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orden de captura complica conflicto


La decisión del Tribunal Penal Internacional aislará todavía más al gobernante libio, pero hace más improbable que renuncie al poder.
[Henry Chu] Londres, Inglaterra. La orden de captura internacional por crímenes contra la humanidad emitida contra Muamar Gadafi y algunos miembros de su familia aísla todavía más al líder libio, pero también reforzará su determinación a luchar antes que abandonar el poder o buscar refugio fuera del país.
Con el impasse militar entre la OTAN y las fuerzas del gobierno libio que ya supera los cien días, la Corte Penal Internacional de La Haya ordenó el lunes la detención de Gadafi, su hijo y un cuñado. El tribunal sostiene que los líderes ordenaron o alentaron a sus fuerzas a disparar contra civiles libios y a encarcelar a cientos de ellos durante los primeros días del levantamiento contra el gobierno que estalló en febrero.
Las órdenes de captura no serán implementadas fácilmente. Se desconoce el paradero exacto de Gadafi, 69, excepto para su círculo íntimo. Los países de la OTAN no han mostrado ningún deseo de utilizar tropas terrestres en el conflicto. Y aunque las fuerzas rebeldes celebraron las órdenes, su capacidad de ocupar la fuertemente armada capital, Trípoli, sigue siendo un encargo difícil.
"Tiene significación simbólica", dijo Shashank Joshi, experto del Royal United Services Institute, un laboratorio ideológico con sede en Londres. Ahora Gadafi tiene pocos motivos para rendirse, dijo, y las opciones de si seguir luchando o entregarse "son las mismas que ayer."
Pero como un espectro rondando en torno a Gadafi, la orden podría complicar cualquier intento de una resolución diplomática del conflicto. Si el gobernante abrigara alguna vez la idea de hacerse a un lado y marcharse al exilio, tendría que llegarse a un acuerdo para ocuparse de su probable insistencia en no ser detenido.
"Lo hace un poco más difícil, pero no imposible", dijo Joshi. "No deberíamos exagerar y decir que esto excluye todo acuerdo político, o algún tipo de exilio. Pero eleva el precio a pagar que tiene que considerar Gadafi."
Gadafi podría consolarse con el destino del presidente sudanés Omar Hassan Ahmed Bashir, el otro único jefe de estado buscado por el Tribunal Penal Internacional. La orden de captura contra Bashir fue emitida hace más de dos años, pero sigue libre y ha viajado sin impedimento alguno a otros países africanos, algunos de los cuales, como otras decenas de países, no reconocen al Tribunal Penal Internacional.
Gadafi es apoyado por algunos países africanos que han disfrutado de su generosidad y podría buscar refugio en uno de ellos.
Pese a preguntas sobre si la orden de captura hace más difícil remover a Gadafi, la portavoz jefe del Departamento de Estado de EUA defendió la decisión.
"Estados Unidos cree que la decisión de referir el caso al Tribunal Penal Internacional fue una decisión correcta. El TPI se ha expresado sobre la necesidad de justicia y rendición de cuentas", dijo Victoria Nuland a los periodistas en Washington. "Con respecto a si esto obstaculiza o ayuda, no cambia el hecho de que Gadafi ha recibido el mensaje de que es hora de marcharse."
Estados Unidos es uno de los países que no ha reconocido al tribunal, diciendo que los soldados americanos desplegados fuera del país podrían quedar en una situación vulnerable ante persecuciones motivadas políticamente.
El gobierno libio se burló de la orden de captura antes incluso de que fuera emitida. En anticipación de la orden, el portavoz Musa Ibrahim dijo a periodistas el domingo que Trípoli no reconocía la autoridad del Tribunal Penal Internacional.
