lote entregado por mellizo mejía

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Para las víctimas de Arauca. Un magistrado de Justicia y Paz ordenó entregar un lote en Bogotá de 23 mil millones de pesos para reparar a las víctimas de ’El Mellizo’ Mejía. El predio era disputado por daminificados de DMG.

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Colombia. El lote Bihar B se ubica en el norte de Bogotá y es el bien de mayor valor hasta ahora entregado en Justicia y Paz. En 2008, fue ofrecido en versión libre por el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘Mellizo’, para ser destinado a la reparación de víctimas del Bloque Vencedores de Arauca del que fue jefe entre 2001 y 2005.
Transacciones en efectivo y falta de documentos de propiedad, han hecho difícil determinar si el Bihar B pertenece a alias ‘Meliizo’ o a la extinta captadora de dinero DMG, en la que según estimaciones del gobierno más de 500 mil personas perdieron sus ahorros.
Tras años de disputa legal, el pasado 25 de noviembre, un magistrado de Justicia y Paz dictó que el lote debe ir para las víctimas de los paramilitares en Arauca. Pero será la Corte Suprema de Justicia quién deberá decidir si el lote será destinado para las víctimas del ‘Mellizo’ o para los damnificados de DMG.
El ex jefe paramilitar asegura haber recibido el Bihar B de manos de un supuesto socio en el negocio de la cocaína, Óscar Humberto Uribe Echeverri, en pago a una deuda de un millón de dólares. Como prueba, sus abogados han presentado recibos de 115 millones de pesos por pago de impuestos del lote.
Los representantes de DMG aseguran que, la captadora de dinero le compró el lote a la Banca de Inversiones Colbank S.A, tres meses antes de que fuera entregado por el exparamilitar. No existen rastros de la transacción ya que afirman, fue realizada en efectivo por un valor de 28 mil millones dólares.
En marzo de 2009, la Fiscalía 38 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, pidió que se tomaran medidas de aseguramiento sobre el Bihar B. Tanto DMG como Colbank han pedido en diversas ocasiones que se levante esta medida, misma que impide que el lote se pueda negociar y lo clasifica como un bien sujeto a ser embargado.
El proceso sobre el Bihar B, que se ha llevado dentro del proceso de Justicia y Paz a alias ‘Mellizo’, llegó a su fin con la reciente sentencia dictada en el Tribunal de Bogotá. El magistrado rechazó tanto una solicitud de anular el proceso hecha por un abogado de las damnificados de DMG como la de levantar la medida de aseguramiento pedida por los abogados de DMG y Colbank.
El pasado 21 de noviembre, cuatro días antes de que se dictara sentencia sobre el caso del Bihar B, un supuesto abogado de los damnificados de DMG pidió que el proceso fuera anulado ya que sus representados no habían sido notificados del mismo. El magistrado por su parte, rechazó la solicitud ya que no pudo ser verificada la identidad del abogado y aclaró que el proceso ha sido público.
DMG asegura haberle comprado el lote a Colbank en efectivo. La única prueba presentada por la captadora de dinero es una promesa de venta firmada con una inmobiliaria de nombre Guval en junio de 2008.
Para el magistrado, la promesa firmada entre Guval y DMG no representa una prueba por dos razones: el documento no comprueba que la transacción se haya finalmente realizado y este fue firmado por dos representantes de la inmobiliaria quiénes se presentaron como personas naturales y no como representantes de Colbank.
El Bihar B había pasado a manos de Colbank en 2001, cuando la familia del empresario Carlos López Piñeros dueño de Pollos Aretama y de la franquicia KFC, le compró el lote a otra empresa del grupo familiar, la Cardigan Development Corporation.
López Piñero ha asegurado a lo largo del proceso que Colbank vendió el predio por 23 mil millones a Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia, agentes inmobiliarios que, según López sirvieron de intermediarios en la posterior venta a DMG.
En la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, el magistrado informó que en un estudio contable realizado a DMG, Colbank y Guval no se hallaron rastros de la supuesta compra del lote y recalcó lo excepcional del pago, 28 mil millones de pesos en efectivo.
El magistrado no sólo negó el levantamiento de la medida de aseguramiento pedido por DMG y que tiene como finalidad tutelar que los bienes restituidos por paramilitares lleguen a las víctimas. Sino que pidió se abran averiguaciones sobre la inmobilaria Guval, ya que esta no presenta algún registro contable.
Según un abogado de las víctimas de Mejía Múnera, "si se prueba que Óscar Uribe era el dueño real del predio, éste pasa a reparación de los desplazados y viudas que dejó ‘El Mellizo’. Ahí Colbank tendrá que responder ante la justicia por testaferrato".
VerdadAbierta.com contó, en entrega anterior sobre el Bihar B, como vínculos personales relacionan al ‘Mellizo’ y a Carlos López Piñeros. Por una parte, el empresario tiene una hija con la hermana del exparamilitar. Por la otra, la esposa de Óscar Uribe, quien según el ‘Mellizo’ le entregó Bihar B como pago de una deuda, era socia de la empresa Cardigan de la familia López Piñeros.
Tras dos años de disputa legal, el 25 de noviembre, un magistrado de Justicia y Paz decidió que el lote Bihar B, ubicado en el norte de Bogotá, debe ser destinado a reparar a las víctimas de los paramilitares en Arauca.
El bien fue ofrecido a Justicia y Paz por el extraditado jefe del Bloque Vencedores de Arauca, Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘Mellizo’, pero los representantes de la captadora ilegal DMG habían reclamado la propiedad sobre este predio para a su vez reparar a las víctimas de esa empresa.
Sin embargo, un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz rechazó la solicitud de anular el proceso hecha por un abogado de las damnificados de DMG, así como la de levantar la medida de aseguramiento pedida por los abogados de DMG y Banca de Inversiones Colbank S.A.
De inmediato, los abogados de estas dos firmas anunciaron que apelarán la decisión del Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia.
El lote Bihar B está ubicado en la autopista norte de Bogotá y es el bien de mayor valor hasta ahora entregado en Justicia y Paz. En 2008, fue ofrecido en versión libre por el ex jefe paramilitar alias ‘El Mellizo’ Mejía, para la reparación de víctimas del Bloque Vencedores de Arauca del que fue jefe entre 2001 y 2005.
A pesar de ésto, se descubrió que el predio había sido vendido en efectivo y sobre él no había documentos de propiedad, lo que dificultó a la justicia determinar si pertenecía a alias ‘El Meliizo’ Mejía o a la extinta captadora de dinero ilegal DMG, en la que según calculos del gobierno más de 500 mil personas perdieron sus ahorros.
El ex jefe paramilitar aseguró que recibió el lote de manos de Óscar Humberto Uribe Echeverri, como pago de un millón de dólares supuestamente por una deuda de narcotráfico.
Como prueba de esta negociación los abogados del extraditado paramilitar presentaron recibos de 115 millones de pesos por pago de impuestos del lote.
Los representantes de DMG aseguraron a su vez que David Murcia le compró el lote a Colbank, tres meses antes de que fuera entregado por el exparamilitar. Sin embargo, de esta transacción no existen pruebas ya que - según los abogados de estas empresas- fue realizada en efectivo por 28 mil millones de pesos.
La única prueba presentada por DMG fue una promesa de compra venta firmada con una inmobiliaria de nombre Guval en junio de 2008.
Para el magistrado, la promesa firmada entre Guval y DMG no representa una prueba por dos razones: el documento no comprueba que la transacción se haya realizado y fue firmado por dos empleados de la inmobiliaria quienes se presentaron como personas naturales y no como representantes de Colbank.
El Bihar B había pasado a manos de Colbank en 2001, cuando la familia del empresario Carlos López Piñeros dueño de Pollos Aretama y de la franquicia KFC, le compró el lote a otra empresa del grupo familiar, la Cardigan Development Corporation.
López Piñeros ha asegurado a lo largo del proceso que a su vez Colbank vendió el predio por 23 mil millones a Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia, agentes inmobiliarios que, según López, sirvieron de intermediarios en la posterior venta a DMG.
En marzo de 2009, la Fiscalía 38 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas congeló el predio hasta que la justicia decidiera a quién pertenecía.
Tanto DMG como Colbank han pedido en diversas ocasiones el levantamiento de esta medida.
El pasado 21 de noviembre, cuatro días antes de que se dictara sentencia sobre el caso del Bihar B, un supuesto abogado de los damnificados de DMG pidió la anulación del proceso ya que sus representados no habían sido notificados.
El magistrado rechazó esta solicitud ya que no se pudo verificar la identidad del abogado y aclaró que el proceso ha sido público.
En la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, el magistrado informó que en un estudio contable realizado a DMG, Colbank y Guval no se hallaron rastros de la supuesta compra del lote y recalcó lo excepcional del pago, 28 mil millones de pesos en efectivo.
El magistrado no sólo negó el levantamiento de la medida de aseguramiento pedido por DMG sino que pidió abrir investigaciones sobre la inmobilaria Guval, ya que la misma no cuenta con registros contables.
Para la Fiscalía si se demostrará que López Piñeros tuvo nexos con el ’Mellizo’, el empresario podría ser investigado por presunto testaferrato.
Un abogado de las víctimas del ’Mellizo’ dijo en audiencias anteriores: "si se prueba que Óscar Uribe era el dueño real del predio, éste pasa a reparación de los desplazados y viudas que dejó ‘El Mellizo’. Ahí Colbank tendrá que responder ante la justicia por testaferrato".
VerdadAbierta.com había revelado que detrás del Bihar B habían relaciones entre la familia de ‘El Mellizo’ Mejía y Carlos López Piñeros. Por una parte, el empresario tiene una hija con la hermana del exparamilitar, y por otra, la esposa de Óscar Uribe, quien según el ‘Mellizo’ le entregó Bihar B como pago de una deuda, era socia de la empresa Cardigan de la familia López Piñeros.
30 de noviembre de 2011
29 de noviembre de 2011
cc verdad abierta   

