cooperativa agrícola que fueron tres veces expulsadas de dos fincas que el Incora les adjudicó en 1998.
En 2001 los expulsaron de su tierra los guerrilleros, quienes decían que la cooperativa había sido constituida por una familia de ‘paracos’.  Dos años después los paramilitares los acusaron de ser colaboradores de la subversión y les quitaron la tierra. Y tres años más tarde, cuando las autodefensas se desmovilizaron y ellos volvieron pensando que podían recuperarlas, encontraron sus fincas invadidas por miembros de una comunidad Gnóstica, quienes la habían ocupado desde junio de 2004, con autorización de los paramilitares.
El jueves dos de septiembre, tras 48 horas de diligencia judicial, la coordinadora de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, Zeneida López Cuadrado, Fiscal 9a delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, restituyó de manera provisional las fincas La Paz y San Carlos, en las veredas Guaimaro y Camagual en el corregimiento San Pedro de la Sierra, en Ciénaga, Magdalena, a la Cooperativa Agrícola San Carlos, Cooagrosac Ltda. La medida cautelar de devolución de las tierras fue ordenada por la magistrada de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Zoraida Chalela Romano, a petición de la fiscal López en audiencia celebrada el 1 de julio pasado. En la devolución de las fincas estuvo presente la Procuraduría, la Defensora del Pueblo del Magdalena, los defensores públicos de las víctimas, los investigadores criminalísticos de justicia y paz del CTI, una delegada del Ministerio del Interior, la coordinadora de la CNRR regional Barranquilla, observadores de la Mapp-OEA y del Consejo Noruego para Refugiados, una delegada del ICBF, un escuadrón del ESMAD de la Policía y otro grupo del Batallón de Alta Montaña del Ejército, adscrito a la Segunda Brigada en Santa Marta.
Ambas fincas cafeteras, que suman más 200 hectáreas, habían sido de propiedad de la sociedad Inversiones Fernández De Castro, familia que se vio obligada a venderlas al Incora en  1997 por las amenazas de la guerrilla. En la región extorsionaban y secuestraban los frentes 17 de diciembre del Eln y el 19 de las Farc. La cooperativa beneficiaria de la adjudicación, fue constituida por 34 familias campesinas, mayoritariamente oriundos de San Vicente de Chucurí, quienes recuerdan haber llegado adolescentes a la región (1986), huyéndole a la violencia en Santander. De los beneficiarios originales hoy sólo quedan 24 familias y, de estas, 13 estuvieron en la restitución de las fincas. Algunos están en Santa Marta, tres de ellos fueron asesinados y otros desaparecieron. La Fiscalía espera que otras 11 familias, cuando superen el miedo y la incertidumbre que han vivido, puedan volver.
En 1999 y 2000 cosecharon café, pero en 2001, el comandante guerrillero que había en la zona le dijo al representante de Cooagrosac, Pedro Antonio Padilla Montero, que la cooperativa se tenía que disolver porque había sido constituida con el respaldo de la familia Fernández De Castro a quienes la guerrilla calificaba como ‘paracos’. Padilla le dijo que ellos no podían disolver la cooperativa y prefirió dejar la tierra ante las amenazas de los guerrilleros.
A finales de 2002 y comienzos de 2003 el Ejército ingresó en la zona propinándole bajas a los dos frentes guerrilleros, diezmándolos y obligándolos a replegarse hacia la parte más alta de La Sierra. Detrás del Ejército entró el Bloque Norte de las autodefensas, que había unificado el mando en cabeza de alias ‘Jorge 40’ después de una guerra de tres meses con las Autodefensas de Magdalena y La Guajira comandadas por Hernán Giraldo. En septiembre del mismo año, José Daniel Mora López, alias ‘101’ o ‘Guerrero’, subalterno del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, entregó a Edgar Arenas Márquez, del Movimiento Gnóstico, las dos fincas que el Incora había adjudicado originariamente a la Cooperativa Agropecuaria San Carlos, según lo  declaró el mismo Arenas en 2006 a funcionarios de Incoder que realizaron una inspección. Además de las dos fincas restituidas el pasado jueves 2 de septiembre, otras tres fincas, La Dilia, La Sevillana y San Isidro, se encuentran en la misma situación, bajo una posesión ilegal del movimiento gnóstico, y  también son reclamadas por sus propietario. Otra más, La India, ya fue recuperada por los beneficiarios del Incora.