"El TPI no tiene ninguna legitimidad", dijo Ibrahim. "De eso nos ocuparemos."
Pero en las montañas al oeste del país en manos de los rebeldes, los combatientes de oposición y sus partidarios celebraron la orden disparando sus AK-47.
"Merece más que ser metido en la cárcel," dijo Mohammad Adel, un estudiante de ingeniería de veintiún años en la ciudad de Zintan. "Merece ser tratado como Saddam Hussein. Hay que matarlo en la horca."
La orden de 43 páginas menciona numerosos incidentes durante las dos primeras semanas del levantamiento de la oposición en las que se dice que las fuerzas leales ametrallaron a los manifestantes, encarcelaron a algunos disidentes y torturaron a los otros con descargas eléctricas en sus genitales o colgando a sus víctimas cabeza abajo para darles de latigazos.
Según el tribunal, Gadafi es el responsable de la brutal represión como el líder supremo de Libia, su hijo Seif Islam Kadafi como el "primer ministro de facto" y su cuñado Abdullah Sanoussi como jefe de la inteligencia militar.
En un ataque el 21 de febrero, dice la orden, francotiradores del gobierno abrieron fuego contra mezquitas en Trípoli, matando al menos a cien personas. En Bengasi, una ciudad al este del país que finalmente cayó en manos de los rebeldes, las fuerzas de Gadafi, reza la acusación, golpearon con garrotes y espadas a los manifestantes y los rociaron con ácido.
Gadafi, afirma el tribunal, ejercía "el control absoluto, definitivo e incuestionado sobre el aparato de estado", identificando a Seif Islam y a Sanoussi como dos de sus colaboradores más cercanos.
La orden también acusa a los tres funcionarios de tratar de encubrir las acciones de las fuerzas de seguridad amenazando a periodistas e incluso ordenando el retiro de cuerpos de los hospitales.
Luis Moreno Ocampo, fiscal del TPI, entregó el mes pasado su petición de emisión de las órdenes de detención, y su emisión el lunes no fue ninguna sorpresa. Sin embargo, fueron bien recibidas por la OTAN como otra prueba del creciente aislamiento de Gadafi.
También vincula más estrechamente el destino de Gadafi con el resultado de una misión autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una intervención humanitaria para proteger a la población civil.
"El hecho es que aumentamos la presión sobre Gadafi", dijo al Parlamento el primer ministro británico David Cameron. "Debemos mantener la presión, porque está empezando a surtir efecto."
Según un cable de la Associated Press, el lunes los aviones de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte continuaron bombardeando a las fuerzas de seguridad libias, aunque se oyeron dos fuertes explosiones cerca de la residencia de Gadafi en Trípoli. El gobierno libio dijo que los misiles de la OTAN impactaron en un bus del mandatario libio e hirieron levemente a dos personas.
La lucha se ha intensificado al occidente de Libia a medida que las fuerzas antigubernamentales tratan de cercar Trípoli desde el oeste y desde zonas controladas por los rebeldes al este. Un feroz ataque aéreo de la OTAN está respaldando esa campaña.
Un alto funcionario de Naciones Unidas dijo el lunes que parece que los rebeldes están ganado la batalla contra el gobierno.
"Está claro que la iniciativa, aunque vacilante, la llevan ahora las fuerzas de la oposición, apoyadas por el poder aéreo de la OTAN", dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas B. Lynn Pascoe, subsecretario general para asuntos políticos.
Agregó que continuarían los esfuerzos diplomáticos.
[Borzou Daragahi en Zintan contribuyó a este reportaje.]
28 de junio de 2011
©los angeles times


