jaime guzmán y los derechos humanos

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Documentos desclasificados de la CIA revelan que nuncio fue clave para que Jaime Guzmán pusiera atención a los derechos humanos.

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Chile. Los documentos de la inteligencia estadounidense describen a Jaime Guzmán como un "católico casi fanático" que tomó las violaciones a los derechos humanos como algo personal cuando se enteró de que el nuncio Sótero Sanz se sentía amenazado. Los informes de la CIA hacen también un seguimiento casi diario a lo que aconteció en Chile en los días posteriores al asesinato de Guzmán. Se temía que el siguiente blanco fuera Enrique Correa.
Antes de Wikileaks, las desclasificaciones oficiales de documentos del gobierno de Estados Unidos, aunque parciales, entregaron antecedentes importantes sobre la historia reciente. Entre éstos se encuentra un paquete de reportes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) referidos al fundador de la UDI, Jaime Guzmán, obtenido el año 2000 por el Nacional Security Archive. En él hay referencias tanto a los años en que se desempeñó como estrecho asesor político de Augusto Pinochet, como a los días posteriores a su asesinato, el 1 de abril de 1991.
El primer reporte de la CIA en que se menciona a Jaime Guzmán tiene carácter confidencial y data de febrero de 1976. El documento tiene largos párrafos tachados que dificultan su comprensión cabal, pero que de todas maneras permite sacar en limpio datos reveladores.
En él se relata que en enero de ese año el dirigente del MIR Nelson Gutiérrez se refugió en la Nunciatura Apostólica de Santiago. Según el informe de la CIA, hasta ahí llegó un agente de la DINA que exigió al nuncio Sótero Sanz que le entregara a Gutiérrez. El representante diplomático del Vaticano en Chile le advirtió que si se lo llevaba, el hecho se haría público internacionalmente. Ante la amenaza, el agente desistió.
El episodio habría sido relatado por el propio nuncio a Pinochet, quien de acuerdo al reporte le habría contestado que estaba preocupado por la situación de los derechos humanos y tomaría medidas para mejorar la situación.
Según el documento elaborado por la CIA, el nuncio se reunió también con Jaime Guzmán. Le mostró una carta que había enviado al Vaticano, donde expresaba temor por su vida y pedía que lo llamaran a Roma.
"Guzmán, que es un católico casi fanático, ahora siente que su deber es tanto garantizar la seguridad del nuncio papal en Chile como corregir los abusos de los que le habló el nuncio. Guzmán ha tenido varias conversaciones con (el ministro de Justicia) Schweitzer y con (el presidente de la Corte Suprema) Eyzaguirre para discutir formas de monitorear las mejoras en la situación de los derechos humanos", dice el cable de la CIA.
El fundador de la UDI dijo a los agentes estadounidenses que un reciente decreto que en el papel garantizaba la vida de los detenidos era consecuencia de los esfuerzos de Schweitzer y Eyzaguirre. Sostuvo además que por primera vez Pinochet sentía que los abusos a los derechos humanos estaban socavando su gobierno y que una eventual renuncia del ministro y el presidente de la Suprema por su falta de acción, afectaría seriamente el apoyo civil que recibía.
Pese a esta supuesta preocupación por los derechos humanos, Guzmán no dejó de trabajar junto a Pinochet y los abusos continuaron. Sin embargo, unos meses más tarde se anotó un pequeño triunfo político, cuando Manuel Contreras fue sacado de la dirección de la DINA. Así se desprende del reporte de la CIA de noviembre de 1977, donde un informante cuyo nombre se encuentra tachado, pero a quien se identifica como un consejero de Manuel Contreras, señala que el dirigente gremialista fue el gran ganador con la remoción del director de la DINA (aunque el cable se equivoca y lo menciona como jefe de la CNI, el organismo represivo que sucedió a la DINA) y del secretario general de Gobierno, Hernán Bejares.
Como se explica en el documento, el cambio se leyó como el desenlace de una pugna entre los funcionarios duros y blandos de la dictadura. Estos últimos, entre los cuales se identificaba a Guzmán, buscaban que Pinochet tomara medidas frente a la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos.

Monitoreo de la CIA Tras Asesinato de Guzmán
Apenas dos días después del crimen de Jaime Guzmán, el 3 de abril de 1991, se emitió el reporte titulado "Asesinato alimenta la tensión política", donde se analiza la difícil situación del país:

-El asesinato el lunes por terroristas de izquierda del prominente aliado del comandante en jefe Pinochet, alimentará la preocupación de la derecha sobre las políticas antiterroristas del Presidente Aylwin y exacerbará el debate sobre la estrategia de derechos humanos del gobierno.

