tres años por homicidio calificado

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DDHH: Militar en retiro es condenado por crimen de militante PS en 1973. Una pena de 3 años y un día de presidio, sujeta al beneficio de libertad vigilada, recibió Donato López Almarza, por la muerte de Lucio Bagus Valenzuela, asesinado a 6 días del golpe militar.

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Chile. A casi 38 años de la muerte del militante socialista Lucio Bagus Valenzuela, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva, aplicando una pena de 3 años y un día de presidio, sujeta al beneficio de libertad vigilada, a Donato López Almarza, quien estaba a cargo del Regimiento Yungay de San Felipe el 17 de septiembre de 1973.
El retirado oficial detuvo ese día a Bagus, además de Juan Francisco González Morán, Manuel Briceño Briceño, Manuel Jesús Ibáñez García, Jorge Cáceres Gatica, Pablo Ramón Aranda Schmied, y al día siguiente al sacerdote español Joan Alsina.
Bagus trabajó en el hospital San Juan de Dios, donde fue arrestado tras el golpe militar y llevado al Internado Nacional Barros Arana, siendo posteriormente encontrado su cadáver en el Instituto Médico Legal.
El máximo tribunal determinó que todos los detenidos el 17 de septiembre de 1973 aparecieron muertos en la morgue del SML, y en el caso de Alsina, en el Puente Bulnes, en una de las riberas del Río Mapocho.
La sentencia determinada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Benito Mauriz, impone una sanción que no deberá cumplirse con presidio efectivo, en tanto se concedió el beneficio de libertad vigilada.
Adicionalmente, el Fisco deberá pagar 70 millones de pesos a familiares de la víctima por concepto de indemnización por el daño moral sufrido a propósito del secuestro calificado de Lucio Bagus Valenzuela.
26 de abril de 2011
25 de abril de 2011
©la nación

murió gonzalo rojas

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Falleció tras encontrarse en un estado de extrema gravedad desde hace dos meses, producto de un infarto cerebral. Rojas, considerado uno de los más grandes poetas latinoamericanos y uno de los últimos surrealistas vivos, recibió en 2003 del premio Cervantes.

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Chile. La muerte de Gonzalo Rojas se produjo "tras sufrir un accidente vascular cerebral en febrero pasado que lo mantuvo en estado delicado por cerca de dos meses", dijo su hijo Gonzalo Rojas-May Ortiz a radio Cooperativa. "Tuvo una vida maravillosa, estuvo en China, Cuba, Alemania", evocó su informar el fallecimiento de su padre, nacido el 20 de diciembre de 1917 en Lebu, tierra de indígenas mapuches y pescadores.
Considerado uno de los poetas más relevantes de Chile, Rojas había sido trasladado en las últimas semanas a la capital chilena a causa de un debilitamiento de sus defensas, con el objeto de ser monitoreado por especialistas a pedido de su familia, según informó la agencia de noticias Ansa.
Miembro prominente de la generación de 1938, su poesía está más cerca de Huidobro (y del peruano César Vallejo) que de Neruda o Parra. Estudió Derecho y Pedagogía en la Universidad de Chile y ejerció la docencia en Valparaíso; también en Concepción, donde fundó el Departamento de Español de esa casa de estudios.
Rojas continuó una tradición clásica en su país: ejercer, como escritor, la diplomacia (tal como Neruda y Jorge Edwards, entre otros notables). Y así conoció la China de Mao y la Cuba de Fidel Castro.
"La miseria del hombre", su primer libro, se publicó en 1948. Las críticas no fueron favorables, pero la razón para tardar en publicar su segundo volumen es la necesidad de estudiar y encontrar una voz propia. Eso consigue en ‘Contra la muerte’, de 1964. "Mientras mi primer libro había tenido un grado de audiencia dispar, pero intensa, el segundo tuvo una acogida mayor. Sin presumir, puedo decir que situó mi nombre en América Latina", dijo entonces el poeta.
En 1979 publicó ‘Transtierro’; en 1980, ‘Antología breve’ y ‘50 poemas’; en 1981, ‘Del relámpago’; en 1986, ‘El alumbrado y otros poemas’; en 1988, ‘Antología personal’, ‘Esquizotexto y otros poemas’ y ‘Materia de testamento’; en 1990, ‘Desocupado lector’; en 1991, ‘Zumbido’ y ‘Antología del aire’; su ‘Poesía esencial’ es de 2006; y el año pasado, ‘Con arrimo y sin arrimo’.
Rojas cultivó en su vida amistades y distancias con César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro. "Ellos fundaron la identidad latinoamericana", dijo en el living de su hogar en Chillán, la tierra que lo vio crecer, emigrar y volver, en una entrevista con la agencia Dpa. "Los poetas no escribimos más de cinco poemas que valgan la pena", afirmó.
26 de abril de 2011
25 de abril de 2011
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la juez que condenó a patti a perpetua