querella por asesinato de militantes


Gobierno se querella por muerte de dos militantes de la UP en un regimiento de Temuco en 1973.
Chile. El gobierno presentó una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables de los delitos de homicidio y secuestro calificado cometidos en contra de dos militantes de la Unidad Popular, hecho ocurrido en septiembre de 1973 al interior del Regimiento Tucapel de Temuco.
La presentación judicial fue impulsada por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y busca aclarar los hechos, individualizar a los responsables y condenarlos a penas acorde con la magnitud de esta grave violación a los derechos fundamentales de las personas.
El abogado Sebastián Saavedra en representación del Programa de Derechos Humanos del estado chileno dijo que se busca conocer la verdad en torno a los asesinatos de Guido Troncoso Pérez y Pedro Ríos Castillo, ocurridos el 2 de octubre de 1973.
Nicole Droully, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Araucanía valoró la acción emprendida por el gobierno.
Mientras tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla interpuso la querella ante la Corte de Temuco, como representante de la unidad especializada del gobierno destinada a prestar asistencia social y legal a los familiares de víctimas de violación de derechos humanos consignadas en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
28 de junio de 2011
©radio bíobío

los angeles restringe criaderos


La ordenanza del condado de Los Angeles reprime duramente abusos de ‘fábricas de mascotas’. Se imponen exigencias severas a las operaciones de crianza comercial con más de cincuenta perros, sometiéndolas a inspecciones más frecuentes y más horas mínimas de dotación de personal. Editorial de Los Angeles Times.
Estados Unidos. Las ‘fábricas de mascotas’ son los criaderos de perros -grandes y, demasiado a menudo, negligentes y crueles. Las hembras son frecuentemente sobrecargadas con ciclos de celo consecutivos hasta el extremo de que sus huesos se rompen y pierden sus dientes. Cientos, incluso miles de perros y cachorros de crianza pueden terminar hacinados en jaulas sucias, denuncian activistas por el bienestar animal, que han realizado numerosas filmaciones en video de manera encubierta en algunos de los peores criaderos en todo el país.
Pero como las granjas de ganadería intensiva, los criaderos de perros son perfectamente legales. Están sujetas a normas de la Ley de Bienestar Animal tan mínimas que incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que las implementa y otorga permisos para las operaciones, insta a los operadores a superarlas. Cerrarlas es difícil. En Missouri, donde hay más operaciones comerciales de crianza de perros que en cualquier lugar en todo el país, un proyecto que limita las operaciones a la crianza de cincuenta perros que fue aprobada por los votantes el año pasado, está ahora en peligro de ser desmantelada por la Legislatura del estado. Un proyecto en California incluía restricciones similares en cuanto al tamaño de las operaciones, fue aprobado en ambas cámaras de la Legislatura, pero vetado por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger en 2009. (Explicó que aunque condenaba el maltrato animal, el proyecto de ley iba demasiado lejos.)
Si los gobiernos encuentran difícil limitar el número de animales de una operación de crianza comercial, los legisladores podrían al menos hacer más estricto su control. Eso es lo que hizo esta semana la Junta de Supervisores del condado de Los Angeles cuando aprobó una ordenanza, presentada por el supervisor Michael D. Antonovich, que regulará más estrechamente a todos -criadores, peluqueros caninos, operadores de caniles- los que alberguen más que algunas mascotas.
Pero las exigencias más estrictas de la ley cubren las operaciones de crianza con más de cincuenta perros, sometiéndolas a inspecciones más frecuentes de funcionarios de control animal, un extenso examen veterinario anual de cada perro de más de un año de edad y más horas mínimas de dotación de personal. (Los criaderos deben contar con personal dieciocho horas al día.) La ley prohíbe la cruza de hembras de menos de un año. Tres días después de que una hembra de a luz, debe ser separada de otros perros adultos y llevada con su camada a otro área de albergue donde pueda atender a sus cachorros.
Todas las operaciones animales, sin importar su tamaño, deben contar con detectores de humo en buen estado y con equipos de extinción de incendios. Y todos los animales puestos a la venta deben contar con un microchip o provistos de un tatuaje antes de su venta o cuando cumplan cuatro meses de edad. "Si vemos animales enfermos, queremos poder localizarlos", dijo Marcia Mayeda, directora del Departamento de Control y Cuidado Animal del condado, que tiene por misión implementar la ordenanza.
La nueva ley no es tan severa como quisieran algunas organizaciones de protección animal. Dale Bartlett, de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, observa que la ley no exige que las hembras descansen entre periodos de celo, aunque dice que es de todos modos una ordenanza buena e importante.
Las nuevas regulaciones cubren sólo algunas zonas del condado de Los Angeles, un área que no exactamente un centro de criaderos de mascotas. Sin embargo, fue el descubrimiento de un criadero en el Antelope Valley en malas condiciones, y con una severa situación de hacinamiento, en 2008, la que espoloneó la promulgación de la ordenanza municipal. En la actualidad hay seis operaciones de crianza comercial en las áreas rurales, cada una con entre noventa y 245 hembras de crianza, y todas ellas con sus cachorros. Así que el número de animales afectados por la ordenanza es significativo.
Es difícil de entender que alguien intente comprar un cachorro de un criadero cuando lo puede hacer en una tienda de mascotas, pero los activistas de la protección animal dicen que eso es lo que ocurre. De momento, es labor de los gobiernos locales realizar controles más estrictos de las operaciones comerciales a gran escala. "Lo que queremos es que al final del día los legisladores estudien la ordenanza y digan: ‘La podemos hacer más estricta’", dijo Elizabeth Oreck, que dirige la campaña sobre los criaderos de mascotas de la Best Friends Animal Society.
De momento, la nueva ley del condado es un paso positivo hacia la identificación y reforma de la crianza irresponsable.
28 de junio de 2011
18 de marzo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

