Blogia

mQh

complicidad entre justicia y dictadura


Declaró el secretario de Derechos Humanos de la CGT nacional. Para Piumato están dadas las condiciones para pedir el jury de enjuiciamiento a Cosidoy. "Hay una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en su contra", remarcó.
[José Maggi] Argentina. "Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".
El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.
Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".
El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido. La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".
En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".
Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".
Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".
"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia, deben responder".
8 de abril de 2011
5 de abril de 2011
©rosario 12

murió richard leacock


Cineasta documentalista fue pionero del método del cinema verité.
Murió Richard Leacock, cineasta documental y pionero del discreto método de la cámara del cinema verité. Tenía 89 años.
Leacock murió el miércoles en París, informó su hija Victoria Leacock Hoffman. Su salud se había deteriorado y se había caído varias veces en las últimas semanas, dijo en un email.
La destreza técnica de Leacock entregó a directores como Jean-Luc Godard y Francois Truffaut las herramientas del oficio. Su sensible dirección sentó las bases para generaciones de directores que buscan usar sus cámaras para captar la vida real tal como ocurre, dijeron colegas.
"Richard Leacock fue uno de los verdaderos pioneros del cine documental", dijo el director Martin Scorsese en una declaración. "Fue esencial en el desarrollo y uso de equipos livianos y portátiles, que abrieron el camino para el cine genuinamente independiente. Y tenía mirada extraordinariamente sensible y rápida. Allanó el camino para todos nosotros".
El cineasta documental Albert Maysles trabajó primero con Leacock en ‘Primary’, el importante documental dirigido por Robert Drew, después de la campaña presidencial de John F. Kennedy en Wisconsin.
"Poseía una mirada poética detrás de la cámara, lo que le daba acceso a casi todo el mundo porque intuían que podían confiar en él", dijo Maysles.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los directores estaban cada vez más preocupados con escapar de los confines del plató y captar la vida real del modo en que transcurre. Pero esa ambición, conocida como cinema verité, hacía frente a un desalentador reto técnico: Sacar la cámara del estudio hace muy difícil captar sonido de alta calidad.
Los directores necesitaban una manera de absorber la voz y el video independientemente, sincronizándolos, y fue Leacock el que propuso usar un sistema de relojes Bulova, hechos en Estados Unidos, para mantenerlos sincronizados.

Leacock nació el 18 de julio de 1921 y creció en Inglaterra y en las Islas Canarias, donde su padre tenía una plantación de bananas. Estudió física en la Universidad de Harvard y sirvió como fotógrafo de guerra en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Leacock escribió, dirigió y editó ‘Toby and the Tall Corn’, un documental sobre una compañía de teatro itinerante en Missouri de 1954. Se emitió por televisión como parte del programa cultural ‘Omnibus’.
En 1960, Leacock formó una sociedad con el documentalista D.A. Pennebaker. Además de trabajar como el fotógrafo de ‘Primary’, Leacock colaboró con los documentales ‘A Stravinsky Portrait’, sobre el director y compositor Igor Stravinsky, y ‘Monterey Pop’, sobre el festival de rock en 1967. También fue el fotógrafo de ‘The Chair’ (1963), de Drew, que documentaba a unos abogados de Chicago tratando de salvar a un hombre del corredor de la muerte.
Leacock se mudó a París en 1989 después de retirarse del Massachusetts Institute of Technology, donde enseñó durante veinte años en el departamento de cine y video.
Un libro de memorias, ‘Richard Leacock: The Feeling of Being There’, será publicado este verano como libro y como video libro digital.
Le sobreviven su esposa Valerie Lalond, cinco hijos y nueve nietos.
8 de abril de 2011
26 de marzo de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh


condenado por crimen de campesino


Condenan a paramilitar por asesinato de un campesino.
Colombia. Un juez condenó a un desmovilizado de las Auc por habar asesinado a un campesino en el sur de Bolívar en 1997.
Jairo Antonio Aguilar Vallejo, alias ‘Rambo’, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión por haber asesinado a un campesino en  Río Viejo, un municipio ubicado sobre el margen del río Magdalena en el sur de Bolívar.
Según la Fiscalía, así lo decidió el Juez Único de Simití después de probar que alias ‘Rambo’ asesinó al campesino el 25 de abril de 1997 acusándolo de ser un presunto colaborador de la guerrilla. "De acuerdo con la investigación, un comando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) incursionó ese municipio y luego de señalar a la víctima como hermano de un jefe guerrillero, lo decapitaron", señaló el organismo investigador.
Río Viejo fue una de las zonas del Magdalena Medio donde los paramilitares cometieron decenas de delitos a partir de mediados de la década de 1990. Fue punto donde delinquió el Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar (Bcb), el grupo paramilitar de Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’ y de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’.
Alias ‘Rambo’, desmovilizado del Bcb y preso en Bucaramanga, aceptó la responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada.
8 de abril de 2011
6 de abril de 2011
©verdadabierta

la retoma fallida de ituango


En 2003, los ’paras’ intentaron retomar este pueblo, con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, pero el entonces presidente Uribe y la comunidad se opusieron. A su paso dejaron varios asesinados y desaparecidos.
Colombia. Mil doscientos hombres de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) intentaron retomar en agosto de 2003 el control del municipio de Ituango, por orden de Vicente Castaño Gil, y con el supuesto apoyo de miembros del Ejército y de la Policía Nacional.
Los detalles de esta incursión armada paramilitar, que pretendía someter a sangre y fuego esta localidad, como se hizo entre los años 1995 y 1998, fueron conocidos por VerdadAbierta.com a través de testimonios de pobladores y de versiones consignadas en varios documentos revelados por juristas que pidieron la reserva del nombre y quienes manifestaron su extrañeza porque hasta el momento ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido vinculado a esos hechos ni adelantado en su contra investigaciones penales.
Uno de los documentos es una diligencia de indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación dada por el ex paramilitar Pedro Emiro Verona Loba, alias ‘Miro’, quien por varios años fue escolta de Carlos Castaño Gil, así como uno de los autores materiales de la masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, de Ituango, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 personas muertas, decenas de desplazados y el caserío destruido.
"Eso fue por orden de Vicente Castaño, él fue el que me dio la orden a mí para coger el control de ese municipio. Él me dijo que me mandaba allí 1.200 hombres", le dijo alias ‘Miro’ a la Fiscalía el 28 de septiembre de 2009.
Este ex paramilitar llegó a Ituango el 22 de agosto de 2003 acompañado de tres integrantes del Bloque Mineros: "Yo llegué hasta el municipio de Yarumal, ahí me presenté con ‘Camilo’, ‘Hernán’ y ‘Chiqui’. Nos recogió un helicóptero, no sé de qué empresa, y viajamos hasta el municipio de Ituango. Allá no nos recogió nadie porque yo ya conocía ese municipio. Ahí no iba ningún uniformado ni nada. Eso era particular y como lo dije, solo viajamos nosotros cuatro".
El viaje fue realizado en un helicóptero Bell 206 – L-3 de matrícula R001963 de la empresa Heliservice, piloteado por Luis Alberto Barrera Ramírez, quien aterrizó en la institución educativa Pedro Nel Ospina, donde dejó a los cuatro paramilitares. Según le dijo alias ‘Miro’ a la Fiscalía, "ese viaje lo pagó Vicente Castaño".
La versión entregada por el ex paramilitar, quien se desmovilizó el 15 de enero de 2005 en Santa Fe de Ralito, Córdoba, coincide con la explicación que dio el piloto de la aeronave a funcionarios judiciales el 16 de octubre de 2009. De acuerdo con Barrera Ramírez, "las personas que se bajaron en Ituango las recogí en Yarumal. De ese viaje recuerdo que aterricé en la cancha de basquetbol del colegio de la zona urbana".
