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reabren en uruguay 88 casos de ddhh


El presidente habilitará la reapertura de ochenta y ocho casos de violaciones a los derechos humanos. El decreto anulará los actos administrativos que impedían investigar decenas de casos amparados en la Ley de Caducidad. La sentencia de la CIDH en el caso Gelman dio sustento a la medida.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. José Mujica eligió una fecha simbólica para dar un paso en materia de derechos humanos: el 27 de junio de hace 38 años comenzó el capítulo más oprobioso en la historia de Uruguay. Ayer, 27 de junio, el mandatario anunció que firmará un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones a los derechos humanos. Es una medida concreta entre otras que le reclaman agrupaciones como Hijos, que ayer le entregó un petitorio al presidente. Esta decisión llega un mes después de que la coalición gobernante Frente Amplio fracasara en el intento de anular la Ley de Caducidad, una norma que permite la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
El decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar 88 casos de violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad. La norma, aprobada en 1986 y ratificada en dos referéndum, en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso se archiva o no. Mujica y su antecesor inmediato, Tabaré Vázquez, reabrieron varios procesos.
Ayer al mediodía, representantes de Hijos le hicieron llegar al presidente un petitorio. Valentín Enseñat, de esa agrupación, sostuvo en diálogo con Página/12 que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman es "el argumento perfecto" para que el Estado uruguayo derogue esos actos administrativos. "Lo planteamos como un paso jurídico, una medida que el presidente puede aplicar, pero no es una solución. A partir de la condena de la CIDH en el caso Gelman, el Ejecutivo había manifestado su voluntad de revocar los actos administrativos. La sentencia es ilustrativa, es un argumento perfecto para que el Estado no delegue su responsabilidad", dijo Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977.
El 24 de marzo pasado, el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos estableció que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman, e instó al Estado a "tomar las medidas necesarias" para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.
La decisión del Ejecutivo se sustenta en la condena del organismo internacional. Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. "Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento", señaló Breccia. El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como determina la sentencia.
La revocatoria de los actos administrativos en 88 causas permitirá la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso o si corresponde o no desarchivar los expedientes, explicó Breccia. El funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes "debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos".
El pedido de Hijos no se limita a lo administrativo. Enseñat afirmó que reclaman el acceso a los archivos de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. "Suponemos que hay una información valiosa sobre la verdad." El joven subrayó que de ningún modo se eliminan los efectos de la Caducidad con el decreto. "Esta medida actúa sobre 88 causas que no son todas las que deberían ser. Hablamos de 200 casos de desaparecidos, sin entrar a especificar la tortura, la prisión prolongada, los homicidios. La mayoría de los familiares nunca presentaron una denuncia penal porque la Caducidad ha actuado como desestímulo."
Enseñat señaló sus próximos pasos: "Tenemos pensado presentar a la Corte Suprema un petitorio para que declare que la norma es inconstitucional en forma general". El máximo tribunal falló de inconstitucional la ley en octubre de 2009 para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Una semana después, una mayoría de uruguayos votaba por la continuidad de la amnistía. Una mayoría votaba por un nuevo gobierno del Frente Amplio.
La alianza gobernante intentó en mayo pasado anular los efectos de la Caducidad mediante una "ley interpretativa" que pudo ser aprobada en el Senado, pero fracasó en Diputados. Generó una crisis en la coalición oficialista que aún persiste.
28 de junio de 2011
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los acusados eran las víctimas


