Blogia

mQh

habló emilce moler


Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, declaró en La Plata sobre su secuestro. Era estudiante secundaria y militaba en la UES. La secuestraron el 17 de septiembre de 1976. Cuando la llevaban del Pozo de Arana a la Brigada de Quilmes escuchó cómo bajaban del camión a sus compañeros que siguen desaparecidos.
[Ailín Bullentini] Argentina. Emilce Moler cerró los ojos y enderezó la espalda como si se hubiera vuelto a sentar en el banco de cemento del que se aferraba cada vez que la venían a buscar para torturarla. "Para recordar cómo era el lugar necesito ponerme como estaba entonces, vendada, acurrucada en un rincón", explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y de espaldas a los 26 militares y policías imputados. Sin abrir los ojos, estiró los brazos hacia los costados y no tuvo que esforzarse mucho para delimitar con ellos el ancho de la celda en la que permaneció encerrada junto a diez mujeres, en su mayoría adolescentes, como ella. Con el brazo derecho señaló que en esa dirección se encontraban "la sala de torturas. O las salas. Puede ser que hayan sido dos en lugar de una –detalló–. Sin dudas estaba a la derecha. Siempre que me iban a torturar me sacaban para ese lado".
Fue el único testimonio que se escuchó ayer en el juicio por más de 280 crímenes de lesa humanidad cometidos en seis de los más de treinta centros clandestinos de detención que integraron el Circuito Camps. El relato fue ordenado y, aunque Moler no pudo reconocer a ninguno de sus torturadores, sobraron breves y contundentes escenas que la mujer, una chica de 17 años cuando fue secuestrada, aseguró no poder olvidar. Los gritos desgarradores de su amigo Horacio Ungaro. Las canciones que sonaban en la radio encendida en el Pozo de Arana para que no se escucharan los gritos. La voz del "Coronel". La camisa cuadrillé marrón de una de las tantas personas sobre las que la hacían sentarse en "los descansos entre tortura y tortura, que no podía distinguir si estaban vivas o muertas". Los zapatos que dejó Eliana de Badell, una detenida chilena con quien compartió celda en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, cuando los guardias se la llevaron para siempre. La lectura de los cargos que los represores le inventaron para mantenerla presa durante más de un año en la cárcel de Villa Devoto, con tan sólo 17 años.

La Noche
La mujer madura que es hoy volvió a convertirse una vez más en la estudiante de 5º año de la Escuela de Bellas Artes platense y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios que, el 17 de septiembre de 1976, fue arrancada de su cama por una patota de encapuchados armados que se presentaron como el Ejército Argentino en la casa familiar. Volvió a subirse a uno de los tres autos que el Ejército usó para ese operativo; a escuchar los gritos de la familia Pérsico y a suspirar por la ausencia de su amiga Alejandra, que ya había huido de esa casa. Volvió a indignarse al ver que la patota secuestraba a otra compañera suya de escuela, Patricia Miranda, quien "no tenía nada que ver con la militancia". Y volvió a ingresar al "infierno".
"Cuando llegamos a Arana yo digo que llegamos al infierno", definió ayer a ese centro clandestino. Hacinamiento en las celdas, falta de agua y de comida, suciedad. "La reducción a cosa. Entramos ahí y dejamos de ser seres humanos, nos arrebataron el nombre, la identidad, nos cosificaron", recordó. Y a eso se suma, claro, la tortura. Fueron cuatro días de manoseos, golpes, patadas y picana casi sin descanso. Moler remarcó que lo "más terrible" era la picana eléctrica con la que lastimaban su vagina y las quemaduras de cigarrillos. Atada en una cama, desnuda, le decían que abriera y cerrara la mano cuando quería hablar: "A veces yo abría la mano solo para frenar la tortura, no les decía nada. Paraban, pero después me daban más fuerte", recordó. Los ataques recrudecieron cuando los guardias se enteraron de que era hija de un policía (el comisario inspector retirado Oscar Moler).
En Arana, la estructura de poder era compartida por el Ejército y la policía. Un día, la promesa durante tortura de "si no hablás va a venir el Coronel y va a ser peor" se cumplió. Moler lo describió como alguien de rango alto porque "los movimientos en Arana cambiaron cuando llegó", aunque no pudo aportar más datos que lo "grave" que sonaba su voz durante una sesión de tortura: "Me habló de una manera paternal. Me pidió que colaborara. Pero como no respondí, me pegó una trompada y mandó a que me asen a la parrilla". El dolor de su cuerpo. El dolor y los gritos "profundamente desgarradores" que daba Horacio Ungaro, a quien conocía desde antes: "Eramos amigos de La Plata. Militamos juntos. Nos torturaron casi juntos" en Arana. Allí, Emilce también se reencontró con otros compañeros y compañeras de militancia: Claudia Falcone, María Clara Ciochini, Gustavo Calotti, Ana de Giampa. Sabría luego de la estadía de un amigo más: Francisco López Muntaner. Son las víctimas del operativo conocido como La Noche de los Lápices.

Quilmes
El 23 de septiembre de 1976 la subieron a un camión "atestado de gente", último destino conocido de Falcone, Ciochini, Ungaro y López Muntaner. "A mitad de camino los nombraron y los hicieron bajar. Después supe que estaban desaparecidos", reveló. El camión dejó a quienes siguieron viaje hasta la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en donde los recibieron con quejas: "Hasta cuándo van a traer al jardín de infantes acá", decían los guardias. La mujer continuó cerca de Miranda, de Giunta, Calotti –los tres adolescentes– y Fuentes, se cruzó con la hermana de Horacio, Nora Ungaro, conoció a Nilda Eloy –ambas sobrevivientes– y a otras personas que están desaparecidas.
Allí le quitaron la venda y las esposas, "que siempre fueron un problema" porque se le salían debido a sus pequeñas muñecas "y eso enojaba a los represores". Durante su paso por Quilmes pudo ver a su padre durante cinco minutos. "Me alertaron de que no le dijera nada de lo que me habían hecho, pero no hacía falta. Las marcas que tenía en el cuerpo eran demasiado visibles", detalló Moler frente al micrófono. Entonces, su padre le dijo que su vida dependía "de (el ex comisario Luis) Vides y (el ex comisario Miguel) Etchecolatz" y que la situación era "complicada". Es que Moler padre había sido jefe de Etchecolatz en sus tiempos de policía y "lo había sumariado por un ilícito".

El Blanqueo
Quilmes se convirtió en la comisaría de Valentín Alsina "el 21 o el 23 de diciembre", fechó Moler. Allí quedó a disposición del PEN hasta que el 27 de enero del año siguiente la trasladaron a la cárcel de Villa Devoto, en donde estuvo presa hasta el 20 de abril de 1978. "A mi papá le dijeron que yo era irrecuperable para la sociedad", comentó. No la dejaron recomenzar en La Plata, un lugar que le costó años volver a pisar. Pero lo hizo, como medio de lucha, la misma razón que la anima a volver a su época de cautiverio cada vez que la Justicia se lo pide. "No estamos hablando del pasado, sino del presente –mencionó, y afiló sus palabras hasta asegurarse de que se clavarían justo en los oídos de los imputados que ayer la escucharon–. Porque estos señores que están acá, que seguramente son muy mayores y no les quedan muchos años de vida, están aplicando la herramienta de tortura más fuerte con la que cuentan ahora: el silencio. Cada día que no hablan, que no cuentan qué hicieron con todas esas personas que hoy faltan, todo esto no es pasado, sino presente."
1 de diciembre de 2011
©página 12