armas en la frontera

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Resulta que Rápido y Furioso, la insensata operación del gobierno que permitió que armas de alto poder cruzaran la frontera hacia los carteles mexicanos de la droga, no era excepcional. El gobierno de Bush utilizó la misma impropia táctica en la Operación Receptor Abierto en 2006-2007. Editorial NYT.

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Estados Unidos. La historia de estas arriesgadas operaciones "armadas" -ideadas por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos federal para detectar las compras ilícitas de los barones de los carteles -en armerías de Arizona-, fue explicada ante el Congreso por Lanny Breuer, director de la división criminal del Ministerio de Justicia. Rápido y Furioso [Fast and Furious], en lugar de 2009 a principios de 2011, envió más de dos mil armas de asalto a las calles de los dos lados de la frontera. Algunas aparecieron en sitios del suceso, incluyendo una balacera en la que en -en diciembre pasado- murió un agente de la Patrulla Fronteriza.
Al denunciar la táctica como "inaceptable y equivocada", Breuer pidió disculpas por su propio fracaso a la hora de responder agresivamente cuando se enteró de que la Operación Receptor Abierto [Operation Wide Receiver] se había iniciado incluso cuando la operación Rápido y Furioso estaba todavía en curso. Dijo que no alertó a los jefes del Ministerio de Justicia cuando lo descubrió en abril de 2010.
Los republicanos en el Congreso han reprochado al gobierno de Obama por el fiasco de Rápido y Furioso. Que esta táctica -que se ubica muy por debajo de una aplicación correcta de la ley- fue utilizada en los años de Bush es igualmente inquietante. El Congreso debería pedir cuentas a los funcionarios responsables, pero no puede eludir el hecho de que se necesitan leyes mucho más severas para controlar el comercio de armas.
Breuer dijo que en los últimos cinco años, en México se habían recuperado 94 mil armas y 64 mil fueron trazadas a fuentes estadounidenses. "Necesitamos más herramientas", dijo. Ante lo que el senador Charles Grassley, republicano de Iowa, respondió previsiblemente: "No tenemos problemas con los ciudadanos que respetan la ley". Es un fracaso del Congreso no haber prohibido la venta de armas de asalto que está nutriendo la guerra de las drogas.
30 de noviembre de 2011
6 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

suicidio era golpe en la nuca

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La muerte de un detenido en la comisaría de El Bolsón apunta a la policía. Guillermo Garrido había sido detenido en un incidente menor de tránsito. Lo llevaron a la comisaría. Una hora y media después, apareció colgado en una celda. Un informe de peritos bonaerenses revela que lo adormecieron de un golpe.