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Lucila Larrandart explica cómo se llegó a la condena a Patti y brinda su visión obre la marcha de las causas contra los represores. a presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín reseña el papel del ex policía en la represión y explica las pruebas fundamentales en su contra. También detalla las dificultades para hacer justicia más de 30 años después de los hechos.

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[lejandra Dandan] Argentina. Lucila Larrandart es la presidenta del Tribunal que condenó is Abelardo Patti a la pena de prisión perpetua por el asesinato de Gastón Gonçalves y los secuestros y torturas a otros seis militantes del PJ de Escobar durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, la jueza explica que el Tribunal probó durante el juicio que el ex intendente de Escobar no sólo actuaba como policía sino que desde ese papel operaba como hombre de Inteligencia al servicio del Ejército: "Conformaba grupos operativos a través de la Unidad Regional de Tigre, que dependía del Comando de Institutos Militares y manejaba a los hombres de Inteligencia". Explica que eso sucedió "desde el ’74, o sea mucho antes del golpe de Estado". En la entrevista, reseña por qué Patti nunca estuvo presente en la sala de audiencias y comenta sus impresiones ante el polémico ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado del represor. Larrandart también analiza la marcha de los juicios orales por causas de lesa humanidad.
La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. "Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia", explica. Y señala que "uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece".
Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.

–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti?
–Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.
A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.

A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos?
Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.

¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua?
En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.
En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería "el autor detrás del autor", la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. "Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron."

Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura?
Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.

La Salud de Patti
El juicio empezó con Patti en una ambulancia. ¿Qué expectativas tenían sobre su participación?
Nosotros hubiésemos fijado más días de audiencias a la semana, pero en función de la salud de Patti decidimos hacerlas sólo dos veces. Si hubiésemos hecho cuatro audiencias por semana, el juicio hubiese terminado tres meses antes. Pero para que Patti estuviera en la sala, decidimos hacerlo más espaciado; y eso terminó retrasándolo.

A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda?
Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.

Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión?
Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.

Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado?
Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.
26 de abril de 2011
25 de abril de 2011
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prisioneros inocentes

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Estados Unidos consideraba que muchos de los detenidos en la cárcel de Guantánamo eran inocentes o de baja peligrosidad, según revela una serie de archivos difundidos por el sitio de filtraciones WikiLeaks.

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Estados Unidos. Los documentos, que analizan a las 780 personas que han estado presas en esa cárcel, muestran que aunque 220 fueron clasificados como peligrosos terroristas, otros 150 eran afganos y paquistaníes inocentes. Varios de ellos eran chóferes, granjeros y cocineros capturados durante redadas en zonas de guerra.
Otros 380 eran soldados de bajo rango que habían viajado a Afganistán o que formaban parte del movimiento talibán.
En la actualidad hay poco menos de 180 detenidos en la base naval de EE.UU. en Cuba, que el presidente Barack Obama ha prometido cerrar.

Mala Fortuna
Los inocentes estuvieron detenidos durante años por una confusión sobre su identidad o por simplemente haber estado en el momento y lugar equivocados, señalan los informes.
Entre ellos figuran Sami al-Hajj, un camarógrafo de la cadena árabe Al Jazeera que estuvo preso allí durante seis años y Abdul Badr Mannan, un escritor anti-extremista que le dijo a los funcionarios estadounidenses que los servicios secretos paquistaníes le habían tendido una trampa, informa el periódico The Guardian.
La nota sobre Mukhibullo Abdukarimovich Umarov, un hombre de Tayikistán arrestado en Karachi en 2002 que pasó casi dos años en Guantánamo (GTMO) cita: "Es indeterminado por qué el detenido fue trasladado a GTMO".
El Pentágono dijo que la publicación de los archivos es "desafortunada" y que podría perjudicar la lucha contra el terrorismo.
Los últimos documentos han sido publicados en el británico The Guardian, el estadounidense The New York Times y otros periódicos. No queda claro si los diarios recibieron los archivos directamente de Wikileaks. El Times dijo que recibió los archivos a través de "otra fuente".
Como señala Jonny Dymond, corresponsal de la BBC en Washington, muchos de estos datos ya se sabían pero es la primera vez que provienen de una fuente oficial estadounidense.