Esto último tiene que ver con el Informe Rettig, que acababa de darse a conocer. Los estadounidenses creían que las presiones podían venir tanto desde la derecha como desde el socialismo, que cuestionaría la moderada estrategia de Aylwin. Además, se esperaba que Pinochet aprovechara de criticar al gobierno.
El documento hace notar que Aylwin decidió entregar las tareas antiterroristas a la policía en vez del Ejército, a pesar de que según los estadounidenses éste tenía una capacidad superior. La policía, en cambio, no tenía experiencia en antiterrorismo ni en inteligencia. Además, dice el reporte, Investigaciones estaba en una purga de corrupción y por lo tanto podía ofrecer poco apoyo.

Seguidilla de Crímenes
El asesinato de Guzmán estuvo precedido de otros crímenes: el del doctor del Ejército y ex CNI Hernán Pérez Castro, en Rancagua, y el del prefecto de Investigaciones Héctor Sarmiento Hidalgo, en Concepción. El mismo 3 de abril, un segundo cable de la CIA explicaba que originalmente se creyó que los autores de esas muertes provenían de la extrema derecha, pero que el crimen de Guzmán hacía pensar ahora en que los culpables eran parte del FPMR disidente (que en 1988 se había separado del Partido Comunista al rechazar la orden de suspender las actividades militares) y de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), dependientes del partido Mapu-Lautaro.
En el primer caso, la tesis original se sustentaba en que el asesinato se cometió antes de la entrega del Informe Rettig, en que la víctima no tenía demasiada relación con violaciones a los derechos humanos y en que el vocero del FPMR, Vassily Carrillo, había negado la autoría.
En el segundo crimen, al gobierno le parecía raro que el movimiento Lautaro atacara a un policía que no había estado involucrado en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el Lautaro se adjudicó el crimen y análisis posteriores lo atribuyeron a dicho movimiento. El informe hace notar que el vocero de gobierno, Enrique Correa, hizo un llamado a "aniquilar" al Mapu-Lautaro para demostrar apoyo oficial a las desmoralizadas fuerzas de seguridad en Concepción. Sin embargo, la CIA hace un llamativo comentario final:

-Correa estaba extremadamente nervioso por hacer esos comentarios, pues existe una potencial amenaza en su contra por parte del Mapu/L; algunos de sus líderes fueron miembros del Mapu original, al que Correa perteneció antes de su división a comienzo de la década de 1980.

Políticos Amenazados
Un reporte del 5 de abril de 1991 describe lo que pasó en el mundo político después del crimen de Guzmán. Jorge Arrate, entonces presidente del Partido Socialista, se dirigió rápidamente a La Moneda. Ahí se reunió con Aylwin y sus ministros Patricio Rojas (Defensa), Enrique Krauss (Interior) y Enrique Correa (Secretaría General de Gobierno). Ya en ese momento Aylwin sospechaba de alguno de los grupos de izquierda y recalcaba las similitudes con el asesinato del coronel de Carabineros Luis Fontaine, ocurrido en 1990. En la reunión, describe el cable, se discutió incluso la posibilidad de imponer estado de emergencia, lo que según esta versión fue rápidamente descartado.
Ese mismo día, a Arrate le avisaron que en una agencia noticiosa internacional habían recibido una amenaza de muerte en su contra y de varios otros destacados dirigentes políticos: el ministro de Educación, Ricardo Lagos, el secretario general del Partido Comunista, Volodia Teitelboim, y el embajador en la Unión Soviética, Clodomiro Almeyda. A través de otra fuente, los agentes estadounidenses se enteraron también de una amenaza a Germán Correa.
El informe enviado por la CIA el 9 de abril se refiere a la forma en que se estaba realizando la búsqueda de los asesinos de Guzmán. Aunque tiene muchos párrafos tachados que impiden conocer las fuentes de la información y que hacen perder parte del contexto, sí queda clara la tensión con que se debatía en el gobierno respecto de incluir o no al Ejército en la lucha contra la subversión.
De acuerdo al documento, la idea -presumiblemente de los propios militares- era involucrar en las tareas a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), lo que apoyaría los esfuerzos que desplegaba el general Jorge Ballerino –entonces jefe del Comité Asesor de Pinochet– para justificar los "excesos" en materia de derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Un informante cuyo nombre está tachado sostiene que se buscaba demostrar que el gobierno debía adoptar políticas "antiterroristas" como las que llevó a cabo Pinochet. Esto, a su vez, ayudaría a reivindicar el trabajo realizado por el régimen militar y a relativizar las fuertes críticas a las violaciones a los derechos humanos que contenía el Informe Rettig, entonces recién publicado.

