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mató a su hijo por error


Dos muertos en un enfrentamiento entre el padre de un joven asaltado y ladrones. A Lucas Renna intentaron asaltarlo cuando paró a cambiar una cubierta, ayudado por su padre, que buscó su pistola 11,25 y hubo tiroteo. Murieron Lucas y un ladrón. Se investiga si los dos disparos mortales salieron el arma del padre.
[Lorena Panzerini] Argentina. Lucas Renna, de 28 años, viajaba anteanoche con su esposa, Julieta Santiso, hacia Roldán, en el kilómetro 292 de la autopista a Córdoba cuando reventó una de las ruedas de su Ford Fiesta. Al bajarse del auto, lo primero que hizo fue llamar a su padre, Oscar, para pedirle que fuera a auxiliarlo. El hombre llegó, se paró atrás del auto y divisó que venían dos personas que no le gustaron. Justamente, los dos hombres quisieron aprovechar la oportunidad para robarle. El padre buscó su pistola 11.25 de su camioneta Chevrolet, que exhibió para intimidar. Los delincuentes tenían al menos una 9 milímetros. Hubo cruce de disparos, aunque no se sabe quién abrió fuego. Lucas murió, y también uno de los asaltantes, de apellido Castaño, de 25 años. Julieta recibió una herida superficial en la cabeza y también en el hombro, estuvo pocas horas internada en el Heca y le dieron el alta. Oscar Renna, de 52 años, quedó detenido y ayer al mediodía recuperó la libertad, aunque no pudo declarar porque sufría un estado de shock. La tragedia no ahorró ninguna arista: los informes preliminares de autopsia indican que el disparo que mató a Lucas partió del arma de guerra de su padre. El juez de instrucción Juan José Pasos determinó el secreto de sumario y la fiscal Adriana Camporini afirmó que los asaltantes eran por lo menos dos, ya que no pudo encontrarse la pistola que llevaban, aunque sí los proyectiles que dispararon.
Si bien hasta anoche no se había establecido de qué arma salió el disparo que mató a Lucas, la versión más fuerte era que el proyectil perteneció a la pistola 11.25 de su propio padre. Lucas y su esposa viajaban hacia Roldán cuando en medio de la ruta se les reventó un neumático del Ford Fiesta, que les obligó a detener la marcha. Fue un reventón accidental y los asaltantes quisieron aprovechar la oportunidad cuando vieron el auto parado, y sus ocupantes ocupados en cambiar la cubierta.
El juez Pazos subrayó a Rosario/12 que la causa está bajo secreto de sumario, por lo que no confirmó ni descartó la versión de que fue un disparo de Oscar el que mató a su hijo Lucas. Por su parte, Camporini aclaró: "Es indudable que eran dos los ladrones, porque falta el arma 9 milímetros, cuyas balas fueron encontradas en el lugar". Sin embargo, la fiscal no contaba con los informes de las autopsias, que esperaba recibir a última hora de ayer.
Además, subrayó la importancia de la declaración de Oscar y Julieta. "Resta tomar testimonio a los dos testigos, que serán claves", dijo; y comentó que el ladrón que murió en el tiroteo "tenía muchísimos antecedentes, entre ellos tres condenas por robo calificado". Sin embargo, Camporini aclaró que no hay datos oficiales sobre la versión de que el padre mató al hijo: "Yo no tengo información oficial que diga eso, pero es una de las hipótesis, una posibilidad".
Óscar Renna quedó detenido, y ayer al mediodía fue liberado tras negarse a declarar por encontrarse en "estado de shock". Su testimonio y el de Soledad --que se tomarán en las próximas horas-- serán claves para entender la mecánica de lo ocurrido.
Las primeras versiones atribuían a los asaltantes el disparo que mató a Lucas. Sin embargo, con el transcurso de las horas se supo que las balas encontradas en ambos cuerpos pertenecerían a la 11.25 de Oscar Renna.
Por su parte, el secretario de Seguridad provincial, Horacio Ghirardi, instaló la discusión en un punto neurálgico, al reiterar los peligros de circular armado. Sin confirmar la versión, se limitó a decir que "no es bueno para la familia" tener armas en casa.
La pistola de Renna fue el único arma que la policía pudo secuestrar. Los investigadores consideran que fueron al menos dos los ladrones, porque no pudieron hallar la 9 milímetros, aunque sí hallaron balas incrustadas en el capot del vehículo y tiradas en la calzada. Pero al parecer, no se encontraron estos proyectiles en los cuerpos.