qué son las alitas de cerdo


Bob File se dio cuenta de que un nombre atractivo podría popularizar el pernil.
[John T. Edge] Trisha Roberts dejó a un lado su conocimiento de anatomía animal y metió el diente a una Pig Wing [alita de cerdo] frita. Una tarde hace poco, en un bar cercano, untó un jugoso y crujiente trocito de cerdo en una salsa de chile dulce; luego se sirvió otro.
Pero Roberts, estudiante universitaria y bartendera, frunció el ceño cuando se enteró de que estas alas eran en realidad trozos de cerdo de 57 gramos cortados de la tibia de una pierna de cerdo.
"Mis parientes, mi tíos, todos comían cosas como codillos", dijo. "También comían sesos y otras partes del cuerpo. También me gustan, pero el pernil suena como comida antigua".
Al oír la crítica de Roberts, Bob File bebió un trago de su cerveza. File, ex criador de cerdos y presidente de Pioneer Meats, que tiene contrato con una planta de procesamiento local que hace las alas, entiende que la nomenclatura puede ser tan importante como la cocina.
"Digamoslo derechamente", dijo File. "La palabra pernil no suena bien".
Como los carniceros, cocineros y dueños de restaurante antes que él, File cree en el poder de los eufemismos para popularizar rarezas gastronómicas. Ostras de montaña suenan más apetitosas que testículos de ternero. El jamón de picnic vende mejor que asado de brazuelo de cerdo. ¿Y estaría Applebee vendiendo millones de costillitas si fueran identificadas más precisamente como los procesos transversos de las vértebras lumbares dejadas por la carne deshuesada?
File consideró las posibilidades de las patitas y codillos de cerdo primero en 2003 cuando vendía cerdo a los concesionarios de la carrera Nascar. "Entonces los llamaban jamón de cerdo", dijo. (Un producto similar, conocido como ‘slugger’, entró al mercado a principios de 2000). "Los empaquetaban con salsa marinara en formato italiano. Eso no funcionó".
Pensó que la solución estaría en el sabor a parrillada. Usando su experiencia previa en la fabricación y comercialización de tasajo de cerdo, empezó a buscar fuentes de perniles y a desarrollar su propio producto. Inscribió el nombre comercial Pig Wings.
Hoy, File, cuyo negocio ha estado creciendo más de diez por ciento al año durante los últimos cuatro, vende más de un millón de los cerca de 1 millón 125 mil kilos de pernil procesados y vendidos en el país al año.
Usando varios nombres de cerdo, los perniles se están sirviendo en restaurantes y bares en todo el país. Farmland Foods, una filial de Smithfield Foods, empezó a vender KC Wild Wings a grandes restaurantes.
Hace poco Smithfield vendió codillos de la marca Paula Deen en QVC, el canal de compras por televisión. File no ha vendido todavía sus Pig Wings a ninguna cadena nacional de comida rápida como Buffalo Wild Wings y Famous Dave’s.
Las técnicas de preparación varían en todo el país. Un bartendero en Mac’s Speed Shop en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que sus Pig Wings estofadas a la cerveza y ahumadas con nogal americano son dulces, como "pasteles de cerdo esquimales". El Old German Beer Hall en Milwaukee sirve Pig Wings con mostaza y salsa de parrillada. En el menú, los dueños tradujeron el plato al alemán como schweineflügel. El Bad Wolf Bar B Q en Roanoke, Virginia, marina, ahúma y fríe sus Pig Wings. Y el Memphis Mae’s en Croton-on-Hudson, Nueva York, ahúma las alitas y las sirve con una salsa para untar de cereza y manzana. La Bridge House Tavern en Chicago, sirve alitas con queso azul y ensalada de repollo y raíz de apio y una salsa de suero de leche.
Inevitablemente, los proveedores de alimento en ferias del estado se han metido al juego. En la feria de este año en el estado de Wisconsin State Fair, el Leadfoot’s Bar and Grill incluyó Pig Wings en su repertorio, junto con perritos calientes con doble vienesa y queso.
El pernil no siempre exige tanta imaginación para promoverlo.
"En el pasado, era una parte valorada del pernil cocido", dijo Bruce Aidells, autor de un libro de cocina que fue propietario de una compañía de embutidos. El codillo podía ser usado como un asa cuando el jamón se trinchaba en el hueso. Las briznas de carne que quedaban colgando después del cortado podían usarse para sazonar sopas y estofados.
Pero en las últimas décadas, a medida que la comida preparada como el jamón deshuesado y jamones enteros con rebanado de espiral se hacen más populares, los procesadores de carne empezaron a retirar el pernil antes de procesarlo, dijo Stephen Gerike, director de márketing de servicios alimentarios para la Asociación Nacional de Productores de Cerdo. Los empaquetadores procesan la carne de codillos y perniles en forme de cortes fríos y otros productos del jamón.
Estas campañas comerciales han hecho subir el precio del pernil, dijo Tom Jones, director de jamones para Farmland. Los procesadores encuentran que hay modos más rentables de usarlo. Pero cuando los vendedores de cerdo se concentraron en el pernil de cerdo, no sabían qué nombre ponerle.
Incluso entre los restaurantes cerca del Appert’s Foodservice, la compañía en St. Cloud que produce y empaqueta cerca del cuarenta por ciento del pernil cortado y procesado en Estados Unidos, no existe un acuerdo sobre cómo llamar esos pequeños trozos de cerdo.
La Great Waters Brewing Company, en St. Paul, llama ‘squealer’ a la versión de 57 gramos, y la sirve en cenas con una salsa de cerveza y mostaza. Jack & Jim’s Food and Liquor en Duelm, Minnesota, las vende como Duelm Country Ribs. Toasty Beaver’s Sports Bar and Grill en Bemidji, Minnesota, les da a los trozos de pernil un nombre temático y los llama cola de castor.
Appert’s compra la tibia en una planta en Sioux City, Iowa, que lo separa del resto del hueso y usa una parte como porciones de 57 gramos utilizando una sierra desarrollada por File. Los trabajadores de Appert’s echan novecientos kilos en un mezclador de paletas que ayuda a impregnar una marinada de agua, sal y "aromatizantes naturales de cerdo" en la carne.
File llama "engorde" a este proceso.
"Las Pig Wings son realmente magras", dijo. "Si no las engordáramos, el producto probablemente no te gustaría".
Desde allí, los trabajadores empujan las alas hacia los calentadores de convección. Después de seis a ocho horas a ciento ochenta grados, emergen gordas y marrones, listas para las interpretaciones de los cocineros en los restaurantes. Durante ese largo proceso de cocción, la carne se repliega y forma una masa a un extremo y, al otro, prácticamente un asa de hueso: la llamada vara que define el pastel Mac’s Eskimo.
Ese hueso-como-asa es una parte integral del atractivo de las Pig Wings. Evoca la parte carnosa del ala de pollo. Explota la popularidad del alimento montado en un pincho, de los antiguos perritos calientes fritos con maíz a las nuevas mollejas de pollo fritas. Con eso en mente, algunos restaurantes han empezado a vender perniles de cerdo fritos como carnitas-on-sticks [pinchos de carnita] o carnita lollipop.
La adaptabilidad cultural de Pig Wings es parte de la campaña de File. (Después de cubrir las suyas inicialmente con un frote de parrillada seco, ahora vende lo que llama un "producto natural").
Probando una versión aromatizada con romero y bañado con champiñones en Appert’s, le dijo al jefe: "Llámela confite de cerdo francés, y quizás le den veinte dólares".
En la Great Waters Brewing Company, le dijo al jefe, Ernest Figuera: "Puedes hacer lo que quieras con ellas. Las puedes hacer asiáticas, las puedes hacer a la mexicana. No me importa cómo las llame la gente, mientras sigan comprándolas".
[Nota del traductor. La palabra original, ham shank, significa literalmente tibia de jamón o de pierna. Es un corte de carne entre el tobillo y la rodilla, con bastante hueso, piel y tejido cartilaginoso, similar al codillo o pernil, y no lo que se vende en España, aparentemente como "alitas de cerdo" o "plumas ibéricas", que son partes jugosas y carnosas del cabecero (lomo).  Shank también significaba "el resto", "las sobras".]
1 de diciembre de 2011
30 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el diablo y joe paterno


