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de carlotto, noticia alentadora


La reacción de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "El interés de Abuelas siempre es el encuentro. Queremos encontrar, antes de que nos vayamos de este mundo, a los nietos que nos robó la dictadura", aseguró Estela Carlotto.
Argentina. En Abuelas la novedad fue recibida con satisfacción, aunque también con la advertencia de que, en un juicio al que pusieron tantos obstáculos, sería imprudente adoptar una mirada ingenua. "Es una noticia alentadora porque esto es lo que queremos desde hace más de diez años", dijo la presidenta del organismo, Estela de Carlotto, luego de enterarse de que Marcela y Felipe Noble Herrera habían aceptado dar muestras para obtener sus mapas genéticos y para que éstos sean comparados con todas las familias del BNDG. Abuelas difundió también un comunicado de prensa que puso el acento en la necesidad de prudencia y de "mantener la cautela hasta verificar que los análisis se realicen con las debidas garantías".
Carlotto habló apenas trascendió el tema. Recordó que "desde 1984 hay denuncias serias en el sentido de que estos chicos procederían de la ilegitimidad de la dictadura militar que robó a nuestros nietos".
"Las irregularidades de procedimiento en las dos adopciones son terribles", apuntó. Estas irregularidades son del tipo de las que se cometieron en otros casos en los que "niños secuestrados con dos años fueron adoptados como recién nacidos".
La presidenta de Abuelas dijo que las situaciones por las que vio pasar a Marcela y Felipe Noble Herrera le parecieron "una mortificación". "Se los exhibió tantísimo, se los victimizó, se los hizo actuar frente a la televisión", todo lo cual "es una cosa terrible para ellos".
"Si la señora de Noble está incursa en delitos, la Justicia es la que tendrá que hablar. Eso para nosotros es secundario, hay que hacerlo, pero el interés de Abuelas siempre es el encuentro. Queremos encontrar, antes de que nos vayamos de este mundo, a los nietos que nos robó la dictadura."
Consultada sobre si con la obtención del ADN y la comparación con todos los datos del Banco Genético "se acabará" el conflicto judicial, Carlotto contestó que sí, "exactamente", ya que, "después, la Justicia actuará, establecerá responsabilidades, pero ya las cuestiones se resolverán en otro nivel". "Insisto, las Abuelas lo que queremos es ayudarlos a salir de una oscuridad, porque la dictadura fue la que les quitó el derecho a vivir con su familia."
En ese sentido, Carlotto evaluó que la decisión de los dos jóvenes de presentarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos para comparar sus perfiles genéticos con los de todos los familiares registrados "acortaría los plazos para dilucidar su identidad a quienes queremos devolverles sus derechos si fueran los nietos que estamos buscando".
"Nosotros queremos devolverles sus derechos, si fueran los nietos (apropiados) que estamos buscando. Es una cuestión de larga data, muy terrible, que padecemos la sociedad y sobre todo ellos, como víctimas."
19 de junio de 2011
18 de junio de 2011
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idas y vueltas en caso noble herrera


Los hitos de la causa.Empezó en abril de 2001, cuando se acusó a la dueña del grupon Clarín de supresión de identidad.

Argentina. La causa para determinar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos se inició hace diez años, el 30 de abril de 2001, cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, presentó una querella penal contra la dueña del Grupo Clarín por "supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios" de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe.

- Ernestina Herrera de Noble fue arrestada en diciembre de 2002 por el juez federal de San Martín, Roberto Marquevich, quien ordenó su detención para tomarle declaración indagatoria. La Cámara Federal de Apelaciones lo desplazó de la causa, acusándolo de parcialidad, y anuló su resolución.

- Herrera de Noble obtuvo un fallo favorable del juez que reemplazó a Marquevich, Conrado Bergesio, que le dictó la falta de mérito, desvinculándola de presuntas irregularidades en los trámites de adopción. La Cámara confirmó este fallo.

- La investigación permaneció congelada hasta que en diciembre de 2009 la Cámara Federal le ordenó al juez Bergesio realizar los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Felipe y Marcela entregaron entonces una muestra voluntariamente, pero bajo la condición de que sólo fuera comparada con las dos familias querellantes y no con la totalidad de familias que dieron su ADN al BNDG. El juez allanó sus domicilios para obtener objetos personales de donde se pudiera tomar muestras. Estaban dadas las condiciones para hacer las comparaciones, pero un recurso judicial de los abogados de Herrera de Noble ante Casación las frenó.

Las muestras de sangre que habían aportado voluntariamente quedaron en una caja fuerte que fue violentada.

- El año pasado, el juez Bergesio fue apartado de la causa. El tema pasó a manos de una tercera jueza, Sandra Arroyo Salgado.

- La magistrada desplazó a los abogados de Ernestina Herrera de Noble porque representaban tanto a la acusada como a Marcela y Felipe, posibles víctimas. Los jóvenes se negaron a dar una nueva muestra. La jueza dispuso que se obtuvieran a partir de las prendas que vestían, para lo cual en mayo de 2010 fueron interceptados en la vía pública y llevados a su domicilio para que en un lugar privado entregaran su ropa interior.

- El Banco Nacional de Datos Genéticos comenzó los análisis, pero denunció que no había podido determinar el perfil genético de los jóvenes porque las muestras estaban contaminadas.

- La magistrada citó a los hermanos Noble Herrera para que se presentaran en el Banco Nacional de Datos Genéticos a dar nuevas muestras de sangre y saliva. Debían concurrir el 23 de diciembre, pero no fueron.