Este piloto recordó que el viaje lo inició en el batallón Pedro Nel Ospina, del municipio de Bello, donde recogió varias personas que trasladó a Yarumal. Una vez allí, recibió la orden de un teniente del Ejército de transportar a Ituango a los cuatro paramilitares. "En el control de vuelo aparece la firma de un teniente, es la persona que nos recibió el vuelo cuando llegué a Yarumal", indicó Barrera Ramírez.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el oficial que autorizó el vuelo entre Yarumal e Ituango fue el teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro, en su condición de Comandante del Batallón No. 10 Girardot de la IV Brigada del Ejército, quien presentó a los cuatro paramilitares como integrantes de Inteligencia Militar, adscritos al B-2. Así se lo notificó este oficial del Ejército al comandante de la estación de policía de Ituango a través de una conversación radiotelefónica horas antes de la llegada de los paramilitares al pueblo.
Las explicaciones quedaron consignadas en un oficio enviado el 24 de agosto de 2003 remitido por el capitán Alejandro Muriel Marín, responsable de la unidad policial en la localidad, a la comandancia del Departamento de Policía Antioquia: "el teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro le informó al suscrito que al municipio arribarían cuatro miembros del Ejército Nacional, quienes deberán infiltrarse en la población, y en coordinación con los miembros de la Sijin y la Sipol que actualmente se encuentran en comisión en esta unidad, se encargarán de efectuar labores de inteligencia que permitan la captura y la judicialización de personas que posean vínculos y/o nexos con las organizaciones delictivas que operan en esta jurisdicción".
Sin embargo, el intento de hacer pasar a los paramilitares del Bloque Mineros por efectivos de Inteligencia Militar fracasó, pues algunos pobladores de Ituango reconocieron a alias ‘Miro’, quien había estado en esa localidad entre los años 1995 y 1998 como paramilitar raso. Por ello, reaccionaron de inmediato y denunciaron la situación ante las autoridades departamentales y nacionales a través de una misiva remitida el 27 de agosto de ese año.
El coronel Ricardo Cuervo Montenegro, segundo comandante de la IV Brigada del Ejército, verificó la denuncia y días después, a través de un comunicado oficial, le explicó a la comunidad de Ituango que las cuatro personas que arribaron a la localidad "eran soldados de la República que estaban de vacaciones". Para la época de los hechos, el comandante de esa guarnición militar era el general Mario Montoya Uribe, actual embajador de Colombia en República Dominicana.
Una vez en la localidad, los cuatro paramilitares se instalaron sin mayores problemas. "Vivían en un edificio a una cuadra de la estación de policía", recordó un habitante, quien pidió la reserva de su identidad. "Constantemente realizaban reuniones con comerciantes y miembros de la Fuerza Pública en un establecimiento comercial contiguo al parque principal. Previamente a su llegada, varios jóvenes del municipio ya estaban haciendo inteligencia para ellos y con la llegada de alias ‘Miro’, otros muchachos se incorporaron a las Auc".
El intento de la retoma de Ituango coincidió con una profunda crisis institucional que padecía este municipio debido a la  ausencia de autoridades civiles, pues desde el mes de julio de ese año de 2003 el Alcalde, el Tesorero, el Secretario de Gobierno, el Personero y los fiscales tuvieron que abandonar el municipio por amenazas de las Farc y despachar desde la ciudad de Medellín.
Durante la permanencia en el pueblo, los paramilitares cometieron varios asesinatos, entre ellos el de Antonio José Sepúlveda Parias, ocurrido en el sector de Las Piscinas, el 4 de octubre de 2003. Además de generar el desplazamiento forzado de algunos habitantes que se atrevieron a denunciar los atropellos cometidos por los integrantes del Bloque Mineros.
Alias ‘Miro’ también reconoció que él y sus hombres realizaron actividades con tropas del Ejército: "tuvimos una operación en conjunto en el Filo de la Aurora, donde fueron dados de baja tres guerrilleros, quienes fueron trasladados al cementerio del pueblo y enterrados como NN".
La situación para los pobladores de Ituango no era fácil. Según relató un denunciante, "se tenía un sentimiento enorme de estar absolutamente desvalidos ante ellos, porque las fuerzas legalmente constituidas del Estado, Policía y Ejército, mostraban que propiciaban y defendían la presencia de los paramilitares allí".
Lo dicho por este poblador fue corroborado ante la Fiscalía por alias ‘Miro’: "durante los cinco meses que estuve allí tuve el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército. La ayuda era que ellos no se metían con nosotros, sabían quiénes éramos, pero no decían nada. En esa época yo pagaba un auxilio mensual de 300 mil pesos a cada policía, y no recuerdo si era un teniente o un mayor que recibía 1 millón de pesos. Yo entregada personalmente ese dinero".