Cuando pienso en los pecados de Joe Paterno, y el ignominioso fin de su larga y famosa carrera, pienso en Darío Castrillón Hoyos.
[Ross Douthat] Castrillón es un colombiano nacido en Medellín, que estudió para sacerdote católico y fue luego obispo durante la agonía de las guerras civiles alimentadas por las drogas en su país. En Colombia, fue un personaje extraordinario: un "hombre rústico con el perfil de un águila", como lo describió Gabriel García Márquez, que salía por la noche a escondidas de su residencia episcopal para dar de comer a los niños de los barrios bajos, a hacer de intermediario entre las guerrillas y los escuadrones de la muerte y se cuenta que entró a la casa de Pablo Escobar disfrazado de lechero para exigir al padrino de la droga que confesara sus pecados.
Pero eso no es lo que piensa el mundo hoy de él. En los años noventa, Castrillón fue nombrado al Colegio de Cardenales y encargado de la Congregación para el Clero, del Vaticano, donde llegó a personificar la cultura de la negación que caracterizó la respuesta inicial de Roma a la crisis del abuso sexual. Castrillón desechó el escándalo como otro "problema estadounidense", defendió la interpretación de la iglesia de la pedofilia entre sacerdotes mucho después de que se revelara lastimosamente inadecuada, y en 2001 incluso elogió a un obispo francés por negarse a denunciar a las autoridades civiles a un sacerdote abusador.
¿Cómo es que el hombre que exhibía semejante coraje moral en Colombia se pudo convertir en el cardenal que era tan moralmente culpable en Roma? Del mismo modo, quizás, que ese admirable entrenador de fútbol americano -un mentor para generaciones de jóvenes, un pilar de su comunidad en Pensilvania- terminara lavándose las manos por la violación de un niño.
Sospecho que fue precisamente porque Castrillón había servido heroicamente a su iglesia, que pudo enceguecerse tanto ante la realidad del abuso sexual entre sacerdotes. Fue precisamente porque Joe Paterno hizo tantas cosas buenas durante tantos años que pudo hacer lo impensable, y dejó que un violador de niños camine libre por el Happy Valley del estado de Pensilvania.
La gente mala y mediocre peca incluso de acuerdo a sus debilidades habituales. Sus mentiras o robos o adulterios hacen que el siguiente sea más fácil de contemplar. Después de hacer tantos atajos, se dice, ¿qué diferencia hace uno más? ¿Por qué incluso aspirar a las virtudes que usted probablemente no lucirá nunca, cuando es más fácil seguir siendo el pecador que usted sabe que es?
Pero la gente buena, la gente heroica, se deja seducir por su propia bondad -por la ilusión, común entre los que han hecho cosas importantes, que tienen responsabilidades más altas que el resto de la humanidad. Es precisamente en el servicio de esas presuntas responsabilidades más altas que a menudo logran que se olviden las más básicas.
Creo que Joe Paterno es un buen hombre. Creo en Joe Posnanski, de Sports Illustrated, el brillante periodista deportivo que está trabajando en la biografía de Paterno, cuando escribe que Paterno ha "vivido una vida profundamente decente" y, con sus esfuerzos y ejemplo, ha "mejorado la vida de innumerables personas".
También creo que la mayoría de los clérigos que cubrieron el abuso en mi propia iglesia católica eran, de muchos modos, buenas personas. Por supuesto, también las había malas: obispos enamorados de sus propias prerrogativas, sacerdotes para los que el ministerio giraba más sobre el auto-engrandecimiento que sobre servir a los demás. Pero había más que habían dedicado sus vidas a sus creyentes, sacrificando la posibilidad de formar una familia y hacer fortuna para poder decir la misa y oír confesiones, dirigir hospitales y organizaciones benéficas, visitar a los enfermos y consolar a los agonizantes.
Ellos creían en sus iglesias. Creían en su misión. Y de la tentación que sólo atrae a los virtuosos, de algún modo se convencieron a sí mismos de que proteger las varias obras buenas de su institución importaban más que hacer justicia para los niños que se suponía que debían guiar y proteger.
Sospecho que un instinto similar llevó a los mandos superiores en el estado de Pensilvania a básicamente ignorar lo que describieron como la "conducta inapropiada" de Jerry Sandusky y convencieron a Paterno de que por señalar la acusación a sus superiores, había cumplido con su responsabilidad con el niño víctima. Después de todo, tenía muchas cosas por hacer y mucha gente dependía de él. Y Sandusky había hecho tantas cosas buenas en los últimos años...
El mejor artículo sobre Darío Castrillón Hoyos fue escrito por el ensayista católico John Zmirak, y sus palabras también se aplican a Joe Paterno. Pecados cometidos en nombre de un bien superior, escribió Zmirak, pueden "oler y verse como lirios. Pero flanquean los ataúdes. Yacer muerto y tieso en esa caja es justicia natural, lo que cada uno de nosotros debe al otro en una deuda incondicional".
Ninguna causa superior cancela esa obligación -no una iglesia, y ciertamente no un programa de fútbol. Y ni siquiera una vida entera llena de actos heroicos no podría compensar por dejar solo a un niño, abandonado al mal, llorando en la oscuridad.
30 de noviembre de 2011
12 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

los señalados en justicia y paz


VerdadAbierta.com cruzó la lista de miembros de la fuerza pública que Justicia y Paz envió a la justicia ordinaria para investigar, con la de los investigados por la Procuraduría por delitos asociados con el paramilitarismo y con la que surge de los relatos periodísticos. Encontró que no coinciden en casi nada.
Colombia. A finales de agosto de 2011, luego de más de seis años de funcionamiento, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía reportaba un total de 495 casos contra miembros de fuerza pública que envió a la justicia ordinaria para que los investigara. Estos surgieron como producto de la información aportada por los desmovilizados durante sus versiones libres. Esta cifra es ligeramente superior a los 466 casos de políticos que esta Unidad envió a distintas dependencias de la justicia.
En la mayoría de estos casos, los desmovilizados mencionan a oficiales de fuerza pública, en particular de Ejército y Policía, y los señalan de haber sido sus colaboradores o cómplices. Tan sólo para el primer semestre de este año, se reportaban 162 casos que refieren a oficiales del Ejército y otros 89 que vinculan a oficiales de la Policía, 59 correspondían a suboficiales del Ejército y 97 a suboficiales de la Policía. Existen 6 casos más que fueron compulsados con relación a oficiales de la Armada, mientras que de Fuerza Aérea se había reportado sólo un caso.
El Catatumbo registra el mayor número de casos. Los fiscales de Justicia y Paz han enviado a sus pares de la justicia ordinaria alrededor de 70 casos contra miembros de fuerza pública relacionados con acciones del bloque paramilitar de esa región nortesantandereana. Después le siguen el Bloque Calima (Valle) y el Bananero (Urabá). En estos los fiscales enviaron un promedio de 50 casos por bloque solicitando a la justicia ordinaria que investigara militares por diversos delitos asociados al paramilitarismo.
Estos datos parecen revelar que hubo zonas del país en donde los paramilitares que han confesado sus delitos a la justicia percibían de manera más evidente lazos entre ellos y los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, con la avalancha de procesos que le ha llegado a la justicia ordinaria, ésta puede demorarse demasiado en separar culpables de inocentes, antes de que se venzan los tiempos legales de juzgamiento.
A mayo de 2011, la Fiscalía y la justicia penal militar sumadas llevaban casi 2000 casos penales contra militares por posibles violaciones a los derechos humanos, eso sin distinguir si los casos involucran posible complicidad por acción u omisión con el paramilitarismo. La Fiscalía sólo ha dictado sentencia condenatoria en 82 casos.