cámara desautoriza guerra de obama


Pero no lo privará de fondos. Legisladores rehúsan otorgar al presidente Obama atribuciones para realizar acciones militares en Libia, pero no le privan de fondos para el conflicto.
[Kathleen Hennessey] Washington, Estados Unidos. La Cámara de Representantes rehusó tanto endorsar como restringir la intervención de Estados Unidos en Libia, entregando el viernes un poco claro mensaje que subrayó las profundas divisiones sobre el tema.
Por un margen abrumador los legisladores se negaron a aprobar la intervención estadounidense en la campaña de bombardeos aéreos de la OTAN contra el país norteafricano en una votación que fue una poco habitual reprimenda bipartidaria de la política exterior de un presidente durante un conflicto militar en curso.
Sin embargo, minutos después un esfuerzo dirigido por los republicanos para tratar de reducir los fondos para la intervención de Estados Unidos también fracasó. Una mayoría de demócratas y un grupo de republicanos rechazó la moción de cortar totalmente los fondos para financiar las actividades de combate, sorprendiendo a los líderes del GOP, que adaptaron el proyecto a último minuto para satisfacer a todo el mundo.
Ambas medidas eran principalmente simbólicas. No se esperaba que la primera moción, que habría autorizado la intervención estadounidense, sobreviviera en una Cámara controlada por los republicanos, donde los conservadores en materias fiscales y los novatos del ‘tea party’ han expresado un creciente escepticismo en cuanto a estirar demasiado las fuerzas armadas.
La segunda moción -el corte de los fondos- prácticamente no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado, y mucho menos de contar con la firma presidencial.
Los líderes del GOP interpretaron la moción como un intento de poner trabas al presidente, que prefirió no buscar la autorización que exige la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para la intervención en la campaña militar de la OTAN.
"Si el presidente cree que los bombardeos con misiles y las operaciones con aviones no tripulados en Libia son fundamentales, es su responsabilidad explicarlas al pueblo estadounidense y pedir la autorización del Congreso", declaró el vocero de la Cámara de Representantes, el republicano de Ohio John A. Boehner antes de la votación.
La Casa Blanca y sus aliados sostienen que la Ley de Poderes de Guerra no se aplica en este caso porque Estados Unidos está actuando como parte de la OTAN y su intervención no está cubierta por la definición jurídica de "hostilidades."
Los republicanos programaron dos votaciones para expresar el descontento del Congreso a medida que el apoyo a la intervención disminuye tanto en Estados Unidos como en algunos países de la OTAN que participan en la campaña contra Libia.
Los líderes de la campaña militar -Gran Bretaña y Francia- insisten en que están preparados para continuar la campaña el tiempo que sea necesario. Sin embargo, esta semana Italia llamó al cese al menos temporal de las hostilidades para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, dijo también que la alianza debería entregar más información sobre el resultado de su campaña de bombardeos aéreos, especialmente en lo que se refiere a los errores que causan bajas civiles.
En Washington, los legisladores votaron 295 contra 123 contra la moción que autorizaba la intervención de Estados Unidos, con setenta demócratas uniéndose a los que votaron contra la aprobación del Congreso.
El corte de fondos fue rechazado por 238 contra 180 votos. Su aprobación habría suspendido los fondos de la misión hasta que fueran aprobados por el Congreso. Se introdujeron algunas excepciones para una breve lista de actividades no hostiles.
Las excepciones contribuyeron al rechazo de la moción.
"Yo no podría haberla apoyado porque no va demasiado lejos. Los fondos para la intervención del presidente en Libia deben ser suspendidos completamente", dijo la republicana  Michele Bachmann, de Minnesota.
La confusión en el Congreso sobre cómo ejercer sus poderes en temas relativos a la guerra no es nueva, dijo Taylor Reveley, director del Centro Miller de la Universidad de Virginia y experto en poderes de guerra.
Reveley observó que en 1999, una Cámara de Representantes controlada por los republicanos emitió un mensaje igualmente confuso cuando se le pidió que autorizara el uso de fuerzas militares estadounidenses en Kosovo. La Cámara se negó a autorizar la misión, pero luego no quiso adoptar otras medidas para restringir las tropas terrestres.
"El Congreso a menudo se encuentra a sí mismo en el punto álgido del momento tratando de definir qué sería lo correcto en términos militares, mientras que al mismo tiempo tiene que decidir quién decide qué y cuándo", dijo. "El resultado puede ser confuso."
[Henry Chu en Londres contribuyó a este reportaje.]
28 de junio de 2011
24 de junio de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