La Supuesta "Cumbre Terrorista"
Los temores de la CIA respecto de que el asesinato de Guzmán pudiese haber sido el comienzo de algo peor, quedaron plasmados en el reporte del 11 de abril de 1991. Las tachaduras nuevamente dificultan la compresión del contexto de todo el documento, pero en él se señala que el gobierno tiene miedo de estar en el medio de un proceso de selección de blancos de importantes políticos por parte de la extrema izquierda. "Es solo cuestión de tiempo para que una vez más los terroristas ataquen a una figura importante del gobierno o la política", advierte la CIA.
Se menciona además la preocupación por la actitud de Carabineros durante el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo de ese año, en la Villa Francia, en relación al actuar del FPMR y Mapu-Lautaro. Según la CIA, la policía permitió las manifestaciones de ambos grupos subversivos ignorando las advertencias del gobierno.
Otra tachadura impide leer las frases siguientes del documento, que vuelve a ser legible cuando menciona una "cumbre terrorista" en Villa Francia, en la que supuestamente participaron el FPMR, el Mapu-Lautaro y la facción militar del MIR. Ahí, dice el informe, se habría planificado el asesinato de Guzmán –cometido dos días más tarde–, por ser un símbolo de la dictadura, y del entonces ministro Enrique Correa, como un traidor de la izquierda.
Las investigaciones posteriores demostrarían que este antecedente recogido por la CIA era totalmente falso, pues el FPMR jamás coordinó acciones con el Mapu-Lautaro y el asesinato de Guzmán fue planificado y ejecutado bajo estricta reserva por la estructura militar más operativa del rodriguismo, dirigida por el comandante Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena)

El Terrorismo en Chile
Los documentos que mayor censura sufrieron cuando fueron desclasificados el año 2000 son los últimos que hacen referencia al asesinato de Jaime Guzmán. A pesar del tiempo transcurrido, quienes visaron el informe del 29 de abril consideraron que sólo un párrafo de las tres páginas podía hacerse público.
Ahí se lee que la CIA había recibido información de que los autores del crimen eran parte de una facción disidente del FPMR, infiltrada por el ex líder de la CNI, Manuel Contreras. El dato –que también resultó ser falso– es desmentido en el mismo reporte por una fuente cuyo nombre está tachado.
El último informe de la CIA dirigido al Departamento de Estado y la situation room de la Casa Blanca, también contiene sólo un párrafo legible. Enviado el 14 mayo de 1991, en él se analiza cómo era la seguridad al momento del asesinato de Jaime Guzmán. De acuerdo al documento, hacia fines de marzo de 1991 el crimen y el terrorismo no eran problemas políticos graves y que aunque los índices habían subido un poco, probablemente era una exageración.
Los grupos subversivos, dice el cable, sólo se convertirían en un problema grave si llegaran a contar con apoyo ciudadano. Durante la dictadura, agrega, la actitud de la gente fue ambivalente, porque si bien a las personas no les gustaba el terrorismo, lo veían como una forma de asestar un golpe al régimen. Muchas veces protegían subversivos, pero ese apoyo ya no existía en democracia. Los grupos subversivos eran, en ese entonces, muy pocos: "La amenaza de terrorismo ha cambiado drásticamente desde que el 1 de abril de 1991 fuera asesinado el prominente senador derechista Jaime Guzmán", concluye el informe.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
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cómo cayó el asesino de guzmán

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Crimen de Jaime Guzmán. El oscuro eslabón que culminó con la caída del asesino del fundador de la UDI.

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[Cristóbal Peña y Gabriel Álvarez] Chile. En marzo de 1992, cuando fue detenido, ya sabía que la policía le seguía los pasos. Pero Ricardo Palma Salamanca hizo poco para evitarlo. No tenía fuerzas ni ánimo. Estaba entregado. Afligido por su papel de celador de Cristián Edwards, con el fantasma de Jaime Guzmán rondándole la conciencia, Palma reveló secretos que por intermedio de su hermana fueron a parar a la consulta de la esposa del analista de inteligencia Lenin Guardia. Una clásica tragedia griega donde el infortunio se adivina desde el comienzo.
Ya en prisión, entre amigos de confianza, Ricardo Palma Salamanca recordará que esa tarde de sábado en que fue detenido se dirigía a un cine del centro de Santiago donde ofrecían funciones rotativas. Había abordado un bus casi vacío en las cercanías de la casa de su madre -Walker Martínez esquina avenida La Florida-, y al poco andar una mujer joven y atractiva hizo lo propio y fue a sentarse a su lado. Que eligiera ese asiento en circunstancias de que la mayoría se encontraba desocupado, le pareció extraño, más bien sospechoso. Pero esa impresión quedó relegada a un segundo plano al notar que la mujer le insinuaba cierta coquetería.
A la parada siguiente subieron tres o cuatro hombres. Palma los miró por la ventana. Y entonces, cuando el bus volvía a ponerse en marcha, sintió que la mujer que tenía a su lado le daba un fuerte golpe de nocaut en el rostro al tiempo que los nuevos pasajeros se le iban encima gritando "¡policía!".
Ese 25 de marzo de 1992 la Policía de Investigaciones daba término a un seguimiento de varios meses contra quien confesaría ser uno de los dos autores de los disparos que un año atrás habían costado la vida del senador Jaime Guzmán.
Como muchos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Palma era de los que decían que jamás se entregarían vivos, que preferían morir combatiendo antes que caer en manos de la policía. Pero cuando eso último ocurrió, prácticamente estaba entregado a su suerte. Es cierto que al momento de ser sorprendido al interior del bus ofreció una fuerte resistencia: se necesitó de varios hombres –y de una mujer- para neutralizarlo. Pero también es cierto que cuando fue capturado a pocas cuadras de la casa de su madre, donde se encontraba viviendo hace meses, ya estaba al tanto de que la policía le seguía los pasos. ¿Por qué entonces siguió viviendo donde podían encontrarlo fácilmente? ¿Por qué no intentó salir del país como sí lo hizo el resto del comando que participó de los mismos hechos que él?
La caída de quien fuera el primer y único detenido por la muerte de Jaime Guzmán es una perfecta tragedia griega en la que el fatídico desenlace se anuncia con mucha anticipación. Y como en los antiguos dramas, en éste hay intrigas amorosas y de poder, acusaciones de traición y una zona turbia y borrascosa que el tiempo ha convertido en leyenda.
Lo que es claro es que, en los meses previos a su detención, Ricardo Palma pasaba por fuertes conflictos emocionales. Estos se derivaron de su participación en el asesinato de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, sucesos que le provocaron contradicciones que se acentuarán en la cárcel. Pero sobre todo por las sospechas que se gestaron al interior del propio FPMR, a partir de los secretos que una de sus hermanas confió a su psiquiatra, que resultó ser pareja del analista de inteligencia Lenin Guardia. En ese estado de cosas no podía más que sentarse a esperar su caída.