Faltas Disciplinarias
Para verificar si las cifras de investigaciones disciplinarias en la Procuraduría relacionadas con conformación o cooperación con grupos paramilitares, participación en homicidios o inactividad y omisión frente a actividades de grupos paramilitares coinciden con las que reflejan los casos enviados por Justicia y Paz a la justicia ordinaria, VerdadAbierta.com envió un derecho de petición a esta entidad. Según la respuesta del Ministerio Público, entre 1990 y 2009 abrió investigaciones contra 283 militares por faltas asociadas a posible complicidad con el paramilitarismo. La cifra, como se ve es menor que los 495 casos que Justicia y Paz ha enviado a la justicia regular para investigar.
De acuerdo con los datos de Procuraduría, de los 283 casos reportados, 144 fueron archivados, 125 fueron remitidos a otras instancias judiciales (remisión por competencia), 11 están pendientes de fallo y sobre dos se adelantaban investigaciones simultáneas.
Tampoco coincide la prevalencia regional. La mayoría de casos registrados por la Procuraduría ocurrieron en los departamentos de Antioquia (36 casos), Santander (31 casos), Valle del Cauca (15 casos), Guajira (13 casos), Norte de Santander (11 casos), y Magdalena (10 casos).
En cuanto a la distribución por fuerzas, la lista reporta un total de 132 procesos contra miembros del Ejército, 137 de Policía Nacional, 5 de Fuerza Aérea, 4 de la Armada y 4 del DAS. Particularmente, los casos en los que miembros de Fuerza Aérea y Armada resultaron involucrados con paramilitares tenían relación con el tráfico de estupefacientes, mientras que los de otras fuerzas se relacionan con homicidios, apoyo y cooperación con paramilitares. Respecto a su distribución por rangos, la lista es encabezada por un general, 39 coroneles, 31 tenientes coronel, 54 mayores, 22 capitanes y 17 tenientes.
Como tercera fuente para buscar cuántos militares pudieron haber estado involucrados con el paramilitarismo, se revisó el archivo periodístico de VerdadAbierta.com y otras fuentes mediáticas desde octubre de 2008 y surgió una lista de 111 militares y miembros de Policía mencionados en relación con los delitos del paramilitarismo. De esta lista hubo señalamientos contra 13 ex generales de Ejército y Policía y 34 coroneles de todas las fuerzas, que operaron en departamentos como Antioquia, Tolima, Meta y la región del Catatumbo.
Al cruzar las listas de las fuentes periodísticas y la de Procuraduría, apenas tres nombres coincidieron: teniente coronel del Ejército Lino Hernando Sánchez Prado (mencionado por Mancuso en sus versiones libres), coronel del Ejército Víctor Matamoros Rodríguez (mencionado por Mancuso y ‘El Iguano’ y sobre quién al parecer la Fiscalía precluyó una investigación en 2010) y el mayor de la Policía José Luís Palomino (mencionado por ‘Don Mario’). Estos militares y policías a la vez que han sido mencionados por los desmovilizados ante justicia paz, se les adelantó una investigación disciplinaria que según la Procuraduría fue remitida finalmente a otras instancias judiciales. Quizás son a estos miembros de la fuerza pública a los que la justicia ordinaria debería tener como prioridad en sus investigaciones.
En esta cuidadosa revisión releva además que la mayoría de las acusaciones contra miembros de fuerza pública están relacionadas con tres tipos de delitos: omisión para detener masacres o su participación activa en estas; respaldo a incursiones paramilitares; y darles apoyo logístico y suministrarles material bélico.
Es un número reducido de ex jefes paramilitares los que han denunciado los posibles nexos entre militares y paramilitares. Entre los jefes que han hablado de cómo les colaboró la fuerza pública en su expansión de sangre y fuego, están Salvatore Mancuso, Éver Veloza alias ‘H.H’, Jorge Iván Laverde, ‘El Iguano’, Freddy Rendón Herrera ‘El Alemán’ y su hermano Daniel Rendón Herrera ‘Don Mario’. La magnitud de esta colaboración también se ha conocido por las confesiones de paramilitares que fueron militares, como Luis Alexander Gutiérrez ‘Capi’ ex miembro del Bloque Libertadores del Sur, José Bernardo Lozada ‘Mauro’, desmovilizado del Bloque Catatumbo, y el asesinado Diego José Martínez ‘Daniel’, ex miembro del Bloque Tolima de las AUC.
1 de diciembre de 2011
24 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

justicia dispareja


El Estado ha reparado con sumas millonarias a víctimas de soldados y policías, pero muchos de los responsables de las violaciones siguen en la impunidad.
Colombia. A las 4:25 de la tarde del 27 de enero de 1995, Omar Carmona empezaba a rendir testimonio ante un inspector de policía de Tuluá, Valle, cuando un grupo de hombres armados y vestidos de civil, que dijeron ser de la Sijín, irrumpieron en las oficinas de la Estación Tercera de Policía y se lo llevaron a empellones junto con su hermano Henry. Ambos y un amigo común habían sido detenidos en la madrugada por estar involucrados en una pelea callejera. A las siete de la mañana otros dos hermanos de los Carmona, Rodrigo y Herney, también con un amigo, se habían acercado a la Permanencia donde suponían que estaban los detenidos, pero antes de poder encontrarlos fueron metidos a la fuerza en un campero rojo, el mismo que esa tarde se había llevado a los tres detenidos de la inspección de Tuluá.
En los cuatro días siguientes los cuerpos de los cuatro hermanos y sus dos amigos aparecieron destrozados. Mutilados, sin manos, algunos de ellos flotando en el río Cauca, cuyas aguas para entonces hacían de fosa común de los cadáveres de la extendida matanza de Trujillo y de otros episodios violentos del Valle.
En menos de un mes, el Comando de Policía del Valle hizo una investigación de la que sacó unas rápidas conclusiones: ninguna de las víctimas estaba bajo custodia de los agentes, pues los detenidos ya se encontraban con el inspector. En consecuencia cerró cualquier indagación, atribuyéndole la masacre de los hermanos al crimen organizado. Muy a pesar de que los testigos presenciales aseguraban que el carro en el que fueron raptados los muchachos, pertenecía a la Sijín.
La madre de los cuatro jóvenes, otros hermanos y sus hijos, empezaron a trasegar por los tribunales, interponiendo o respondiendo a apelaciones, hasta que 13 años después, la Nación, es decir, la Policía, resultó condenada. En el fallo, el Consejo de Estado no sólo le ordenó al Ministerio de Defensa a pagarle a los familiares por los daños ocasionados, sino que le ordenó a la Policía a pedir perdón públicamente a esta familia, y tomar un conjunto de medidas de justicia restaurativa con la comunidad y de prevención de estos crímenes entre sus agentes.
Para el consejero de Estado Enrique Gil, uno de los autores de la sentencia, esta es histórica porque muestra cómo las altas cortes se han ajustado a los estándares propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando cada vez más un concepto de reparación integral y no sólo un cheque, que es lo que se suele creer que es la indemnización.
En realidad el caso de los hermanos Carmona fue el segundo de esta naturaleza ante el Consejo de Estado. Un año antes, en 2007, al alto tribunal había llegado el caso de una víctima de la masacre y el desplazamiento masivos de El Aro, en Itüango, Antioquia. Para entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido una condena, y ordenado una reparación integral a las víctimas que habían interpuesto una demanda. Pero el Consejo de Estado tenía en sus manos el caso de una víctima que no había acudido a la justicia internacional, y que merecía, tal como pasó, una reparación en los mismos términos que la ordenada por los jueces internacionales.
Pero tanto en el caso de los hermanos Carmona como en el de Itüango, mientras el Estado ha reconocido, aunque sea tardíamente, su responsabilidad por el daño que sufrieron las personas, y ha ordenado pagarles dinero por ello, además de otras medidas restaurativas, los autores individuales de estas violaciones siguen en la impunidad.
A  muchos juristas les preocupa que el Estado se adapte a la situación de pagar por el daño que han hecho sus funcionarios sin hacer un esfuerzo de igual proporción para aclarar penalmente los casos. Es decir, que el Estado gaste más recursos y energía en defenderse ante el contencioso o en conciliar, mientras que los responsables de estos delitos graves y costosos no resulten castigados por la justicia penal militar ni la ordinaria.
De 13.484 demandas contra el Ministerio de Defensa que había al finalizar 2010, 10.744 buscaban reparación directa. El año pasado el Ministerio resultó condenado en 454 casos asociados a violaciones de derechos humanos, que representan, según el secretario general de esta institución Luis Manuel Neira, el 52 por ciento de los casos. En el resto ha salido exonerado el Estado. Pero no todos los casos llegan hasta la etapa de juicio, ya que hay muchos que se concilian. Es decir, el Ministerio paga un poco más a las víctimas y se ahorra el proceso judicial. No obstante la conciliación es solo económica y en estos casos no se logra una reparación integral ni simbólica.
Más de mil de las demandas que tiene el Ministerio son por presuntos falsos positivos, muertes de civiles, desapariciones y desplazamiento. Sólo el año pasado se pagaron 7.120 millones de pesos por muertes de civiles, 1.087 millones por desaparición forzada, 2.185 millones por muertes en asociadas a la legislación de Derechos Humanos, 2.900 millones por falta de protección a los civiles, 3.800 millones a civiles afectados en enfrentamientos, y 6.900 millones de pesos por muertes presentadas como en combate sin serlo.
Sumados estos pagos, representan casi 24 mil millones de pesos, una suma que, para tener un punto de comparación, duplica los pagos a proveedores que realizó entre enero y septiembre de 2011 el Hospital Militar.