garzón se reúne con paramilitares presos


Garzón se reúne en Colombia jefes paramilitares presos.
Bogotá, Colombia. El juez español Baltasar Garzón se reunió el viernes con jefes paramilitares presos, en el marco de su labor como asesor de una misión de la OEA que apoya procesos de paz en Colombia.
La reunión se dio en la prisión de Itagui, cerca a la ciudad de Medellín, a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, informó Alexis del Pozo, de la oficina de prensa de la OEA.
No se informó con cuáles de los ex jefes paramilitares se realizó el encuentro, aunque el diario El Tiempo indicó que la cita era con narcoparamilitares como Rodrigo Pérez, alias ‘Julián Bolívar’ y Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, entre otros.
Garzón, conocido internacionalmente por haber ordenado en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, comenzó en mayo y por un año su trabajo como asesor de la llamada Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia, que funciona desde el 2004 por un convenio entre el gobierno y el organismo hemisférico para la verificación y el monitoreo de acuerdos y el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia.
Garzón, cuyo asesoramiento surgió a pedido del presidente Juan Manuel Santos, está dedicado principalmente a trabajar en el tema de posibles reformas a la llamada ley de Justicia y Paz, por la cual a inicios de década se desmovilizaron paramilitares colombianos a quienes se ofreció penas de hasta ocho años de cárcel a cambio de que confesaran todos sus crímenes y entregaran sus bienes mal habidos.
Grupos no gubernamentales de Colombia y funcionarios de la propia Fiscalía General han resaltado las dificultades del proceso de Justicia y Paz, desde denuncias de que algunos de los desmovilizados no eran tales, sino ladronzuelos e indigentes, hasta la escasez de fiscales para llevar los proceso, menos de un centenar.
28 de junio de 2011
©publimetro