El objetivo inicial de las Auc era retomar el control del casco urbano, desalojar las milicias de las Farc y, poco a poco, dominar la zona rural, una región estratégica, pues gran parte de ella hace parte del Nudo del Paramillo y es un enclave de la siembra de hoja de coca y la producción de cocaína. Allí hacen presencia los Frentes 18 y 36 de la organización subversiva.
Los paramilitares pretendían ingresar a la región por los corregimientos El Aro y Santa Rita, dos territorios que en el pasado sufrieron con rigor la crueldad paramilitar. En esta nueva incursión, se delegó su dirección a Wilson Antonio Mejía Silgado, alias ‘Picapiedra’, excomandante militar del Bloque Mineros y hombre de confianza de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el jefe de esa facción de las Auc, que operaba en las subregiones antioqueñas del Norte y el Bajo Cauca.
"Los bloques Minero y Central Bolívar participaron en varias acciones durante esa época, pero nunca pudieron entrar, entre otras razones porque hubo mucho refuerzo por parte de la guerrilla para impedirnos el ingreso, ahí participaron más o menos 1.200 hombres de las autodefensas, pero no se pudo entrar", explicó alias ‘Miro’.
Dos hechos más frustrarían la retoma de Ituango por parte de las Auc: primero, un ataque dinamitero contra alias ‘Miro’ y dos de sus hombres en pleno casco urbano; y segundo, la denuncia hecha por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y los paramilitares.
El ataque con un balón bomba se produjo el 9 de noviembre de ese año, cuando los tres paramilitares departían en un lugar público. En ese atentado no murió nadie, pero dejó por lo menos nueve personas heridas, entre ellas alias ‘Miro’.
"Sufrí con la onda explosiva la cual me puso a orinar sangre durante tres o cuatro horas y fui atendido en el hospital de ese municipio, solamente yo resulté lesionado, pero civiles sí hubo más, los que estaban conmigo eran ‘Camilo’ y ‘Hernán’, pero a ellos no les pasó nada", le dijo el paramilitar a la Fiscalía.
Pero lo que en definitiva marcaría la retirada de las Auc de Ituango fue el pronunciamiento del entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez durante un consejo comunitario realizado el 22 de noviembre de 2003 en el municipio de Rionegro, Antioquia: "me dice el alcalde, me dice la ciudadanía: vea, allá hay 100 policías, no salen del casco urbano. La guerrilla está a un kilómetro y los policías se lo  pasan en el casco urbano tomando whisky con los paramilitares. Y en los ojos de los policías los paramilitares cobrándole vacuna a los comerciantes del casco urbano Eso no puede ser. La  Fuerza Pública no puede entrar en colusión ni con paramilitares ni con  guerrilleros".
Las palabras del mandatario tuvieron un efecto directo en los paramilitares, quienes de inmediato desalojaron la localidad. Eucario Macías Mazo, alias ‘NN’, uno de los integrantes del grupo paramilitar que se asentó en Ituango, así lo recordó ante la Fiscalía el 26 de abril de 2010: "Debido al escándalo del Presidente entonces comenzaron a recoger los integrantes de las Auc en el pueblo, nos tocó salir volando de allá".
El entonces Director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, tomó la decisión de relevar a todo el personal adscrito a la estación de Policía de Ituango, con lo que, según él, "se conjuraba ese problema que se ha presentado allá".
Alias ‘Miro’ le explicó a las autoridades judiciales que ante el fracaso de la retoma y los escándalos suscitados, Vicente Castaño le dio la orden de salir de la localidad. "Durante cinco meses que estuve allí no se pudo coger el control, por esta razón tuve que salir de la zona, allí no hubo nada porque la gente no pudo entrar, solamente yo contaba con los urbanos que tenían en el municipio. Después de eso la retirada fue por el puente de Pescadero con apoyo del Ejército Nacional, vestido de camuflado del Ejército Nacional".
A la investigación por la retoma del municipio de Ituango fueron sido vinculados los paramilitares Pedro Emiro Verona Lobo, alias ‘Miro’; Carlos Mario Corrales Castañeda, alias ‘Chiqui’, y Eucario Macías Mazo, alias ‘NN’; no obstante, los juristas que siguen de cerca este proceso expresaron su preocupación por cuanto después de más de dos años de las denuncias "hasta el momento se ha omitido por los funcionarios del ente acusador que han conocido del caso, vincular a los integrantes de la fuerza pública que connivieron con el accionar paramilitar para retomar el control de Ituango".
8 de abril de 2011
©verdadabierta