- El 16 de marzo de este año, la Cámara Federal confirmó la decisión de extraer muestras biológicas a los hermanos "con o sin su consentimiento" y, el 2 de junio, la Sala II de la Cámara de Casación avaló la extracción sin consentimiento, aunque limitó el uso de las muestras.

- Ayer, Marcela y Felipe anunciaron que aceptarán dar las muestras para que se comparen con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos.
19 de junio de 2011
18 de junio de 2011
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paso hacia la verdad


Marcela y Felipe aceptaron comparar su ADN con todas las familias del BNDG. Las muestras de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se cotejarán con las 246 familias del BNDG. Las razones esgrimidas y las hipótesis sobre el cambio de postura de los jóvenes.
[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. Después de diez años de apelaciones y de poner obstáculos de todo tipo, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron que la Justicia les extraiga pequeñas muestras de sangre para comparar su ADN con el de las 246 familias que buscan sus nietos, hijos de desaparecidos, y cuyos datos están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El proceso judicial ya estaba encaminado en ese sentido: sólo les quedaba el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que –según vaticinaban en tribunales– saldría rechazado. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, aseguró que se trata de "una noticia alentadora" y la institución explicó que espera la medida "con satisfacción y prudencia". "Queda claro –señalaron las Abuelas– que nuestro reclamo siempre fue justo y acorde a ley, a partir de las probadas irregularidades de los procedimientos de adopción." También en el gobierno nacional, el ministro Florencio Randazzo se mostró conforme: "Siempre se quiso saber la verdad y ésta es una buena señal".
Ayer mismo la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió a la Cámara de Casación que le devuelva el expediente y su plan es convocar a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín la semana próxima para que ratifiquen su decisión y de inmediato vayan al BNDG para hacer la extracción de muestras de sangre, pelo y saliva, con lo que se buscará asegurar que la determinación del perfil genético sea certera. Sin embargo, habrá que ver si Casación declara abstractas las apelaciones que ya se habían presentado con cierta rapidez, de manera que el proceso se pueda poner en marcha.
Ayer circularon numerosas teorías para intentar explicar el cambio de actitud de Marcela y Felipe de no apelar el fallo de la Cámara de Casación que dos semanas atrás ordenó la extracción de ADN "con o sin" su "consentimiento", aunque con la concesión de limitar el cotejo a un grupo de familias. El argumento esgrimido públicamente y en el escrito presentado por sus abogados en el juzgado es que quieren "terminar con la persecución, los ataques y los sufrimientos". En verdad, el razonamiento se cae por sí solo: el paso que acaban de dar pudieron haberlo dado en diciembre de 2002, cuando se ordenó por primera vez la realización del ADN. En aquella época ni siquiera gobernaban los Kirchner. Sin embargo, apelaron y esquivaron la extracción. Cuando se les pidió la ropa para obtener su perfil genético, se encontró ADN de mujer en prendas íntimas masculinas y ropa interior de mujer con más de un perfil.
Alejandro Carrió, abogado de los jóvenes, dio a entender que tomaron la determinación por el estado de salud de su madre adoptiva, Ernestina Herrera de Noble, que tiene 86 años. El letrado no explicó si la empresaria está enferma o si el cuadro judicial la estaba afectando.
Desde el punto de vista personal, también puede haber ocurrido que hayan decidido dar el paso de conocer su identidad, algo que ha ocurrido en numerosas oportunidades, tanto con hijos de desaparecidos como con hijos adoptados. Los letrados que intervienen en la causa sostienen que en las audiencias más recientes, Felipe y Marcela habían cambiado de actitud y saludaban a los abogados de la parte querellante de manera diferente y no parecían tan distantes.
Más adeptos recogió el diagnóstico de que el camino judicial de los Herrera Noble estaba cerca de terminarse. Es que hay coincidencia en que la Corte rechazaría su recurso, con lo cual la extracción compulsiva de material genético quedaba firme. Ante esta situación, no parece ilógico adelantarse a la jugada y limitar el daño. Los jóvenes tiraron todo lo que pudieron de la cuerda y ahora, si la comparación da positiva, dirán que fue porque ellos aceptaron dar su sangre.
No faltan quienes diagnostican que el cambio de postura obedece a que de alguna manera pudieron haber conseguido los datos del Banco Nacional de Datos Genéticos y que en privado ya hicieron la comparación. Los especialistas opinan que no es fácil vulnerar la seguridad del organismo que conduce la genetista Belén Rodríguez Cardozo. Pero tampoco es imposible. Allí hay muestras genéticas de 246 familias que aún buscan a sus nietos, a las que se suman las de 104 nietos que ya recuperaron su identidad. Cada ADN se compone de 15 marcadores que, a su vez, está constituido por dos números, que tienen entre cinco y 15 variantes. Desde el punto de vista del volumen de la información, es mínimo: entra perfectamente en un pendrive. Los integrantes de las organizaciones de Derechos Humanos consultados por este diario consideraron que, en última instancia, lo que importa es la verdad, de manera que aunque alguien haya conseguido la base de datos del Banco de manera turbia, lo fundamental será conocer si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín son o no hijos de desaparecidos.
Las Abuelas estiman que aún falta recuperar a unos 400 nietos. Las muestras disponibles en el BNDG corresponden a 246 familias que denunciaron que sus hijas (o mujeres con otro parentesco) estaban embarazadas o tenían bebés pequeños al momento de su desaparición. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo otras familias que no tienen certeza del embarazo de sus hijas, pero que creen que podría haberse dado. Por ese camino se restituyeron nietos que en el momento en que se presentaron no daban con ninguna de las familias que estaban en el Banco. En el comunicado de Abuelas, justamente, se insiste en que, si el resultado no fuese positivo, las muestras de Marcela y Felipe deben quedar en el BNDG porque pueden aparecer nuevas familias.
Alcira Ríos, letrada de las familias querellantes Miranda-Lanoscou y Gualdero-García cree que "es muy difícil que Felipe y Marcela provengan de madres indigentes a las que les dieron un dinero a cambio de los bebés". "Hace 30 años que investigamos estos procedimientos. Cuando las madres entregan a sus hijos –explica– existe un acta de nacimiento que el hospital tiene obligación de hacer, en la que luego se pone el nombre de los padres que se quedan con el bebé. En el caso de los Noble Herrera no hay acta de nacimiento, a lo que se suman múltiples irregularidades en la adopción que logró Ernestina Herrera de Noble, incluyendo su relato de que encontró un bebé en una caja, los testigos falsos y su afirmación de que el otro bebé se lo dio una mujer cuyo nombre resultó inexistente y su número documento era el de un hombre. Todo esto nos llevó a las sospechas iniciales. A eso agregue que la jueza que intervino también entregó un bebé que dio a luz una madre desaparecida." Ríos insiste en que "en los procesos de entrega de hijos de desaparecidos hubo trampas de todo tipo, de modo que todo debe ser investigado. En el caso de los Noble Herrera, sumaron maniobras y obstáculos durante una década. Es bueno que de una vez por todas se sepa la verdad".
Tras la presentación de ayer en el juzgado de Arroyo Salgado, es posible que el trámite se demore algunos días por los pasos previos que tiene que dar la Justicia.