Pedro Padilla y Gustavo Sanabria, representante legal y presidente de la junta directiva respectivamente de Coograosac, intentaron recuperar la tierra, pero los Gnósticos le decían que ellos estaban ahí por orden de los paramilitares y que no iban a devolverlas. A pesar de amenazas reiteradas contra su vida y la de sus familias, Padilla y Sanabria no abandonaron la región, alquilaron tierras, se dedicaron también al mototaxismo, se mantuvieron unidas en un templo cristiano y continuaron luchando por la tierra que el Incora les había adjudicado. Iniciaron un proceso reivindicatorio ante el Juzgado Civil de Ciénaga, pero el juez, a pesar de que reconoció que eran los dueños de las fincas, no falló a su favor porque la demanda era contra otros ocupantes. Se encontraban a diario con los Gnósticos, quienes, según Padilla y Sanabria, los amenazaban y acusaban de entrar a las fincas a coger mango, cacao y plátano. ‘Los que debíamos estar bravos somos nosotros, los dueños de la tierra’, dice Edgar Oses, otro miembro de la cooperativa.

La Fiscalía Escucha a las Víctimas en la Finca San Carlos
Al desmovilizarse los grupos paramilitares, los miembros de la cooperativa creyeron que era el momento de regresar, pero los Gnósticos se negaban a devolver las tierras y amenazaban con mover sus influencias en Acción Social a través de Eduardo Rincón,  principal directivo de esta comunidad gnóstica dueño de tres fincas en la región, y quien, según dicen en San Pedro de la Sierra, tenía influencias en los organismos de seguridad y respaldo político. Coincidencialmente un buen número de miembros de los gnósticos son originarios de Pensilvania, Caldas, de donde es oriundo el anterior director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos.
Ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Barranquilla, los ex jefes paramilitares Hernán Giraldo Serna y Norberto Quiroga, ambos extraditados, confirmaron en sus versiones libres que los Gnósticos estaban ocupando esas tierras con el respaldo de los paramilitares. Hernán Giraldo dijo en una de sus versiones que la finca pertenecía a la cooperativa y que los gnósticos estaban ahí de manera provisional, y pidió que entregaran las tierras a sus legítimos dueños. Posteriormente, José Daniel Mora López, conocido con los alias de ‘101’, ‘Guerrero’ o ‘66’, quien ejercía control sobre las veredas de Camagual y Guaimaro, en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, confirmó que él expulsó a los miembros de la cooperativa y entregó la finca al representante de los Gnósticos, sociedad religiosa que pagaba anualmente a las autodefensas 35 millones de pesos por usufructuar la propiedad. Llamó también a que les fueran devueltas a sus verdaderos dueños porque no les pertenecían.

La Diligencia
La Fiscalía organizó la diligencia con la asistencia de todas las instituciones con el fin de garantizar el debido proceso. En  representación de Acción Social no fue nadie, a pesar de haber sido notificados oportunamente como todas las demás. Desde el comienzo el ambiente fue tenso y había temor de que hubiera resistencia física. La primera finca acordada para iniciar la diligencia fue San Carlos, de 153 hectáreas, a 993 metros de altura. En la primera casa, conocida como La Palomera, se encontraba el señor Saúl Castañeda, de 67 años, y su esposa o compañera, Blanca Mery Carvajal. Allí se les notificó de la diligencia que se iba a iniciar en la casa principal de la finca, distante a unos 500 metros.
También se hizo presente Oscar Iván Giraldo Arbeláez, quien sin acreditar ningún título de propiedad o posesión del bien, se identificó como miembro de la sociedad Gnóstica y con un teléfono celular filmaba a la fiscal Zeneida López, quien le advirtió sobre su irrespetuosa conducta. A pesar de su actitud desafiante, la fiscal le notificó de qué se trataba la diligencia y lo puso en conocimiento de la decisión de la magistrada de Justicia y Paz.