Absuelven a cuatro jóvenes que se fugaron de una comunidad terapéutica. Los chicos habían huido porque eran sometidos a tratos crueles. Eran los métodos que aplicaban para "curarlos" de su adicción a sustancias ilegales. Los acusaban de robo agravado, pero la fiscal desistió de hacerlo.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Luego de un proceso judicial que duró casi seis años, cuatro jóvenes que habían escapado de una comunidad terapéutica en la localidad bonaerense de Tortuguitas fueron absueltos ayer porque la fiscalía desistió de la acusación. "Quedó probado que las víctimas eran los jóvenes", comentó ayer el abogado defensor Walter Reinoso y pidió que se reactive la causa en trámite contra quienes manejaban la comunidad Volver a Empezar. Allí, los chicos eran obligados a correr durante cinco horas y al que desistía se le daba una "medida curativa", el submarino. Estos hechos, además de ser denunciados por las víctimas, fueron admitidos ayer por Mariano Núñez Gordillo, ex operador terapéutico de esa comunidad, quien agregó en su testimonio: "Yo también me hubiera escapado".
El juicio comenzó a las 8.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín y tenía, en principio, una lista de 40 testigos. A los cuatro jóvenes se los acusaba de "robo calificado", un delito que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. El 1º de abril de 2005 los cuatro y otros cinco que eran menores de edad huyeron de Volver a Empezar, luego de que sus coordinadores les negaran la posibilidad de irse. Los chicos amenazaron con palos y cuchillos, los ataron y los encerraron en un baño.
"Les pidieron las llaves y como estaban en la mochila de uno de ellos, se llevaron la mochila, sin saber que había un celular y 70 pesos. Por esto último les armaron la causa aunque hoy (por ayer), Gordillo aclaró este punto", comentó a este diario Reinoso. Los nueve fugitivos fueron capturados porque Núñez Gordillo, señalado por los jóvenes como uno de los más sádicos dentro de la comunidad, logró desatarse y denunciar el escape a la Policía Bonaerense, cuyos oficiales nunca creyeron la historia que contaron los chicos.
Los menores fueron trasladados a institutos, los cuatro mayores estuvieron dos meses presos en la comisaría de Tortuguitas y fueron procesados por el juez de Garantías de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, a pedido del fiscal Héctor Scebba. "Fallaron estos filtros judiciales, este juicio no se tendría que haber hecho y en realidad, lo que falta es investigar las responsabilidades de los dueños de esta comunidad terapéutica", señaló ayer el abogado Reinoso.
Los cuatro jóvenes que llegaron a juicio son tucumanos y fueron enviados desde esa provincia por el juez de menores Oscar Ruiz a la Fundación Hoffman de Buenos Aires, que los derivó a la comunidad terapéutica Volver a Empezar.
Ayer, Núñez Gordillo admitió los malos tratos y aseguró que él "estaba en desacuerdo y los disponía Carlos Nenning", quien manejaba la fundación con el psiquiatra Silvio Hoffman. Este testimonio, el tercero de la audiencia, hizo deliberar a los jueces Julio Di Giorgio, Mónica De Benedetto y Agustín Gossn y a la fiscal Paula Leiva, quien finalmente declinó la acusación.
Antes del ex operador terapéutico, pasó al estrado Matías Reinoso, acusado junto a Mauricio Melo, Marcelo Viñas y Alvaro San Juan. En diálogo con Página/12, Matías relató que había viajado a Buenos Aires porque sus padres le dijeron que "vería a un médico y estaría sólo 15 días". Cuando llegó a la comunidad, le adelantaron que estaría al menos "un año y medio". "Yo sólo fumaba marihuana, tenía 19 años y a veces pasaba dos o tres días sin volver a casa. Era rebelde, ése era mi problema", comentó. También recordó que en la comunidad "los hacían comer y tomar agua hasta vomitar, era una medida curativa decían ellos".
"Ese lugar era un campo de concentración disfrazado", sentenció ayer Alberto Calabrese, integrante de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas que asesora al gobierno nacional. "Hay un modelo que justifica esto desde antes de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Empezó con la unión de positivismo médico y el puritanismo religioso y después se trasladó a la ética jurídica. A esos chicos se les requería una ‘expiación’ por el ‘demonio’ que tenían dentro, que sería la droga. Para retenerlos, se les decía a los padres que los adictos mienten y son manipuladores. Fue algo sádico y vejatorio", explicó Calabrese.
Nenning y Hoffman fueron denunciados en 2005 por los padres de los chicos, aunque esa causa –la 42.725– ni siquiera tiene un juez, ya que no se tomaron medidas que precisen esa autoridad, como un allanamiento. Recién la semana pasada los llamaron a indagatoria por "lesiones". Esta causa puede prescribir pronto, aunque por tratarse de torturas y habiendo recibido dinero del gobierno tucumano, a través de un convenio, "debe investigarse si no hubo un crimen de lesa humanidad", advirtió Calabrese.
28 de junio de 2011
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hermana dice que no sabe


El testimonio de la monja Nicomendes Zaracho (Felisa), que actuó en el Hospital Militar. Ante el tribunal que juzga el plan sistemático de robo de bebés, la monja relativizó su propia declaración del 2007. Esta vez dijo no recordar que entregara sábanas para "las NN" y tampoco supo qué decir sobre el destino de los chicos que vio.
Argentina. A algunos de ellos siempre les costó contar lo que vieron en el interior del Hospital Militar de Campo de Mayo donde trabajaron durante los años de la dictadura militar, el lugar en el que funcionó la maternidad clandestina que atendió a las parturientas secuestradas. Algunas son religiosas de la Congregación Misericordia de la Tercera Orden regular de San Francisco; algunos son médicos que estaban bajo las órdenes de otros médicos militares. La semana pasada empezaron a pasar por la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como ayer lo hizo Felisa, una monja paraguaya, y el médico Carlos Alberto Raffinetti. Ambos habían dicho años atrás algo más de lo que ayer recordaron. La monja, en una declaración de 2007; el médico ante la Conadep. Ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 llegó casi a enojarse con la religiosa que sistemáticamente evitó todo tipo de precisiones. "¿Pero usted supo lo que pasó en el país entre los años ’76 y ’82?", le preguntó María del Carmen Roqueta notoriamente incómoda. "¿Nunca tomó conocimiento de lo que se nombró como guerra? ¿Sabe que en este momento está declarando frente a un tribunal federal de la Nación?"
La hermana Felisa se llama Nicomendes Zaracho, una religiosa que trabajó durante doce años en el Hospital de Campo de Mayo. Zaracho era la encargada de distribuir la comida, cuidar la ropa de los soldados y mantener la limpieza de una de las salas que tenía a cargo. Luego de una larga investigación que logró darles nombre a las personas que habían estado en esos servicios, el Juzgado Federal de Jorge Ballestero la convocó en 2007 para una primera declaración. Zaracho en ese contexto habló de las escenas, por las que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a pedir su presencia. Dijo que alguna vez sirvió el desayuno para tres chicos que de pronto, un día, aparecieron en un área del hospital. Mencionó además que cuando distribuía las sábanas e inscribía los destinos, alguna vez tuvo que poner como destino la inscripción "NN". Ninguno de esos recuerdos aparecieron ayer con facilidad. Tanto que durante un tramo de la declaración, cuando las idas y venidas de las preguntas no lograban siquiera acercarla a los puntos más tremendos de esos relatos, Roqueta le preguntó si estaba segura de estar bien. "¿Está amenazada? ¿Recibió alguna coacción?", le dijo. "¿Quiere que desalojemos la sala para que pueda declarar tranquila? ¿Se asesoró con algún abogado antes de venir acá?" La monja, que respondió que no a cada una de las preguntas, hasta con una sonrisa nerviosa, dijo que no también cuando le preguntaron por el abogado, pese a que momentos antes quien la acompañó se presentó como abogado ante alguien de la causa. El hombre, de apellido San Juan, bajó las escalinatas con ella y otras dos religiosas.