Complots
Los informes también dan detalles de supuestos complots, revelados en los interrogatorios, contra objetivos de Estados Unidos y Europa.
Entre ellos se afirma que al-Qaeda había escondido un arma nuclear en Europa para detonarla en caso de que Osama Bin Laden fuera capturado.
Otros supuestos planes incluyen poner cianuro en los sistemas de aire acondicionado de los edificios de públicos de EE.UU. e intentos de al-Qaeda para reclutar empleados del aeropuerto londinense de Heathrow.
Pero los archivos de dan poca información sobre las denuncias de malos tratos y las técnicas de interrogatorio en la base naval.
La mayoría de los detenidos que aún quedan en la prisión son considerados una amenaza de alto riesgo a EE.UU. en caso de que fueran liberados sin la rehabilitación o supervisión adecuadas.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está intentando impedir su extradición desde el Reino Unido a Suecia, donde es acusado de abusos sexuales.
Las instalaciones de detención de Guantánamo se crearon en 2001 bajo el gobierno de George W. Bush . El presidente Obama prometió en enero de 2009 cerrarlas en el plazo de un año.
La Casa Blanca dice que Obama sigue comprometido con el eventual cierre de la base naval.
26 de abril de 2011
25 de abril de 2011
©semana

garré degrada a villar

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"Dije que la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrari.