Comedia Negra
En septiembre de 1991, Ricardo Palma ingresaba a una casa de la comuna de Macul para tomar parte de una nueva operación. El FPMR había decidido secuestrar a Cristián Edwards Del Río, hijo del dueño de El Mercurio, y uno de los celadores asignados a su custodia era el fotógrafo de 22 años que cinco meses antes había matado a tiros al senador de la UDI. En otros tiempos la organización armada lo habría sacado fuera del país inmediatamente después de ese hecho, poniéndolo a resguardo de la policía. Pero las cosas ya no estaban como antes. El FPMR vivía una acelerada descomposición y era objeto de una infiltración por parte de los servicios policiales y de gobierno. En esas condiciones se ejecutó el secuestro de Cristián Edwards.
Desde un comienzo las cosas resultaron complicadas para el más joven de los celadores. Un mes antes, cuando permanecía acuartelado a la espera de que la víctima escogida volviera de un viaje al extranjero, el encierro prolongado afectó su ánimo y la relación con el otro celador, que terminó abandonando la casa de Macul. La deserción de Julio, un ex preso político llamado Florencio Velásquez, puso en riesgo la operación y sembró un manto de duda sobre su papel en las indagaciones que permitieron que la policía identificara la casa donde se desarrollaba el secuestro.
A esto se sumó un capítulo tragicómico, propio de una película de los hermanos Cohen, que su protagonista adjudicó a los nervios del momento. El entonces gerente de los diarios regionales de El Mercurio era conducido por sus captores a la casa de Macul cuando a Palma se le escapó un tiro de su Browning 9 mm que fue a dar a su muslo derecho.
El incidente, que retrasó en una semana su retorno a la casa de Macul, anticipó el mal tiempo que se le avecinaba.
Su reincorporación ocurrió hacia la tercera semana de septiembre, coincidiendo con los primeros informes de la Dirección de Seguridad Pública, organismo de gobierno conocido como La Oficina, que revelaban lo que estaba ocurriendo al interior de esa casa. Los informes, basados en antecedentes entregados por uno de los hombres de confianza de la jefatura del FPMR, no sólo detallaban los conflictos internos que se vivían en la casa de Macul. También daban cuenta de que el cabecilla de la operación era el comandante Ramiro, que más tarde sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena. El mismo que había ordenado el asesinato de Jaime Guzmán por un supuesto encargo de la Dirección Nacional del FPMR.

Una Ratonera
A un mes y medio de iniciada la operación, Ramiro recibió un llamado de auxilio de Ricardo Palma: estaba desesperado, oprimido en su papel de celador. Requería un relevo con urgencia.
Junto a otro de los custodios debía atender y vigilar a Cristián Edwards, que permanecía en una ratonera de dos por tres metros, expuesto permanentemente a un foco de luz y canciones que se repetían a un volumen desmesurado. Su rol era opuesto al del secuestrado, pero como no podía salir de la casa ni distraerse de sus funciones, se sentía agobiado. Un año después, cuando dio cuenta a la justicia por este hecho, recordó:

-En una oportunidad conversé con Cristián y le dije que se tranquilizara ya que se encontraba muy nervioso. Al igual que yo estaba pasando por estados anímicos muy malos, debido al encierro que no soportaba.