corte niega libertad provisional


A dos exparamilitares.
Colombia. La Sala de Casación Penal marcó un precedente con los exparamilitares que, con crímenes juzgados por la justicia ordinaria, están solicitando libertad provisional.
Jhon Jairo Acuña Rodríguez y Hernán Romero Sarmiento, dos exparamilitares del Bloque Central Bolívar, entraron en 2010 a Justicia y Paz. Sin embargo pedían libertad provisional con el argumento de ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, habían cumplido parte de la pena y consideraban que Justicia y Paz violaba sus derechos porque el proceso era lento.
Pero la solicitud de libertad les fue negada. Primero lo hizo un Tribunal de Justicia y Paz en Barranquilla y el pasado 23 de marzo de 2011 lo reiteró la Sala de Casación Penal de la Corte, después de que el caso fue apelado y llevado hasta el alto tribunal.
Para ambas instancias, la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz fue elaborada para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas y por eso, concederles libertad provisional a los exparamilitares,  así ya hubieran cumplido su sentencia en la justicia ordinaria, sería considerado una burla a las víctimas.
"Se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil... La justicia se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios", dijo el alto tribunal en su decisión.
El pronunciamiento de la Corte marca un precedente para los desmovilizados que, en similares condiciones a las de Acuña y Romero, están pidiendo libertad provisional por haber cumplido entre 5 y 8 años de prisión mientras eran investigados o condenados por la justicia ordinaria. Para el alto tribunal, la pena alternativa que concede Justicia y Paz no es un derecho adquirido sino una expectativa que se logra cuando el desmovilizado cumple con los requisitos, entre ellos contar la verdad y no seguir delinquiendo, y cuando hay una condena en firme.
Desde que empezó la Ley de Justicia y Paz, tres exparamilitares han sido condenados: Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ y Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’. Sin embargo, ninguno ha cobrado la libertad porque las condenas proferidas por Tribunales de Justicia y Paz han sido apeladas por la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones de víctimas que consideran que los victimarios no han contado toda la verdad o que la reparación no se ajusta a los crímenes cometidos.
En el caso de los dos exparamilitares que solicitaron la libertad provisional, la Corte advirtió que tanto Acuña como Romero sólo fueron postulados a Justicia y Paz en septiembre de 2010, lo que significa que hasta ahora están rindiendo versiones libres ante la Fiscalía.
"Sería naturalmente ilógico que quien se acoge voluntariamente al proceso de la Ley de Justicia y Paz para confesar públicamente sus crímenes, comprometerse con los derechos de las víctimas y someterse a la detención preventiva en establecimiento carcelario, resulte favorecido con una libertad provisional, cuando aún no ha cumplido los presupuestos que le permiten gozar del beneficio punitivo que trae aparejada la sentencia que en su contra se profiera, según el régimen de justicia transicional", sentenció la Corte.
8 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
©verdadabierta