Lucas recibió un disparo en la zona del tórax, bajo la tetilla izquierda, y quedó tirado al costado del vehículo. Murió en forma instantánea. En tanto, el joven que intentaba el asalto, identificado como Castaño, recibió un tiro con orificio de entrada y salida bajo la axila, y lo encontraron a 200 o 300 metros del coche. Minutos después, murió en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), adonde llegó trasladado por el Sies.
21 de abril de 2011
20 de abril de 2011
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posibilidad de justicia en la cidh


Pedido de la Comisión Interamericana por una víctima de la represión policial de 2001. Jorge Portillo fue herido de bala el 20 de diciembre de 2001 y quedó paralítico. Los policías acusados de dispararle fueron sobreseídos y la causa, archivada. Ahora la CIDH le dio traslado al Estado argentino y podría admitir el caso.
[Adriana Meyer] Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Estado argentino un pedido de Jorge Portillo –víctima de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, que lo dejó paralítico– para que en dos meses dé una respuesta. Se trata de un paso previo a que la CIDH admita el caso de Portillo contra Argentina por "violación al derecho de justicia": su causa fue archivada a pesar de haber sido identificados los policías que dispararon aquella jornada en el barrio de Saavedra.
El abogado Rodolfo Yanzón precisó que "el traslado al Estado argentino abre una posibilidad de justicia para Jorge Portillo, que ni siquiera fue indemnizado en estos casi diez años". En diciembre de 2005 fueron sobreseídos los nueve policías imputados por haberle disparado el 20 de diciembre de 2001, mientras el gobierno de la Alianza agonizaba y cundían los saqueos y la represión en todo el país.
Aquel día 20, a la madrugada, "Tuly" Portillo se había despedido de su novia y volvía a su casa. Ya habían empezado los saqueos y uno se estaba produciendo en un supermercado chino que estaba en su camino. Dobló por Ruiz Huidobro hacia Melián y se encontró con dos patrulleros y un auto particular. "La gente se les fue encima y yo quedé en medio de la calle, entre las balas y los piedrazos. Fueron dos fogonazos y cuando me di cuenta estaba en el piso. Me quise parar, me quemaba la panza", había relatado en una entrevista cuando Página/12 reveló los detalles de su historia. En aquel momento tenía 20 años, quería ser futbolista profesional y manejaba la posibilidad de pasar de Platense a un club italiano. Pero quedó inmovilizado en una silla de ruedas. La bala ingresó en su cuerpo por el hombro, perforó sus pulmones, le rompió una vértebra, le rozó la médula y la arteria del brazo. "Sentía que, cuando respiraba, el aire seguía de largo. No movía las piernas y me volvía más loco", evocó.
La jueza federal María Servini de Cubría, que llevaba la causa principal por la represión del 20 de diciembre, no quiso tomar el caso. El juez de instrucción Ricardo Farías recibió el expediente, pero lo delegó en el fiscal Carlos Donoso Castex, que determinó que la bala que hirió al joven era calibre 9 milímetros e identificó a seis policías. Pero los peritajes realizados a las armas que les secuestraron determinaron que ninguno de ellos fue quien disparó contra Portillo. Entonces, el fiscal archivó el expediente hasta que la Policía Federal lograra la "individualización y captura del autor del suceso". La sala IV de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento de los policías y ordenó que se profundizara la investigación. A pesar de esa decisión, el nuevo juez de la causa, Rodolfo Cresseri, sobreseyó otra vez a los uniformados y el fiscal Donoso Castex no apeló el fallo ni el archivo del expediente. Cuando el Estado responda al respecto, la CIDH tendrá la palabra.
21 de abril de 2011
20 de abril de 2011
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la vendieron como esclava


Una adolescente boliviana fue rescatada de una quinta donde estaba esclavizada. Fue traída a los 13 años desde Bolivia mediante engaños y terminó trabajando en condiciones infrahumanas en una quinta de La Plata. Terminó internada por deshidratación. Ahora tiene 15 y tuvo un bebé, que se encuentra desnutrido.
Argentina. Hace una semana, una joven boliviana de 15 años fue internada en el Hospital de Niños de La Plata debido a un cuadro de deshidratación. En brazos traía a su beba, de un mes, que estaba desnutrida. "Los médicos se dieron cuenta de que estaba muy asustada y no cerraba su historia, así que se comunicaron con la Dirección de Niñez y Adolescencia", comentó ayer a este diario Carlos Dabalioni, titular de esa dirección, desde donde se ubicó al padre de la chica. Luego el abogado de este organismo hizo la denuncia por "trata de personas": la joven habría sido "vendida" a unos quinteros de la localidad platense de Olmos. Allí trabajaba de sol a sol, al igual que un hermano suyo de 17 años. El lunes pasado, ellos, la beba y el padre de ambos hermanos, que vino desde Bolivia a buscarlos, regresaron en avión al país vecino.