- Tras recibir el escrito, la jueza notificó la decisión de Felipe y Marcela a la Cámara de Casación, al fiscal y a las querellas.

- Los jóvenes deberán ratificar en el juzgado que aceptan las extracciones. El texto donde lo anunciaron sólo está firmado por sus abogados, Alejandro Carrió, Ignacio Padilla, Horacio Silva y Roxana Piña.

- En el día de ayer habían presentado sendas apelaciones las Abuelas, a través de Alan Iud, las familias querellantes, representadas por Pablo Llonto y Alcira Ríos, y el fiscal de Casación Raúl Pleé. La Cámara podría dejarlas sin efecto. Ríos dijo que insistirá con su planteo para evitar que la decisión que había adoptado Casación de poner un límite al entrecruzamiento de ADN de Marcela y Felipe siente un precedente. Es en este punto donde podría producirse una demora, ya que Casación tiene que resolver.

- Según afirman en el juzgado, los recursos devienen abstractos, porque ya los jóvenes aceptaron hacerse la extracción y que se comparen los perfiles genéticos con todos los que están en el BNDG, que es lo que reclamaban las querellas.

- El siguiente paso será citar a Felipe y Marcela en el Banco, donde se realizará la extracción de muestras mínimas de sangre, saliva y pelo. El objetivo es tener el perfil genético por las tres vías. A partir de ello se cruzarán los datos con el de las familias. En el juzgado sostienen que el proceso será rápido y podría completarse en semanas, aunque habrá que ver cuánto tarda Casación en despejar el camino.

"Tomaremos recaudos para que la pericia que se haga respete todos los procedimientos habituales y que no haya situaciones extrañas y dudosas como ha ocurrido tantas veces en esta causa", dijo Iud, el abogado de Abuelas. El organismo cerró su comunicado oficial sosteniendo que "las reiteradas obstrucciones, que comenzaron con el irregular apartamiento del juez que impulsó la investigación y procedimientos policiales fraguados para obtener ADN, nos obligan a mantener la cautela hasta verificar que los análisis se realicen con las debidas garantías. Las Abuelas, como en todos los casos, anhelamos llegar a la verdad y restituir a todos los nietos que aún viven en la mentira."
19 de junio de 2011
18 de junio de 2011
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murió lilian jackson braun


Autora de la serie de misterio ‘The Cat Who...’
Murió el sábado en una residencia en Landrum, Carolina del Sur, por causas naturales, la escritora Lilian Jackson Braun, que publicó veintinueve libros en la serie de misterio ‘The Cat Who...’ Tenía 97 años.
Braun, que también compiló dos antologías de cuentos cortos, publicó su primer libro ‘The Cat Who Could Read Backwards’ en 1966. Pasaron dieciocho años entre ‘The Cat Who Turned On and Off’ y ‘The Cat Who Saw Red’, publicado en 1986.
También trabajó durante treinta años como redactora y editora de la Detroit Free Press hasta su jubilación del diario en 1984. Dejó de escribir en 2007, después de la publicación de ‘The Cat Who Had 60 Whiskers’.
Sus libros sobre el detective Jim Qwilleran y sus gatos siameses Koko y Yum Yum, estuvieron regularmente en la lista de los libros mejor vendidos del New York Times y fueron traducidos a dieciséis idiomas.

Nació el 20 de junio de 1913, en Chicopee Falls, Massachusetts, y empezó como redactora en el departamento de publicidad de unos grandes almacenes de Detroit.
Vivió en Tryon, Carolina del Norte, durante los últimos veintitrés años de su vida con su segundo marido, Earl Bettinger.
Los libros de Braun eran populares, dijo su marido, debido a que sus personajes no eran malos y los gatos no hacían nada que un gato no pudiera hacer. "Los gatos no bailaban ni cantaban", dijo.
Pero la mujer que escribía sobre gatos no tuvo ninguno en los últimos años de su vida. Estaba perdiendo la vista y los gatos se metían entre sus pies, dijo Bettinger.
19 de junio de 2011
8 de junio de 2011
©los angeles times