De acuerdo con el testimonio de familiares y amigos recogidos para este reportaje, Palma Salamanca no sólo resintió el encierro. Con el correr de los días, ante los nulos avances en la negociación por el rescate, comenzó a sentirse profundamente afectado por el sufrimiento del que era objeto Cristián Edwards. Tan afectado, que cuando pudo salir de la casa de Macul se dirigió donde su hermana mayor y le contó, sin entrar en detalles, de sus tormentos.
Marcela Palma, que es sicóloga y licenciada en filosofía, cuenta hoy que su hermano llegó a su casa de improviso una tarde de noviembre. Estaba flaco, fatigado, tremendamente abatido. Parecía venir de un campo de batalla sembrado por muertos.

-Estaba hecho pebre, muy angustiado, y mi impresión es que en ese momento lo habían sacado de esa casa para poner a otro en su lugar. Según me contó después, cuando estaba detenido, ya había trasgredido todas las normas de seguridad. Una noche que escuchó llorar a Edwards, le abrió el container y lo sacó de ahí. Lo hizo caminar por la casa y conversaron largamente. Eso comenzó a ser común. Hablaban mucho. Al Negro le dolía el alma verlo llorar, porque lloraba con desgarro, con dolor, y se cuestionaba fuertemente lo que estaba haciendo. Pero eso lo supe después, porque en el momento en que llegó a mi casa me contó de su angustia, de sus miedos y de sus dudas de permanecer en el Frente.

Marcela Palma intuía que su hermano estaba involucrado en el secuestro de Edwards. También en el asesinato de Guzmán. Temía seriamente por su vida.
A mediados de ese año había nacido su segundo hijo y la angustia le cortaba el hambre, el sueño, la leche. Fue en ese contexto que ella dice haberle confidenciado sus temores a su psicoanalista de cabecera. Y lo hizo, claro está, sin saber que la persona a la que le confiaba sus secretos era pareja del analista de inteligencia Lenin Guardia Basso.

Secreto Profesional
Dubilia María Consuelo Maccquiavello Forni era su psiquiatra de los últimos cinco años. Formaba parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que asistía a víctimas de la dictadura. Una de ellas era Marcela Palma: en 1982, siendo secretaria general del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica, fue detenida y torturada por la CNI. Precisamente en torno a esos tormentos giraba la terapia que se extendió más allá de los noventa, cuando Maccquiavello se desvinculó junto a otros profesionales del Fasic y se ofreció para seguir atendiendo de manera gratuita a su antigua paciente.
Por ese entonces Maccquiavello y Guardia eran pareja y socios en una empresa de seguridad en la que también participaba el general Herman Brady Roche, uno de los promotores del golpe de Estado desde la Academia de Guerra y luego ministro de Defensa de Pinochet. La relación entre ambos era antigua. En una entrevista publicada en el diario La Época el 25 de marzo de 1995, cuando el periodista le pregunta a Lenin Guardia "¿Cómo le tocó el Golpe de Estado?", él respondió:

-Fui tomado preso, y desde el año 1973 hasta hoy digo que Herman Brady me salvó la vida, porque mucha de la gente que trabajaba con el Coco Paredes (y él trabajaba con Eduardo Paredes, director de Investigaciones durante la Unidad Popular) fue fusilada.

Un anuncio fue el que hizo Guardia. Porque años más tarde Brady será procesado por la desaparición de ocho personas detenidas en septiembre de 1973 en La Moneda y a las que se les perdió el rastro en el Regimiento Tacna. Entre ellas, Coco Paredes y el doctor Enrique Paris.
Lo cierto es que los vínculos de Lenin Guardia con la comunidad de inteligencia de todos los signos siempre fueron privilegiados. Según contará él mismo, a mediados de los ochenta propició un encuentro secreto entre el entonces director general de la CNI y la cúpula del Partido Comunista. Y desde el noventa, con el cambio de gobierno, prestó servicios para funcionarios como Belisario Velasco, que como subsecretario del Interior del Presidente Aylwin tenía a cargo la coordinación de las policías. Por estos pasillos pantanosos el nombre de Ricardo Palma Salamanca llegó a oídos del gobierno a fines de 1991.
Al teléfono desde su casa en Vitacura, Guardia asevera que su esposa jamás rompió el secreto profesional con Marcela Palma:

-Lo que ocurre es que ella estaba desesperada y tenía mucho miedo de que fueran a matar a su hermano. Le preguntó a mi esposa si conocía a alguien del Ministerio del Interior que pudiese ayudarla y mi esposa la puso en contacto conmigo. Ese fue su único papel –dice el analista de inteligencia, que en 2002 fue condenado a once años de cárcel por un montaje conocido como el caso de las cartas bombas.

Marcela Palma dice hoy que difícilmente pudo pedirle a su siquiatra que le ayudara con algún contacto en el gobierno, considerando que en esa época ella misma trabajaba en el Departamento de Estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dice además que se sintió traicionada, víctima de una trampa de los servicios de seguridad del gobierno. Para complicar aún más las cosas, la historia no tardó en llegar a oídos de Antonio Ramos, su jefe directo en el ministerio, que tenía estrechos vínculos con La Oficina.