La Declaración
La hermana Felisa atendía a los enfermos de la Clínica Médica, que luego pasaban al sector de epidemiología, con acceso restringido al personal militar después del golpe de Estado. "¿De dónde le traían la comida?", preguntó el abogado de Abuelas, Alan Iud. "De la cocina", dijo ella. "¿Y la vestimenta?" "De la ropería", agregó.

–¿Quedaba algún tipo de registro?
–Sí –dijo la mujer–, se anotaban cuántas sábanas iban para los soldados, después las traían y les dábamos ropa limpia.

–¿Alguna vez en esos registros leyó o pudo ver que estuviera el término NN? –preguntó Iud.
–Que yo sepa, no –dijo la religiosa.

–¿Escuchó esa expresión?
–No.

–¿Sabe a qué se refiere esa expresión?
–Son... –propuso– personas que no tienen nombre.

Ese fue el trabado ritmo de la declaración. Zaracho respondió breve o con monosílabos. Luego, las preguntas se escuchaban en tonos cada vez más altos, como si todo fuese un problema de audición. Finalmente, Zaracho volvió a hablar de los niños: "Yo me acuerdo de una vez en pediatría que hubo, no un bebé, sino tres chiquitos, uno de siete años. Yo me acuerdo que le mandaron pedir a la superiora para que les vaya a dar el desayuno a esos chicos; era una nena y dos varoncitos". Zaracho no dijo mucho más. Dijo "no sé" cuando le preguntaron por los padres, aunque no era lo que había dicho años antes. Roqueta empezó a leerle poco después su vieja declaración para recordar alguno de esos puntos. En esa vieja versión, la superiora había recibido una orden durante la noche para darles de comer a unos niños. Zaracho los asistió con otras dos religiosas. "Nos encontramos con un varón de seis o siete años –dijo en ese momento–, y dos hermanos de 2 y 4 años; el varón era primo de los otros chicos; la nena lloraba mucho pidiendo por su madre, y el nene les decía que ya no estaban más. Y decían que los padres los habían puesto debajo de la cama, y sobre ella habían puesto además un colchón." Era el año 1976, los tres estaban en la maternidad, en el área ginecología.
"¿De todo eso no se acuerda nada?", le preguntaron a la mujer. "¿Cómo eran esos nenes?" Ella sólo dijo recordar que el niño era flaquito, algo rubio y tenía un jean y un pulóver.

–¿Sabe qué pasó con esos chicos después?
–No –dijo la mujer.

–¿Y no preguntó a las otras religiosas? ¿No lo hablaban entre ustedes?
–No –dijo Zaracho–. Lo que pasa es que habían dicho que les diésemos el desayuno nomás.

"¿Era común ver chicos en ese lugar?", le preguntaron. "¿Era común ver que lloraran pidiendo por sus padres? ¿Era todo igual? ¿No le llamó la atención?" "No me acuerdo", respondió Zaracho. "Seguramente me acordaba más en esa (antigua) declaración", aclaró. Esa vez, la religiosa había hablado lo de las sábanas para NN. "¿Por qué ha dicho ahora todo lo contrario?", le preguntó el Tribunal. "¿Y qué piensa ahora –insistieron–: por qué se pondrían NN, si antes usted misma dijo que los NN podrían ser las personas que no podían tener nombre? ¿Por qué no podrían tener nombre?" Y ella explicó: "Yo no sé doctora...".
28 de junio de 2011
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consideraciones sobre la traición


columna de mérici
En septiembre de 2009 un grupo de diputados de oposición visitó al embajador de Estados Unidos en Caracas para pedirle ayuda económica. Necesitaban dinero para iniciar una radio y/o un canal de televisión para difundir sus ideas políticas, pensando en las elecciones de 2010. Habían pedido ayuda el National Endowment for Democracy y otras instituciones. Se acercaron a la embajada para saber la respuesta. Aparentemente, les dijeron no. Es el informe del embajador Patrick Duddy el que publicó recientemente WikiLeaks. En este, el embajador reproduce parte de la conversación. Les dijo que Estados Unidos no intervenía en asuntos internos de Venezuela, que aparentemente fue el motivo por el que se rechazó la petición de los políticos. "Este es el momento de empezar", le dijeron. Más adelante en el encuentro ofrecen explícitamente defender los intereses de EUA en el país, sobre todo considerando la presencia de Cuba e Irán. Este elemento de extorsión no pasó desapercibido para el embajador, que dice que creyó que los políticos actuaron movidos por el pánico.