amenazas en medellín


No paran las amenazas a líderes en Medellín. Más de 50 líderes comunitarios en Medellín se encuentran amenazados, pero podrían ser más porque muchos prefieren no denunciar sus casos por temor.
Colombia. Tanto en Medellín como en algunos municipios del Valle de Aburrá, el trabajo comunitario se convirtió en una actividad altamente riesgosa. El reciente asesinato de Ana Fabricia Córdoba, ocurrido el pasado 7 de junio, así parece demostrarlo. Lo grave, según lo manifestaron líderes consultados por la Agencia de Prensa IPC, es que sus reiteradas denuncias siguen sin ser escuchadas y temen que crímenes como el de Córdoba vuelvan a repetirse.
Al respecto, los registros de la Personería de Medellín indican que en lo que va corrido del año, unos 50 dirigentes barriales han recibido intimidaciones por causas relacionadas con sus actividades. Sin embargo, la problemática podría ser aún mayor dado que muchos dirigentes barriales prefieren no denunciar antes las autoridades, bien por temor a represalias de los grupos armados ilegales o por desconfianza hacia la Fuerza Pública.
Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos, reconoce que la situación actual para el movimiento comunitario de Medellín no es fácil. "Sí hay una presión muy fuerte contra algunos líderes. No es una situación generalizada, pero sí se observa que hay serias dificultades en algunos barrios para ellos", declaró.
La Agencia de Prensa IPC quiso constatar qué tan delicado es el panorama para los líderes sociales y comunitarios de la ciudad. En sus indagaciones esta Agencia pudo establecer que luego del crimen de Ana Fabricia se recrudecieron las intimidaciones contra líderes de la comuna 3 que acompañaron por varios años el trabajo de la líder desaparecida.
De igual forma, integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas manifestaron que por lo menos 10 de sus integrantes, todos habitantes de municipios del Valle de Aburrá, han sido amenazados por parte de grupos armados ilegales en el último año.
Voceros de la Corporación Itagüí Nueva Gente declararon que luego de la movilización que tuvo lugar este miércoles 8 de junio en las calles de este municipio, en señal de protesta por el alza del impuesto predial, unos hombres motorizados abordaron a una familiar de Carlos Andrés Cardona, promotor de la marcha, para decirle "a Carlos que se quede callado por su bien".
"Vamos a tomar la decisión de, por el momento, replantear el tema de las movilizaciones, porque supone un riesgo bastante alto para nosotros, un riesgo que nosotros no estamos en capacidad de afrontar. Hay un ambiente tenso, muy caldeado y muy preocupante", señaló Jonathan Clavijo, presidente de la Corporación.

Desplazados: en la Mira
Sin duda quienes más están sintiendo el rigor de las amenazas son los voceros de los desplazados en los barrios periféricos de Medellín. Según integrantes de la Mesa de Población Desplazada, unos 30 integrantes de esta instancia que aglutina a las víctimas de este flagelo residentes en la ciudad han sido objeto de amenazas de muerte en los últimos dos años.
Incluso, varios de ellos volvieron a padecer nuevos desplazamientos pues tuvieron que abandonar sus barrios y, en casos más graves, hasta la ciudad y el país. Para ellos, el asesinato de Ana Fabricia Córdoba constituye la prueba fehaciente de la desatención estatal a sus denuncias. Si bien el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha señalado que la líder rechazó en varias oportunidades el esquema de protección que le puso a su disposición el Gobierno, los voceros de los desplazados tienen razones de peso para defender esta postura.   
Tal es el caso de Miguel*, integrante de la Mesa de Población Desplazada, quien también ha sido víctima de intimidaciones contra su vida. A su juicio, las rutas de atención que tiene actualmente el Ministerio del Interior no son garantía de protección para las víctimas de amenazas.
"En primer lugar, los análisis de riesgo siempre salen bajos, es decir, que no requerimos protección. En segundo lugar, las instituciones se viven "tirando la pelota": Secretaría de Gobierno dice que es la Policía, allá dicen que es el Ministerio del Interior y en Bogotá dicen que eso le toca a la Alcaldía", expresó Miguel. A esta situación se suma la desconfianza generalizada que existe entre los líderes barriales y miembros de organizaciones sociales hacia algunos miembros de la Fuerza Pública.
"A uno lo amenazan las bandas del barrio. Se pone la denuncia en Fiscalía y lo que primero que hacen es mandar un Policía a la casa para que haga la investigación y luego llegan los de las bandas a decir que uno es un ‘sapo’. Así me pasó a mí y por eso me tuve que ir del barrio. Además, yo he sido testigo de casos donde el policía sale y le dice a los combos, con nombre propio, quien fue el que puso la denuncia. Así quien se anima a pedir protección", acotó Miguel.
"Y así, con desconfianza y todo, uno acude a las autoridades y tampoco hacen nada", indicó a su vez Israel Blandón, también integrante de la Mesa, quien ya no sabe a quien acudir en busca de protección para su vida. Su historia deja en evidencia que quienes asumen la vocería de sus comunidades para reclamar la restitución de derechos deben enfrentarse a fuerza oscuras muy poderosas.
Israel y otro grupo de personas comprometidas con el trabajo comunitario decidieron recoger las banderas dejadas por Janeth Martínez y Jorge Murillo, miembros de la junta de acción comunal del barrio Nuevo Amanecer, corregimiento Altavista, quienes abandonaron la ciudad en noviembre de 2010 tras recibir sendas amenazas de muerte luego de rechazar la propuesta de un grupo armado ilegal de financiar proyectos comunitarios con dineros producto de actividades ilegales.
Murillo falleció en el departamento de Córdoba como consecuencia de una penosa enfermedad y Janeth engrosa la lista de desplazados de cualquier ciudad del occidente del país. Ambos venían reclamando ante la Administración Municipal una serie de mejoras para su barrio, habitado en un 90% por población desplazada proveniente del pacífico colombiano. Pese a su disposición y compromiso, Israel y sus compañeros se vieron obligados a abandonar Nuevo Amanecer en mayo de 2010 por cuenta de nuevas intimidaciones. En el caso de Israel, los mensajes y llamadas advirtiéndole que acabarán con su vida continúan.
 "Y ¿dónde no habré estado por dios? Secretaría de Gobierno, Acnur, Ministerio del Interior y nada. Hace como dos meses estuve en la Sijin, me hicieron unas preguntas, me dijeron que unos policías iban a ir a mi casa para hacerme el estudio de riesgo. A mí ni me gustó, pero acepté. Pero vamos para dos meses y esta es la hora en que no han ido ni me han llamado. ¿Qué más que queda por hacer?", manifestó Israel.
Frente a este panorama, queda la pregunta de si se trata de una persecución con tintes políticos contra el movimiento social y comunitario de Medellín. Israel Blandón no vacila en su respuesta: "Nosotros tenemos claro que esto es una persecución política. Nosotros hacemos un trabajo por reclamar nuestros derechos y por eso, nos hemos convertido en una piedra en el zapato".