El Gato y el Ratón
El ex subcomisario Jorge Barraza, que dirigió la brigada policial de la PDI que resolvió los casos Guzmán y Edwards, ha negado que la información proporcionada por Lenin Guardia haya tenido algún efecto en la investigación que derivó en el seguimiento y captura de Ricardo Palma. Como quedó establecido en varios informes policiales adjuntos a los procesos de ambos casos, la hebra habría surgido a partir de una estudiante de Pedagogía de la Universidad Católica que tuvo participación en ambos hechos y resultó ser pareja de Emilio, alias de Raúl Escobar Poblete y cómplice del Negro Palma en las principales acciones de las que tomó parte.
Barraza y sus colaboradoras aseguran que fue por medio de esa pista que a fines de año llegaron a identificar la casa donde Cristián Edwards permanecía secuestrado. Y por medio de la misma comenzaron a rastrear los pasos del grupo.
De todos ellos, Palma fue el más fácil de seguir. A diferencia de los otros, que se movían en una lógica de clandestinidad, el joven fotógrafo seguía viviendo en casa de su madre en Lo Cañas. Tampoco alteró mayormente sus rutinas. Sus amigos recuerdan que en esos días del verano de 1992 Palma solía frecuentarlos por las tardes. Manejaba una moto todoterreno y habitualmente se ausentaba por algunas horas para volver hacia el anochecer.
Más tarde, cuando fue detenido, la policía le mostró fotos donde aparecía fumando y bebiendo junto a sus amigos. Sabían todo de él. Hasta los chistes que contaba.
En sus declaraciones a la justicia, Palma también admite haber tomado parte de la última fase del secuestro. Más particularmente del rescate, cuando supervisó la entrega del dinero junto a una mujer que identifica como Natalia. No es mucho más lo que hizo en esos días. Por orden de la jefatura permaneció congelado, esperando el repliegue que el grupo preparaba a contar de febrero.
Pareció un verano tranquilo. Había dinero y tiempo para disfrutarlo. Pero la policía ya les seguía los pasos muy de cerca y aceptó el juego del gato y el ratón que propuso el comando subversivo, consciente de que les pisaban los talones pero también de que eran más listos que los otros para perderlos. Tal como ocurrió tras la estancia en un camping de Colliguay, que quedó registrada en un famoso video, cuando el grupo burló a la policía tras retornar a Santiago.
Fue en medio de este juego que Marcela le contó a su hermano lo que suponía estaba en conocimiento del gobierno y las policías. Y frente a eso, que no tenía remedio, al Negro Palma no le quedó otra que contárselo a Ramiro, el jefe del grupo. De ahí en más todo fue desastre.

Días Finales
Ricardo Palma volvió otra vez a la casa de su madre en Lo Cañas. También donde sus amigos de siempre. La familia y los amigos. Sus dos refugios. Estaba severamente cuestionado por romper el secreto. Cuestionado y decaído: semanas atrás había terminado con Natalia, su novia de años, con la cual tenía una gran complicidad política.
Su hermana Marcela dirá que el FPMR lo dejó solo, abandonado a su suerte, mientras el resto planificó la huida del país. En cambio Valeria, una de las amigas más cercanas al Negro, dirá que éste también tuvo la oportunidad de salir pero se negó. También se negó a refugiarse en una casa de seguridad. Ambas cosas suponían pasar a la clandestinidad. No lo había hecho antes y no lo haría ahora. Aún a sabiendas de que la policía le respiraba en la nuca.
Pero la aflicción por la que atravesaba no sólo tenía ver con la responsabilidad que sentía por haber puesto en riesgo la seguridad del grupo. En esos días se enteró de que Natalia tenía una relación con uno de los jefes. Y eso, que interpretó como una traición, terminó de abatirlo. Ya no tenía fuerzas. Era incapaz de reaccionar y salvarse. En ese estado de cosas fue una suerte que el FPMR no lo ejecutara ante el riesgo de que delatara a sus compañeros cuando cayera detenido.

-Al Negro no lo dejaron solo –dice Valeria-. Al seguir viviendo en la casa de su mamá, prácticamente se entregó a la policía.

Tres Anillos
La primera vez que lo visitó en la cárcel de San Miguel, donde comenzó a cumplir dos cadenas perpetuas, Marcela Palma habló del tema de su psiquiatra con su hermano. Entonces desconocía detalles de la investigación policial. Estaba convencida de que la única responsable era ella. Probablemente él opinaba algo similar. Pero así y todo, una vez enfrentado, ambos decidieron no volver a hablarlo, relegándolo a un lugar velado donde habitan los tabúes.