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[Horacio Cecchi] Argentina. Diez meses le llevó a la Justicia descubrir que el suicidio de Guillermo Garrido, en una celda de la comisaría de El Bolsón, en realidad había sido un homicidio policial. No fue la Justicia de Río Negro la que descubrió el crimen, sino un equipo de peritos expertos de la Procuración bonaerense que intervino a pedido de la Procuración rionegrina. El informe del equipo de expertos –al que tuvo acceso Página/12– cuestiona los groseros fallos de la primera autopsia realizada por forenses locales y sostuvo que Garrido había recibido un golpe en la nuca con un objeto duro y romo. La causa había sido archivada como suicidio por el juez Ricardo Calcagno.
La familia, representada por la abogada Marina Schifrin, recién pudo ver fotocopias del expediente tres meses después, cuando ya Calcagno lo había archivado, y por intervención de la Cámara del Crimen, porque el juez les negaba la posibilidad. Y sólo en julio pudieron desarchivar el expediente, también por orden de la Cámara. A partir de allí la jefa de los fiscales, Liliana Piccinini, pidió nuevos peritajes y reautopsias y mediante un convenio convocó a los expertos de la Procuración bonaerense.
La procuradora María del Carmen Falbo envió un equipo encabezado por la perito forense Virginia Creimer, quien descubrió en tres días, sin colaboración local y sin más posibilidades que los huesos pelados del esqueleto de la víctima, todo lo que los peritos locales se habían negado a ver y los policías rionegrinos se habían visto obligados a ocultar: un golpe en el hueso occipital, por encima de la nuca, de 3 por 2 centímetros, con una posible mancha hemática, "compatible con golpe o choque con o contra superficie dura y roma", señal invariable e indefectible del paso de un palito de abollar ideologías y cráneos. El informe señala que la marca del golpe implica que fue dado con fuerza suficiente como para "provocar una anestesia previa de Brouardel", denominación forense que en lenguaje coloquial significa que lo durmieron de un golpe en la nuca. También en términos forenses, la anestesia de Brouardel es la que precede al suicidio por mano ajena, preferentemente policial si se produjo en una comisaría.
En el informe, Creimer reconstruyó el perfil psicológico de Garrido y la definición que obtuvo la llevó a desestimar la posibilidad del suicidio: mantenía "buena relación con los miembros de su familia"; "afianzada relación de pareja"; "proyectaba ser padre"; "esperaba con expectativas el cumpleaños de su mujer (que sería al jueves siguiente de su último día de vida) y ya había acordado cuál sería el regalo"; tenía "buenas relaciones con sus compañeros de estudio y laborales". Creimer agrega: "Otros dos puntos que me parecen importantes para desestimar en este caso el riesgo suicida son la obtención reciente del puesto de trabajo en el supermercado y la evaluación médica que tuvo momentos antes a su muerte" (en el informe del hospital, la médica que lo atendió "no encontró un sujeto descompensado ni en situación de riesgo").
El informe de los peritos bonaerenses es durísimo con el perito rionegrino que intervino en la autopsia de Garrido. Sostiene que "no fue (una autopsia) metódica completa", que "llamativamente" no analizó el "surco de ahorcadura", "no se realizaron exámenes complementarios radiológicos, anatomopatológicos y toxicológicos"; "no se analizaron huellas ni rastros en el cinturón ni su resistencia mecánica a la tracción y estiramiento para soportar el peso de una persona como Garrido sin romperse". Sin posibilidad de analizar el surco de ahorcamiento ni huellas en la musculatura porque sólo quedaban los huesos, el equipo de Creimer analizó las vértebras cervicales, y halló rastros en la apófisis de la segunda vértebra compatibles con marcas de ahorcadura.
Para colmo, el informe señala la notoria "ausencia del cinturón del cual pendía presuntamente la víctima"; que desde la altura de la que se habría colgado Garrido según la policía, hubiera quedaba apoyado en el piso con los pies; que según la policía Garrido había sido llevado a un baño externo a la celda (media hora antes de aparecer muerto) cuando en la celda hay letrina.
Y como si fuera poco, el día en que el equipo de la Procuración bonaerense convocó a los policías que habían estado de guardia esa noche, éstos se negaron a concurrir. Fueron citados por orden de Calcagno, quien adoptó una medida sugerente para obligarlos a asistir. Imputó a los diez que estaban en la mira, con lo que como imputados no están obligados a decir la verdad, más allá de que la imputación sea de mentirita: los imputó pero no especificó de qué los imputaba.
30 de noviembre de 2011
©página 12

cambios en trípoli

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Para mejor o peor. En la foto, una de las muchas pintadas en Trípoli burlándose del coronel Moamar Gadaf y su hijo Saif, y del ex jefe de la inteligencia.