Situación en los Barrios
En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses.
"Se trata de los presidentes de las JAC de Villa Hermosa, el de Colinas de Enciso parta baja y me informaron de dos presidentes de acciones comunales de los asentamientos de población desplazada que existen en la comuna que también tuvieron que irse de la zona", manifestó Maya, quien también ha recibido presiones por parte de los grupos armados que operan en la zona.
Y es que para los dirigentes barriales de esta comuna, aspectos como recuperar los espacios públicos tomados por los integrantes de los grupos armados ilegales, no colaborar con ellos, oponerse a la venta de estupefacientes en sus barrios o no pagar extorsiones que imponen los armados a los contratos que suscriben las juntas de acción comunal se han convertido en motivo de intimidaciones permanentes.
"Nosotros somos el puente entre la comunidad y la Administración Municipal. Somos quienes recibimos las denuncias de los habitantes de los barrios y, por ese nivel de visibilización, nos hemos convertido en objeto de señalamientos. Eso ha dificultado mucho el trabajo comunitario", declaró Maya. Lo preocupante, según el dirigente, es que no existen los suficientes niveles de confianza entre quienes adelantan trabajo comunitario y las autoridades civiles y de Policía.  
"Varios líderes han sido señalados de ser colaboradores de los grupos armados por parte de algunos miembros de la Policía. Eso es realmente triste porque los encargados de brindar la seguridad y el acompañamiento a la sociedad son los primeros en acusarnos. Tampoco hay confianza hacia la Secretaría de Gobierno porque vemos más interés en acompañar a los combos con ayudas y oportunidades para ellos que a las personas de bien", señaló Maya, quien recordó que en 2009 se registró en la comuna 8 una "muerte anunciada" como la de Ana Fabricia: la del dirigente cívico Alexander Pulgarín, quien fue asesinado el 20 de diciembre de ese año en momentos en que visitaba a su familia.
Por ahora, personas como Israel, Miguel, y Jairo Maya esperan que no se vuelva a presentar un hecho trágico como el de Ana Fabricia Córdoba para que las autoridades civiles y de Policía entiendan que los riesgos que corren sus vidas son reales e inminentes.    
[*La fuente hizo una petición expresa de omitir su identidad.]
19 de junio de 2011
13 de junio de 2011
©verdad abierta

senador cáceres dice que es inocente


Senador Cáceres insiste en su inocencia. Antes los magistrados del Consejo de Estado el senador Javier Cáceres se declaró inocente frente a las sindicaciones que hay en su contra por tráfico de influencias, corrupción y parapolítica.
Colombia. En audiencia pública, el ex presidente del Senado negó haberse reunido con grupos paramilitares. Además aclaró que durante su ejercicio político trabajó contra la corrupción y que nunca ejerció influencias para favorecer el nombramiento de personas en cargos públicos.
Sobre las acusaciones que el excomandante paramilitar Úber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, el parlamentario aseguró que era una confusión que el mismo desmovilizado había aclarado posteriormente.
"’Juancho Dique’ no ha dicho que hizo acuerdos políticos conmigo", dijo Cáceres, recurriendo además a una declaración en la que el paramilitar aseguró que por presión de los magistrados auxiliares de la corte declaró en contra él.
Durante la diligencia, la Procuraduría pidió que se le mantenga la investidura del senador y lo exoneró de los de los cargos por los que se le investiga.

Los Testimonios en contra de Cáceres
A principios de julio de 2010, en el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel el desmovilizado jefe paramilitar Uber Enrique Banquéz, alias ‘Juancho Dique’, relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.
Según ‘Dique’, que fue uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares en Bolívar.
"Yo te respeto la vida de los líderes, pero te invito a hacer parte de nuestro proyecto", dijo el desmovilizado al describir el acuerdo que, dice, se suscitó entre los dos y que le generó réditos políticos  a esas personas por quienes supuestamente bogó Cáceres.
Añadió que durante el encuentro dialogaron acerca de la desmovilización y que pactaron nuevas reuniones que no se pudieron llevar a cabo por la llegada del proceso de paz con el Gobierno Nacional. El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que supuestamente definirían la adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.
"Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarle a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto", explicó el ex paramilitar.
Sobre las elecciones a Congreso de 2006, ‘Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.
"Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas", aseguró ‘Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.
Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado, fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Democrático y llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado.
Además de ‘Juancho Dique’, otros desmovilizados de estructuras paramilitares que operaron en los Montes de María y en la zona urbana de Cartagena han salpicado al senador Cáceres en sus versiones libres, entre ellos, Sergio Córdoba Ávila alias ‘101’ o ‘Caracortada’, Alexis Mancilla García alias ‘Zambrano’, Emiro Correa alias ‘Convivir’ y Eugenio José Reyes Regiño alias ‘Geño’.  Estos dos últimos aseguraron que ‘Juancho Dique’ se reunió en varia oportunidades con congresistas, candidatos a alcaldías y gobernaciones de la región en una finca ubicada en jurisdicción de Turbana, cerca de Cartagena, entre ellos, el senador Javier Cáceres.
19 de junio de 2011
14 de junio de 2011
©verdad abierta