En la casa principal de la finca San Carlos,  la Fiscalía encontró a Carmenza Jiménez Beltrán y dos hijas, quien dijo vivir desde hace dos meses en el inmueble con una hija de 18 años, un varón de 12, no presente, y una niña de 9 años. Se le notificó a las personas encontradas en la finca que por decisión judicial la finca sería devuelta a los propietarios, los miembros de Cooagrosac Ltda. La diligencia comenzó pasado el mediodía en medio de un torrencial aguacero. En desarrollo de la misma llegó Fabián Ramírez García, quien se identificó como estudiante de la Gnosis y trabajador de la finca, pero dijo no vivir allí. Ramírez se acercó a la Defensora del Pueblo del Magdalena, Liceth Peñaranda, para pedirle que hablara con su abogado, Iván Darío Guerra Niebles, quien se encontraba al teléfono, pero la defensora le dijo que no podía hacerlo pues la diligencia había comenzado y cualquier pronunciamiento sólo podía hacerlo ante las partes presentes.
La Fiscalía ordenó a un topógrafo identificar el inmueble por sus coordenadas mientras los investigadores y asistentes judiciales inspeccionaban la casa y las demás instalaciones. Encontraron una construcción en estado de deterioro, la maquinaria para despulpar café desarmada y cubierta por la maleza, dos habitaciones, una cocina, comedor y un zarzo destruido, las albercas del beneficiadero llenas de maleza y sucias, muestra de que allí no se realizaba ninguna actividad productiva. Había adentro de la casa otras bodegas con carbón, listones de madera, un abrevadero semidestruido, otra habitación con varios colchones podridos. En resumen, la casa principal de la finca San Carlos, y otra adicional para cinco familias de trabajadores, donde antes podía haber hasta 65 trabajadores recogiendo café, se encuentra semidestruida y sin condiciones para ser habitada, informaron los peritos judiciales. La finca contaba con una turbina Pelton movida hidráulicamente la cual generaba energía para hacer funcionar la despulpadora y dar luz. Los cultivos de café fueron descritos como "unas rastrojeras", también abandonados.
Los ocupantes del predio, queriendo hacer oposición a la diligencia, sólo manifestaban inconformidad porque decían que se estaba entregando la finca a miembros del Frente 19 de las Farc, que ellos necesitaban quedarse allí para poder dar seguridad y que no volviera la guerrilla. Pedían consideración con los adultos mayores y la madre cabeza de familia con dos menores, quien según ellos no tenían adonde ir. Pero que eran estudiantes de la gnosis,  movimiento que, según manifestaron ellos, tenía otras fincas en la región. La delegada del ICBF intervino para manifestar a la madre cabeza de familia y a los adultos mayores, que esa institución podía acoger a los menores y a los adultos brindándoles atención mientras resolvían su situación definitiva. Los estudiantes de la Gnosis dijeron que habían sido atropellados por la guerrilla y los paramilitares los habían obligado a ocupar las fincas.
El primer día de audiencia terminó pasadas las siete de la noche, pero la entrega del bien se aplazó para la mañana del día siguiente pues seguía lloviendo y la oscuridad impedía el desarrollo de la diligencia. Cuando terminaba la tarde otros miembros de la comunidad gnóstica se hicieron presentes, pero tampoco acreditaron ninguna calidad de poseedores o propietarios y por tanto, también les fue rechazada la oposición que pretendieron hacer a la devolución. Hace cuatro años, ante funcionarios del Incoder, Edgar Arenas había dicho que ´tenían la necesidad de vivir en estas fincas por seguridad y porque necesitan el agua de estas fincas para llevarla hasta las fincas Santa Cruz, El Santuario y Las Camelias’, de propiedad de Eduardo Rincón, la cabeza visible de los Gnósticos, según ellos mismos han dicho.

La Fiscal Escribe Su Decisión
A las nueve de la mañana, al reanudarse la audiencia, asistió Iván Darío Guerra Mieles,   quien se presentó como abogado de quienes decían vivir en las fincas, pero tampoco hizo oposición jurídica,  se limitó a reclamar falta de notificación y protección para los adultos mayores y los menores de edad. Sin embargo, y ante la propuesta del ICBF de acoger a los adultos y a los menores, todos rechazaron la oferta. La fiscal le explicó que se trataba de una medida provisional de restablecimiento del derecho, que se resolvería de manera definitiva ante  la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, y que contra las decisiones cabían los recursos de ley.