condenan a excongresista conde


José María Conde por parapolítica. La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista de Sucre José María Conde a cinco años de cárcel por sus nexos con el grupo paramilitar comandado por ‘Diego Vecino’.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista José María Conde Romero a pagar una pena de 60 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado con los paramilitares en Sucre.
De acuerdo con la decisión del Alto Tribunal, el ex representante de Sucre por el partido Colombia Democrática recibió el apoyo del Bloque Héroes de Montes de María comandado por Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ para llegar al Congreso de la República.
Según la sentencia, Conde Romero se reunió en varias oportunidades con ‘Diego Vecino’ para pactar el apoyo de los paramilitares a su campaña.
El ex congresista fue capturado en Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía el 8 de junio de 2010. En enero de este año, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio y tres meses después le fue resuelta su situación jurídica a través de esta condena.
Conde Romero llegó al Congreso en reemplazo de Eric Julio Morris, elegido a la Cámara de Representantes para el período 2006-2010 y condenado por la Corte a seis años de prisión por sus vínculos con los paramilitares.
Entre los testimonios que tenía la Fiscalía en contra del ex congresista están el del ex paramilitar Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, quién dijo en audiencia que Conde Romero tuvo vínculos con miembros del conocido Bloque Montes de María que delinquieron en Sucre y Bolívar.
Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirry’, uno de los testigos clave de la ‘parapolítica’, también señaló que Conde se reunió con jefes paramilitares de Sucre y que hizo alianzas con ellos para beneficiarse políticamente.
Como Conde Romero, varios ex integrantes del partido Colombia Democrática han sido investigados y otros condenados por ‘parapolítica’. El ex senador Álvaro García, de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión; el ex representante Eric Morris, de Sucre, a 6 años de prisión; el ex senador Ricardo Elcure Chacón, de Norte de Santander, a 6 años de prisión, y el ex senador Miguel de la Espriella, de Córdoba, a 45 meses. El fundador del partido y primo del ex presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, también fue condenado por sus nexos con paramilitares.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©verdadabierta

murió leonard weinglass


Abogado de la defensa en la causa de los Papeles del Pentágono. También defendió a los Siete de Chicago y a los Cinco Cubanos.
[Elaine Woo] Murió el miércoles en Nueva York Leonard Weinglass, un abogado idealista que defendió a clientes de causas liberales y radicales en algunos de los juicios más polémicos de los años sesenta y setenta, incluyendo los casos de los Siete de Chicago y los Papeles del Pentágono. Tenía 77 años.
La causa de su muerte fue un cáncer al páncreas, informó Michael Krinsky, colega y amigo durante cuarenta años.
Weinglass, que ejerció en Los Angeles durante dos décadas antes de mudarse a Nueva York, adquirió reputación como extremista durante el caso de conspiración de los Siete de  Chicago contra los manifestantes contra la guerra de Vietnam en la Convención Nacional Demócrata en 1968. Entre los acusados se encontraban Tom Hayden, Abbie Hoffman y Jerry Rubin. Aunque Weinglass era menos escandaloso que su co-abogado William Kunstler, fue sin embargo amonestado por desacato catorce veces en el juicio de cinco meses, que terminó con su absolución.
Defendió también a otros notorios clientes, entre ellos Jane Fonda, a William and Emily Harris (miembros del Ejército Simbionés de Liberación), Angela Davis, Kathy Boudin y Mumia Abu-Jamal. También representó a la hija del ex presidente Carter, Amy, que en 1987 fue acusada de disturbios después de una manifestación contra la CIA en la Universidad de Massachusetts.
Hasta unos días antes de su muerte, Weinglass estaba redactando cartas en nombre de los llamados Cinco Cubanos: los cinco agentes de la inteligencia cubana que fueron condenados en 2001 por espiar en Estados Unidos a favor del gobierno del entonces presidente Fidel Castro.
"Se dedicaba a defender a personas con puntos de vista políticos polémicos y de uno u otro modo estaba tratando de cambiar las cosas, desde los derechos civiles hasta el movimiento contra la guerra", dijo Krinsky.
El caso más importante de Weinglass fue el juicio por los Papeles del Pentágono, iniciado contra el analista de defensa Daniel Ellsberg y el investigador Anthony Russo por la difusión no autorizada por parte de Ellsberg de la secretísima historia de la intervención del gobierno de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. La acusación fue desechada el 11 de mayo de 1973, después de que la corte se enterara de que un equipo encubierto había entrado en las oficinas del psiquiatra de Ellsberg buscando información con la que desprestigiar al famoso acusado.
Como el principal abogado defensor en ese caso, Weinglass "entendía la importancia política de los documentos y que el gobierno de Nixon estaba tratando de suprimirlos. Fue el primer acto de Watergate", dijo Mark Rosenbaum, abogado de la Unión por las Libertades Civiles de California del Sur, que trabajó con Weinglass en el caso.