proceso contra el horror


Comenzó el alegato de la fiscalí en el juicio sobre los crímenes de la ESMA. Los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña señalaron que el objetivo de la ESMA era "terminar con toda forma de oposición política y diseminar el terror". El miércoles se descompuso el represor Ernesto Weber y ayer Pablo García Velazco.
[Alejandra Dandan] [Argentina] ¿Por qué la Escuela Mecánica de la Armada?, se preguntó la fiscal Mirna Goransky. ¿Por qué un centro clandestino en una escuela destinada a formar moral y educativamente a cadetes y aspirantes? Esa lógica esquizofrénica que parece haber estructurado al centro clandestino de la Armada –tal vez como no sucedió con otro– empezó a ser desarmada durante los alegatos del ministerio público fiscal. La fiscal Goransky y Pablo Ouviña advirtieron que "no se trata de un juicio como cualquiera porque éste es un juicio al horror". Dijeron que a lo mejor nadie explicó de mejor manera la locura –atada a la contradicción– como lo hizo alguna vez el propio jefe de la Armada, Emilio Massera, cuando dijo que no iban a tolerar que la muerte ande suelta por la Argentina, "porque entonces –recordó la fiscal– ya habían decidido que la muerte iba a estar en la ESMA".
Goransky y Ouviña comenzaron el miércoles y continuaron ayer con el alegato en el juicio a un "pequeño grupo" de 19 represores de la ESMA. El concepto de banalidad del mal, de Hannah Arendt, les permitió tomar como eje el mal desde la locura para rearmar la arquitectura del mayor centro de exterminio del país.
El miércoles, Jorge "El Tigre" Acosta, el dios de ese infierno, que estaba sentado a unos metros, anotó todo el tiempo cosas en un block. Juan Carlos Rolón no dejó de mirarla con su cabeza revoleante, igual a Néstor Savio. Ernesto Weber, apodado 220, se descompuso dos veces, la primera con un principio de desmayo por problemas de presión. El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, ordenó un cuarto intermedio en ambos casos; el primero breve, el otro hasta ayer. Cuando se reanudaron los alegatos, quien se descompuso fue el acusado Pablo García Velazco. Los alegatos continuarán hoy, a menos que los malestares se conviertan en una epidemia entre los represores.
Cualquier síntesis del alegato es imposible. Las pruebas de cientos de testimonios y documentos del juicio se encadenaron como fundamentos jurídicos, pero a la vez como un relato de sentido de un mal que en ocasiones aún no puede pensarse.
Al inicio, Goransky aclaró poco. "No son criminales comunes, todos estos hombres secuestraron, sometieron a sus víctimas a condiciones de vida indignas, esclavizaron, abusaron sexualmente y asesinaron a miles de víctimas indefensas." Dijo que estos juicios no se hacen gracias a jueces y fiscales, sino a las víctimas y familiares que se ocuparon de "no deshumanizar a los victimarios: pidieron juicios y castigos y no ejecuciones".

El Lugar
¿Qué pasó en la ESMA?, preguntó la fiscalía. Y habló de la Escuela. "El centro clandestino estuvo alojado en el edificio de una escuela de la Armada, a menos de treinta metros de distancia de las aulas en las que se formaban intelectualmente a los aspirantes." Pero donde había cientos de decenas de personas encapuchadas, inmóviles, aguardando con grilletes y esposas, la muerte. Una muerte antes de la muerte, explicó: la vida entre la muerte, donde convivió el horror, la extrema crueldad e irracionalidad más radical.
Alguno de los sobrevivientes sabían que el alegato iba a mostrar la ESMA desde el punto de vista de las víctimas. Y fue así: con proyecciones en la pared, la sala fue entrando piso a piso para mostrar las contradicciones del infierno.
"Volvamos a Capucha", dijo la fiscal. "El lugar desde el cual, entre expresiones de dolor, algunos se preparan para salir en libertad, otros para salir a bailar, otros a trabajar, otros regresan del trabajo; donde están las embarazadas que esperan y la mayoría, tirados en la oscuridad, doloridos y esperando la muerte."
"Entremos al Casino de Oficiales", dijo después. Y explicó cómo la marina organizó el edificio para "cumplir el objetivo institucional de exterminio". Cómo acondicionó para cobijar el vandalismo, la falsificación, el uso de habilidades de los prisioneros para provecho del grupo de tareas. Tabiques que se arman y se desarman, dijo: y un pasillo central, "la Avenida de la Felicidad", donde los prisioneros se sentaban a esperar la tortura.
El eje de la violencia sexual entró en esos parámetros. La fiscalía pidió además que el Tribunal extraiga esos datos para juzgarlos como delitos autónomos. "Las condiciones siempre fueron peor para las mujeres –dijo Goransky–: para las mujeres, la violencia sexual y de género fue completamente estructural al plan sistemático. La desnudez, el maltrato, la falta de intimidad, las burlas en las duchas de los baños, los abusos y humillaciones aun de las embarazadas" fueron la "consagración de la deshumanización". Mujeres que mientras tanto eran forzadas a mantener relaciones estables con oficiales, abusadas o violadas. Mencionó los casos. Y cómo "a las detenidas, las despertaban para ir a comer o bailar, para recuperar su lado femenino".