¿Es traición lo que hicieron esos políticos? Wikipedia adopta la definición del Oran’s Dictionary of the Law, que la tiene como "las acciones de un individuo para ayudar a un gobierno extranjero a derrocar, hacer la guerra, o perjudicar gravemente al país materno".1 En algunas legislaciones, espiar para un país extranjero es considerado traición. Parece que los diputados pidieron ayuda a cambio de defender los intereses estadounidenses en política exterior, no necesariamente los intereses de Estados Unidos en general o de sus empresas o similares. Sin embargo, es también evidente que los diputados tenían algo más en mente que la política exterior de EUA (defender a ese país de Cuba e Irán), porque el embajador rechazó la idea de intervenir en Venezuela. Probablemente los diputados se referían a derrocar al gobierno, o a participar en la política venezolana con el fin de derrocar al presidente Chávez, en la convicción de que el presidente defendía una política hostil a Estados Unidos. Esas conductas con esas intenciones se definen como traición.

Lo que me llama la atención es que estamos habituados a oír acusaciones de traición, no tanto porque abunden las traiciones  sino porque es un modo usual de descalificar a rivales políticos. Pero en muchos casos, las acusaciones de traición son reales. En Chile, por ejemplo, se ha acusado al general Pinochet de haber traicionado al país por ponerse al servicio de Estados Unidos. Esta acusación la rechazan sus partidarios, aunque es evidente que cometió ese crimen, porque fue investigado por el propio Congreso estadounidense en 1975, y más tarde incluso por el secretario de Estado Henry Kissinger. Sabemos que aceptó la misión estadounidense (preparar un golpe de estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y defender los intereses de Estados Unidos) a cambio de algunos millones de dólares. Esto parece ser innegable. Los partidarios de Pinochet se niegan en redondo a considerar la seriedad de la acusación y responden acusando a Allende de haber conspirado con la Unión Soviética y Cuba para instaurar una dictadura comunista. Ni la acusación de traición ni de conspiración con ese fin han sido probadas nunca.

Lo que también llama la atención es que no se conocen defensores de la traición o ideólogos de la traición. No conozco a filósofos que fomenten o defiendan la traición. Lo más cercano de una defensa de la traición sería algún diálogo en una obra de Aristófanes, en la que un personaje consideraba idiota defenderse ante un ejército invasor y proponía unirse a las celebraciones de victoria y pasarla bien -como haría probablemente un perro, que si los invasores le arrojaran un hueso reaccionaría dichoso y sin pensárselo dos veces. Pinochet nunca defendió abiertamente su traición. En realidad, no conozco a ningún traidor (como el general Contreras2, por ejemplo, que fue agente de la CIA) que haya alguna vez justificado sus actos.

No es algo inconcebible. Esos militares y políticos chilenos podrían argumentar que el modo de vida del país se encontraba en peligro, que el gobierno socialista estaba expropiando sus propiedades y negocios para entregárselos a los pobres o al Estado o a los comunistas, que en la sociedad socialista que se quería construir no estaban incluidos y que pronto tendrían que desaparecer. Que su alianza con Estados Unidos era legítima, porque ese país representaba el modo de vida que ellos querían para Chile -un modo de vida donde ellos y sus familias o sus patrones gobernarían Chile, eran y serían siendo dueños de la tierra y de las industrias y en el que las fuerzas armadas eran las encargadas de mantener ese modelo de sociedad. Que, por tanto, traicionar a Chile -en el sentido de ignorar el resultado de las elecciones, vale decir, conspirar con un país extranjero para negar la voluntad ciudadana explícita de apartarse del modelo tradicional para crear otro tipo de sociedad en el que los grupos tradicionalmente dominantes no tendrían nada que decir- era imperativo si querían conservar el modelo de sociedad en el que ocupaban todas las posiciones de poder y privilegio. Pero nunca he escuchado una defensa semejante de la dictadura. Y es esto lo que llama la atención.

Lo que está claro es que no había ninguna conspiración comunista. Pese a la difícil situación por la que atravesaba el país, no había ningún indicio de que estuviéramos cerca de una dictadura comunista. Aunque en algunos ámbitos (como el universitario) existía un intolerable autoritarismo y fanatismo de los partidos de izquierda, los ideólogos de la dictadura no idearon nada mejor que inventar una conspiración inexistente -el Plan Z, que nunca existió, que nunca convenció a nadie y que finalmente su autor terminó confesando que escribió por encargo. Muchos afirman que la invención del Plan Z fue un error y que su publicación desvirtuó y arrojó dudas sobre la intervención militar. Resulta todavía más extraño si se considera que la interrupción del orden constitucional había sido pedida a las fuerzas armadas por la propia Corte Suprema, el Parlamento, varios partidos de oposición y un sinnúmero de organizaciones ciudadanas. Se podría creer que el Plan Z fue redactado antes de que esas instituciones y organizaciones pidieran la intervención militar. O que los traidores, que ya venían conspirando desde antes de la investidura del presidente Allende, juzgaron que era más conveniente acusar a este y los suyos de la traición que ellos mismos estaban preparando. Quizá pensaron que para ocultar su propia traición, era más convincente acusar antes a sus rivales. El argumento sería que actuaban para defender la patria, porque decir que lo hacían para defender sus intereses, o el de sus patrones, era inadmisible en el Chile de entonces.