Según informó ayer el titular de la Dirección de Niñez y Adolescencia, la familia de la joven es oriunda de Potosí y quedó en la ruina tras las inundaciones ocurridas en esa ciudad del sur de Bolivia, durante el 2009. Una supuesta "tía" de la familia, supuesta porque no tendría realmente vínculo familiar, le ofreció al padre de la joven trabajo para sus tres hijos en Argentina. El hombre autorizó el viaje y hasta el momento de recibir la llamada de la Dirección creía que su hija menor trabajaba como empleada doméstica de una familia platense.
"La chica y los hermanos llegaron engañados, a ella sólo la dejaban hablar con su padre una vez cada tres meses y la obligaban a mentirle. La explotaban en una quinta junto a otras personas, también de nacionalidad boliviana. La nena vino cuando tenía 13 años y medio y poco después quedó embarazada y no sabemos bien en qué circunstancia. Tuvo a su beba en un galpón del campo y al mes, como estaba tan mal alimentada, empezaron los problemas. O la llevaban al hospital o se moría. Y entonces la dejaron en el Hospital de Niños", contó una fuente de la Municipalidad de La Plata.
Tras decirles a los médicos el supuesto motivo de su desnutrición, éstos la derivaron a la Dirección de la Niñez y la Adolescencia, donde se encargaron de conseguirle alojamiento y ubicar al padre. El hombre viajó en micro durante tres días para llegar a La Plata. Una vez reunidos supo además que tenía una nieta y tras la gestión de Dabalioni consiguió pasajes aéreos para volver con ella, su nieta y uno de sus hijos. Aún queda por determinar el destino del tercer hijo, que es mayor de edad, y por lo que pudo saber este diario, desde la Dirección denunciaron en la fiscalía de turno a los dueños de la quinta por "trata de personas".
En La Plata, a la vera de las rutas 2 y 36, se cultivan frutas, verduras y flores. En esas quintas trabajaba la joven y su hermano, pero la explotación y la trata también se extienden a los talleres textiles clandestinos y a las casas particulares. Desde 2008 hasta la fecha son seis los casos descubiertos de explotación de menores, ese año se conoció el caso de una joven peruana que era sometida a distintos trabajos y castigos físicos en una textil en la localidad de Melchor Romero. La joven no está escolarizada y se le impedía hablar con su familia en Perú.
Un año después, también en Melchor Romero, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia rescató a una menor de nacionalidad boliviana que había entrado al país con un mayor y autorizada por su madre para pasar 90 días de "vacaciones" en el país. En verdad había sido entregada a una familia boliviana que la obligó, desde el primer día, a realizar todo tipo de tareas domésticas y cuidar a los tres hijos. Su "trabajo" comenzaba a las 5 y terminaba por la noche, momento en que recibía el único plato de comida del día, como toda paga. Como en el caso descubierto la semana pasada, esta joven también llegó al Hospital de Niños en grave estado.
Según explicó Dabalioni a Página/12, "el principal problema es la incomunicación, los chicos llaman poco a sus padres, solo para decirles ‘estoy bien y estoy vivo’, son presionados para que no cuenten lo que está pasando".
21 de abril de 2011
20 de abril de 2011
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límite para los secretos de la side


La Corte Suprema estableció que la Secretaría de Inteligencia debe entregar datos personales. La resolución hace lugar a un recurso de hábeas data presentado por un ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, que pidió que la SIDE le dé datos sobre su actividad entre 1961 y 1973 para obtener el pago de la jubilación por ese período.
[Irina Hauser] Argentina. La Corte Suprema estableció en un fallo unánime que toda persona tiene derecho a saber qué información sobre su vida y asuntos personales tiene la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y que el organismo deberá proporcionársela a menos que demuestre que revelarla podría afectar la defensa de la Nación, el orden, la seguridad pública o los derechos e intereses de terceros. La resolución del tribunal hace lugar a un recurso de hábeas data presentado por un ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, quien le pidió a la central de espías los datos sobre su actividad entre 1961 y 1973 para obtener el pago de la jubilación por ese período. Más allá del caso puntual, en el alto tribunal presentan la decisión como una forma de limitar a la SI, al advertir que la ciudadanía puede ejercer sobre ella un control del que hasta ahora está exenta.