Los Sentidos
Y entre esos elementos, el lenguaje: la locura como estructura, dijo Goransky, tenía una particular forma de expresarse. "El lenguaje simboliza el nuevo mundo que se esconde: hay palabras que también desaparecen y en su reemplazo aparecen eufemismos que están llenos de sentidos". La picana es "la máquina", "dar máquina". No se asesina, se "manda para arriba", se "traslada". No se secuestra, se "chupa". El secuestrado es un "paquete". El traslado hacia la muerte es un traslado a una "granja de recuperación". La esclavitud, "un proceso de recuperación". "Este era el mensaje de la tortura para ocultar la locura del mensaje", dijo la mujer.
La idea del otro como dios en el infierno, fue otro eje. "El pez por la boca muere –dijo la fiscal– y los sobrevivientes pudieron primero conocer a sus verdugos por sus voces." A la luz de una declaración de Martín Grass, recordó cómo los represores se autodefinían como dios.
¿Cuál era el objetivo de la ESMA?, se preguntó la fiscal. "La necesidad de terminar con toda forma de oposición política y diseminar el terror en la vida social." Militantes populares, docentes, periodistas, abogados, familiares, vecinos, cualquiera de ellos. Y a diferencia de la Alemania nazi, no dictaron leyes públicas, negaron la existencia de los centros clandestinos, usaron normas secretas y confidenciales. La esquizofrenia volvía a verse así en este punto: era producto de una decisión institucional, pero secreta.
18 de junio de 2011
17 de junio de 2011
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hay que contar cómo murieron


"No basta identificar a los NN, hay que decir cómo murieron": Miguel Botella López. Este experto mundial en antropología forense recomienda integrar las instituciones para explicar lo ocurrido en Colombia con los más de 50 mil desaparecidos que el Gobierno pretende identificar.
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. "Los huesos hablan y mucho, y hay que saber lo que dicen", afirma Miguel Botella López, una autoridad mundial de la Antropología Forense, quien ha pasado por diversos países trabajando en procesos de exhumación de restos óseos para determinar más allá de la identidad cuales fueron las causas de muerte. Su trabajo le ha dado conocimientos suficientes para concluir que en procesos como los que vive Colombia, donde hay más de 50.000 desaparecidos, no sólo basta identificar los cuerpos, sino determinar cómo murieron.
Con más de 30 años dedicados a la Antropología Forense, Botella López es el actual  director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, en España, y recorre el mundo no sólo participando de procesos de identificación y de recuperación de evidencias de restos óseos, sino capacitando a profesionales de la medicina, la antropología, el derecho y la sociología en el tema.
Por sus manos han pasado los restos de Cristóbal Colón y su de hijo Hernando, así como los de San Juan de Dios, el Príncipe Carlos de Viana y el Rey Jaime I de Aragón, pero también los de decenas de hombres y mujeres que han sido asesinados en Ciudad Juárez, México, en los últimos años, durante las guerras de los carteles del narcotráfico.
Este antropólogo forense estuvo hace varios días en Medellín capacitando a un grupo de profesionales en diversas disciplinas y aceptó una entrevista con VerdadAbierta.com para hablar de su trabajo, sus experiencias y de su percepción de lo que se hace en Colombia con relación a la identificación de las víctimas de los grupos armados ilegales asesinadas durante los últimos 40 años.

VerdadAbierta: ¿Qué hace exactamente un antropólogo forense?
Miguel Botella López: Establecer una secuencia de los hechos que expliquen la causa de la muerte. Los huesos hablan y mucho, y hay que saber lo que dicen. Mi trabajo se remite a establecer la evidencia. Yo pretendo ver qué y cómo pasó exactamente. Yo no entro en el tema del por qué, pues eso es entrar en el terreno de la especulación. Yo no pretendo solucionar ningún caso, ni lo pienso siquiera. Lo que busco es aportar datos que sean incuestionables a la hora de juzgar y elaborar una respuesta a lo que ha sucedido.

¿A través de su trabajo ha podido determinar similitudes y diferencias en el cómo matan en el mundo?
El cómo varía por el tipo de sociedad. Me resultan muy curiosos los latinoamericanos: son enormemente sentimentales, muy afectivos y tienen canciones de amor que son lacrimosas, pero al mismo tiempo son violentos y crueles. Contrario a lo que ocurre en los Balcanes: es una sociedad muy cariñosa, pero tienen una frialdad impresionante.

¿Cómo se expresan en términos de violencia esas diferencias sociales?
En los Balcanes tienen esa sistemática frialdad de apostar francotiradores anónimos en los edificios y esperar hasta elegir la presa; por ejemplo, que sea un niño, para que a la familia le duela más. Eso no ocurrirá en América Latina, aquí se dará otra cosa: un tipo con un machete que le saca las tripas a otro o como en Ciudad Juárez, que le pega 35 tiros a otro en la cara a otra persona. La violencia reviste las diferencias sociales que caracterizan a cada grupo humano.