En 1970, elegido Allende en las urnas pero todavía no investido por el Congreso, la embajada estadounidense en Santiago conspiró para impedir que el presidente socialista llegara al poder. Se aproximó a militares y civiles de extrema derecha. Planeó el atentado y asesinato del general Schneider en octubre de 19703, que fue cometido, a cambio de cincuenta mil dólares cada uno, por la organización fascista Patria y Libertad y un grupo de militares. La idea era acusar a la extrema izquierda del asesinato, para provocar un golpe de estado que impidiera la investidura de Allende. El razonamiento es bastante alambicado, porque atribuir el asesinato a movimientos de extrema izquierda no podría justificar de ningún modo lo que pretendían justificar. Era a lo sumo un caso policial inquietante. Efectivamente fue resuelto en unas horas. Que la organización que cometió ese asesinato por instigación de un país extranjero se llamara Patria y Libertad ya dejó de sorprendernos. Algunos creen que se puede ser patriota traicionando a la patria. Recuerdo haber discutido en esa época con militantes fascistas y estos, pese a su nacionalismo, no veían ningún conflicto en su colaboración con Estados Unidos. Tampoco pensaban contradictorio que la defensa de la libertad implicara secuestros, asesinatos y campos de concentración. Sus conceptos de patria y libertad significaban otra cosa que para el resto de los ciudadanos.

Quizá estamos buscando una significación profunda que no existe, que los traidores no tuvieron nunca ningún motivo pero ni de lejos cercano a lo que definimos como nobleza de sentimientos e intenciones. En esa época tenía yo un profesor de historia, de esos que llamábamos marxistas vulgares, que argumentaba que prácticamente todas las conductas humanas se podían explicar por intereses materialistas directos. Que si un general traicionaba, era porque alguien le había pagado4, y que no había que escarbar a la búsqueda de ningún otro motivo superior porque no lo había. Es probable que haya sido el caso del general Pinochet, que era considerado un militar de izquierdas. Si hubiese sido encarcelado y obligado a confesar, ¿qué habría dicho sobre su traición? ¿Habría dicho que la tentación de esos millones de dólares había sido muy grande, o que había traicionado y aceptado dinero por ello en aras del bien común?

Ese mismo hecho, aparte de la invención del Plan Z, arroja todavía más dudas sobre los motivos de los traidores. ¿No es evidente que si recibían dinero para desbaratar una conspiración inexistente, debían demostrar alguna verosimilitud de su existencia, es decir, demostrar la existencia del peligro? Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, muchos ciudadanos fueron detenidos ilegalmente y asesinados bajo la pretensión de que conspiraban contra el estado. Esos asesinatos, muchos en enfrentamientos fraguados, debían demostrar al mundo, pero en primer lugar a los que habían encargado la misión, que la guerra era efectiva, que había una guerra. Ahí estaban los muertos para demostrarlo. Muertos que no podían hablar. Para demostrar la existencia de la guerra, había que inventar al enemigo: sólo así se justificaba la paga.

Pero, al mismo tiempo, ese enemigo debía ser capturado, derrotado y asesinado, porque si llegaban a algún tribunal y se investigaban sus casos, habría quedado en evidencia que no existía ninguna conspiración, que no había ninguna guerra, y que las víctimas, con o sin lazos políticos, eran ciudadanos entera y totalmente inocentes de esas acusaciones. Para que no se descubriera la falsedad, había que matarlos. Para que no pudieran relatar las violencias a las que habían sido sometidos, había que matarlos. Y para que nadie se atreviera a protestar, había que matarlos de la manera más salvaje que se pudiera concebir, reducirlos a cosas, mutilarlos, robarles las tapaduras de oro de sus dentaduras, arrojarlos al mar, o, como en algunas dictaduras similares en Centroamérica, a las jaulas de los leones en los zoológicos, o hacerlos desaparecer.

Hay todavía otro aspecto relacionado con la traición: los perseguidos eran tratados como se trata a enemigos de guerra, y el propio país era tratado como un país ocupado. Se preguntaba Osvaldo Bayer en una columna: "¿Por qué esos miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los servicios se sintieron de pronto omnipotentes y creyeron ser dueños de la vida y la muerte de todos? Con el derecho a matar, torturar, hacer desaparecer, regalar los niños de las prisioneras. Es decir, ¿se sintieron con los mismos atributos que soldados en un país enemigo?" La respuesta más a la mano es que lo hacen para satisfacer sus instintos más bajos y quedar no solamente impunes, sino además ser tratados como héroes: saquear (las casas allanadas eran sometidas a pillaje), violar a las mujeres (práctica habitual de los militares chilenos y en otras dictaduras), torturar y asesinar a hombres que serán posteriormente declarados comunistas o subversivos, robar los bebés de las detenidas (tras su asesinato) para venderlos o entregarlos a familias de militares estériles5, como en Argentina.