justicia tribal aplica mano dura


Nadie los elige, pero gobiernan con mano de hierro.
[Jim Yardley] Sisana, India. En este polvoriento pueblo a menos de ochenta kilómetros de la capital de India hay dos sistemas jurídicos: el del país y el del pueblo. Y para los vecinos de la localidad como Takdir Dahiya, la ley de los consejos locales, conocidos como khap panchayats, es la única que importa.
Surender Dahiya, miembro del grupo Sisana, rechazó las acusaciones de que los consejos son órganos ilegales o que ordenan cometer asesinatos por honor para resolver litigios.
El consejo de Sisana ayuda a las familias pobres y se ofrece como intermediario para resolver problemas.
"No sabemos en qué consiste la ley", dijo hace poco en una agobiante tarde. "Sólo sabemos lo que decide el khap panchayat. No es la Corte Suprema la que decide: es el khap panchayat."
Durante generaciones, estos consejos no elegidos de viejos del pueblo han dominado la vida en muchas aldeas, una gran parte de ellas en el norte de India, controlando la vida social de los aldeanos mediante edictos que rigen todo, desde los matrimonios hasta los litigios por la propiedad de la tierra. Pero los consejos están siendo crecientemente cuestionados en momentos en que sus fallos extrajudiciales -especialmente los que son considerados responsables de la propagación de los llamados asesinatos por honor- ponen en cuestión el concepto del imperio de la ley a nivel nacional.
En los últimos meses, una asertiva Corte Suprema ha emitido recomendaciones condenando los consejos como órganos ilegales, y se espera que la polémica se prolongue hasta antes del receso veraniego del Parlamento, durante la temporada del monzón. Los abogados están exigiendo una ley más comprehensiva que fije penas para desalentar a los consejos en cuanto a la emisión de edictos.
Entretanto, los líderes de los khap no se arrepienten de nada y continúan implementado su propia agenda en el Parlamento, exigiendo modificaciones para que las leyes sobre el matrimonio en India reflejen sus tradiciones conservadoras.
"Están organizando protestas", dijo Ranjana Kumari, activista por los derechos de la mujer. "Y son capaces de organizar una enorme protesta."
La guerra legal es otro ejemplo de los crecientes problemas en la sociedad india en momentos en que las crecientes influencias de la modernidad chocan con antiguas creencias y prácticas. Los khap panchayats parecen a menudo estar tratando de detener el avance del mundo moderno: algunos consejos han prohibido que las mujeres lleven ropas muy apretadas al cuerpo y han tratado de prohibir el uso de celulares entre estudiantes universitarios o más jóvenes, debido a que los artefactos son herramientas que pueden utilizar las parejas para establecer contactos furtivos.
Los líderes de los consejos dicen que estos crean cohesión social y orden, mientras que proporcionan una justicia más expedita en lugares donde no hay gobiernos locales efectivos. Justifican sus estrictos edictos sobre el matrimonio argumentando que se derivan de antiguas creencias religiosas y que sus prácticas han impedido las uniones endogámicas y otros problemas de salud -afirmaciones que sus críticos califican de desatinadas y anticuadas debido a que hoy la población de las aldeas es mucho más alta.
Aquí en el estado de Haryana, los khap panchayats controlan muchas aldeas y ejercen una fuerte influencia en el sistema político. Gran parte de Haryana está poblado por Jats, una casta del norte de India dividida en subgrupos conocidos como gotras.
Tradicionalmente, las aldeas son regidas por un gotra en particular con su propio khap panchayat, el que resuelve disputas locales y mantiene vivas las costumbres matrimoniales, incluyendo la creencia de que hombres y mujeres del mismo gotra, y de la misma aldea, son hermanos y hermanas y por tanto tabú para las uniones matrimoniales.
Es la intransigente posición de los consejos sobre el matrimonio, que dicen que se deriva de textos hindúes antiguos, que los ha arrojado al centro de una polémica nacional. Los críticos denuncian los edictos por provocar directa o indirectamente asesinatos por honor de parejas que se han casado dentro del mismo gotra o aldea. En otros casos, la presión social ha empujado a jóvenes mujeres a cometer suicidio.