¿Podría decirse que esas prácticas violentas son aprendidas o tal vez surjan de momentos de gran alteración y rabia?
Cuando el ser humano alcanza unas altas cotas de violencia, repite unas pautas que se vuelven normales. La muerte a machetazos en Ruanda en 1994 de Hutus contra Tutsis fue una repetición de las matanzas en Biafra 20 años antes. Si nosotros hablamos de la tragedia del Congo a finales del siglo XIX, encontramos que mataron a 15 millones de personas en 25 años. Y la catástrofe en África por los alemanes fue también de más de 12 millones de personas. Los humanos, cuando se acostumbran a la violencia, repiten unas pautas de comportamiento que son muy similares y también imitadas; además, hay un acostumbramiento que trivializa la violencia.

Una de las características de la violencia, sobre todo cuando proviene de grupos organizados, es la de dejar "marcas" en los cuerpos. ¿En su trabajo ha encontrado este tipo de aspectos?
En Ciudad Juárez hay dos carteles, uno se dicen los marranos y otro los puercos. Y hay un tercer cartel que trata de entrar a la zona. Uno de los carteles comenzó a matar a la gente disparándole a la cara, porque mucha gente lleva chaleco antibala. Para evitar que sobrevivieran la disparaban a la cara. Entonces el otro cartel empezó a hacer exactamente lo mismo, pero con una variación: a la víctima le descargan tres cargadores completos en la cara para borrarle el rostro.

En Colombia, las prácticas del descuartizamiento por parte de grupos paramilitares fueron muy usuales, ¿desde la antropología forense cómo puede explicarse esa forma de atentar contra la vida humana?
El descuartizamiento lo he visto de una manera sistemática porque está dentro de la cultura de la gente. Ellos conocen que la gente necesita algo de su familiar para llorar sobre él y la manera de hacer más daño es evitándoselo, y cuanto más lo rechaza la gente más lo hacen, para provocar mayor dolor y sufrimiento. Cuando se hace sistemático, se hace consciente para hacer más daño. Yo lo he visto en Kosovo, por ejemplo, donde se descuartizaba a los serbios y tiraban los trozos en diversas partes para que no los pudieran encontrar. También he visto descuartizamientos en África.

En nuestro país se ha conocido de instructores que formaron a muchos paramilitares en esas prácticas del descuartizamiento, ¿el que sean aprendidas, las hace más efectivas?
La disciplina militar es importante en la violencia. Cualquier violencia cuanto más se intelectualice más eficaz es. En grupos de formación militar donde las técnicas se explican y se ensayan, la eficacia es mayor.

¿Qué aportes le puede hacer la Antropología Forense a la reconstrucción de la memoria en Colombia, donde se están desenterrando cuerpos de personas asesinadas hace diez, quince, veinte años o más?
Nosotros podemos ver los mecanismos de actuación, las pautas de comportamiento que se han seguido y las similitudes entre uno y otro caso. Evidentemente lo básico es identificar al sujeto, pero más allá, lo que podemos aportar son los mecanismos de muerte que se han utilizado y deducir, por ejemplo, si los victimarios están formados previamente, sistemáticamente informados, o si no lo están y por el contrario actúan de manera improvisada. Algo que interesa a nivel judicial es si ha habido ensañamiento contra la víctima. Obviamente en estos casos el ensañamiento es sinónimo de tortura.

¿En el tema de políticas públicas dirigidas a mejores procesos de reconocimiento de cadáveres en América Latina y de las prácticas de asesinato, usted que ha observado?
Yo lo he visto en Chile, Argentina, México, Perú y obviamente aquí en Colombia: falta una directriz clara, hace falta una integración de los equipos, del conocimiento; hace falta realmente trabajar en equipo para establecer lo que ha pasado, no solo para identificar los cuerpos, sino para establecer cómo murieron. Mientras no sea un planteamiento serio sobre todos estos temas, todo será palos de ciego. Hay grupos de profesiones que debe estar unidos y no lo están. El sociólogo dice una cosa, el antropólogo social dice otra. Unos tienen información por un lado, otros por otro, y a veces muy lacrimosa de lo mal que lo han pasado las familias, de lo tristes que están, pero nada más. Aquí cada uno toca un pito, con lo cual no hay un conocimiento global de lo que ha pasado.

¿Los profesionales forenses en Colombia están a la altura del reto que les impone una realidad tan compleja como la de identificar más de 50 mil personas?
La preparación en Colombia de los investigadores forenses es de alto nivel, la experiencia es muy buena, varios de ellos han trabajado en diversas partes del mundo, lo que se requiere es mayor coordinación entre los profesionales relacionados con el tema.

¿Por qué cree que no hay unas políticas públicas concretas en ese tema y mayor articulación institucional?
Porque a los políticos no les interesa.

¿Frente a esa situación, usted que recomendaría?
Aquí la única posibilidad que hay es sentarse planificar el trabajo y lograr una mayor articulación interinstitucional e interdisciplinaria. Ahora, si aquí solo quieren identificar y callarse eso es una decisión política. Yo abogo por un trabajo en equipo. Todos juntos enriquecen la información, dispersos posiblemente no logren nada.

¿En esa perspectiva, qué papel deben desempeñar las distintas asociaciones de víctimas que actualmente hay en todo el país?
Las asociaciones de familiares de víctimas tienen una función básica importante y es la de priorizar las exhumaciones. Estas organizaciones son las que se tienen que ponerse de acuerdo en ello y darle sensatez al tema. No se puede excavar sin ningún orden, picoteando aquí y allá. Lo que debe hacerse es un trabajo de selección para priorizar la búsqueda y excavación, para ello es importante hacer mapas de ubicación de las fosas. Además, se podría establecer cuáles son más urgentes de excavar, cuáles de menos urgencia y cuáles podrían esperar un tiempo más. Todo ello requiere decisión política.
18 de junio de 2011
7 de junio de 2011
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