La Justicia Penal
La Fiscalía tenía hasta mayo de este año 1.486 investigaciones relacionados con posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente homicidios fuera de combate, que involucran a 2.701 víctimas. No obstante sólo 82 han tenido sentencia condenatoria, 939 avanzan lentamente en el antiguo sistema penal, y 537 están en indagación preliminar.  Existen casos graves como el de la masacre de La Resbalosa, en San José de Apartadó, donde un oficial, el capitán Armando Gordillo, se acogió a sentencia anticipada después de confesar su participación en el crimen. Aun así no ha sido posible que otros militares que estuvieron en el planeamiento y ejecución de esta operación hayan sido castigados y por el contrario, los 60 que habían sido detenidos quedaron en libertad.
Hasta finales del 2010 la justicia penal militar tenía para esas mismas fechas 480 casos en investigación, lo cual permite inferir que se frenó en seco el traslado de expedientes de casos de derechos humanos a la Fiscalía, contraviniendo las directivas dadas por el propio Ministerio de Defensa, a raíz del escándalo de los "falsos positivos" que estalló al terminar 2008.
Si bien es cierto que una condena ante el contencioso administrativo no significa que automáticamente se tengan las pruebas para condenar penalmente a los responsables de un hecho, algunos fallos administrativos podrían dar luces a jueces y fiscales que les permitirían avanzar sus investigaciones  e identificar a los culpables con mayor eficacia. Y en ocasiones, es el propio Consejo de Estado el que le ha ordenado a la justicia penal hallar a los responsables.
Eso ocurrió por ejemplo en noviembre del año pasado con el caso de Rogelio Aguirre López. Este tendero de Medellín estaba en su casa en la madrugada del 6 de octubre de 1994, cuando un grupo combinado de militares, policías y fiscales llegaron a allanar su casa. Según el testimonio que él mismo le dio a la justicia, los agentes llegaron disparando y en los primeros minutos mataron a Antonia Castaño, esposa de Aguirre, quien salió a proteger a su esposo y sus hijos. Aguirre tenía un arma y al ver a su esposa muerta, también disparó. Pero lo que no esperaba era que un juez sin rostro, con testimonio de todos los uniformados presentes, lo enviara a la cárcel acusado de haber matado a su esposa.
Aguirre permaneció preso durante más de un año, hasta que un tribunal superior lo absolvió del crimen, con una sentencia donde cuestiona duramente el papel de la Fiscalía en su juicio. "La Fiscalía General de la Nación aparece en un maridaje vulgar, dañado y punible, avalando la situación, manteniendo al viudo en la cárcel durante un año (su hogar destruido, sus hijos al garete) y acusándolo en una kilométrica providencia donde sobran las repeticiones y la falta de justicia y el sentido común". Así pues Aguirre recuperó su libertad, pero empezó su batalla en la justicia contenciosa, en búsqueda de una reparación económica. Apelaciones fueron y vinieron durante muchos años hasta que en noviembre de 2010 el Consejo de Estado le dio la razón. Ordenó no sólo la reparación económica y que la Fiscalía le pidiera el perdón, sino que ordena que se busquen y castiguen a los responsables del crimen, la detención y el montaje.
Las sentencias del Consejo de Estado muestran un profundo abismo entre la investigación penal y la administrativa y los alcances que cada una puede tener.  Algunas veces, incluso, éste alto tribunal ha ido más allá de las exigencias de las víctimas.
Es el caso de tres campesinos que fueron desaparecidos también en 1993 cuando viajaban de Villavicencio a Monfort, diez minutos después de haber requisados en un retén militar y policial. En dicho retén los militares habían reportado por radio que un hombre llamado Fidel Ortiz, con orden de captura, viajaba en un campero de servicio público. No obstante no lo detuvieron ni a él ni a los demás. Sólo que un poco más adelante, el carro fue interceptado por otro jeep del que se bajaron varios hombres armados. Apresaron a los tres campesinos y se los llevaron con rumbo desconocido.  Testigos dijeron que habían visto el carro en el que se los llevaron, antes, en el  retén.
La justicia penal militar cerró el caso sin mayores preámbulos con el argumento de que los culpables habían sido paramilitares y no agentes oficiales. Lo mismo hizo la Procuraduría.  No obstante, el Consejo de Estado encontró que las tropas habían cometido si no una acción, lo cual eventualmente se podría probar, sí por lo menos negligencia y omisión suficiente como para resultar condenada la Nación.   Especialmente si se agrega que aunque fueron avisados de la desaparición, las tropas esperaron más de 24 horas para iniciar cualquier acción de búsqueda de los desaparecidos, aduciendo que había una orden superior de no avanzar por la carretera por razones de seguridad.
Lo interesante es que el Consejo de Estado no sólo marca un hito condenando por omisión al Estado, y en este caso al Ministerio de Defensa, sino que ordena a la Fiscalía investigar los hechos sobre los que se tendió un manto de impunidad. Militares que fueron indagados en esa ocasión mantuvieron una carrera ascendente dentro de las Fuerzas Militares hasta hace poco tiempo.
Similar sentencia se profirió en el caso de la muerte de Wilson Duarte, un hombre que fue sacado de su casa por la Policía en Saravena, Arauca. Lo encontraron ejecutado después. En este caso la justicia ordinaria si condenó previamente a dos policías por el homicidio, y después de las medidas de reparación ordenadas por el Consejo de Estado, resultó condenado un tercer responsable del hecho.
Pero el hecho de que el Consejo de Estado haya sintonizado su jurisprudencia no quiere decir que no falte camino por recorrer. A juicio de Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas, hay una gran lentitud en el desarrollo de los casos. De hecho, los casos aquí expuestos son de hace 15 o 20 años, lo cual hace más costoso el proceso no sólo para las víctimas, sino para el propio Estado. Adicionalmente, según una experta en defensa jurídica del Estado, todavía a los gobiernos les preocupa más ahorrarse un poco de dinero en cada proceso,  que asumir la indemnización como parte de la construcción de legitimidad de las instituciones.
Aunque muchos de estos episodios se presentan con menos frecuencia después de que estalló el escándalo de las ejecuciones de civiles en 2008, y su posterior presentación como muertos en combate, hay acumulados tantos casos del pasado que el presupuesto para pagar por ellos podría llegar al billón de pesos por año, dados los estándares que hoy se están aplicando. Para acatar los fallos de la justicia nacional se han presupuestado 260.000 millones y para pagar las condenas de la CIDH, se han reservado 600.000 millones. Y no alcanzan. Si a eso se le suma que ahora el gobierno quiere cargar al presupuesto nacional, y del contribuyente, la defensa de los militares involucrados en estos casos, entonces el costo de las violaciones de derechos humanos será aún mayor.
Que el Consejo de Estado ha venido armonizando su actuación con las cortes internacionales lo demuestra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado por el asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda. En ella, la CIDH reconoce lo actuado en materia de indemnización por el tribunal contencioso colombiano y negó a los hijos del senador la reparación económica por daño material a la que aspiraban.
Pero no todas las víctimas, ni las organizaciones que las representan, trabajan con las dos justicias. William Rozo, del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep piensa que la búsqueda de los fallos de la justicia administrativa, en lugar de impulsar los procesos penales, los desestimulan. "Al Estado le tiene sin cuidado pagar" dice. Y pone como ejemplo el caso de Mapiripán, donde a su juicio las víctimas han perdido el impulso en sus aspiraciones de justicia después de que se produjeron fallos nacionales e internacionales que ordenaron repararlas.
Menos incentivo tendrán aún, ahora que una investigación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía descubriera que algunas de las víctimas indemnizadas por esta masacre, en realidad no había sido víctimas y había presentado su caso a la justicia internacional con falsas evidencias. Después del escándalo, es muy probable que haya impunidad para los responsables de las otras víctimas, esas sí reales y ciertas, de la masacre de Mapiripán.
Tanto Rozo, como el padre Javier Giraldo, y otras organizaciones especialmente de abogados que llevan casos emblemáticos, consideran políticamente incorrecto que otras ONG litiguen en pro de indemnizaciones. En el caso de Trujillo, por ejemplo, estas organizaciones lideradas por el padre Giraldo tomaron sólo el caso penal, dejando a discreción de cada víctima si quería o no solicitar una reparación en el contencioso.
Rozo pone como ejemplo de víctimas que no han aceptado ninguna reparación económica hasta que no haya justicia, el de las hermanas García Méndez. Se trata de las cuatro hijas de José Rodrigo García, un diputado del Meta por la UP que fue asesinado en 1992 a unos cuantos metros de una estación de policía y minutos después de que miembros de esa institución le practicaran una requisa. El crimen está en completa impunidad, y prescribe el año próximo.
En la práctica, estos casos emblemáticos terminan en la Corte Interamericana que tiene unos altos estándares de pago por daños materiales e inmateriales. No obstante, si el Consejo de Estado y los tribunales administrativos internos elevan sus estándares, las posibilidades de que estos casos lleguen a los estrados internacionales son menores.
Mientras tanto, la justicia penal siga siendo inoperante. El Estado colombiano sigue encaminando mayores esfuerzos a su defensa y la de sus funcionarios en los tribunales contenciosos, que en encontrar a los culpables de las violaciones y castigarlos. El Estado siempre puede encontrar el dinero para pagar sus daños, pero le queda más difícil reparar el boquete que se le abre a la legitimidad de sus instituciones cada vez que un miembro de la fuerza pública viola los derechos del ciudadano que se supone debe proteger. Y lo mínimo que puede hacer para que este no se agrande es identificar a los responsables de las violaciones y castigarlos. Lo demás es seguirle botando dinero al problema que no ha podido solucionar.
1 de diciembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