El fallo de los supremos está basado en un análisis de los alcances de la Ley de Inteligencia (25.520) y de la Ley de Protección de Datos Personales, que regulan los límites de las tareas de obtención de información sobre personas, su carácter confidencial y el resguardo de la identidad personal. ¿En qué medida alguien puede reclamar que la SI le diga de qué datos personales suyos dispone? ¿Todos los datos que acopia ese organismo son de carácter secreto? A esos interrogantes apuntó a responder la Corte en la resolución de la causa promovida por un hombre que sólo fue identificado en la resolución por sus iniciales (R. D. R. P.).
El demandante, un ex integrante de la ultraderechista Tacuara, que según versiones habría sido agente de inteligencia, quería que la SI le diera el detalle de lo que hizo en los sesenta y hasta 1973 porque sólo con ese respaldo podría pedirle a la Anses que le reconozca el beneficio provisional por ese lapso. Para eso presentó un recurso de hábeas data, que le fue concedido en primera instancia y en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo con algunas modificaciones.
La SI se opuso con el argumento de que la Ley de Inteligencia tiene supremacía sobre la de Protección de Datos Personales; que había un interés público comprometido; que los responsables de los archivos del organismo pueden negar el acceso a la información; que es una atribución del presidente de la Nación (hoy delegada en el titular de la SI) acceder a la desclasificación de datos –aun los llamados "públicos"– y que por ende habría una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones del Ejecutivo. Ponía, como ejemplo extremo, que podría verse en la situación de tener que brindarle información "a un terrorista que podría estar preparando un atentado y desee conocer cuánto se sabe de él".
La Corte rechazó esa argumentación y sostuvo que cualquier ciudadano puede plantear un "hábeas data" y que la central de inteligencia "se encuentra obligada a manifestar si tiene o no los datos requeridos; y si los tuviese sólo podría negarse a revelarlos (...) mediante una decisión fundada (...) en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de terceros". Pero también dice que, aun esgrimidas las razones de parte de la SI, "los jueces cuentan con la potestad de verificar, a instancias del interesado" si esas razones "justifican la negativa a suministrar la información, para lo cual podrán tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad". Así, en definitiva, son los jueces quienes evalúan y deciden si "está comprometido el interés público" o qué consecuencias podría traer aparejada la revelación de la información en juego para "hacer efectiva la garantía del hábeas data".
El punto de partida del razonamiento de los jueces supremos es el "artículo 43 de la Constitución (hábeas data)" que "protege la identidad personal y garantiza que el interesado tome conocimiento de los datos a él referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos públicos o los privados destinados a proveer informes" como "garantía frente a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y autoriza a obtener su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización". A su vez, apuntan que según la Ley de Inteligencia, la secretaría y otros organismos similares deben "enmarcar inexcusablemente sus actividades" en los preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales, que excluye la obtención de información, producción de inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias.
El fallo supremo, que toma la línea argumental de un dictamen del procurador general, Esteban Righi, de noviembre de 2009, recuerda que la "inteligencia nacional" es una actividad que comprende "la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior", pero eso no implica automáticamente que tengan carácter reservado o secreto. Y que incluso el uso de datos personales "con fines de defensa nacional o seguridad pública" debe "quedar limitado al estricto cumplimiento" de esas misiones o a la "represión de delitos". "Excluir de la protección constitucional a esos datos que los organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares comportaría la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial sólo en los casos en que no es necesaria", dice la Corte.
Aunque casi todo el fallo está basado en el dictamen de Righi, hay una diferencia en cuanto a los alcances. El procurador decía que la SI "sólo deberá informar si posee datos que sean útiles al demandante a fin de obtener el beneficio" jubilatorio "siempre que no se comprometan los intereses y la seguridad del Estado". Si no se cumplen esos requisitos podría alegar que "no posee los datos requeridos por el tribunal". En cambio, el fallo de la Corte abre mucho más el juego y deja librada al juez la decisión sobre a qué datos se puede acceder y a cuáles no.
El caso inauguró un debate novedoso en la Corte, donde casi no había antecedentes de este tipo. Algunos conocedores de la jurisprudencia suprema citan un fallo del tribunal de 1984 que a poco de recuperada la democracia –y salvando las diferencias– sostuvo en el caso promovido por el santafesino César Oxley que no se puede invocar el secreto del Estado sobre archivos de inteligencia (los suyos eran de la dictadura) cuando está en juego la suerte "existencial" de una persona por afectar, por ejemplo, su carrera laboral. Los especialistas consultados recuerdan que en un fallo más reciente, donde declaró la inconstitucionalidad de la llamada "ley espía", que disponía que las empresas de telefonía e Internet guardaran por diez años todas las comunicaciones de sus usuarios, la Corte advirtió que esa norma le daba un margen de discrecionalidad importante a la SIDE para actuar.
Un alto funcionario supremo señaló ayer que el novedoso fallo de ayer también pretende marcar límites al organismo y facilitar un control que no ha realizado la Comisión Bicameral de seguimiento de los Organismos de Inteligencia.
21 de abril de 2011
20 de abril de 2011
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trasladan a brusa a hospital


Piden informes por traslado de Brusa. Acompañado por custodio y sin esposas.
Santa Fe,Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe pidió ayer informes al Servicio Penitenciario de la provincia para saber si se cumplieron todas las "medidas de seguridad" en un traslado del ex juez federal Víctor Brusa, desde la cárcel de Las Flores donde cumple una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad hasta el hospital Italiano, donde funciona la Dirección Provincial de Salud Mental. El viernes, Brusa fue visto en cercanías del hospital, acompañado por un custodio de civil, pero sin esposas en las muñecas, por lo que el Tribunal quiere saber si la salida se hizo de acuerdo a las normas reglamentarias. La visita médica obedece a que el defensor oficial Fabio Procajlo, comenzó a gestionar para Brusa el beneficio de la "prisión domiciliaria" con el argumento de su estado de "salud mental", pero hasta ahora el Tribunal no tomó ninguna decisión al respecto, a la espera de una serie de medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal, entre ellas un dictamen de especialistas en el ramo que determine si el ex juez es "un enfermo mental" o si "la privación de la libertad en un establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia".
Los traslados de Brusa al hospital Italiano provocaron también la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia porque el nosocomio es el lugar elegido por el Programa de Protección a Testigos para brindar asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de estado. El Tribunal Oral no informó al Programa sobre las salidas del ex juez, pero -así las cosas ¿quién puede descartar que en algún momento pueda cruzarse con sus víctimas en un pasillo del nosocomio?
La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, mandó entonces una nota al Tribunal para prevenir esa situación y evitar "un posible contacto" entre Brusa y sus denunciantes en un lugar de "atención médica y psicológica" a sobrevivientes de la dictadura.
Acosta pidió información al Tribunal porque el responsable del Programa de Protección a Testigos, Daniel Bóccoli -que también firma la nota se enteró que el viernes, Brusa fue visto en inmediaciones del hospital Italiano, acompañado por un agente carcelario de civil y sin esposas en las muñecas. "Resulta por tanto necesario restringir al máximo las posibilidades de organización y coordinación entre los imputados y/o condenados, y entre éstos y otros agentes de fuerzas de seguridad que participaron de hechos similares. Se recomienda la determinación de medidas tendientes a controlar sus acciones y restringir las posibilidades de su accionar y su posible contacto con testigos y/o familiares, antes, durante y después del transcurso del juicio oral", planteó la secretaria de Derechos Humanos.
"Y en este contexto, especialmente peticionamos la adopción de medidas que impliquen no acercarse a los domicilios y/o lugares donde los testigos habitualmente desarrollan actividades laborales o de atención médica o psicológica", agregó.
21 de abril de 2011
20 de abril de 2011
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el mal no descansa


columna de lísperguer
Ministro de Agricultura propone ley para exterminar a perros y gatos asilvestrados, el nuevo modo de llamar a los animales extraviados o callejeros.

Después de que el año pasado el presidente Piñera y el ministro Hinzpeter declararan, el primero, que nunca promulgaría una ley que permitiese el exterminio de perros de la calle, y el segundo que los animales de compañía son miembros de la familia humana, el ministro Galilea (Agricultura) anuncia que promulgará una modificación propia a la Ley de Caza que permite clasificar a perros y gatos (usualmente extraviados, abandonados o escapados) como animales asilvestrados y/o salvajes, lo que su vez haría posible que sean cazados, capturados y sacrificados sin restricción alguna, permanentemente. Esto pareciera corroborar las sospechas de muchos animalistas, de que en realidad este gobierno borra con el codo lo que firma con la mano y que, acogiendo propuestas del mundo de la esclavitud ganadera, el bienestar animal no le interesa en absoluto. Tampoco le interesa cumplir sus promesas de campaña. Son políticos. Valen callampa.
lísperguer

ministro quiere exterminar a perros


Nueva Ley de Caza abre la puerta al exterminio de perros y gatos callejeros. Modificaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura afectan directamente a la protección y conservación de diversas especies.
