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montoya y los falsos positivos


El general Mario Montoya y las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
[Michael Busch] Cuando el general Mario Montoya Uribe fue nombrado, en marzo de 2006, comandante del ejército colombiano, la embajada de Estados Unidos en Bogotá desconocía sus antecedentes. El embajador norteamericano en ese entonces, William Wood, informó en un cable recuperado por Wikileaks el viernes que se sabía relativamente poco sobre Montoya, aparte de sus numerosas decoraciones como un militar de carrera, su estrecha relación personal con el presidente Álvaro Uribe y los persistentes, aunque todavía no demostrados rumores de que el comandante era corrupto y mantenía vínculos con las fuerzas paramilitares de extrema derecha en todo el país.
No sabía Wood que la corrupción y los vínculos con paramilitares de Montoya sería sus menores delitos. Para cuando fue relevado de su cargo dieciocho meses más tarde, Montoya era percibido ampliamente como la fuerza motriz detrás de los horrendos tratos con el personal militar en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.
Como informé en 2009 cuando el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, Philip Alston, llegara a Bogotá a investigar el caso de los llamados ‘falsos positivos’, ya había más de mil miembros de las fuerzas armadas colombianas implicados en el asesinato de innumerables víctimas civiles. Los detalles son espantosos. En muchos casos, las víctimas fueron reclutadas en barrios y localidades pobres, donde se les ofrecían oportunidades laborales para ser luego sedadas y vendidas a agentes militares que se encargaban de su ejecución. Los cuerpos eran vestidos con uniformes militares, se les plantaban armas compradas en el mercado negro, y eran presentados como combatientes guerrilleros eliminados por personal militar.
Las evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales de falsos positivos sugiere su naturaleza sistemática, una conclusión que fue corroborada por el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que observó que:

"Aparentemente lo nuevo es que los casos recientes han sido motivados fundamentalmente por estructuras de incentivos militares internas, antes que por motivos políticos... Fueron asesinados para que unidades del ejército y sus comandantes pudieran demostrar ‘resultados’ ante sus superiores, y ganar con ello recompensas económicas y ascensos. En esta guerra, los avances han sido medidos durante largo tiempo por la cantidad de ‘combatientes enemigos’ neutralizados, preferentemente asesinados. Las perspectivas de carrera dependen a menudo de la obtención de esos resultados. Las investigaciones han revelado una extensa red de reclutadores que penetran en los barrios pobres en todo el país, operando en el tenebroso mundo del hampa en colusión con agentes del ejército. Eliminando a estos aparentes ‘positivos’..., los asesinos recibían beneficios tales como vacaciones pagadas, cursos especiales en el extranjero, ascensos y mayores salarios."
Mientras que los cables filtrados sugieren que la embajada no estaba al tanto de la asociación de Montoya con estos abusos, el fenómeno de los falsos positivos no era desconocido entre los agentes de la inteligencia estadounidense y funcionarios colombianos, que han estado estudiando estos desarrollos durante al menos los últimos quince años -de acuerdo a documentos liberados recientemente, obtenidos por el National Security Archive. Y aunque la incidencia de las ejecuciones extrajudiciales aumentaron durante el mandato de Uribe, pocos lo acusan de haber tenido conocimiento de primera mano sobre estos casos.
Y eso es lo que hace que el segundo cable proveniente de Bogotá que salió a la luz en estos días sea tan interesante. En noviembre de 2008, inmediatamente después de que Montoya renunciara a su cargo en medio de un cúmulo de acusaciones e investigaciones, William Brown, el embajador llegado recientemente, escribió un informe en el que observaba que

"Montoya renunció menos de una semana después de que el presidente Uribe destituyera a veintisiete oficiales, incluyendo a dos comandantes de división y tres de brigada, por su participación en la desaparición y subsecuente asesinato de decenas de jóvenes de Soacha y Antioquia. Montoya ha sido acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos durante su mandato, incluyendo presuntas violaciones cometidas en los barrios pobres de Medellín durante la Operación Orión, de colusión con los paramilitares y de medir el éxito de las operaciones por el número de bajas.
"La prensa colombiana informó sobre las declaraciones del senador Patrick Leahy, comentando que el despido de Montoya era un paso ‘largamente esperado y positivo’. Leahy declaró que Montoya ‘comparte responsabilidad por los amplios y sistemáticos abusos cometidos por los militares colombianos’. Los recientes éxitos militares de Montoya incluyen el rescate de rehenes en la Operación Jaque. Algunos creían que [el general Montoya] era el probable sucesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Freddy Padilla de Leon."

De acuerdo al cable, en lugar de enviar el mensaje de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por Montoya no sería toleradas por su gobierno, Uribe nombró al protegido del comandante -tampoco apreciado por la comunidad de derechos humanos- para reemplazarlo en su cargo.
"Más tarde, el 4 de noviembre, el presidente Uribe anunció en una rueda de prensa con el general Padilla y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que el general de división Óscar Enrique González Peña, actualmente comandante del Comando Conjunto del Caribe, reemplazaría a Montoya como comandante en jefe del ejército colombiano. Uribe dijo que con el nombramiento de González quedaba el ejército en "buenas manos", destacando sus importantes éxitos operativos. González Peña siguió a Montoya como comandante de la IV Brigada de diciembre de 2003 a julio de 2005, y fue nombrado entonces comandante de la VII División en 2005."

El cable observa que

"González fue responsable de la operación que terminó con la muerte de Martín Caballero, el ex jefe del Frente 37 de las FARC, en septiembre del año pasado. Organizaciones de derechos humanos criticaron públicamente el nombramiento de González por su estrecha asociación con Montoya, y expresaron preocupación por las presuntas 45 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la IV Brigada durante su comando."

El cable informa, espeluznantemente, que Montoya eligió a González como el "mejor comandante del país" durante su cargo como comandante de la IV Brigada, debido a que su unidad reportó la mayor cantidad de bajas del enemigo: 857 víctimas."
El cable termina con el jugoso detalle de que el entonces ministro de Defensa y actual presidente, Juan Manuel Santos, dijo a funcionarios de la embajada

"que Montoya -que tiene una estrecha relación con Uribe- persuadió al presidente de que nombrara a González como su reemplazante. Santos trató de impedirlo, pero Uribe decidió proseguir con el nombramiento."

Así que la pregunta persiste: dado el informe de la CIA de 2007, que asocia a Montoya con el escándalo de los falsos positivos, y las revelaciones de la permanente intimidad e influencia del general sobre Uribe, ¿por cuánto tiempo más podrá el ex presidente colombiano continuar negando su conexión con el legado de violaciones a los derechos humanos que caracterizaron su presidencia?
28 de febrero de 2011
26 de febrero de 2011
©gcadvocate

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