Pasadas las doce del día, cuando terminó la diligencia, la fiscal entregó formal y materialmente la finca a Pedro Antonio Padilla, representante legal de la cooperativa y autorizó el ingreso de sus miembros a la casa. Los gnósticos recogieron sus enseres, los cuales fueron llevados La Reserva, una de las fincas de Eduardo Rincón el líder del movimiento.
En horas de la tarde se inició la segunda diligencia en la Finca La Paz, con una extensión de 70 hectáreas, en donde se encontraban en calidad de residentes Edgar Ricardo Bohórquez y José Ignacio Chávez, de 54 y 56 años respectivamente, quienes dijeron ser estudiantes de la Gnosis. También fueron representados por el abogado Barros Mieles, quien dijo que se oponía a la devolución del bien a los socios de la cooperativa, pero por infundada, le fue rechazada por la Fiscalía. A las seis de la tarde del pasado jueves terminó el peregrinaje de una decena de familias desplazadas que, durante una década, buscó por medios legales el restablecimiento de sus derechos sobre una propiedad entregada por una institución del Estado a ellos, la cual fue usurpada durante siete años por los gnósticos, que de manera ilegal las tenían en su poder.
 
Los Que Volvieron
El jueves 2 de septiembre, trece de las veinticuatro familias que aún pertenecen a la cooperativa, esperaban con ansiedad volver a entrar a las fincas que el Incora les había adjudicado. Estuvieron presentes en la devolución Padilla Montero y sus ocho hijos;  Sanabria Arias, su esposa y sus siete hijos; Crisóstomo Oses Sánchez, su esposa y dos hijos; Marco Antonio Oses Ardila, su esposa y cinco hijos; Edgar Oses, quien se había regresado a San Vicente de Chucurí, regresó solo, su esposa y sus tres hijos no pudieron venir ayer; Ana Victoria Beltrán, era viuda y madre de tres hijos cuando la obligaron a desplazarse, se fue para San Vicente donde quedaron su nuevo esposo y sus hijos; Esminda del Rosario Mendoza, tenía diez hijos cuando asesinaron a su esposo, hoy le quedan ocho. Todos esperaban con emoción, pero también con temor, la devolución de las tierras.
A Roque de Jesús Suárez Quintero, miembro de la cooperativa Agrosac, le pegaron cinco tiros el 20 de mayo de 2001 en Ciénaga y lo mataron. Su esposa, Esminda del Rosario Mendoza, se tuvo que ir con sus ochos hijos para la casa de una amiga. A su esposo lo asesinó un grupo de paramilitares comandados por José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, ellos le dijeron que "si se portaba bien podía quedarse en la zona". Eso se lo dijo un Gnóstico de nombre Juan. Portarse bien, dice Esminda, "era no denunciar". Cuando quedó viuda, el hijo menor tenía tres años y el mayor tenía once. A pesar de eso, Acción Social no le reconoció su calidad de víctima viviendo en condición de desplazamiento.
Crisóstomo Oses vivía en La Palomera cuando un día llegó José Daniel Mora López, alias ‘101’, que es el mismo ‘Guerrero’, y le dijo que se fuera. Allí vivía con su esposa y un hijo de un año. El otro nació en desplazamiento en la Jolonura, una vereda a orillas de la carretera, donde trabaja una tierra arrendada. Había llegado en 1984 a la región procedente de San Vicente de Chucurí y durante muchos años trabajó con Inversiones Fernández De Castro, los anteriores propietarios. Inicialmente trabajó recogiendo café, pero no le rendía y lo pusieron de patiero, o sea a lavar y a pesar el café, para después echarlo a la pila y despulparlo. Al regresar y ver lo que hay, sólo atina a decir que da tristeza el estado de ruina en que se encuentran las instalaciones de la finca, pues cuando ellos la recibieron estaba en funcionamiento la compleja maquinaria despulpadora de café, la cual era movida por un sistema hidráulico.