[Trinidad Noguera] Santiago, Chile. Como cada año, en agosto pasado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) hizo llegar al Ministerio de Agricultura su propuesta de modificación a la Ley de Caza. Lo habitual era que esta volviera aprobada sin mayores cambios por la secretaría de Estado, en consideración a la expertise técnica del servicio. Esta vez, sin embargo, eso no sucedió.
El ministerio de Agricultura que encabeza, José Antonio Galilea, determinó realizar variaciones a la propuesta del SAG que implican un sustantivo cambio en las normas de protección de especies. E incluso amplia a la condición de "silvestres" y "dañinos" a perros y gatos sin dueño, dejándolos en condición de "caza" y "captura".
El Dínamo accedió al documento de 31 páginas emanado de la Subsecretaría de Agricultura, que ya cuenta con la firma del ministro Galilea y del titular de Defensa Andrés Allamand y que para su entrada en vigencia sólo resta la rúbrica del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. Este medio también logró conocer la propuesta preparada por el SAG y dirigida al Ministro de Agricultura el 25 de agosto pasado.
En ambos documentos se puede apreciar diferencias sustanciales en cuanto al grado de conservación y protección de diferentes especies. Una de las modificaciones realizadas por el Ministerio es en el artículo 6 de la norma, que declara a ciertos animales como "dañinos" y señala que "podrán ser cazados o capturadas en cualquier época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación del número de piezas o ejemplares". La secretaría de Estado añade a este listado de especies al zorro chilla, al perro asilvestrado y al gato asilvestrado.
Las norma que impulsa de ministerio de Agricultura establece que son animales "asilvestrados" todos aquellos "que vivan en condición de un animal salvaje".   no particularmente a los que rondan en zonas rurales.
Este punto es de los más polémicos ya que, según explica una fuente al interior del SAG, este cambio abre ahora la puerta a la captura y caza - y eventual exterminio- de perros y gatos callejeros, que no tengan collar, ni un claro dueño.  
El tratamiento de la autoridad frente a la existencia de perros vagos mantiene desde hace tiempo en alerta a las organizaciones animalistas, luego de que algunas autoridades municipales ordenaran la erradicación de estos animales por el peligro que implicarían para la ciudadanía.
En Chile se estima que existen dos millones y medio de perros vagos. Un problema que ha intentado ser abordado desde distintas fórmulas, incluyendo la eutanasia, como señalaba una disposición contenida en la Ley de Tenenecia de Animales que se discutió en el Senado y que generó el rechazo de los senadores del PS y el PPD.

Especies Que el SAG Propuso Proteger
Por otro lado, la propuesta del SAG incorporaba a una serie de invertebrados, tales como arañas, alacranes, mariposas y libélulas, al listado de especies cuya caza o captura debía estar prohibida en todo el territorio nacional. La idea era detener la desmesurada explotación de estas especies que ya se percibe. Sin embargo, el artículo no fue considerado por la cartera de Agricultura y sólo se remite a solicitar, según el reglamento vigente, que quienes las capturen de forma habitual se inscriban en el SAG.
La nueva Ley de Caza, que debe entrar en vigencia este año, en su artículo 5, mantuvo la autorización de cazar por cuotas máximas y en determinados periodos del año a 36 especies, incluyendo a ratones y ciervos. Respecto a estas últimas especies, la propuesta del SAG era más dura, pues proponía abrir el permiso de caza para todo el año, ya que estos animales según los técnicos "destruyen el hábitat y compiten con especies nativas y endémicas como el pudú y el huemul".
Otro de los puntos conflictivos de las modificaciones que el Ministerio de Agricultura propone son los cambios en las normas para la internación de animales exóticos al país. Sobre el punto establece que "podrán internarse en el territorio nacional o en regiones o en zonas del país, donde no existan, aquellos especímenes que vengan infertilizados mediante métodos permanentes, situación que deberá ser comprobada por el importador, mediante certificados oficiales del país de origen".
Esta fórmula implicaría serias dificultades para la fiscalización por parte de los funcionarios de aduana y del SAG, pues verificar que las especies vengan efectivamente infertilizadas es complejo. Era por ello que la propuesta original del SAG establecía optaba por una apuesta más radical prohibiendo la entrada de especies reconocidas internacionalmente como "dañinas e invasoras". En esta categoría quedaban, por ejemplo, el caso de la grulla blanca asiática, el tucán grande, el ganzo emperador, el emú, hurón, la iguana verde y la pitón sanguínea, entre otras.