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[José Pablo Feinmann] Argentina. Corrían los días de junio de 1973. Era el gobierno de Cámpora. Que tenía un joven ministro del Interior de nombre Esteban Righi. Hasta el de Alfonsín, el gobierno del doctor Cámpora fue el más democrático de la historia argentina. Para la derecha, el más peligroso, el más caótico, el más subversivo. La democracia siempre tiene algo, no de caótico, pero de fervoroso dinamismo. La libertad, al poder ser ejercida por todos, colisiona en conflictos y armonías, y hasta con frecuencia en antagonismos. El doctor Righi era un hombre que apenas si había pasado los 30 años. Dio su discurso ante un centenar de comisarios de la Policía Federal. Todos pertenecían a la oscura época de las dictaduras que desde 1955 hasta 1973 habían proscripto al movimiento mayoritario del país y a su líder, que se encontraba exiliado. Todos fueron gobiernos ilegales. Aun los de Frondizi e Illia. Cuando uno se presenta a una elección en la cual una mayoría relevante, numerosísima, del país que ambiciona presidir no puede votar, está convalidando un acto fraudulento. No sé si el Illia que está haciendo durante estos días mi amigo Luis Brandoni se cuestiona esto, pero lo dudo, ya que en vida no lo hizo. Lo mejor que puedo decir de Illia es que posiblemente se propusiera –al fin de su mandato– permitir la inclusión del peronismo dentro de la institucionalidad electoral. Por eso lo tiraron abajo. Fue un golpe preventivo perfecto: si Illia permitía que el peronismo se presentara, el peronismo ganaría y quedaría trunco "el espíritu del 16 de septiembre", como el general Toranzo Montero le reprochó a Lanusse cuando lanzó el Gran Acuerdo Nacional. No me gusta usar la palabra gorila, pero ¿cómo calificar a esta gente?
Righi dio el más ejemplar discurso de defensa de los derechos humanos que se hubiera pronunciado en la Argentina. Pero ni por asomo. Jamás. Nunca algo parecido se había llevado a cabo. Fue un discurso revolucionario. Lo dio con los comisarios Ferrazano y Vittani a su lado. Lo dio de pie y duró apenas diez minutos. He aquí algunos de sus pasajes trascendentes: "Dentro de la estructura de sometimiento que el pueblo padeció en los últimos años, las fuerzas policiales fueron puestas en un difícil papel. Esta realidad la conocen bien los hombres de la Policía, que han corrido todos los riesgos, que han debido hacer todos los sacrificios, en la primera línea de fuego, como brazo armado de un régimen cruel e inhumano. Encerrados dentro de las comisarías, y rodeados de vallas, fueron alejados del pueblo, sin desearlo ni buscarlo". Righi no menciona que hay un adoctrinamiento policial, como lo hubo siempre en el Ejército. Y que ese adoctrinamiento –que es tenaz– lleva a los uniformados a creer que todo aquel que protesta es un enemigo del orden. Y que el orden al que ellos deben servir es el establecido, el de los poderosos. Además, cuando Righi da su discurso son los tiempos de la Guerra Fría. De modo que todo el que alzaba la voz contra el poder era un "rojo", un "subversivo". Righi tiene una audaz respuesta para eso: "Es habitual llamar a los policías guardianes del orden. Así seguirá siendo. Pero lo que ha cambiado, profundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo". Se ha pasado del orden dictatorial al orden democrático. Guardar el orden democrático es muy distinto a guardar el orden dictatorial. Uno se guarda con la violencia, porque se basa en ella (su ilegitimidad lo obliga) y porque es fruto de su acción anticonstitucional. Una dictadura siempre toma ilegalmente el poder. Es violenta por naturaleza. El otro camino es la democracia. Righi hablaba desde la autoridad de un gobierno que había llegado con casi el 50 por ciento de los votos. Su voz era la de la legalidad institucional: "Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humanas". Y las palabras del ministro van ganando en densidad conceptual a medida que avanza: "Dije que la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. Mencioné también nuevos derechos. Los hombres de la Policía tendrán derecho a una retribución que les permita vivir con dignidad. A una vivienda que merezca ese nombre. A una efectiva protección para sí y para sus familiares, en el caso de incapacidad o muerte. De esta forma serán acompañados por el afecto del pueblo". Importa señalar este aspecto: la búsqueda de una nueva relación entre policía y pueblo. ¿Qué prefiere un policía? Es el dilema de Maquiavelo: ¿qué prefiere el Príncipe? O también: ¿qué es lo que más le conviene? ¿Ser amado o ser odiado por el pueblo? No importa la respuesta de Maquiavelo. Creemos que a cualquier policía debería importarle más ser amado por el pueblo que temido. De aquí que Righi proponga uno de los pasajes más emotivos, más humanitarios, de su discurso: "En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga. La sociedad debe protegerse del delito, pero será ineficiente si no comienza por comprender que sus raíces no están en la maldad individual sino en la descomposición de un sistema que no ha ofrecido garantías ni oportunidades".
Y, por fin, un texto que deberá figurar entre los más expresivos de la defensa de la dignidad humana: "Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista. Esa es nuestra convicción y nuestra mejor garantía. Seamos dignos de ella".