Edgar Oses, quien se regresó a San Vicente de Chucurí desplazado de la Sierra, retornó el mismo día de la devolución de la finca, dice: "En ese entonces aquí no había ley, no había policía, la guerrilla se había tomado a San Pedro de la Sierra; la guerrilla era la policía en todas las veredas.  Nosotros damos gracias porque estamos vivos hasta ahora, pero no les podemos decir nada, los bravos son ellos. Los veíamos en las tierras que nos había entregado el Incora y no sabíamos por qué. La cosecha de café daba anualmente 380 millones de pesos, pero ahora lo que hay es rastrojo. Uno se pregunta, como campesino claro, para qué querían esta tierra si no la trabajaron y la dejaron acabar. Uno tiene que sembrar para que se vea el fruto. Si ellos tuvieran esto mejor de lo que lo teníamos nosotros, creo que ni la hubiéramos reclamado".
El jueves, Oses regresó a La Palomera, a la casa en la que vivió casi cuatro años antes de que los paramilitares le ordenaran que se fuera. "Ellos nos pidieron colaboración primero, pero nosotros les dijimos que la ley ilegal estaba en contra de la ley legal, entonces comenzaron a tratarnos de sapos", dijo.
Desde la finca La Paz, vereda de Camagual, corregimiento de San Pedro de la Sierra, a un poco más de mil metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar la zona bananera, la inmensidad de la Ciénaga Grande y la delgada línea de costa que separa a la ciénaga del mar Caribe. Es como un abanico de mano de varios colores que tiene al sur, como borde, el río Magdalena. Desde esa altura se ve Río Frío, Pueblo Viejo, Tasajera, Santa Rosalía, el Parque isla de Salamanca y se puede sentir el crujir del tren carbonero con sus 175 vagones de 35 toneladas cada uno a su paso para los puertos de Ciénaga y Santa Marta.
Allá abajo, en la Zona Bananera, la temperatura baja y sube entre los 29 y los 35 grados. En La Paz y San Carlos, por el contrario, durante el día puede oscilar entre 20 y 25 grados y de noche desciende a 16 grados. Llueve, desde hace dos meses no ha dejado de llover. Por la mañana hay un sereno constante y desde las 12 hasta las tres de la tarde el agua es torrencial. De la parte alta de la Sierra Nevada bajan centenares de cascadas de aguas cristalinas y mientras en la llanura abundan el banano, los mangos y la guayaba, arriba se siente aroma de café y cacao. Allá arriba, se pueden tocar las nubes; están tan cerca del cielo que se respira agua.
En medio de esa abundancia de riquezas naturales han transcurrido 30 años de guerras y masacres. Si alguien pregunta cuántos muertos hubo, o cuántas familias se tuvieron que desplazar para conservar sus vidas, la respuesta no es fácil. Ante la unidad  de Justicia y Paz de Barranquilla, se han presentado familiares de las víctimas del Bloque Resistencia Tayrona para reportar 3.339 homicidios y 1.012 desapariciones forzadas, personas asesinadas por los paramilitares  entre 1990 y 2005, pero todavía hay muchos casos de personas desaparecidas y de otras que no han sido reportadas.
El único problema en esta bellísima tierra, es la falta de autoridades que hagan respetar la ley. Peor aún, la autoridad y la ley durante años, las últimas tres décadas, fueron la guerrilla y los paramilitares, llegando muchos a creer que la ley había dejado de existir.
Muchos creen que las cosas no se quedarán así, pero a los Gnósticos no los quieren en San Pedro de la Sierra. Las familias que vieron aplazada la posesión y propiedad de sus tierras, regresaron con la ilusión de cosechar café y echar raíces, pero tienen miedo. La Fiscalía, la defensoría del pueblo y la fuerza pública adquirieron el compromiso de hacerle seguimiento a esta primera restitución, pues como dice un miembro de la cooperativa, "si nos dejan solos, somos carne de cañón". Ahora, cuando el gobierno nacional se ha propuesto restituir las tierras despojadas a los campesinos en todo el país, las autoridades tienen el desafío de no dejar fracasar esta. Porque si sucumbiera la primera, las perspectivas de que las demás salgan adelante serían muy escasas.
9 de septiembre de 2010
©verdad abierta