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[Clifford Krauss] Trípoli, Libia. Trípoli ya no es la capital de un estado policial. Pero en lo que se ha convertido en apenas unas semanas puede ser a la vez excitante e inquietante.
Los vendedores de hachís pregonan abiertamente su mercadería en el centro de la ciudad, en la Plaza de los Mártires, conocida como la Plaza Verde antes del derrocamiento del coronel Gadafi. Los conductores pasan con rojo sin pensárselo dos veces, mientras que las manifestaciones políticas enredan el tráfico. Miembros de las milicias irregulares que han remplazado a la odiada policía de Trípoli en muchos vecindarios, todavía muestran escasa disciplina con sus armas, disparándolas accidentalmente o al aire demasiado a menudo.
Trípoli es una vibrante ciudad de cerca de dos millones de habitantes con un animado puerto, y está agraciado con ruinas romanas y antiguas murallas de fortificaciones levantadas por los otomanos y otros conquistadores. Pero mientras ha sufrido otros cambios abruptos en el curso de los siglos, lo que está pasando en estos días era impensable hace algunas semanas cuando el coronel Gadafi trataba de controlar los más pequeños detalles de la vida cotidiana.
Los ventanales ahumados estaban prohibidos en los coches; ahora los conductores están pegando plásticos de color verde oscuro en las ventanas de sus coches para mantener fuera al ardiente sol y también como un signo de su nueva libertad. Los vendedores de frutas y verduras no podían vender sus productos en la mayoría de las calles; ahora, multitudes de ellos están vendiendo bananas y naranjas debajo de todos los pasos elevados y en los bordes de las rotondas de tráfico, ayudándoles a alimentar a sus familias, pero también empeorando la congestión.
Durante el régimen del coronel Gadafi el inglés estaba en gran parte prohibido en los letreros públicos. Ahora los letreros en inglés han surgido en todas partes en la ciudad, incluso aunque pocos libios entienden lo que dicen. Los letreros son otra expresión de la liberación, así como de la disposición del país a abrirse al mundo exterior.
"Hoy Trípoli Tiene un Nuevo Latido del Corazón", dice una cartelera que muestra a dos milicianos abrazándose, instalada por el gobierno municipal interino. Incluso gran parte del graffiti revolucionario, que está en todas partes, está en inglés. "Libya Free" es la pintada más común. Algunos incluso dicen: "Gracias, OTAN" por la ayuda militar occidental que fue crucial para derrocar al antiguo gobierno.
Y, por supuesto, hay numerosas y frescas descripciones del difunto dictador vestido de payaso o como la cabeza caricaturizada encima del cuerpo de algún tipo de animal.
La mayor parte de los residentes de Trípoli dicen que nunca habían sido tan felices, pero todavía hay dudas.
"La gente no entiende lo que es la libertad", dijo Sara Abulher, estudiante de derecho en la Universidad de Trípoli, que fue rebautizada recientemente para deshacerse del nombre que le dio el gobierno de Gadafi. "La gente cree que la libertad es hacer lo que quieres, pero la libertad también debe significar que todo el mundo respeta las necesidades de las otras personas. La libertad quiere decir que no cruzarás la línea".
Abulher dijo que la inquietaba que tantas otras estudiantes graduadas estaban repentinamente deshaciéndose de sus pañuelos -el tradicional pañuelo de cabeza musulmán.
Otman Abdelkhalig, enfermera en el pabellón de emergencias del Hospital Central de Trípoli, dijo: "Es un nuevo país. La gente está feliz porque finalmente puede hablar con libertad".
Pero Abdelkhalig también dijo que había un lado desafortunado en toda nueva libertad. Los conductores de Trípoli son conocidos por su velocidad y por cambiar de vía al buen tuntún, pero la conducción peligrosa ha alcanzado nuevas alturas, dijo.
Al menos quince víctimas de accidentes con coches se reportan cada día con brazos rotos, lesiones en la cabeza o costillas rotas, tres veces lo normal, dijo Abdelkhalig, un inmigrante sudanés que vive aquí hace 32 años. Y todos los días, dijo, llega a emergencias un par de personas con heridas de bala. El nuevo gobierno interino está recién empezando a formar un ejército nacional y a organizar sus fuerzas policiales nacional y local. Los agentes de policía de Trípoli que se encargan del tráfico y de delitos menores son cerca de cuatro mil, pero muchos de ellos simplemente dejaron su trabajo y los antiguos jefes han sido despedidos.
El soborno era antes la principal manera con que los policías hacían su dinero, pero esos viejos hábitos parecen estar cambiando, al menos de momento.
"Todavía no es el momento para los billetes", dijo el sargento Mobruk Ali, que estaba sentado en su patrullero en una rotonda cerca del puerto observando la velocidad de los coches. "Primero, tenemos que quitarles las armas a los rebeldes, y luego ponernos a trabajar".
El sargento Ali dijo que fue despedido de la fuerza de policía hace veinte años porque faltaba demasiado, prefiriendo quedarse a resolver asuntos familiares. Pero volvió a la fuerza apenas Trípoli fue liberada. Dice que ahora ser un agente de policía será un trabajo respetable y que el gobierno municipal interino ha prometido subir los salarios.
"Ahora, la gente sonríe cuando nos ven", dijo.
Felizmente, la falta de trabajo policial normal no parece haber producido una ola de criminalidad más allá del aumento del vicio. Algunos se quejan de que hay más robos de coches, pero los residentes dicen que no se sienten amenazados en las calles y los comerciantes dicen que no temen ser asaltados.
"Tenemos una perspectiva religiosa", dijo Sadek Kahil, propietario de una joyería en la antigua ciudadela que exhibe abiertamente elaborados brazaletes nupciales de oro y plata aparentemente sin ninguna medida de seguridad.
"La gente que peleó por su país no se da vuelta y roba tiendas", agregó. "Tenemos problemas, pero ahora que nos deshicimos de ese idiota autoritario todo es posible".
Pero otro tipo de negocio está prosperando en el destartalado vecindario de Gergarg, uno de los más pobres de la ciudad, donde los gatos salvajes revisan la basura en las calles de tierra llenas de baches. La gente vende abiertamente hachís y bohka, un licor hecho en casa destilado de higos, en bolsas de plástico, a la puerta de sus casas.
Vender alcohol y drogas es ilegal, y durante los años de Gadafi los vendedores en Gergarg hacían sus negocios en secreto. Ahora los compradores pasan abiertamente por el barrio y los vendedores apenas tratan de ocultar sus actividades.
"Libia es cien por cien diferente", dijo un vendedor que se identificó sólo por el nombre de pila, Ibrahim, mostrando cajas de Scotch, wodka, vino tinto tunecino y delgadas barras de hachís a un visitante en su garaje. "Todo está bien. Somos libres".
30 de noviembre de 2011
28 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

esto tiene valor probatorio

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El argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH. Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.

¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?
Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que "por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas". Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?

¿Y qué decisión tomaron?
En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.

¿Van a analizar cada caso?
Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.

¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?
Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.

¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?
Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situación que se vivió en los ’80.

En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?
El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo "ayer" o "hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos". O: "Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada". Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.

¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.
Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.

¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?
Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.
30 de noviembre de 2011
29 de noviembre de 2011
©página 12

líderes amenazados y muertos de saiza

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El asesinato y las amenazas contra los líderes de Saiza en Córdoba han provocado nuevos desplazamientos y miedos en la población civil. Algunos asesinatos se atribuyen a las FARC.

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Colombia. Para los habitantes de Saiza en Córdoba la violencia no paró ni con la desmovilización de los paramilitares ni con el desplazamiento. Con el asesinato de Jairo Antonio Varela y las amenazas de muerte que han recibido sus compañeros, el miedo y las ganas de huir han vuelto.
El asesinato de Jaime Oscar Girón Padilla y de Jairo Antonio Varela en los meses de abril y octubre 2011 se suman a una serie de atentados que ha realizado las Farc contra las personas que llevan a cabo proyectos sociales y de protección de la población civil.
Varela era miembro de la Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada Independientes (Opddi) y representante legal de la Organización Regional Córdoba y el Urabá (Cordeu). Su labor era reconocida por toda la población y su muerte trajo consigo el desplazamiento de varias familias. Según la Opddi, las amenazas y los asesinatos han sido denunciados pero "siempre la respuesta y acompañamiento de las instituciones oficiales ha sido precaria y nunca hemos recibido medidas de protección eficaces".
La constante confrontación entre las Farc y el Ejército ha creado un ambiente de incertidumbre que ya habían vivido en 1999 cuando los paramilitares del Bloque Bananero masacraron a 14 personas, quemaron el pueblo y obligaron a desplazarse a todos los habitantes de la región.
Para Omar Tino Torres, antiguo profesor del corregimiento, "en este momento hay una zozobra muy grande porque la gente está muy desprotegida La situación se nos ha tornado violenta nuevamente. Los líderes estamos entre la espada y la pared y lo grave es que la comunidad está en medio de ese conflicto".
Tino Torres recuerda que entre el 2004 y el 2005 hubo mucho acompañamiento cuando iniciaron el retorno a Saiza pero que luego de un año los abandonaron completamente. Los proyectos de inversión social que les habían prometido se paralizaron y por eso les ha tocado recurrir a acciones de tutela para poder obligar al Estado a cumplirles.

Desplazamientos Continuos
En Saiza antes de la masacre y el desplazamiento, la vida de 4900 personas era muy tranquila. Sus habitantes venían de Dabeiba y de otras regiones del país donde la falta de trabajo y la pobreza los obligaron a buscas nuevas tierras. La región era muy apropiada para la producción agrícola y era rica en recursos naturales. Además tenían una sólida organización comunitaria.
Omar Tino por ejemplo, además de ser profesor, era comerciante, pertenecía a varios grupos de coordinación en temas de deporte y educación y alcanzó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal.
Sin embargo la lucha de las guerrillas del Epl y las Farc con el Ejército inicialmente y la entrada del Bloque Bananero comandado por Éver Veloza, alias ‘HH’, generaron pánico. Tino cuenta que "hubo un tiempo en que una semana entraban las Farc y la otra semana las Auc y así hasta que el 14 de junio de 1999, entraron los paramilitares y nos quemaron las casas y los locales comerciales".
Los habitantes de Saiza recuerdan que ese día iban a matar a todos los hombres y que sólo se salvarían las mujeres y los niños. Seleccionaron a todo el mundo en grupos y se llevaron a los hombres para la placa deportiva. Cuando empezó la masacre, los niños se salieron de la Iglesia donde los habían encerrado "En ese momento pararon la masacre y empezó la confusión entre ellos. Los niños se mezclaron con los padres y de hecho unos paramilitares que eran de la zona se opusieron a la matanza diciendo que esas personas no eran guerrilleras ni colaboradores".
Sin embargo ya habían matado a varios campesinos y comerciantes. Omar Tino le narró a Verdadabierta.com las últimas órdenes impartidas por los paramilitares "dijeron que no se podía quedar nadie en la región. Nos dieron la orden de que en tres días todo tenía que estar vacío. De las 42 veredas donde habitábamos unas 1049 familias, todas quedaron vacías".
Un informe elaborado por diferentes organizaciones internacionales reconstruyó el desplazamiento y afirmó que en el 2000 Saiza perdió la categoría de corregimiento pues al momento de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial de Tierralta la región estaba inhabitada.
En un principio la mayoría de personas salieron para Urabá durante los tres días después de la masacre. Unos se fueron hacia Carepa, otros se quedaron en las veredas cercanas, los que pudieron se fueron para Medellín y para los municipios del eje bananero. A raíz de este éxodo muchas familias se dividieron. En el caso de Omar él se fue para Carepa y luego buscó una oportunidad laboral en Turbo y terminó finalmente en Tierralta en Córdoba con su esposa, que también era docente y que el día del desplazamiento se había ido para Tierralta. Allá llegó con 42 familias buscando un lugar para vivir.
En el 2001, luego de estar un año en Tierralta, buscaron ser reubicados en el corregimiento de Batata. A los tres meses de estar allí, el V bloque de las Farc los obligó a desplazarse nuevamente al casco urbano de Tierralta. En el parque principal, montaron unas carpas y empezaron a visibilizar la problemática que vivía: en menos de dos años los habían desplazado dos veces, la primera vez los paramilitares y la última las Farc. Con la ayuda del gobierno y de diferentes organizaciones no gubernamentales consiguieron la financiación de proyectos, pero seguían viviendo en el parque. Por esta razón, la policía procedió a sacarlos de allí sin tener un lugar predestinado para reubicarlos.
Este fue el motivo por el cual exigieron una reubicación y el acompañamiento de las distintas instituciones presentes en la zona. La organización Servicios Jesuitas para Refugiados SJR, jugó un papel muy importante en el proceso de adaptación de los campesinos "nos hicieron un acompañamiento que no tuvo nada que ver con la plata, ni con las lentejas ni con el arroz, nos ayudaron en la formación, con taller psicosociales, proyectos de vida, sueños a corto y a mediano plazo. Con cuentos, dibujando, expresando todo lo que teníamos que decir", narró Omar.