La que no era digna de esta defensa de los derechos humanos era la derecha argentina. Siempre ahí, siempre erizada, siempre poderosa. Todos empezaron a decir que se preparaba el asalto definitivo a la Policía para reemplazar nuestra bandera por "el trapo rojo". Frase con la que se aludía al comunismo. Era una torpeza deliberada. Y la preparación del "asalto definitivo" era el asalto al gobierno del doctor Cámpora, que sería desalojado por un golpe institucional conducido por el general Perón, ya de regreso en la patria y dispuesto a hacer cosas muy distintas de las que se esperaban.
Durante los días que corren, la ministra Nilda Garré se ha dirigido a la Policía con una serie de conceptos nuevos, basados en la nuevas de técnicas de control de conflictos dentro del marco humanitario. La ministra Garré forma parte del gobierno de Cristina Fernández. Aclaremos algo que el léxico de una derecha mentirosa y asalariada ha impuesto. Cristina Fernández no es el Poder. A ver si lo repetimos: si usted es un valiente periodista que sale a denunciar los "miles de millones" que esta administración se roba cada diez minutos, no está enfrentando al Poder. Lo está sirviendo. Cristina Fernández está al frente del Gobierno. No tiene el Poder. Tiene el aparato del Estado, pero sólo eso. El Poder está en otro sitio. Son las corporaciones económicas. El gran capital nacional y ultranacional que actúan juntamente con las más importantes bancas del mundo. Pero sobre todo con Wall Street. Es la Sociedad Rural, que concentra el poder de los dueños de la tierra, los grandes terratenientes que hicieron este país en base a sus intereses primarios. Son los grandes medios de comunicación: los diarios, las radios, los canales de televisión, las revistas, los opinólogos, los escritores de libros "anti-K". Y, last but noy least, la embajada de los Estados Unidos. ¿Quién no conoce ese chiste? Que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. Ese es el Poder de la Argentina. Habitualmente siempre tuvo a su servicio al Ejército. No lo tiene ahora. Tampoco le resultará fácil un golpe de cualquier tipo, aun del tipo agro-cacerola como el de 2008. América latina ha conseguido una solidez de sus gobiernos democráticos que permitirá la acción conjunta de todos en caso de un golpe en alguno de ellos. Este gobierno, que está por una democracia con inclusión social y por la defensa de los derechos humanos, tuvo en la ministra Garré a una cruzada de esas causas. Encuadró la acción de la policía ante la protesta social. El proyecto es notable y acaso único en este continente. Ya habrá muchos que la estén acusando de preparar el "asalto rojo" que, al pasar de moda, deberá ser reemplazado por las condiciones para la penetración del enemigo "terrorista", que no parece muy creíble. Luego, en un acto sencillamente conmovedor y de un gran coraje, Garré cambió los nombres de las Escuelas de Policía. Que la ministra de un gobierno quite a una Escuela de Policía el nombre de Alberto Villar a mí me conmueve. Acaso porque sé muy bien quién fue ese señor y sé que la brutalidad, la vejación y la tortura sin límites es lo único que podría enseñarse al amparo de su nombre. La paradoja fascinante de todo esto es que al torturador formado por la Escuela de la Doctrina Francesa de la Seguridad Nacional y por la Escuela de las Américas lo puso el general Perón al frente de la Federal, alegando que era "un buen policía". Luego, policías con su mismo espíritu le pusieron su nombre a una escuela, para honrarlo. Ahora, Garré, peronista de pura cepa, quita el nombre del criminal paranoico que el viejo líder del movimiento había elegido para emprender una matanza clandestina de opositores políticos de izquierda. Como ya no se quiere matar a nadie, sino que se propugna una sociedad en que los conflictos puedan elaborarse dentro de la democracia, ese nombre va al tacho de los malos recuerdos. No el del viejo líder, por supuesto. Todos sabemos que estaba muy enfermo y apenas si tenía conciencia de las cosas que hacía. O eso se dice. Vaya a saber a quién pensó que nombraba al frente de la policía cuando lo nombró a Villar. Acaso al Cabo Sabino o a Vito Nervio. Pero nos abstendremos de dar nombres. Si algo de lo escrito ofende a los peronistas que hacen de Perón la reencarnación argentina de Jesucristo, que no sea así. Sería injusto. Precisamente señala la complejidad del Movimiento. Conozco a Nilda de los años ‘70 y era tan peronista como el que más. Y si hay que bajar el nombre de un asesino que puso el Viejo para matar "zurdos", eso demuestra que el peronismo es una contradicción al rojo vivo, su verdad "es el delirio báquico en el que cada miembro se entrega a la embriaguez" (Hegel dixit). Y dentro de ese "delirio báquico", dentro de ese gran relato fascinante y complejo, Perón no es el Todo, es un elemento más. Y, en su tercera etapa, una víctima del "delirio báquico", que lo sobrepasa y lo lleva a morir sin solucionar nada.
Garré, en cambio, a Villar lo destituye. Ninguna escuela va a llevar el nombre del tipo que con una tanqueta rompió la puerta del Partido Justicialista en 1972 porque ahí velaban a los muertos de la Base Almirante Zar. Estos actos de este gobierno tienen una trascendencia difícil de mensurar. Lo único que uno sabe es que ningún otro los haría. Que jamás habría esperado ver estas cosas. Y que está preparado para ver otras. Righi no era un tonto ni un ingenuo. Sólo un adelantado.
25 de abril de 2011
24 de abril de 2011
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ezzati comprende interrupción