-Yo estaba muy golpeada en ese minuto, el mundo se me dio vuelta. Fue un periodo largo de mucha culpa. Todavía tengo fantasías acerca de qué hubiera pasado si yo no le cuento a la Consuelo (Maccquiavello). Todavía me lo reprocho. Tengo que exorcizar esto, reparar internamente un daño que he ido dimensionando con el tiempo –dice ella.

A su modo, Ricardo Palma fue haciendo sus propios arreglos. Tiempo y motivos tenía de sobra.
En su libro testimonial titulado ‘Una larga cola de acero’ (2001), escrito en clave de ficción cinco años después de escapar en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad, el personaje que se inventa Palma dice lo siguiente: "A los que me están escuchando, no crean que me arrepiento de algo y no me vengan con el absurdo mecanismo de decir ‘pero, ¿lo volverías a hacer?’ Las cosas se hacen una sola vez en la vida. Lo demás es patraña mímica".
Algunos de los amigos que lo visitaron en la cárcel le escucharon decir algo similar cuando se refería al asesinato de Jaime Guzmán. Sin embargo, a sus amigas íntimas les transmitió algo muy distinto. Una de ellas, Valeria, dice que él no sólo se cuestionaba el sentido de esa acción. En un momento comenzó a tener pesadillas y trastornos en los que Guzmán era una figura recurrente.
Marcela Palma recordará que en una visita su hermanó le narró a su familia una escena tenebrosa: noches atrás había despertado con la sensación de que Guzmán estaba sentado a la orilla de su cama.
Por periodos Ricardo Palma no estuvo nada bien. Especialmente cuando fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad. No se resignaba a la idea de pasar el resto de su vida encerrado, pero a la vez no veía salida. Sentía que sus acciones le cobraban la cuenta con creces. Que todo se le volvía en contra.
Alguna vez le había dicho a su amiga Lara que prefería mil veces caer muerto antes que pasarse años en la cárcel diseñando artesanías. Pero al poco de ser detenido, cuando Lara lo fue a visitar a la cárcel, él le regaló un par de aros. Se los entregó sin más, un tanto humillado, consciente de que se estaba tragando sus palabras.
Algo muy distinto ocurrió a fines de 1996, en las proximidades de la fuga. En ese periodo diseñó tres anillos. Uno para cada una de sus tres mejores amigas. Ya se había acostumbrado a hacer artesanía. Esos tres anillos fueron su forma de despedirse de ellas y decirles adiós para siempre.
2 de abril de 2011
31de marzo de 2011
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los otros muertos del fpmr

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A 20 años del asesinato del fundador de la UDI. Los otros muertos de los asesinos de Jaime Guzmán.

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[Gabriel Álvarez] Chile. La dupla integrada por Ricardo Palma Salamanca, ‘el Negro’, y Raúl Escobar Poblete, ‘Emilio’, fue una de las más letales del FPMR en los primeros años de la transición a la democracia. Antes de asesinar al senador de la UDI Jaime Guzmán y como parte de la campaña llamada "No a la impunidad", ajusticiaron en la calle a tres ex agentes de la dictadura.
Dieciocho impactos de bala acabaron con la vida de Roberto Fuentes Morrison, conocido como Wally comandante (R) de escuadrilla FACh. Antes de abordar su camioneta Chevrolet C-10 fue acribillado a la salida de su casa en Lo Plaza 186. Eran las 8:57 del 9 de junio de 1989.
Ricardo Palma Salamanca era uno de los seis fusileros del FPMR-Autónomo que realizaron la emboscada. Asesinaron a Fuentes Morrison pocos días antes de que venciera el plazo de su sentencia de muerte, dictada el 2 mayo, por la dirección nacional del FPMR-A a través de un comunicado en el que se llamó a terminar con la total impunidad de que gozaba Fuentes Morrison por parte de la justicia. Había sido absuelto de su participación en múltiples secuestros y asesinatos que protagonizó como uno de los jefes del llamado ‘Comando Conjunto Antisubversivo’.
En 1984, transcurridos ya once años del régimen militar, los integrantes del Comando Conjunto se sentían satisfechos. Cuando se hablaba de represión, sólo se mencionaba a la DINA. Casi nadie sabía de su existencia y menos los nombres de sus agentes. Hasta que en agosto de ese año, uno de sus integrantes, el suboficial de la FACh Andrés Valenzuela, se acercó a la periodista Mónica González (hoy directora de CIPER), quien trabajaba en revista Cauce. "Ya no soporto el olor a muerto", le dijo y le confesó como fueron torturados y asesinados los hombres que pasaron por las cárceles secretas del organismo.
Una vez que su testimonio fue judicializado, comenzarían a surgir decenas de casos que involucrarían de manera directa a Fuentes Morrison y a varios altos mandos de la Fuerza Aérea, Carabineros y la Armada, todos integrantes del Comando Conjunto. El proceso estuvo a cargo del juez Carlos Cerda y terminó abruptamente cuando se le ordenó aplicar la Ley de Amnistía. Cerda se negó, por lo que sería castigado. Pero el expediente quedó en los tribunales. La historia ya estaba escrita.