El Retorno Soñado
Después de varios años de trabajo y de conocer otras experiencias de personas que habían sido desplazados o que habían sufrido la violencia, Omar empezó a movilizar a las familias para que volvieran a Saiza y recuperaran lo que en 1999 habían perdido "fue en el 2003 cuando empezamos a soñar con el retorno. Hablamos con la gente que estaba en Medellín y los que hacían parte de la Corporación Comunitaria de Desplazados de Saiza, en Urabá. Todos juntos organizamos el retorno, algunos entraron a verificar la situación en el pueblo, en compañía de la iglesia, la Defensoría del pueblo y otras instituciones".
Juan de Dios Arboleda decidió volver a Saiza cansado de rogarle a las instituciones encargadas de la población desplazada "la región estuvo cinco años sola y al estar todo abandonado se llenó de monte y todo se fue al suelo, sin embargo volvimos. De todos modos el pueblo está funcionado a media máquina, la situación de las personas es difícil porque falta mucho apoyo".
Cuando quisieron volver encontraron el pueblo caído, las casas llenas de maleza y los caminos tapados. Poco a poco empezaron a visitar el pueblo con más frecuencia hasta que en el 2004 oficializaron el retorno. Fue un proceso lento que tuvieron que hacer en mayor medida solos: "el acompañamiento del Estado fue muy poco y sólo algunas ong que se encontraban en la zona nos ayudaron. Fue algo que planeamos y que soñamos", afirmó el antiguo profesor de Saiza.
Lo más difícil fue empezar de nuevo porque muchos ya no tenían ni las ganas ni las fuerzas suficientes. Omar recuerda que "nos demoramos 30 años en construir el pueblo y conseguir lo que nos permitía vivir; volver a empezar era muy difícil. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Médicos sin fronteras fueron dos de las organizaciones que más nos ayudaron a hacer más fácil el retorno".
En el 2004 habían retornado cerca de 390 familias. Pero cuando la gente sintió un poco de apoyo y de acompañamiento, se duplicó a 690 familias. Y en el 2005 ya había 900 familias. En este momento han vuelto unas 1.300 familias por lo menos.

El Regreso de la Violencia
A pesar de que Acción Social identificó el retorno de la población de Saiza como exitoso, la situación actual dista mucho de este adjetivo.
Al volver algunos campesinos encontraron ocupadas las fincas por otras personas que venían de las zonas donde se dieron las fumigaciones y erradicaciones de cultivos ilícitos. Estas familias se fueron para Saiza y empezaron a cultivar allá y a explotar la madera. Las Farc y los diferentes grupos de Bacrim que hacen presencia en la zona defienden estos cultivos e incluso han minado los sectores aledaños a estas propiedades.
Los continuos enfrentamientos entre el Ejército y los diferentes grupos armados ilegales han generado un nuevo desplazamiento silencioso de por lo menos 25 familias, sin contar el desplazamiento individual de los líderes de la región.
A esto se le suma el abandono de las instituciones del Estado que ha permitido que la población sienta que allí no hay presencia estatal. Estado. La desprotección es visible sobre todo cuando los asesinatos empiezan a ser recurrentes como fue el caso de Jairo Antonio Varela.
Ante el silencio de las autoridades y el desconocimiento de la problemática, Omar Tino salió de Saiza abandonado todo lo que había reconstruido en los últimos años. En su lista, este es el quinto desplazamiento que sufre. Otra vez Saiza se queda sin su profesor.
30 de noviembre de 2011
20 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

justicia y paz entregó restos óseos

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Las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas entre 1984 y 2004 por paramilitares y guerrilleros en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Chocó. Hasta el 31 de octubre de este año, la Fiscalía de Justicia y Paz había exhumado 3507 fosas.

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Colombia. Según lo establecido por el Grupo de Exhumaciones de Justicia y Paz, los restos óseos recuperados pertenecen a víctimas de los bloques paramilitares Héroes de Tolová, Córdoba, Élmer Cárdenas, Mineros, Bananeros, Montes de María, Catatumbo y el Frente 47 de las Farc.
Con esta entrega, durante el proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía ha recuperado y entregado a 300 restos en Antioquia, 13 en Bolívar, 149 en Córdoba y 27 en Chocó.