Los khap panchayats a menudo ordenan a los vecinos de un pueblo aislar social o económicamente a familias cuyos hijos ignoran las costumbres matrimoniales. En algunos casos, los consejos han incluso ordenado el asesinato de parejas, aunque es más habitual que sea la presión social la que crea el problema; muchas veces, el asesinato es cometido por miembros de la familia que tratan de eludir la vergüenza social y el ostracismo al interior de sus pueblos.
En una época en que una generación más joven de mujeres se hace más independiente, muchos críticos creen que los khaps están tratando desesperadamente de mantener en pie el control social de las mujeres y la propiedad, que están entrelazados por el matrimonio.
"Se trata del control social y del control de las chicas", dice Kirti Singh, abogado que defiende casos ante la Corte Suprema.
En Sisana, un pueblo agrícola al noroeste de Nueva Delhi, el khap panchayat local se reúne periódicamente en una plataforma de concreto en el pueblo a considerar públicamente los varios litigios. "Es un lugar muy venerado", dice Surender Dahiya, 47, miembro del kahp. "Se supone que ahí nadie puede mentir."
Dahiya y otros en Sisana niegan que el consejo sea una entidad ilegal, o que haya ordenado asesinatos por honor. Dijo que los khap financiaban escuelas y daban dinero a las familias pobres. En cuanto a sus edictos, los khaps, dijo, imponen multas o llaman al aislamiento social y también actúan como mediadores en delitos locales.
"Si ocurre un incidente delictivo, en un tribunal el caso puede demorar años", dijo. "En cambio, el khap se reunirá y emitirá rápidamente un veredicto."
Cuando ocurrió un violento enfrentamiento entre dos familias en Sisana, que tras el fuego cruzado dejó siete muertos, el consejo determinó cuál de las familias era culpable y prohibió que sus miembros pudieran casarse o trabajar en la zona. "Una vez que el khap llega a una conclusión, las dos partes deben aceptarla", dijo Dahiya.
Los críticos de los consejos dicen que los agentes de policía y los políticos locales trabajan a veces en colaboración con los khaps. En algunos casos, la policía ha perseguido y localizado a parejas que se han fugado, arrestando a los hombres por cargos de secuestro, y devolviendo a las mujeres a sus familias.
"Los políticos a nivel local y estatal se han mostrado ostensiblemente reluctantes a condenar los khap panchayats, debido a que representan un poderoso y amplio mercado de votos", dijo Rani D. Mullen, docente del College of William & Mary y autor de un libro de próxima aparición sobre la democracia a nivel de aldeas en India. "Esto ha creado un entorno político que en lo esencial aprueba a los khap panchayats, mientras que los políticos y la policía hacen la vista gorda. Los tribunales son a menudo los únicos defensores públicos del derecho."
Desde abril, la Corte Suprema ha emitido dos lacerantes fallos sobre los asesinatos por honor y ha definido a los khap panchayats como productos de una "mentalidad feudal". "Estos actos toman la ley en sus propias manos y se convierten en tribunales irregulares, que son totalmente ilegales", resolvió la corte el 19 de abril.
Los líderes de los kahp responsabilizaron por los asesinatos por honor no a sus métodos de ejercer presión social, sino a la Ley de Matrimonio Hindú de 1955, la ley nacional que no prohíbe el matrimonio al interior de los gotras. Cuando se reúna el Parlamento en julio, los líderes de los khap exigirán que la ley sea modificada para prohibir esos matrimonios, una lucha políticamente muy difícil.
"El tribunal les dice que están en lo correcto", dijo Ishwar Singh, 64, que vive en un pueblo cerca de Sisana, sobre los matrimonios al interior de los gotra. "El tribunal los protege. Estamos enfadados por eso. Si son hermano y hermana, ¿cómo pueden casarse?"
Singh, el abogado de la Corte Suprema, ha presentado un proyecto de ley que definiría los edictos extrajudiciales de los khaps, incluyendo los que exigen el aislamiento social, como delitos de acoso, con penas de hasta diez años de prisión. Se espera que el proyecto de ley sea visto por el Parlamento en julio. "Queremos reiterar que la gente en India tiene derecho a casarse libremente", dijo.
Mucha gente aquí en Sisana dice que los consejos locales, que han funcionado durante siglos, sobrevivirán los retos jurídicos y parlamentarios a los que deben enfrentarse.
"Examinamos cuidadosamente lo que pasa en nuestra sociedad", dijo Surender Dahiya, miembro del khap. "La presión social no existe legalmente. Pero es un arma muy poderosa."
[Hari Kumar contribuyó a este reportaje.]
27 de junio de 2011
4 de junio de 2011
©new york times
cc traducción mQh

fiscal amatonado quiere guerra propia


columna de lísperguer
Fiscal Moreno, del TPI, amenaza a funcionarios libios y ofrece impunidad.

Son totalmente inadmisibles las amenazas del fiscal Moreno: si no arrestan a Gadafi, los perseguiremos a ustedes; si lo arrestan, quizás no los juzguemos a ustedes. ¿Tiene un fiscal atribuciones para actuar de esta manera? Parecen más bien las bravuconadas de un matón de barrio, sobre todo considerando que esos funcionarios a los que amenaza no tienen obligación de acatar esa orden porque, como Estados Unidos, Libia no reconoce al TPI.
Pero el fondo del asunto deja al fiscal y su manipulación de su posición y del TPI al descubierto: la matanza de más de mil manifestantes a mediados de febrero en una plaza de Trípoli, que dio origen a la agresión contra Libia, nunca ocurrió, según constató la comisión del Parlamento europeo que visitó el lugar. Los ataques contra la población civil no cuajan con la información disponible. Tras dos meses de guerra, en Misurata han muerto 257 combatientes (hombres). Entre los 949 heridos hay sólo 22 mujeres. Si se hubiese atacado a la población civil, las mujeres serían la mitad de las víctimas.
El fiscal deja de lado dos hechos gravísimos: las órdenes de asesinar a altos funcionarios libios, incluyendo a sus familias (lo que se demuestra por los bombardeos de las residencias de esos funcionarios), que es una violación flagrante del derecho internacional y de las leyes de guerra, emitidas por los presidentes Obama y Sarkozy. La OTAN ha asesinado a varios familiares de Gadafi y otros funcionarios en acciones que constituyen claros casos de crímenes de guerra que no pueden ni deben quedar impunes. A esto se agrega la campaña racista iniciada por los rebeldes, que han descuartizado y ahorcado a cientos de negros subsaharianos inmigrantes sin forma alguna de juicio -campaña que ha sido condenada por Amnistía Internacional.
El amatonado fiscal Moreno es una verdadera desgracia para el TPI. Debiese existir una instancia que lo obligue a rendir cuentas por su complicidad en la destrucción injustificada de Libia.
lísperguer

fiscal moreno quita legitimidad al tpi


columna de lísperguer
Fiscal del TPI justifica orden de captura contra coronel Gadafi.

Este fiscal ha mostrado una falta de objetividad, seriedad y profesionalismo que desmerecen al TPI. Se sostienen pocas de las acusaciones contra el régimen: la matanza desde el aire en la que habrían muerto más de mil personas, a mediados de febrero y que justificó la agresión, es enteramente falsa. Nunca ocurrió. La comisión del Parlamento europeo que visitó el lugar no encontró evidencia alguna de ese hecho. Los ataques contra la población civil son falsos. Las 257 bajas tras 2 meses de guerra en Misurata son combatientes; entre los 949 heridos, sólo hay 22 mujeres. Si se hubiese atacado a la población civil, las bajas femeninas serían al menos el 50%. Por otro lado, los rebeldes han iniciado una campaña racista que se ha cobrado la vida de decenas de negros subsaharianos, los que han sido descuartizados y ahorcados en lugares públicos, provocando la condena de Amnistía Internacional.
Tampoco se preocupa el fiscal, ni condena ni persigue, los evidentes intentos de magnicidio y de asesinato de los familiares de funcionarios libios. Los bombardeos dirigidos de la OTAN ya han logrado asesinar a familiares de Gadafi y de otros altos funcionarios. Este es una intolerable violación del derecho internacional y de las leyes de guerra. Sus principales instigadores (Sarkozy y Obama) debiesen ser acusados por estos crímenes, o castigados de otro modo.
Ese fiscal pone en entredicho la imparcialidad del TPI. Es lamentable.
lísperguer