El odio político puede justificar la traición y otros actos inmorales. En Venezuela, en el golpe de estado fracasado de 2002, los conspiradores dispararon contra manifestantes de su propio bando con el fin de acusar al gobierno de esos asesinatos y provocar un levantamiento popular. La estratagema fracasó porque la conspiración fue desbaratada rápidamente. Un periodista de CNN denunció posteriormente que había estado en la rueda de prensa que el nuevo gobierno había convocado, en la que se daba como uno de los motivos del golpe la matanza de manifestantes que aún no había ocurrido. Seguramente hay personas que creen legítimo actuar de ese modo. Probablemente dirán: Acusé falsamente a mi hermano para poder asesinarlo, y lo hice por el bien superior de la patria, vale decir, por el bien superior de mi grupo, de mi familia, de mi bolsillo. Si fuese demostrable, el delito sería irrelevante. Usualmente no lo es, porque no se puede ser traidor (vale decir, dar la espalda a tu grupo y violar la obligación de lealtad filial para beneficio de un extraño o, peor, de un enemigo) y tener al mismo tiempo motivos nobles. El acto de traición que querían cometer esos diputados venezolanos, ¿a quién convenía? Según trataron de convencer al embajador, convenía a Estados Unidos. No sabemos si pensaban también que convenía a Venezuela, ni si esta idea pasó por sus mentes. Pero si convenía a un país que ya había intentado provocar un golpe de estado en el país y que apoyaba abiertamente a la oposición más retrógrada y violenta, que no ocultaba sus intenciones de asesinar al presidente legítimo, entonces no podrían convencer a nadie de que también convenía a Venezuela.6

El embajador Duddy se muestra demasiado generoso cuando trata de explicar la conducta de esos diputados que se ofrecen para defender los intereses estadounidenses en Venezuela contra el gobierno y países como Cuba y Venezuela. "Había un elemento de pánico en la petición de Podemos", escribió Duddy en su comentario final. "Tal urgencia podría derivarse de la certeza no sólo de que la democracia venezolana se acerca a una etapa vulnerable, sino que el partido se enfrenta al desafío de la sobrevivencia como resultado de la nueva Ley Electoral", agregó. Es lo más explícito que he encontrado como explicación y defensa de la traición. Pero ¿qué terrible e inexplicable soberbia puede llevar a alguien a rechazar las decisiones tomadas libremente por su propio pueblo? ¿Tiene la soberbia una explicación política? ¿Tiene la soberbia algún motivo atendible? ¿Tiene Caín razón?

Con la terrible experiencia de las dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas y la deplorable y maligna intervención estadounidense en el continente, deberíamos poder decir, y creer, que el diálogo debe ser el único Norte de todos y luchar para que a los ciudadanos no nos puedan confundir ni intrigas ni traiciones. Dice Bayer: "Todos los problemas tienen solución mediante el diálogo. Y el político, el gobernante deben proponerse el diálogo como única arma de poder. Porque si no caeríamos en reconocer a la guerra como única solución para los problemas entre los pueblos. Y eso finalmente significa la muerte." No era en Chile en esos años, ni lo fue Venezuela décadas después, un país con una democracia tan débil que no fuese posible solucionar nada recurriendo a sus propios mecanismos de mediación, ni existía un peligro tan grave e inminente para ella que justificase la intervención militar. El diálogo es la búsqueda sincera del conocimiento, que después nos guiará en la solución de los problemas que podamos tener. No existe una verdad previa al diálogo. Aunque lleguemos a él con nuestras ideas e interpretaciones, debemos estar dispuestos a aceptar que podemos salir del encuentro pensando otras cosas. La verdad se deriva del diálogo, y cuando se la busca con sinceridad y honestidad, se convierte en bien común.

Notas
1
Oran’s Dictionary of the Law (1983) defines treason as "...[a]...citizen’s actions to help a foreign government  overthrow, make war  against, or seriously injure the [parent nation]."

2
"Después del golpe, Estados Unidos dio apoyo material al régimen militar, aunque lo criticaba en público. Un documento liberado por la CIA el 19 de septiembre de 2000, titulado ‘Actividades de la CIA en Chile’, revela que la CIA apoyó activamente a la Junta después del derrocamiento de Allende y convirtió a muchos oficiales de Pinochet en contactos pagados de la CIA o de las fuerzas militares de Estados Unidos, aunque se sabía que algunos estaban implicados en violaciones a los derechos humanos. Manuel Contreras, el jefe de la DINA, fue un agente pagado de 1975 a 1977." En G. Venturini. (Mi traducción.)