Los restos óseos entregados pertenecen a:
Agustín Antonio Betancourt Martínez, de 30 años.
Alfredo Manuel Chejne Nader, de 32 años.
Argemiro Antonio Monsalve Díaz, de 17 años.
Juan Benicio Monsalve Díaz, de 24 años.
Edilberto Monsalve Díaz, de 30 años.
Arnaldo Alfondo Páez, de 16 años.
Candido José Martínez Sierra, de 34 años.
Carlos de Jesús Muriel Pulgarín, de 26 años.
Carlos Enrique Fuertes Valencia, de 33 años.
Carlos José Montalvo Martínez, de 27 años.
Luis Candido Corrales, de 31 años.
Clemente Manuel Hernández Ospino, de 48 años.
Dalia María Martínez Mendoza, de 27 años.
Domingo Antonio Puche Escudero, de 26 años.
Dunis Antonio Atencio Fernández, de 35 años.
Eduardo Enrique Murillo Ayala, de 35 años.
Eduardo Enrique Genes Hernández, de 28 años.
Eliud de Jesús Hurtado Castañeda, de 23 años.
Francisco Javier Mesa Narvaez, de 40 años.
Francisco Miguel Portillo Llorente, de 35 años.
Francisco Manuel Silgado Vergara, de 59 años.
Gustavo Enrique Vidal Orozco, de 37 años.
Jacinto Manuel Mendoza Álvarez, de 30 años.
Jenry Rafael Castellar Herrera, de 28 años.
José de la Cruz Casarrubia Méndez, de 75 años.
José Regulo Flores Jaramillo, de 30 años.
Juan Antonio Bavilonia Plaza, de 32 años.
Juan Bautista Mejía Castaño, de 35 años.
Juan Darío Fernández Bedoya, de 17 años.
Neder Antonio Tapia Bedoya, de 20 años.
Octaciano José Tapia Martínez, de 43 años.
Leomen Llorente Ramos, de 29 años.
Libardo Antonio Lamaza Vega, de 22 años.
Lisandro Manuel Solar Pitalua, de 32 años.
Luís Arcelio de Hoyos Nuñez, de 26 años.
Luís Miguel Vidal Fabra, de 44 años.
Martha Luz López Oviedo, de 29 años.
Neder Julio Oviedo Macea, de 25 años.
Orlando Eudes Ramos Urango, de 50 años.
Oswaldo Manuel Sandon Chima, de 25 años.
Pedro Antonio Morales Flores, de 23 años.
Remberto Manuel Lara Ruiz, de 64 años.
Richard Alfonso Gutiérrez Gonzáles, de 25 años.
Samuel Humberto Mazo Pérez, de 38 años.
Silvia Rosa Gaviria Sierra, de 31 años.
Uriel Francisco Díaz Vega, de 19 años.
Yhonny Manuel Álvarez Rodríguez, de 19 años.
29 de noviembre de 2011
28 de noviembre de 2011
26 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

15 imputados por crímenes en nariño

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La Fiscalía acusa a 15 paramilitares que estuvieron a órdenes de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’ de asesinatos, desapariciones y torturas cometidos en Nariño.

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Colombia. Guillermo Pérez Alzate alias ’Pablo Sevillano’ participa de la audiencia de imputación de cargos por videoconferencia desde una cárcel en Miami, Estados Unidos.
Durante seis años por lo menos mil paramilitares se tomaron varios pueblos de Nariño, un departamento ubicado al occidente del país que limita con Ecuador, y que según datos de Acción Social expulsó de sus 64 municipios a 161.758 personas en condición de desplazamiento.
El grupo paramilitar fue conocido como Bloque Libertadores del Sur y estuvo a cargo de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’, quien fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 por cargos de narcotráfico. El 30 de julio de 2005, en la inspección de policía de El Tablón, ubicada en el municipio de Taminango, 689 paramilitares de este bloque se desmovilizaron.
Ante una magistrada de Justicia y Paz, la Fiscalía 4 comenzó una audiencia de imputación de cargos contra 15 ex paramilitares de este grupo, acusados principalmente de asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos ocurridos en el sur del país.

Más Que 3 Frentes
Según lo documentó la Fiscalía, el Bloque Libertadores del Sur delinquió con más de tres grupos, además de los conocidos Frente Lorenzo Aldana, Frente Tumaco y Llorente y Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño. Entre 2002 y 2003, cuando el grupo se expandió, contó con otros grupos cómplices que incursionaron las fronteras del departamento, donde el bloque no contaba con suficientes grupos de urbanos y rurales.
Se trató del grupo que delinquió en el municipio de La Unión al oriente del departamento; otro que estuvo por el río Mira desde Peña Colorada hasta Cabo Manglares al occidente; uno más con presencia sobre la carrilera de la Panamericana desde Pindo hasta Llorente; así como otros grupos que delinquieron en las zonas costera y de cordillera.
Este bloque apareció en 1999 como un brazo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, que luego se convirtieron en Auc, tras absorber a los diferentes grupos de autodefensa que había en el país. "A mediados de 1999 en Piamonte, corregimiento de Cáceres, hombres enviados por Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ y Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, se reunieron para incursionar la zona", leyó la Fiscalía ante los magistrados.
Al igual que ‘Pablo Sevillano’, alias ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron extraditados en 2008 por cargos de narcotráfico. Alias ‘Don Berna’ exterminó el Bloque Metro de las Auc en Medellín para convertirse en 2002 en el nuevo jefe paramilitar de la zona, delinquiendo en 37 municipios de Antioquia. Luego extendió sus tentáculos, con financiación del narcotráfico, al Valle, Nariño, Putumayo y el sur de Córdoba, con los Bloques Calima, Libertadores del Sur, Frente Sur Putumayo y Héroes de Tolová, de forma respectiva.
Alias ‘Macaco’, según lo ha documentado la Fiscalía, negoció en 2000 la compra del Bloque Central Bolívar, que delinquió en ocho departamentos. Así, el grupo que delinquió en Nariño, contó con el suficiente músculo financiero para incursionar toda la región y propagarse a partir de 2003.
Según Justicia y Paz, alias ‘Macaco’ fue quien nombró a ‘Pablo Sevillano’ para que se hiciera cargo del entonces naciente grupo. Alias ‘Pablo Sevillano’ es hermano de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar y segundo de ‘Macaco’ a partir de 2000 en este departamento del Magdalena Medio.
De forma inicial la Fiscalía 4 le imputará cargos parciales a ‘Pablo Sevillano’ y sus cómplices por 30 crímenes. La mayoría de sus víctimas fueron personas señaladas de colaborar con la guerrilla, a quienes torturaron, asesinaron y a varias las desaparecieron arrojando al mar. En versiones libres y en una audiencia realizada en noviembre de 2009, al ex jefe paramilitar se le acusó por el reclutamiento de 62 menores.
En su presentación ante los Tribunales de Cundinamarca, la Fiscalía hizo una reseña de los otros ex 15 paramilitares que participan de la audiencia:

Juan Larrinson Castro, Alias ‘Matamba’
Tiene 30 años e ingresó a los grupos armados ilegales siendo menor de edad. Lo hizo primero con las Farc, de las cuales desertó en 2000 cuando le hicieron un juicio de guerra. En la guerrilla fue un mando raso y luego se unió a las Auc por medio de alias ‘El Enano’. Con los paramilitares primero delinquió con el Bloque Calima y luego con el Bloque Libertadores del Sur. En este último fue subalterno de Jhon Jairo Marín alias ‘Jota’. Alias ‘Matamba’ fue capturado en Cartago, Valle, y desde la prisión se desmovilizó de forma colectiva con el Bloque el 30 de julio de 2005.