piden extradición por caso missing


Juez pide extradición de ex militar de EEUU por caso ‘Missing’. En fallo por las muertes del periodista Charles Horman y el estudiante Frank Teruggi, Jorge Zepeda procesó al agregado militar en 1973, Ray Davis, y al ex agente de la DINA, Pedro Espinoza.
Santiago, Chile. El juez de la Corte de Apelaciones, Jorge Zepeda, procesó como autores de los asesinatos del periodista estadounidense Charles Horman,  y el estudiante de esa misma nacionalidad Frank Teruggi, al ex agente de la DINA, Pedro Espinoza, y al ex agregado militar de EE.UU, en Chile, Ray Davis.
El magistrado junto con enviar la notificación del procesamiento a Espinoza en el Penal Cordillera, donde cumple condena por varios casos de violaciones a los derechos humanos, solicitó a la Corte Suprema que autorice pedir la extradición de Davis a su par de Estados Unidos.
Davis tenía el rango de capitán de navío y se desempeñaba como oficial del grupo de la misión militar de Estados Unidos en Chile con funciones de jefe de la base naval de ese país en el puerto de Valparaíso. Ya en 2009 había sido mencionado en un amplio exhorto aprobado por la Corte Suprema.

Presunto Complot CIA-Chile para Eliminarlo
De acuerdo a la investigación judicial, Charles Edmund  Horman Lazar, periodista y cineasta, que trabajaba en Chilefilms, fue detenido a los 31 años cuando llegaba a su casa en la avenida Vicuña Mackenna el 17 de septiembre de 1973 días después del golpe de Estado.
Su esposa al regresar a casa constató que ésta había sido allanada y se habían llevado importantes documentos que eran parte de una investigación que desarrollaba sobre los vínculos de la CIA de ese país con los militares de Chile.
El Informe Rettig señala que "Charles Horman fue ingresado ese mismo día 17 al Estadio Nacional,  lugar en el que fue interrogado.  Su detención jamás fue reconocida por las autoridades. Semanas después, su familia logra saber que el afectado se hallaba muerto e inhumado en el Cementerio General".
"Su cadáver había llegado al Instituto Medico Legal remitido por la Fiscalía Militar, señalando que se ignoraba el lugar de la muerte.  La data del deceso, según el certificado respectivo, es el 18 de Septiembre de 1973 a las 09:45 horas y la causa de la misma: heridas múltiples a bala"