3
Esta es la descripción en wikipedia: "El 16 de octubre de 1970, tras recibir un dato anónimo sobre dónde se encontraba Schneider, el primer grupo intentó secuestrarlo en su casa. El dato resultó ser falso, pues hacía dos días que había salido de vacaciones y no volvió sino al día siguiente.
"En la tarde del 19 de octubre de 1970, un segundo grupo de conspiradores leales al general Roberto Viaux, armado con granadas lacrimógenas, intentó secuestrar a Schneider cuando salía de una recepción oficial. El intento fracasó porque salió en un coche particular y no en el vehículo oficial que esperaban los conspiradores. El fracaso provocó un cable muy significativo desde el cuartel general de la CIA en Washington a la estación local, instando a una acción urgente debido a que "en la mañana del 20 de octubre el cuartel general debe responder a preguntas de los altos mandos". Se autorizaron entonces pagos de cincuenta mil dólares cada uno a Viaux y a su principal asociado, a condición de que lo volvieran a intentar.
"El 22 de octubre de 1970, los conspiradores volvieron a intentar el secuestro del Schneider. Su coche oficial fue emboscado en un cruce en la capital (Santiago), pero Schneider desenfundó su arma para defenderse y fue acribillado a balazos. Fue trasladado a toda prisa a un hospital militar, pero las heridas eran mortales y falleció tres días después, el 25 de octubre de 1970 ". (Mi traducción). Este y otros asesinatos y atentados terroristas de la extrema derecha de la época reforzaron la visión de muchos en la izquierda de que Estados Unidos y la derecha chilena harían todo lo posible por evitar las reformas sociales anunciadas y que no había otra alternativa que la lucha armada. La lucha armada por el socialismo se convertiría después en la resistencia armada contra la dictadura.

4
Para financiar a sus aliados en Chile en la época, incluyendo partidos como el demócrata-cristiano e incluso grupos terroristas, el Departamento de Estado destinó diez millones de dólares.

5
C. Lísperguer menciona un terrorífico relato sobre el robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina. "Algunos días las detenidas embarazadas eran obligadas a formar fila para que las esposas de los marinos eligieran, por ser rubias o de ojos celestes o negros y otros atributos físicos, a las que, tras dar a luz, serían asesinadas, para quedarse con sus hijos. Mientras algunas mujeres ya estaban embarazadas al momento de su secuestro y detención, otras muchas habían quedado embarazadas tras ser violadas por soldados o por sus interrogadores. Sus hijos eran ‘adoptados’ por familias militares en complicidad con jueces que regularizaban las ‘adopciones’." Se trata del testimonio de Rosa Roisinblit.

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 Si hubiese algo de verdad en la acusación de que la Unión Soviética y Cuba conspiraban para despojar en Chile a sus grupos dominantes e instalar un régimen social basado en la propiedad y gestión colectivas, se hubiese evitado la dictadura si a Pinochet se le hubiese ofrecido un poco más que lo que le ofreció Nixon al general. Y la historia sería diferente, y hubiésemos, quizá, tenido una dictadura de otro signo. Quiero decir, ninguna consideración nos va a librar nunca del que traiciona por motivos fútiles, porque para esa persona la traición es simplemente un negocio más y probablemente tampoco entiende la gravedad de sus actos. Este es un hombre que, muerta su madre, ofrece su cuerpo a alguna facultad de medicina para que puedan ejercitarse los estudiantes. A cambio de dinero, claro está, y argumentando que lo hace por el bien de la ciencia.
mérici

mujica acataría fallo de cidh


Sin derogar la caducidad, Uruguay busca justicia. Mujica anula las resoluciones que avalaron la impunidad.
Uruguay. El presidente uruguayo revocará esta semana con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores dictados al amparo de la Ley de Caducidad y que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura. La decisión permitirá la reapertura de casos vinculados a la violación de derechos humanos. El anuncio fue realizado por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, al cumplirse 38 años del golpe.

"El señor presidente ha decidido se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados "estaban contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó Breccia en una rueda de prensa. Según ese artículo la Justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la ley que dejó impunes a los represores. La norma fue aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
Breccia explicó que con el decreto "estamos cumpliendo primero con el mandato ético pero además con lo que establece la sentencia de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos". Fue en referencia a la sentencia en la que el 24 de marzo pasado la CIDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. La Corte instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de las causas".
El funcionario explicó que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos. Asimismo, aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes. "No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.
27 de junio de 2011
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identifican restos de seis desaparecidos


Justicia argentina identifica restos de seis desaparecidos en la dictadura. Los restos óseos de cuatro de estas personas fueron recuperados del cementerio municipal de General San Martín, a las afueras de Buenos Aires.
Argentina. Un tribunal de Argentina identificó los restos de seis desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y ordenó su restitución a los familiares de las víctimas, informaron hoy fuentes judiciales.
Los restos óseos de cuatro de estas personas fueron recuperados del cementerio municipal de General San Martín, a las afueras de Buenos Aires.
Una de las personas identificadas es Marta Angélica Taboada de Dillon, quien fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 en la localidad bonaerense de Moreno.
Abogada y militante política, al momento de su secuestro tenía 35 años de edad y distintos testigos acreditaron su paso por los centros clandestinos de detención de Proto Banco y Vesubio.
Otro de los identificados es Juan Carlos Mora, secuestrado el 1 de diciembre de 1976 en la ciudad bonaerense de La Plata junto con su esposa Silvia Amanda González, quien que estaba embarazada y cuyos restos ya habían sido identificados.
Mora tenía 20 años al momento de ser secuestrado y fue visto en una comisaría de La Plata y en el centro clandestino conocido como Pozo de Arana.
Los restos de las otras dos personas exhumados del cementerio de San Martín corresponden a Guillermo Ramón Sobral y Marcelo Eduardo Pag.
Según informó hoy el Centro de Información Judicial, estas cuatro personas fueron halladas muertas en los primeros días de febrero de 1977 en distintos sitios de la periferia de Buenos Aires.
Los restos de las otras dos personas identificadas fueron exhumadas en 1983 del cementerio municipal de Moreno y se encontraban en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desde 1999.
Se trata de Víctor Hugo González, un obrero de 27 años nacido en la central provincia de Córdoba, y Ruperto Méndez, de 32 años, nacido en la provincia de Entre Ríos.
Ambos participaban el 29 de marzo de 1976 de una reunión de militantes políticos en la localidad bonaerense de La Reja, donde se produjo un enfrentamiento en el cual murieron varias personas y otras fueron secuestradas.
Todas estas identificaciones son fruto de las actuaciones lideradas por el juez Horacio Cattani, encargado de las investigaciones relacionadas con la búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas durante el último régimen militar.
Hasta el momento, esta tarea ha permitido identificar los restos de 205 personas, de los cuales 176 han sido restituidos a sus familiares.
27 de junio de 2011
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para dictadura, mujeres eran ganado


columna de lísperguer
Durante dictadura franquista, bebés robados a mujeres republicanas eran vendidos y procesados como adopciones.

Durante la última dictadura argentina las mujeres que eran secuestradas o detenidas estando embarazadas, o que quedaban embarazadas durante su cautiverio tras ser violadas por soldados o por sus interrogadores, tras dar a luz eran asesinadas sistemáticamente. Este es sólo un aspecto de una espeluznante realidad. Según el testimonio de una sobreviviente de un campo de concentración de la época, Rosa Roisinblit, "la gente que estaba secuestrada en la ESMA, las chicas embarazadas, las ponían en fila, mientras las esposas de los marinos iban pasando y mirando el aspecto y elegían si querían una rubia de ojos celestes o les gustaba un varón de ojos negros y así, esa era la audacia que tenían, la crueldad que tenían, la aberración que tenían, al elegir ellas por la apariencia de la madre el bebé que iban a tener". El poder judicial se prestó para la infamia, legalizando las "adopciones". Es el tipo de sociedad con que sueñan la extrema derecha, los nazis y otra canalla semejante.
lísperguer

españa franquista vendía bebés robados


Víctimas denuncian que España fue "un supermercado de bebés" para el mundo.
España. España fue "un supermercado de bebés para el resto del mundo", denunciaron este lunes responsables de asociaciones de víctimas de adopciones fraudulentas llevadas a cabo durante varias décadas, que citaron países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
España fue "un supermercado de bebés para el resto del mundo", denunciaron este lunes responsables de asociaciones de víctimas de adopciones fraudulentas llevadas a cabo durante varias décadas, que citaron países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
"Pensamos que España ha sido un supermercado de bebés para el resto del mundo", declaró este martes en una conferencia el presidente y fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso.
Según Barroso, en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Perú fueron adoptados irregularmente hace décadas niños españoles.
"Hemos recibido llamadas de gentes de Texas e Inglaterra" nacidas en España y adoptadas allí, aunque "en una época donde no existían tecnologías como las actuales resulta difícil pensar que esta trama se conociese a nivel internacional", reconoció.
Asimismo, la presidenta de la Plataforma Afectados Clínicas de España, Mar Soriano, dijo haber recibido un testimonio de un ciudadano de Alemania que aseguró que "allí también había sucedido" y "todo el mundo lo sabía".
Anadir presentó a inicios de año una demanda ante la fiscalía general del Estado español por el supuesto robo de 261 niños.
Esta organización, que ya cuenta con 1.800 socios y ha conseguido reunir a tres personas con sus verdaderos padres, denuncia un sistema de tráfico de bebés durante el franquismo (1939-75) y hasta finales de los años 80.
La fiscalía rechazó en febrero iniciar una investigación a nivel nacional y pidió a las víctimas que denuncien individualmente.
Durante el franquismo, los bebés eran robados principalmente por razones políticas a mujeres del bando republicano que perdió la Guerra Civil, y a su término, en 1975, los responsables de algunas clínicas vieron la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a venderlos, según Anadir.
"No se entiende que la Audiencia Nacional (principal instancia judicial española, ndr) siga sin actuar y sin poner en marcha las medidas necesarias para investigar el tráfico de niños robados", lamentó Soriano este lunes.
Soriano aseguró que "aunque de distinta manera, es posible que aún hoy" se produzcan estos delitos, y recordó que "en Anadir existe un caso registrado de 2007".
Según Anadir, una primera estimación de 300.000 niños afectados podría quedarse corta.
27 de junio de 2011
©la nación