Hernando Camacho, Alias ‘Jaison’
Antes de ingresar a las Auc, fue constructor y trabajador independiente. Nació en 1974 en San Vicente de Chucurí, en Santander, y se volvió paramilitar cuando tenía 22 años. Lo hizo primero con las Autodefensas del Sur del Cesar de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, quien lo envió como patrullero a Ábrego, Norte de Santander, a cargo de alias ‘Ojitos’. Luego se unió al grupo de alias ‘Julián Bolívar’, en el sur de Bolívar’ y a partir de 2003, hasta su desmovilización en 2005, al bloque de alias ‘Pablo Sevillano’.

Gustavo Morales, Alias ‘Chivo’
Estudió hasta bachillerato y empezó a delinquir a las Auc cuando tenía 22 años. Ingresó al Frente Fidel Castaño, uno grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, de la Casa Castaño, que delinquía el municipio de San Rafael, en Santander. En 2002 con la incursión de los Castaño a Barrancabermeja, alias ‘El Chivo’ delinquió en el puerto petrolero como patrullero. En 2003, por medio de alias ‘Julio’, delinquió en Nariño hasta su desmovilización en 2005.

Elkin Edel Zapata, Alias ‘Montería’
Fue soldado voluntario y a finales de 1999, cuando en el sur de Bolívar comenzó a delinquió el Bloque Central Bolívar, Elkin Zapata se unió a este grupo a cargo de alias ‘Julián Bolívar’. Luego fue enviado a Tumaco y en marzo de 2002 fue nombrado nombrad jefe de un grupo de contraguerrilla en Pasto. Se desmovilizó de forma colectiva en julio de 2005.

Víctor Adolfo Trujillo Alias ‘El Poli’
Nació en 1962 en Palmira, Valle, y delinquió con el Frente Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur. Realizó estudios de bachillerato y antes de ingresar a las Auc fue vigilante, trabajó en un billar e hizo parte de la policía. Llegó a ser segundo comandante de***

Luis Alexánder Gutiérrez, Alias ‘El Capi’
Fue oficial de la Policía Nacional y logró el grado de capitán hasta cuando fue retirado en 1985. Luego delinquió en el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso, en Norte de Santander, y luego enviado a Nariño, donde delinquió con las Brigadas Campesinas Antonio Nariño. Se desmovilizó de forma colectiva en julio de 2005.

Juan Carlos Cortés, Alias ‘Elefante’
Después de ser desplazado por el Frente 29 de las Farc, se unió en 2001 a los paramilitares que delinquían en el municipio de Samaniego, Nariño. En 2002 por orden de alias ‘Pablo Sevillano’ se fue para Tumaco, donde estuvo a cargo de Guillermo León Marín alias ‘Don Álex’.

Mario Fernando Vega Alias ‘Darwin’
Delinquió en el Frente Brigadas Campesinas en Nariño. Fue reclutado por la guerrilla cuando tenía 11 años y en el año 2000 empezó a delinquir con las Auc. En 2003 fue enviado a Tumaco como escolta de varios jefes del Bloque Libertadores del Sur. Siendo un niño trabajó en agricultura.

Jaime Alberto Rodríguez Alias ‘Coquito’
Nació en El Bagre, Antioquia, en 1974. Empezó delinquiendo en un grupo paramilitar conocido en el Bajo Cauca como Mineros para El Progreso, que a partir de 1997 fue absorbido por el Bloque Central Bolívar. En 2001 fue enviado a Tumaco, luego a Neiva y a Florencia. En Caquetá, fue capturado y se fugó para seguir delinquiendo, esta vez, con el Bloque Tolima. Se desmovilizó con el Bloque Centauros, el grupo a cargo de ‘El Arcángel’ que estuvo en los Llanos Orientales.

Neil Márquez, Alias ‘Pateguama’
Siendo menor empezó a delinquir con las Farc en San José del Guaviare, donde estuvo nueve meses hasta que desertó de la guerrilla. Viajó a Cali donde estaba un hermano que lo vinculó con las Auc de Nariño. Empezó a hacer parte de las Auc en Tumaco a cargo de alias ‘Diablo’ y a finales de 2001 fue enviado a Pasto. Tras una orden de captura se escondió en el pueblo de Remolinos y en 2003 regresó a la capital de Nariño. Ese mismo año fue capturado, acusado de participar en el asesinato de un diplomático español.

Guillermo León Marín Alias ‘Don Álex’
Estudió hasta quinto de primaria y trabajó en minería en Caucasia, en la región del Bajo Cauca, Antioquia, hasta que fue desplazado por la guerrilla. En 2001 se unió a los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, donde delinquió en el Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, principalmente en Ipiales y Remolinos.

Jaime Bonilla Alias ‘BJ’
Trabajó en la minería y compra-venta de vehículos antes delinquir con las Auc de las cuales hizo parte a partir de julio de 2002 hasta su desmovilización, en 2005. Por intermedio de alias ‘Miguel’, Jaime Bonilla conocido con el alias de ‘BJ’ empezó a delinquir en Remolinos y luego en Taminango, Nariño. En noviembre de 2003 fue enviado a Ipiales y en 2004 fue nombrado jefe de urbanos.
Durante la audiencia la magistrada hizo un llamado de atención a Rodolfo Useda alias ‘Julio Castañeda’, ex jefe del Frente Lorenzo Aldana, quien no participó de la imputación de cargos* argumentando que no podía hacerlo por razones de salud.
Asimismo la magistrada le solicitó a la Fiscalía que para la audiencia de legalización de cargos, la siguiente etapa del juicio, le entregue un informe detallados de los bienes entregados y las fosas confesadas por este bloque paramilitar.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
29 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta