dónde juzgar a los terroristas
Las cortes civiles deberían ser el lugar donde juzgar a los terroristas. El Congreso quiere prohibir que los tribunales civiles tengan algo que ver con esos procesos. Y el gobierno de Obama quiere decidir caso por caso. Ninguno de los dos tiene toda la razón. Editorial LAT.
Se está gestando un conflicto -es de esperar- entre el gobierno de Obama y el Congreso sobre la competencia del Ministerio de Justicia para juzgar a personas acusadas de actividades terroristas en el sistema de justicia penal. Algunos en el Congreso están tratando de prohibir que se juzgue a terroristas en tribunales civiles; el gobierno quiere tener el derecho a elegir entre la justicia militar y la civil según sea el caso.
En nuestra opinión, el Congreso está equivocado y el gobierno no tiene toda la razón. Creemos que todos los sospechosos de actividades terroristas retenidos en Guantánamo y aquellos detenidos en Estados Unidos deberían ser juzgados en tribunales civiles. Pero incluso el enfoque selectivo del gobierno sería difícil de defender bajo las disposiciones de la Ley de Atribuciones de Defensa de 2012 aprobada por la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes.
La versión de la Cámara conservaría la exigencia en la ley actual de que no se usarán fondos del Ministerio de Defensa para trasladar a los detenidos desde Guantánamo a Estados Unidos, impidiendo de hecho los juicios civiles. La ley aprobada por la comisión del Senado dice que las fuerzas armadas están autorizadas para detener a personas capturadas según las leyes aprobadas por el Congreso después del 11 de septiembre de 2001 relativas al uso de la fuerza. No está claro si los acusados que fueron capturados en territorio estadounidense serán entregados a los militares para ser juzgados. Pero esa es claramente la preferencia de muchos en el Congreso.
La idea de que la justicia penal civil no puede encargarse de los casos de terrorismo es un rumor falso. Los defensores de la justicia civil recuerdan las declaraciones de culpabilidad de Umar Farouk Abdulmutallab, el "terrorista de los calzoncillos", y el conspirador del 11 de septiembre, Zacarías Moussaoui, dos de los numerosos sospechosos juzgados exitosamente en un tribunal civil.
Desgraciadamente, el presidente Obama no se ha mostrado tan decidido como el fiscal general Eric H. Holder Jr. a la hora de defender el compromiso del gobierno con los juicios civiles. Cediendo ante la oposición en el Congreso, el presidente abandonó los planes de juzgar al conspirador del 11 de septiembre, Khalid Shaikh Mohammed y sus cuatro cómplices en un tribunal civil, optando en su lugar por una comisión militar.
Pero los argumentos a favor de juicios civiles son fuertes. Garantizan más que las comisiones militares el debido proceso. En la medida en que la guerra contra el terrorismo es una guerra de opiniones y emociones, muestran al mundo que Estados Unidos está dispuesto a otorgar incluso a sus enemigos toda la gama de derechos garantizados por la Constitución. Lo más importante, finalmente, es que a través de uno y otro juicio, la justicia civil penal ha resistido demostrablemente los retos planteados por los casos de terrorismo, cualquiera sea su fuente, mientras que las comisiones militares no han conseguido nada parecido. Mientras el Congreso continúa elaborando el proyecto de Ley de Atribuciones de Defensa, el presidente debería defender lo que alguna vez fue su prioridad.
[La foto viene de The Boston Globe y muestra el juicio de Umar Farouk Abdulmutallab].
6 de noviembre de 2011
23 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer
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