Weinglass nació el 27 de agosto de 1933, en Belleville, Nueva Jersey. Su madre, recordó una vez, "era una demócrata partidaria de Adlai Stevenson", pero su padre farmacéutico era republicano. Cuando Weinglass estaba defendiendo a los Siete de Chicago, su padre le dijo: "Deberían meterlos a la cárcel sin fianza".
Supo desde muy niño que quería ser abogado. Leyó las palabras de Clarence Darrow mientras barría el suelo del bufete de su tío. Estrella de fútbol durante la secundaria, estudió en la Universidad George Washington en 1955 y se licenció en derecho en la Universidad de Yale en 1958. Tras dos años en la Fuerza Aérea, abrió una práctica de defensa criminal en Newark, Nueva Jersey.
En 1964 conoció a un activista de Newark llamado Tom Hayden, que cambió su vida. Cuando Hayden, que era dirigente de Estudiantes por una Sociedad Democrática, fue detenido en la Convención Nacional Demócrata en Chicago tres años más tarde, le pidió a Weinglass que lo defendiera.
"Tuve que convencer a los otros acusados de que necesitábamos un abogado tremendo", contó Hayden en una entrevista el jueves. "No habían oído hablar de él nunca. No participaba en el movimiento. Pero nunca conocí a nadie tan bueno en la sala de audiencias como Len Weinglass. Nunca perdía la compostura ni elevaba la voz. Trataba de ser lo más convincente posible y hablaba tan sencillamente como podía. Siempre se preparaba de antemano por las mociones que pudieran surgir".
El juicio, que se convirtió en un circo mediático con declaraciones de iconos de los años sesenta, como el gurú del LSD Timothy Leary y el poeta Allen Ginsberg, radicalizó a Weinglass.
"El hecho de que el gobierno de Estados Unidos tratara... de encarcelar a la gente debido a su disidencia política fue para mí realmente toda una revelación", contó a la revista Progressive en 1996. "Había leído y oído sobre esas cosas, pero nunca estuve implicado directamente en un caso de esos".
Su tranquila intensidad y dedicación a sus clientes le ganaron el elogio de jueces y fiscales. "Es un tremendo pensador", dijo Mark Brandler, el juez del caso Harris, al Times en 1980, "incluso cuando apoyaba sus causas políticas durante los trámites preliminares, lo hacía al menos con dignidad".
Le sobreviven dos hermanas, Elaine Nicastro, de Lebanon, Nueva Jersey, y Natalie Franzblau, de Nutley, Nueva Jersey; y su hermano Steven Weinglass , de Los Angeles.
8 de abril de 2011
25 de marzo de 1911
©los angeles times
traducción mQh

hallan fosa con 69 cadáveres


Amnistía Internacional solicita a México investigar una fosa común con 59 cadáveres. Los cuerpos se encontraron enterrados en una fosa en Tamaulipas, al norte de México, un estado en el que suelen operar grupos dedicados al tráfico de drogas y que es parte del camino que siguen muchos inmigrantes para cruzar la frontera.
México. Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades mexicanas iniciar una investigación "completa y efectiva" sobre la fosa común con 59 cadáveres hallada este miércoles en una de las rutas utilizadas habitualmente por los inmigrantes para llegar a Estados Unidos.
Los cuerpos se encontraron enterrados en una fosa en Tamaulipas, al norte de México, un estado en el que suelen operar grupos dedicados al tráfico de drogas y que es parte del camino que siguen muchos inmigrantes para cruzar la frontera.
"La fosa común demuestra otra vez que el Gobierno de México está fallando al enfrentarse a la crisis de seguridad pública que vive el país y en la reducción de la violencia criminal que ha dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad frente a los ataques, secuestros y asesinatos", afirmó el investigador de AI en México Rupert Knox en un comunicado.
Según Knox, "en demasiadas ocasiones, crímenes contra los derechos humanos como éstos han quedado impunes, dejando a las bandas criminales y los funcionarios que colaboraron con ellas libres para poder atacar a grupos vulnerables, como son los inmigrantes irregulares".
"El gobierno mexicano debe tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de esta última masacre y llevar a los responsables ante la justicia", afirmó el investigador de la organización defensora de los derechos humanos.
"Además, resulta vital que las acciones que inicien las autoridades sean estrictamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos. Ése es el único camino para proteger de forma efectiva a la población y asegurar la justicia en el país", añadió.
La organización recordó así mismo que en agosto de 2010 ya fueron encontrados los cuerpos de 72 inmigrantes irregulares en el mismo municipio de San Fernando.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©semana