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Monseñor Ezzati y manifestación de mapuches: "Más que interrupción, lo interpreto como un clamor". Tras finalizar la misa de Pascua de Resurrección en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Santiago dijo que espera "retomar el diálogo con los voceros" que exigen la liberación de comuneros en huelga de hambre.

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Santiago, Chile. Una vez finalizada la misa de Pascua de Resurrección en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati (quien presidía la ceremonia religiosa) se refirió a la irrupción de al menos cinco dirigentes mapuches -entre ellos hombres y mujeres- encabezados por la dirigentaNatividad Llanquileo, quienes exigieron la liberación de comuneros presos en huelga de hambre.
Al respecto, Ezzati dijo que esta manifestación "es una expresión de lo que es el dolor humano o de lo que es una incomprensión que mucha gente puede sentir como sufrimiento. Más que interrupción, yo lo interpreto como un clamor que se eleva hacia el Señor, y que realmente nosotros vivamos la Pascua también tendiendo la mano a quienes sufren. Yo sé que están en huelga de hambre y que han retomado esa situación complicada y difícil, esperamos esta semana poder retomar el diálogo con los voceros y yo estoy comprometido con el Ejecutivo para que lo que se ha prometido se pueda cumplir", recalcó el presidente de la Conferencia Episcopal, quien se desempeñó como mediador durante el conflicto mapuche.
Los manifestantes llegaron hasta el altar del templo, donde desplegaron un lienzo con la leyenda: "Libertad a los presos políticos mapuches", en referencia a los comuneros condenados que mantienen un ayuno de 41 días.
La protesta acompañada de consignas y banderas rojas a favor de los mapuches encarcelados, se produjo minutos después de finalizada la homilía y posteriormente Carabineros ingresó a la iglesia para dispersar a los manifestantes.
Dos de ellos quedaron detenidos y fueron llevados hasta la Primera Comisaría de Santiago donde se les realizará el control de identidad.
En tanto, Llanquileo acusó gran represión por parte de la fuerza policial y a su vez, la vocera mapuche argumentó que sólo querían dar cuenta de la situación en que se encuentran los comuneros en ayuno.
"Los comuneros condenados a 20, 25 años de cárcel llevan más de 40 días en huelga de hambre y resulta que no ha pasado nada, la Iglesia ha jugado un rol súper pasivo con toda esta situación, sabiendo en las condiciones en las que se encuentran porque nosotros hemos estado informando constantemente de todo lo que está pasando", dijo Natividad Llanquileo.

Nuevo Protocolo ante Abusos Sexuales
Más temprano monseñor Ezzati visitó a niños del Hospital Roberto del Río, donde les repartió huevitos de chocolate, y en este lugar se refirió al nuevo protocolo que aplicará la Iglesia Católica ante futuros casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, el cual será dado a conocer en detalle este martes por la Conferencia Episcopal.
Según dijo Ezzati, esta reforma se debe a un compromiso de la iglesia como signo de esperanza a las personas. "Lo hemos estudiado desde el año 2003, lo hemos madurado a la luz de las enseñanzas del Papa Benedicto y ustedes verán que será un gran signo de esperanzas para Chile y también un signo que manifiesta la voluntad de la Iglesia de defender la vida en toda su dignidad", precisó el arzobispo de Santiago.
El dossier de 20 páginas, entre otros aspectos, levanta la prescripción en casos de delitos graves de abuso sexual, así como la incorporación de laicos en las investigaciones de los casos denunciados, y al mismo tiempo, da un plazo de 30 días para la indagación previa a la realizada por el promotor de justicia eclesiástico, lo que pone fin a los plazos indefinidos para llevar a cabo las averiguaciones.
"Ustedes verán este martes todo el protocolo, también es un signo de la Pascua, es un signo de vida. Del compromiso de la Iglesia de estar siempre al lado de la vida", sentenció Ezzati.
25 de abril de 2011
24 de abril de 2011
©la tercera

indignación por liviandad de penas

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Dirigenta de agrupación de DDHH critica a Suprema por permitir a militares cumplir penas en libertad. Mireya García calificó este hecho como "una burla para las víctimas" e indicó que esta decisión es una incongruencia del Poder Judicial.

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Santiago, Chile. La vicepresidenta  de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, criticó la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.    
La dirigenta calificó este hecho como "una burla para las víctimas" e indicó que esta decisión del máximo tribunal es una incongruencia por parte del Poder Judicial.
Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que  Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada.
Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de  nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet.
Por su parte, Hugo Gutiérrez, diputado comunista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos.
Asimismo, la Corte Suprema decidió que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas.
25 de abril de 2011
24 de abril de 2011
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farsantes militares a tribunales

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Dos fiscales federales quieren citar a declarar a los 26 militares que conformaron los tribunales de guerra que "juzgaban" a los detenidos. Numerosos detenidos políticos durante la última dictadura militar, eran sometidos a Tribunales o Consejos de Guerra Especiales donde los propios represores montaban la escena de la "justicia" que a ellos les parecía.

