no veo, no oigo, no hablo
"¿Cómo explicarles a los jóvenes que la Justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas?"
[Jorge Majfud] El comandante en jefe del Ejército del Uruguay, teniente coronel Jorge Rosales, dijo que "hay nerviosismo entre los militares retirados por la posible anulación de la Ley de Caducidad". Esta ley, aprobada más de veinte años atrás, protege a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Uruguay (1973-1984). No explican por qué se autoimplican de una forma tan explícita en la violación de los derechos humanos.
¿Por qué habría yo de estar nervioso porque se juzguen las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los arquitectos o los profesores de literatura en mi país o alrededor del mundo? El problema no es que hayan sido profesores, obreros o militares durante la dictadura sino, simplemente, que hayan violado los derechos humanos de un solo individuo.
Dentro de esta misma confusión, el general Jorge Rosales afirma que existe una "predisposición del consciente colectivo" hacia las Fuerzas Armadas. Eso hay forma de solucionarlo. Pero mientras no se sepa quiénes cometieron crímenes y nunca lo pagaron con un solo día de cárcel, y ni siquiera han tenido el detalle de reconocerlo o ayudar un poco en la búsqueda de los desaparecidos antes de pedir perdón, entonces la población podrá desconfiar de cualquiera de los militares retirados. Los militares más jóvenes sólo pueden ser acusados de apoyar la perpetuación del silencio y la impunidad, pero hasta ahora nadie los ha acusado de ser responsables de los delitos que se cometieron en el pasado. Ni siquiera se acusa a la institución.
Es decir, que la queja parte de un malentendido que los mismos militares de hoy alimentan, no solo con su silencio sino ahora también con declaraciones muy reveladoras de este tipo.
¿Por qué se insiste en enseñarnos que la paz se puede alcanzar olvidando y perdonando a quienes nunca han sido juzgados y nunca se han arrepentido de nada?
¿O es que en el fondo estamos de acuerdo en que a veces, en determinadas circunstancias, es lícito secuestrar, torturar, asesinar para evitar que otros lo hagan primero pero de forma no profesional?
¿No ha sido acaso ese mismo método (el olvido sistemático, por ley, por referéndum o por decreto) el que se ha aplicado desde el fin de la dictadura y todavía no han logrado calmar la necesidad de justicia de los familiares de las víctimas?
¿Es que acaso las víctimas deben agradecer "cierto grado" de justicia? ¿Debemos acusarlos de revoltosos o de insaciables porque piden toda la justicia o la misma justicia que tienen otros ciudadanos pertenecientes a otros estamentos sociales?
Porque cuando la ley no es igual para todos, estamos en una sociedad estamental, como en la Edad Media, donde a cada clase social se le aplicaban leyes diferentes; como en las actuales relaciones internacionales donde los más fuertes siempre tienen la Justicia de su lado.
¿Cómo explicarles a los jóvenes que la Justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas? ¿Cómo explicarles a los más viejos que la paz de los cementerios ha sido honrada con la paz de la injusticia?
[El autor es un escritor uruguayo.]
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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Uruguay. El comandante en jefe del Ejército uruguayo, Jorge Rosales, admitió ayer que hay militares retirados nerviosos por la intención del Parlamento de anular la Ley de Caducidad. Según explicó el militar, los ex uniformados están furiosos porque entienden que les cambiaron las reglas del juego, ya que a partir de la anulación de esa norma se reactivarían por completo las causas contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
[Adriana Meyer] Argentina. Un escalofrío recorrió el cuerpo de varios sobrevivientes de la ESMA cuando se enteraron de que uno de los represores que habían identificado hace tres años pasó a engrosar la larga lista de prófugos. El suboficial retirado Víctor Roberto Olivera, alias ‘Lindoro’, fue procesado y detenido en la causa ESMA tras ese reconocimiento, pero al tiempo recuperó su libertad por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La fiscalía apeló hasta que el planteo llegó a la Corte Suprema, que ordenó que volviera a la cárcel. Ayer, cuando lo fueron a detener, ya no estaba. Lindoro Olivera es quien se había quebrado en su declaración indagatoria y había confesado que hacían desaparecer cuerpos incinerándolos, en lo que llamaban "asadito", como alternativa a los vuelos de la muerte, cuando las víctimas fallecían en la tortura y no estaba previsto ningún despegue.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Había cierta división de tareas con respecto al tipo de organización con la que se trabajaba: las instalaciones de la Escuela de Mecánica eran buenas para que otras Unidades de Tareas pudiesen mantener a otros detenidos por la logística que se les podía brindar." Locuaz y detallista como hace una semana, el ex capitán de la marina Adolfo Miguel Donda volvió a sentarse en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en un relato que por momentos tomó las características de una confesión. Con un discurso enunciado como un pase de facturas a los jefes de las Fuerzas Armadas y el reclamo de haberle soltado la mano, Donda reconoció su participación en los grupos de tareas, a la ESMA como base del centro clandestino y la metodología de los operativos en los barrios. Durante su intervención desempolvó además documentos confidenciales con los nombres de 140 marinos que estuvieron en la ESMA y habló de otras 2000 personas que se instruyeron como rotativos en el combate de la "subversión", de escritos firmados por Ramón Antonio Arosa y la política de la destrucción de documentos en la que involucró al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.
Colombia. Varias organizaciones no gubernamentales instaron a la Unión Europea (UE) a condenar las desapariciones forzadas en Colombia, así como a solicitar a las autoridades de ese país que incrementen la protección de los activistas de dichas ONG.
Argentina. "Va a sentir mucho orgullo de estos dos padres, porque eran chicos con una convicción de lucha, pero también estudiantes, trabajadores y profesionales", sostuvo Carlotto sobre la joven hija de desaparecidos identificada ayer a través de un examen de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
[José Maggi] Argentina. La hija de un pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que Maria no aceptaba en sus comienzo hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó la misma. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que investiga el circuito represivo en el norte de la provincia que estaba bajo jurisdicción de la Tercera Brigada Aérea procesó a ochos detenidos en la causa. Dos son oficiales retirados de la Fuerza Aérea: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez. Y seis, policías santafesinos que integraban los grupos de tareas: Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neuman, Horacio Machuca y Héctor Aglieri. Todos están acusados por secuestros y torturas entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos (Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca) también por "violaciones reiteradas", en lo que significa el primer procesamiento de represores en Santa Fe que considera la tortura sexual en centros clandestinos como un delito de lesa humanidad. En la investigación, están imputados además otros tres policías: uno de ellos, Alberto Leguizamón, aún no pudo ser indagado por problemas de salud y los restantes: Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, siguen prófugos. "La resolución del juez es un paso importantísimo porque revela el mapa de la represión en el norte santafesino", dijo el fiscal Roberto Salúm en un diálogo con Rosario/12.