Horman en ‘Missing’ de Costa-Gravas
La muerte de Horman inspiró el libro ‘The Execution of Charles Horman’, de Thomas Hauser, el que sirvió como base para la emblemática película ‘Missing’ (Desaparecido), dirigida por Constantin Costa–Gravas el año 1982 y que contó con las actuaciones protagónicas de Jack Lemmon y Sissy Spacek.
1 de diciembre de 2011
29 de noviembre de 2011
©la nación

condenan a militares mexicanos


Personal militar mexicano recibe duras penas de prisión por asesinato de civiles. En un raro caso, catorce soldados y oficiales han sido sentenciados a largas penas de prisión por el asesinato de dos mujeres y sus tres hijos en el estado de Sinaloa hace cuatro años.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. Activistas de derechos humanos saludaron el viernes las sentencias a prisión del personal militar mexicano implicado en el asesinato de civiles, aunque dijeron que continuaban desconfiando de que el ejército juzgue él mismo a sus hombres.
Los catorce soldados y oficiales del ejército fueron condenados a largas penas de prisión por el asesinato a tiros de dos mujeres y sus hijos en un puesto de control en el estado de Sinaloa hace cuatro años.
El Ministerio de Defensa, en una declaración sobre el fallo, describió los asesinatos como "un lamentable error". Sin embargo, una corte marcial dictó condenas de van de los dieciséis a los cuarenta años de cárcel, más penas monetarias.
Esta puede ser la primera vez que se dicten sentencias tan severas sobre personal militar implicado en casos de muerte de civiles, dijo José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México.
"Nuestros datos indican que nunca antes se dictaron sentencias a firme", dijo. "Pero todavía no podemos celebrar. Persistimos en nuestra demanda de que este tipo de caso sea visto en tribunales civiles".
El número de atrocidades de derechos humanos de que se responsabiliza a los militares -incluyendo homicidios, torturas y desaparición forzada de civiles- ha aumentado enormemente desde el inicio de la guerra contra los carteles de la droga del presidente Felipe Calderón hace cinco años. Pero pocos casos han llegado a tribunales.
La mayoría son relegados a tribunales militares donde tienden a languidecer sin resolución. Los militares mexicanos sufren una intensa presión para demostrar que pueden impartir justicia aun cuando se trata de violaciones cometidas por su personal.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos regional, han pedido hace tiempo que en casos que impliquen abusos de militares contra civiles, los casos sean llevados por tribunales civiles. En julio, la Corte Suprema mexicana coincidió, y ordenó que todos esos casos fueran transferidos a cortes civiles. Pero es un proceso lento.
En el caso de Sinaloa, la familia de Adán Abel Esparza iba en un camión en junio de 2007 cuando, según el ejército, no obedecieron la orden de parar en un puesto de control militar. Los soldados dispararon contra el vehículo, matando a tres niños -de dos, cuatro y siete años- y dos mujeres.
Ocurrió en un periodo en que el papel del ejército en la guerra contra los carteles era relativamente nuevo y los controles carreteros de los militares se instalaban a menudo de manera inesperada.
El Ministerio de Defensa, en su declaración, dice que un tribunal militar sentenció al oficial a cargo ese día a cuarenta años de cárcel por homicidio y delitos relacionados; otro oficial recibió una pena de 38 años, mientras que doce soldados fueron sentenciados a dieciséis años cada uno.
La declaración fue hecha pública el jueves noche y dice que las sentencias fueron dictadas la semana pasada. No identificó por su nombre o rango al personal militar implicado.
Se estiman en 45 mil las tropas desplegadas en todo el país para combatir a los poderosos carteles de la droga.
30 de noviembre de 2011
4 de noviembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

el pupilo de fidel castaño


Armando Pérez, cuya carrera la Escuela Militar fue patrocinada por el fundador de las autodefensas, entrenó a miles de paramilitares mientras era oficial y después, como jefe ‘para’. Esta es la historia que le contó a la justicia.
Colombia. Armando Alberto Pérez Betancourth se hizo dentro del Ejército al lado de Fidel Castaño, quien le patrocinó la carrera de oficial en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Luego de la graduación, en diciembre de 1987, Castaño movió influencias para que lo ubicaran en el Batallón Junín de Montería y de ahí lo trasladaron a la base militar de Tierralta (Córdoba), donde le sirvió de informante y de instructor de "Los Tangueros", autores de las primeras masacres de civiles en las fincas de Honduras y La Negra en Urabá. Este grupo fue la semilla de lo que luego se conocería como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Después de su paso por Tierralta, fue designado a la Brigada Móvil No.1, con sede en Montelíbano (Córdoba), luego trasladado a la Tercera Brigada en Cali con el batallón de contraguerrillas Numanci, con el que ascendió a teniente efectivo. Del Valle del Cauca pasó a Popayán, Rosario (Nariño),al batallón García Rovira en Pamplona (Norte de Santander), a la Escuela de Armas y Servicios en Bogotá, y de ahí fue a Urrao (Antioquia).
Siendo comandante de la base militar de Urrao (Antioquia), en mayo de 1996, fue detenido y conducido al Batallón Girardot de Medellín, donde lo notificaron de la condena a 27 años de prisión por el homicidio del presunto guerrillero de las Farc, Ricardo Alonso Quiroz. Allí alcanzó a estar 18 meses preso, pero se fugó con la ayuda de un enviado de los Castaño. Sabía que además era probable que lo sindicaran también de la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo, defensor de los derechos humanos asesinado por orden de Carlos Castaño en enero de 1997.
Tras la huída de Medellín, Castaño lo acogió como instructor de la escuela paramilitar La Acuarela en la Vereda La 35 de San Pedro de Urabá, donde también estuvieron Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’ y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’. ‘Doble Cero’ fue jefe del Bloque Metro en Antioquia y ‘El Iguano’, jefe del frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.
Si ascender en el Ejército le costó años de empeño, dentro del paramilitarismo en cambio, la carrera de Pérez Betancourth fue vertiginosa. Luego de haber entrenado a paramilitares en La Acuarela, a mediados de enero de 1999, fue enviado por los hermanos Castaño al municipio de Acandí (Chocó) para entrenar tropas del Bloque Elmer Cárdenas que mandaba Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. Tres meses después, con más 200 hombres partió de Tierralta (Córdoba) a Norte de Santander, donde terminó asumiendo el mando del frente la Gabarra y posteriormente como jefe del Bloque Catatumbo,
Siendo jefe de este bloque que ensangrentó a Norte de Santander, la Fiscalía libró otra orden de captura en su contra por la desaparición y posterior asesinato del indígena Barí, Obed Dora Cebra, en abril de 2000. Después, el Juez Segundo Penal de Cúcuta, lo condenó a 40 años de prisión por la masacre de 20 personas, el 6 de abril de 2000 en Tibú, Norte de Santander.
El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo. El ex oficial del Ejército intentó pasar desapercibido en Ralito. Sin embargo, algunas excentricidades que aún conservaba desde que comandó el bloque y las constantes reuniones con los hermanos Víctor (abatido por la Policía en 2008 en el Bajo Cauca antioqueño) y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como "Los Mellizos", dejaban ver que no era un paramilitar cualquiera, sobre todo porque algunos de los desmovilizados rasos que lo conocieron en Norte de Santander, no dejaban de saludarlo con reverencia, como el "comandante Camilo".
La última vez que se supo públicamente de Pérez Betancourt, fue el 23 de marzo de 2006 en Santa Fe de Ralito, la Inspección de Policía de Tierralta, donde se negoció la desmovilización paramilitar. Ese día, después de haber rendido indagatoria ante la Fiscalía, que lo llamó a responder por los crímenes que cometió con el Bloque Catatumbo, abandonó el pueblo sin dejar rastro.
Nadie supo de su huida en Córdoba, ni siquiera Salomón Feris Chadid, alias 08, el desmovilizado jefe paramilitar del bloque Sanidad de las Auc quien vivía en Santa Fe de Ralito y al que visitaba seguido. Versiones de desmovilizados en Tierralta y Montería, coincidían en que ‘Camilo’ se fugó con Los Mellizos a la Sierra Nevada de Santa Marta y crearon el grupo "Los Nevados". De ahí se cree que, en 2008, salió para la región del Alto San Jorge (Córdoba), donde estuvo al lado del grupo Vencedores de San Jorge, organización que también desapareció y terminó siendo cooptada por otros paramilitares de Planeta Rica, La Apartada, Ayapel y Montelíbano, donde hoy se libra una guerra entre bandas criminales.
Fugas y travesías de guerra que a su acomodo narró a la Fiscalía en Santa Fe de Ralito y que de cierta forma, sirven de constancia sobre cómo algunos embriones del paramilitarismo en Colombia crecieron al lado del Ejército. Los siguientes son apartes de la versión que alias "Camilo" rindió a la Fiscalía, en 2006, poco antes de que no se volviera a saber de él:

La Versión de Alias ‘Camilo’
Yo conocí desde 1984 al señor Fidel Castaño, por la relación que tenía mi tío Hernán Betancourt con él en Córdoba. En las vacaciones del colegio Carlos Pérez Mejía de Medellín, me venía para acá (a Valencia, Córdoba) con él y los acompañaba en sus trabajos como comerciante y ganadero y a las reuniones que tenían con ese señor.
Desde ahí el mismo señor Fidel me dijo que ingresara al ejército apenas terminara el bachillerato para que le colaborara en estas regiones que estaban en conflicto con la guerrilla. Entonces empecé a averiguar para meterme a la Escuela Militar, pero la carrera era bastante costosa y él me dijo que no había ningún problema y que me la financiaba. Eso fue como en Semana Santa de 1984, cuando estuvimos hablando sobre eso, luego, en mayo del mismo año, Fidel Castaño me mandó dos millones de pesos con el señor Toto Hernández, quien vivía en Montelíbano (sur de Córdoba) y llevaba marramos para vender a la feria ganadera de Medellín.
En enero de 1985 empecé a estudiar en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá y el señor Fidel Castaño me mandaba platica para financiar la Escuela, la enviaba a Medellín. Ya en 1987, cuando iba a ascender a subteniente, le mandé decir que en noviembre me notificaban del traslado y no sabía para dónde, pero envió una razón con mi tío diciéndome que tranquilo porque él se encargaba de eso. A finales de noviembre me notifican que venía trasladado para el Batallón Junín de Montería. Yo sé que Fidel tenía amigos en el Ejército.

La Llegada a Córdoba
 Llegué a Montería y posteriormente me trasladaron a la base militar de Tierralta. Ahí tuve contacto con el señor ‘Miguel’, quien fue en nombre del señor Fidel Castaño, quien pertenecía a un grupo de autodefensas que estaba en la finca Las Tangas, a orillas del río Sinú en Valencia, Córdoba. En la finca había un señor como administrador que le decían ‘07’.
‘Miguel’ era el enlace entre el señor Fidel y yo. Posteriormente les colaboraba con informaciones, incluso, no me acuerdo la fecha, pero debe estar en los archivos del batallón Junín de Montería, hicimos un allanamiento a esa finca por orden del comandante del batallón Junín, eso fue en 1988 (año en que empezaron las masacres en Córdoba y Urabá). Ese allanamiento lo hicimos con el teniente Turcio Pinzón.
Una de las misiones era informar a ellos todo. Yo le mandaba decir con ‘Miguel’ cuando estaba enterado de alguna operación militar y en mi tiempo libre, les dictaba cursos contraguerrilla; a mí me encargaban de la parte militar únicamente. Le dicté entrenamiento como a 18 personas, quienes eran las que patrullaban. Ellos salían y hacían operaciones ofensivas y regresaban a las fincas Las Tangas, Vijagual y Paraguay, pegadas al municipio de Valencia.

La Fuga
En la finca Las Tangas había otros trabajadores. Conocí a Móvil 1, H2, y a dos mujeres que se encargaban de la cocina. Conocí también a una mujer que le decían ‘Doble Cero’, era robusta, blanca, alta, andaba en un Suzuki cafecito y de acento paisa; esta señora se encargada de comprar los víveres y las remesas en Montería. Después cuando salí trasladado, en 1989, ellos ya estaban más hacia arriba, en la Escuela La Acuarela de San Pedro de Urabá, esta zona ya estaba liberada de guerrilla.
Posteriormente tuve comunicación con más comandantes, entre ellos, Leonardo o Lucas, quien se encontraba en Medellín. Con Leonardo organizamos las entradas de unas autodefensas al noroccidente antioqueño, principalmente en Urrao, Caicedo y Betulia para bloquear la movilización que tenía el frente 34 de las Farc. Estando ahí, Leonardo me mandó a un comandante que se llamaba Gabriel, oriundo de San Pedro de Urabá, para que coordinara el ingreso de 30 hombres de las autodefensas con ocho urbanos de Urrao.
Estando en Urrao es cuando se me presenta el problema jurídico (por el asesinato de un presunto insurgente de las Farc), y le informo a Leonardo, quien estuvo colaborándome económicamente para que pagara los abogados. Él me visitó varias veces cuando estuve (preso) en Medellín en 1996 en el batallón Girardot, y después cuando me fugué, el 24 de diciembre de 1998, Lucas me recogió y me llevó hasta Santa Fe de Antioquia.
De Santa Fe de Antioquia volé en helicóptero hasta la finca La 15, cerca de San Pedro de Urabá, donde me presenté ante el señor Carlos Castaño, quien me mandó para la Escuela La Acuarela en un carro. Al llegar me recibió el comandante ‘Doble Cero’ o Rodrigo, el director de la Escuela.
‘Doble Cero’ me nombró instructor militar, ahí duré unos meses dictando cursos de contraguerrillas, después hice parte de un comité de reentrenamiento móvil donde estábamos varios instructores, entre ellos ’Yimi’, una muchacha que se llamaba Paola, quien era enfermera de combate y dictaba primeros auxilios, y otra señora a la que le decían ’La Chávez’, que dictaba la parte política.

De Chocó al Catatumbo
Con ese comité de reentrenamiento me desplacé al Chocó, eso fue a mediados de enero de 1999. Llegamos a una vereda que se llama Tanela y creo que pertenece al municipio de Acandí. Ingresamos en carro desde La Acuarela hasta Necoclí, allí nos recogió una lancha que atraviesa el Golfo de Urabá y llega al Chocó, directamente a Tanela, donde nos esperaba el comandante ‘Alemán’ del Bloque Elmer Cárdenas. Él me reunió toda la tropa y de ahí empezamos a dictar el curso por espacio de mes y medio; antes de terminar el curso llegó ‘Doble Cero’ y pasó revista al entrenamiento, en ese momento él era comandante militar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Terminado el curso, a finales de febrero de 1999, me llevaron nuevamente a La Acuarela y de allí me enviaron para el Cesar, llegué a un sitio que se llama San Ángel (Sabanas de San Ángel, Magdalena, donde quedaba el cuartel de ‘Jorge 40’), que es como un corregimiento, y me presenté al comandante ‘Jorge 40’. Hicimos un reentrenamiento de la tropa, pero como a principios de abril, cuando iba iniciar la Semana Santa de 1999, me mandó recoger Carlos Castaño y volví a La Acuarela. Estando en este lugar me dio la orden de presentarme ante el comandante Mancuso, quien me trajo para una zona que se llama Los Guayabos, yendo para el Nudo de Paramillo (en jurisdicción de Tierralta), ahí me entregó 205 hombres para que los entrenara militarmente.
A finales de mayo de 1999, entre el 24 y 25, a ese grupo se le da el nombre de Frente La Gabarra, y me dan la orden de desplazarme con ellos hacia la zona del Catatumbo. La misión era localizar a unos cabecillas de la guerrilla y golpear unos campamentos del frente 33 de las Farc y unas comisiones del ELN y el EPL que se movían en la zona. En ese frente íbamos divididos en contraguerrilas y compañías. Lo comandantes de compañía éramos mi persona que me nombraban como ‘Camilo’, Mauricio ‘Cuatro Cuatro’ y otro era ‘Cordillera’, quien está muerto. Ya siguen los comandantes de grupo que eran ‘El Gato’,’Rony’, ‘Adolfo’ y ‘Raúl".
30 de noviembre de 2011
24 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
cc verdad abierta