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[José Maggi] Argentina. Los 26 militares que conformaron los tribunales de guerra especiales, que enjuiciaban a los detenidos políticos durante la última dictadura, deberán desfilar ante la justicia federal si prospera el pedido que los fiscales federales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta le hicieron esta semana al juez federal Marcelo Bailaque.
En el marco de la causa "Feced, Agustín y Otros s/ homicidio, violación y torturas", los fiscales pidieron al juez que ordene el llamado a prestar declaración indagatoria del siguiente personal militar: Carlos María Miranda; Carlos Miguel Landoni; Ineldo Angel Occello; Horacio Milcíades Verdaguer; Enrique Jorge Jordana Testoni; Juan Francisco González; Arístides Roque Bonino; Pedro Máximo Lagos; Miguel Angel Gallay; Aurelio De La Vega; Rubén Augusto Lucero; Jorge Fermín Olariaga; Luis Angel Scaraponi; Juan José Constanzo; Héctor González; Jorge Labal; Santiago Mario Sinopoli; Carlos Alberto Settel; Salvador Quatrochi; Enrique Hernán González Roulet; Héctor Rene Squetino; Héctor Hugo Garguilo; Hugo Sabino Fernández; Lorenzo Lencioni; Fernando Octavio Soria y Rómulo Marino.
El pedido, se funda en que los nombrados participaron e integraron el Consejo de Guerra Especial Estable N 1 del II Cuerpo de Ejército que entre otros casos juzgó a Elida Deheza, Marcelo De La Torre, Patricia Antelo y Angel Ruani.
Los Fiscales entienden, que este tipo de procesos (art. 7 de la ley 21264) "fue un instrumento utilizado para trastocar lo ilegal en una aparente legalidad, resultando una variante más de la última fase en la secuencia delictiva del modus operandi desplegado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la alegada lucha contra la subversión, el que en síntesis consistía en: a) secuestro; b) cautiverio en CCD; c) interrogatorio y torturas y d) destino final, ya sea 1) muerte / desaparición física o 2) liberación a través de su legalización, lo que vulgarmente fue conocido como "blanqueo".
Debe tenerse en cuenta, además, que los Consejos de Guerra se utilizaron en ciertas ocasiones, siendo los medios usuales de "legalizar" las numerosas detenciones clandestinas, la simple liberación en la vía pública o su ingreso en la cárcel local sin escalas desde el CCD, a la espera del decreto que pusiera a la víctima a disposición del PEN como ocurrió en el caso de las víctimas mencionadas.
No cabe duda alguna que para el montaje de un procedimiento de la justicia militar con apariencia de legalidad como lo fueron los Consejos de Guerra, dirigidos a cumplir objetivos propios de la acción psicológica de las Fuerzas Armadas dentro del plan criminal sistemático de alcance nacional y continental (recuérdese la existencia del denominado "plan Cóndor"), debían involucrarse a determinados miembros, con conocimiento de aquel designio, pues con su actuación se aseguraba el dominio del hecho.
Por ello, considerando la función que tenía reservada el Consejo de Guerra en el marco del plan clandestino de represión (mecanismo de "blanqueo" a y de acción psicológica) queda claro que sus integrantes tenían conocimiento de lo que sucedía, lo que constituye cuanto menos una verdadera "promesa anterior".
"Esta promesa anterior, que consistió en otorgarle una apariencia de legalidad a los secuestros que se llevaban a cabo, intentando mostrar resultados exitosos en la alegada lucha contra la subversión con estricto acatamiento de los reglamentos castrenses, implica un aporte causal de relevancia para el actuar delictivo, constitutiva de una condición esencial para la comisión de éste, pues tuvo entidad para determinar a los autores a perpetrar el hecho", afirmaron los fiscales. Todo ello sin perjuicio de los cuestionamientos constitucionales que ha merecido el enjuiciamiento de civiles por organismos militares.
Los fiscales también, solicitaron se le reciba declaración indagatoria a Gonzalez Roulet, por el delito de aplicación de tormentos agravado cometidos contra entre otros de Elba Juana Ferraro de Bettanín; Graciela Esperanza Villareal; Alfredo Vivono; Marcelo De La Torre; Máximo Antonio Mur; María Virginia Molinas; Elida Deheza; María Inés Luchetti de Bettanín; José Luis Berra y Olga Cabrera Hansen.