21 de abril de 2011
©el dínamo

en la boca del lobo


Un foro realizado en una finca cuya dueña y su hijo son señalados de apropiarse de tierras en Urabá ha generado polémica en Antioquia. Organizaciones no gubernamentales consideran que se está gestando un movimiento para deslegitimar procesos de restitución de predios despojados de manera forzada.
Colombia. La presencia de representantes del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en un foro realizado la semana pasada en una finca en el Urabá antioqueño, fue cuestionada por organizaciones no gubernamentales por cuanto la propietaria del predio y su hijo al parecer se beneficiaron con la compra irregular y posesión de tierras en la que tuvieron injerencia paramilitares que operaron en esa región agroindustrial.
El acto, que hizo parte de las activididades del  llamado ‘El Gran Foro Social por la Reconciliación de Urabá’, fue realizado entre el 7 de abril pasado en la finca Madrigal, ubicada en el municipio de Turbo, de propiedad de Rosalba Zapata, representante legal de la empresa Bananeras de Urabá S.A., y en cuya convocatoria participaron diversas organizaciones, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y Corpolibertad, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y diversas entidades estatales.
Los cuestionamientos fueron realizados en Medellín por Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que acompaña procesos de reclamación de tierras en el Urabá antioqueño.
"Ese foro se realizó en la finca Madrigal, de propiedad de Rosalba Zapata, a quien le estamos reclamando 54 hectáreas de tierra", aseveró Vega, quien consideró un error que funcionarios del Estado, en particular del Incoder, que debe resolver esta reclamación, "estén presentes en este tipo de encuentros".
De acuerdo con el director de la Fundación Forjando Futuros, Rosalba Zapata y su hijo Felipe Echeverri, se apropiaron en el año 2000 de por lo menos 107 hectáreas pertenecientes a la finca La Niña, ubicada en la vereda La California, después de un proceso irregular de compra en el que participaron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) por órdenes del jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza.
Inicialmente, el predio era de propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún y Cia, pero luego fue ocupado por campesinos. A través de dos actuaciones del Incora (hoy Incoder) le fue declarada la extinción de dominio. La primera de ellas el 22 de junio de 1989, siendo ratificada en el 24 de septiembre de 2001, lo que demuestra que la compra realizada bajo presión armada fue de un bien del Estado y no de particulares, como lo hizo creer Felipe Echeverri, actuando como representante de la familia Hasbún Mendoza.
Si bien esta situación fue conocida por la Fiscalía General de la Nación y en diversas instancias judiciales quedó demostrado que la compra de tierras se hizo bajo presión armada, el proceso iniciado por el ente acusador concluyó en una sanción por estafa contra Felipe Echeverri, omitiendo delitos como el concierto para delinquir.
"En el año 2006 nos restituyeron 50 hectáreas, pero desde el 2009 hicimos la reclamación por 54 hectáreas más y hasta el momento nadie responde, por eso no entendemos cómo mientras a nosotros nos demoran la reclamación, el jefe de control interno de esta entidad, José Manuel Zabala, asiste a la finca de Rosalba Zapata y participa de los agasajos allí", denunció Vega y agregó que "los funcionarios públicos no pueden estar metidos en las fincas y en las propiedades en agasajos y en foros con las personas a las cuales se les está reclamando las tierras".
De acuerdo con Vega, las 54 hectáreas que se reclaman y que son propiedad del Estado están sembradas de banano para la exportación y se lucra de ello la empresa Bananeras de Uraba S.A., por lo que le solicitó a las autoridades investigar el asunto y atender con prontitud la reclamación instaurada por los campesinos.
A su juicio, la reconciliación, que era uno de los temas centrales del foro, no puede servir para tapar los delitos, en particular aquellos que rodean el despojo de tierras. "Primero tiene que pasar primero por un proceso de verdad. En esos foros de reconciliación, donde todos se tapan con la misma cobija, lo que se hace es evitar que se establezcan las responsabilidades de aquellos que cometieron los delitos", dijo.
Vega fue más allá y expuso que con este tipo de foros e iniciativas de algunos sectores de Urabá, en particular de Sintrainagro y de los empresarios, se está intentando contrarrestar el fuerte movimiento de víctimas que hay en esa región, representado por la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a por lo menos 2.500 reclamantes de predios, afectados todos ellos por grupos paramilitares en los últimos quince años.
"A nosotros como fundación no nos invitaron, tampoco a la asociación", indicó el representante de Forjando Futuros. "Ellos están muy preocupados porque embajadores europeos nos visitan a nosotros y no a ellos, lo que podría obstaculizar la aprobación del tratado de libre comercio con la Unión Europea".
La discusión sobre tierras en el Urabá antioqueño no ha sido fácil. Desde el año 2008, cuando las víctimas del despojo de predios por parte de grupos paramilitares se organizaron para reclamar la restitución, han sido asesinados nueve líderes, dos de ellos en lo que va corrido de este año; además, sus voceros están amenazados y varios de ellos han tenido que abandonar la región.

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El primero en responder a esta denuncia fue Arley Muñoz, director regional de la Cnrr en Antioquia. Según el funcionario, se trató de un espacio de diálogo entre diversos sectores del Urabá antioqueño, donde su oficina tiene una presencia significativa en proceso de reconciliación y acompañan la mesa de víctimas sindical, en la que participa Sintrainagro.
"En el foro se habló de varios temas, entre ellos el acuerdo laboral logrado entre los sindicatos de Urabá con los empresarios sin mayores tropiezos; además, se hizo referencia a la historia de Urabá; y el representante del Incoder habló sobre procesos de control interno para mirar unos títulos fraudulentos", explicó Muñoz.
El funcionario destacó que el foro hizo parte del pacto social que impulsan diversas organizaciones sociales de la región y que promueve alianzas para consolidar procesos de reconciliación que deriven en mayor bienestar para sus pobladores. Acerca del proceso de reclamación sobre tierras que explota Rosalba Zapata dijo desconocer el asunto y admitió que conoció a la empresaria en el evento.
Roberto Hoyos, presidente de Augura y uno de los promotores del foro, dijo que no quería entrar en ningún tipo de debate, pero destacó que en el evento estuvo presente la institucionalidad y resaltó a los convocantes: Vicepresidencia de la República, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cámara de Comercio de Urabá, Sintrainagro, el gremio bananero, los ganaderos, las alcaldías del Eje Bananero, la Gobernación de Antioquia y la Uita (Coordinadora latinoamericana de trabajadores bananeros).
Al explicar por qué parte del foro se hizo en la finca Madrigal, el líder gremial explicó que fue una decisión colectiva: "y fue un ejercicio de consenso, liderada por Sintrainagro, como un ejemplo de reconciliación, donde esa señora (Rosalba Zapata) ha hecho una labor social importante en Urabá, asunto que algunos no comparten, y ese es el debate que hay".
Por su parte Guillermo Correa, director de Corpolibertad, una organización que representa víctimas del conflicto armado en Urabá, en particular del sector sindical, destacó que se trataba de un diálogo sobre la reconciliación y tomamos varios ejemplos, entre ellos el de Rosalba Zapata, quien, según él, tiene muy buenas relaciones con sus más de 600 trabajadores.
"Como vamos a seguir promoviendo acuerdos de reconciliación, nos pareció muy importante arrancar por donde hubiera testimonios ciertos, que la gente los pudiera contar", explicó el vocero de Corpolibertad, quien agregó que en el fondo lo que está en discusión es un modelo "que no le gusta ni le conviene al doctor Gerardo Vega, porque ellos tienen otros intereses".
Señaló, además, que no hubo nada irregular: "Participaron todas las instituciones, los trabajadores afiliados a Sintrainagro y algunos empresarios bananeros". Y precisó que en el encuentro también se destacó el proceso de concertación laboral alcanzado a través de los acuerdos sindicales con los empresarios, coincidiendo con la apreciación de Muñoz.
"Lo que nosotros queremos es tomar esos ejemplos de concertación que han habido y los proyectemos para que sirvan de ejemplo a otras regiones del país", concluyó Correa.
El Incoder reconoció que envió a uno de sus funcionarios, José Manuel Zabala Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto, quien se limitó a informar a los asistentes sobre los trámites y servicios que actualmente presta el Instituto, que en su mayoría son gratuitos; así mismo, invitó a la comunidad a no pagar ‘ni un solo peso’ a funcionarios o a terceras personas que a nombre de la Entidad prometan agilizar los trámites de tierras.
Lo que pretenden los denunciantes es que este proceso de reclamación sea transparente y las agencias del Estado aceleren los procesos de restitución, cumpliendo un papel neutral en un asunto extremadamente sensible para la región, y eviten ser manipulados por sectores que tienen interés en evitar que los procesos de restitución de tierras avancen como deben ser y sean reparadas las víctimas.
21 de abril de 2011
©verdad abierta