Los Fiscales entendieron que, además de la responsabilidad que se le asigna por haber participado como integrante del Consejo de Guerra Especial Estable N? 1 del II Cuerpo de Ejército, a partir de diversos testimonios, también se lo ubica en la órbita del II Cuerpo de Ejército con funciones concretas sobre todo lo concerniente a los "detenidos subversivos", a la vez que, se lo sindica, como interrogador tanto en el Servicio de Informaciones, Alcaidía o algunas de las cárceles donde eran alojadas, una vez "blanqueadas" o la espera de ello, las víctimas de autos.
Así, Elba Juana Ferraro de Bettanín, manifestó en su denuncia: "Me interroga un llamado juez militar del que supe se apellidaba González Roulet, me propina golpes y me amenaza con llevarme nuevamente a la picana y no lo hacen porque no la encuentran".
De igual manera, Graciela Esperanza Villarreal denuncia que: "el interrogatorio era efectuado por Gonzalez Roulet, que estaba a cargo de los detenidos, determinado por el 2do. Cuerpo de Ejército. Allí no me torturaban como en jefatura, pero sí lo hacían de otra manera, más sofisticada, de orden psíquico".
Por su parte Alfredo Vivono, en su denuncia dice que "estando detenido en Coronda, viene Gonzalez Roulet quien me dijo que en caso de no firmar una declaración sería llevado nuevamente a las oficinas del SI de Jefatura y que no le costaba nada sacarlo de donde estaba y que apareciera en cualquier lado, como le había ocurrido a Gorosito, que lo habían sacado de Coronda y había aparecido muerto".
Marcelo De La Torre, en tanto declaró que "uno de los integrantes del Tribunal de apellido González Roulet me dijo que si no se hacía cargo de un hecho, me hacía volver con el Ciego Lofiego, es decir, a que me torturara". Dice que tuvo como tres consejos hasta que le dieron 8 años. Máximo Antonio Mur, dice en su declaración ante CONADEP que "en Coronda lo interrogaba un tal González Roulet. Soria le dijo que : vos sos uno de los que creíamos malos, pero en la próxima tanda vas a salir".
Elida Deheza dijo que "Gonzalez Roulet nos interrogó a todas las presas, fue después de la visita de Lofiego" (en Alcaidía). María Inés Luchetti de Bettanín dijo que, al momento de hablar de los represores, que "en alcaidía reconozco en el juez militar que me interroga a la misma persona que me interroga en el Servicio de Informaciones y por todas las investigaciones que después nosotros hicimos por las descripciones físicas de las compañeras que lo vieron y saben quiénes ese militar era González Roulet, que visitaba asiduamente el Servicio de Informaciones y también la Alcaidía el 21 septiembre era el traslado a Devoto".
José Luis Berra, relató que "mientras estaba en Caseros una vez González Roulet fue una vez a entrevistarnos a los que estábamos bajo jurisdicción del Comando".
En tanto Olga Cabrera Hansen manifestó en su denuncia ante la Justicia provincial que estando en Devoto, fue interrogada por González Roulet.
Los fiscales entendieron que "la conducta llevada adelante por este militar, en los casos mencionados, encuadra en la figura de aplicación de tormentos agravado". "Ello -agregan- porque en primer lugar, no puede olvidarse que los hechos relatados, esto es, ’las entrevistas’ mantenidas con las víctimas, en los lugares y bajo las condiciones indicadas, no pueden ser tratadas por fuera del contexto en el cual acontecieron, esto es, en el marco según los casos de las distintas fases del plan sistemático de represión ilegal implantado por las FFAA. Los testimonios reseñados, así lo demuestran".
Pero tampoco debe olvidarse que la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala, claramente señaló en lo que aquí interesa que la víctima había sufrido interrogatorios donde la amenazaban con torturarla o matarla si no colaboraba.
También, resulta interesante lo señalado por la Corte en el caso Villagrán Morales y Otros donde se sostiene que: la sola conciencia acerca del peligro de muerte o del peligro de sufrir lesiones corporales graves, constituyen de por sí un caso de tortura psicológica.
Por ello, los fiscales entienden, que las mencionadas "entrevistas" entre González Roulet y las víctimas mencionadas en este punto, procuraron crear en ellos un estado de coacción psicológica permanente, especialmente, a través de las amenazas explícitas o implícitas de sufrir torturas o de morir, creando así una atmósfera de sufrimiento intenso".
Finalmente, no puede olvidarse que, en la causa "Feced", se resolvió dejar sin efecto la citación para prestar declaración indagatoria de Gonzalez Roulet en virtud de las leyes de impunidad.
25 de abril de 2011
24 de abril de 2011
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