Los Primeros Pasos del ‘Wally’
A fines de 1974 se reestructuraron los servicios de inteligencia del régimen de Pinochet. Algunos miembros del antiguo Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), entre ellos Valenzuela y el Wally, pasaron a conformar la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), cuyo objetivo sería desarticular al MIR y al Partido Comunista.
El general Enrique Ruiz Bunger se hizo cargo del nuevo organismo. La coordinación se estableció desde el edificio de calle Juan Antonio Ríos N°6. Allí apareció Roberto Fuentes Morrison como oficial de reserva de la FACh. Su tarea: la sección Declaración del Historial del Personal (DHP), encargada de evitar la infiltración izquierdista en la Fuerza Aérea.
Fuentes se reunía periódicamente con los otros DHP de las FF.AA.: Álvaro Corbalán, por el Ejército; Daniel Guimpert, por la Armada y Manuel Muñoz Gamboa, por Carabineros. Bajo esa pantalla institucional se coordinaba la acción represiva del Comando Conjunto.
Para este fin la DIFA dispuso de la instalación clandestina de distintos centros de detención y tortura de prisioneros, a los que el Wally llegaba periódicamente con su cargamento. Uno de los primeros fue un hangar de la Base Aérea de Cerrillos.
‘Nido 20’ y ‘Nido 18’ fueron otras dos cárceles clandestinas del Comando Conjunto. En ellas Fuentes Morrison era visto con frecuencia. Algunos jóvenes de Patria y Libertad -grupo de ultraderecha que integró cuando fue un activo opositor del gobierno de Salvador Allende-, que participaban de las operaciones del comando represor, lo seguían como su jefe. Valenzuela relató cómo operaban:

-En el ‘Nido 20’ murió un hombre al que llamaban "camarada Díaz". Llegó en una oportunidad un grupo de gente que al parecer era de Patria y Libertad, al mando de Wally. Empezaron a interrogarlo sobre armamento… le pegaban bastante. Eran alrededor de nueve hombres que le daban duro, entre todos. Cuando se fueron, con otro guardia nos acercamos y constatamos que estaba muerto.

El Nuevo Jefe del Comando
Cuando Roberto Fuentes Morrison se convirtió en el nuevo jefe del comando represor, luego de la abrupta salida de Edgar Ceballos por un conflicto con la DINA, decidió ocupar un nuevo recinto para la detención y tortura de prisioneros: la recién creada cárcel militar ‘La Prevención’, en la Base Aérea de Colina. De allí en adelante sería conocida como ‘Remo Cero’.
La suerte de los detenidos dependía de la decisión de un solo hombre. Roberto Fuentes Morrison, el "jefe", era quien decidía si a un detenido se lo exterminaba o se lo dejaba vivo. A fines de 1975, un día en que Andrés Valenzuela se encontraba de guardia en ‘Remo Cero’, llegó una furgoneta Citroen y una camioneta C10, abierta:

-Wally me ordenó echar arriba de la camioneta chuzos y palas, unas metralletas AKA y varios litros de combustible. Después, nos pasó una lista de detenidos…En esa lista figuraban Ricardo Weibel, Ignacio González y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros –confesó Valenzuela.

Días después Valenzuela se enteró por los relatos de los hombres del organismo que a los prisioneros los habían asesinado en terrenos militares de Peldehue y luego los habían quemado.
‘Remo Cero’ se cerró en marzo de 1976 por un incidente con la DINA. El comando represor se mudó a las dependencias de una vieja casa de calle Dieciocho 229, en la ex sede del diario El Clarín, la que fue llamada ‘La Firma’. Un periodo en que se intensificó la acción destinada a aniquilar al PC.
La detención del militante de las juventudes comunistas Carlos Contreras Maluje marcaría el fin del Comando Conjunto. Cuando lo sacaron para preparar una emboscada contra uno de sus compañeros, Contreras se lanzó a la calle pidiendo auxilio. Un carabinero intentó infructuosamente ayudarlo –esa misma noche Contreras sería asesinado y enterrado en la Cuesta Barriga–, pero anotó la patente del auto que se lo llevó.
La investigación determinó que pertenecía al vehículo Fiat 125 celeste de la DIFA, asignado para el uso personal del general Enrique Ruiz Bunger, entonces jefe de gabinete del general Gustavo Leigh, integrante de la Junta de Gobierno. La alarma roja se activó en la Junta. Manuel Contreras, jefe de la DINA, exigió que se pusiera fin al Comando Conjunto. Sus cárceles se cerraron, algunos prisioneros fueron liberados, otros asesinados y los archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia de Carabineros, que siguió funcionando en calle Dieciocho, en la ex sede del diario Clarín.
Cerrado este capítulo, Roberto Fuentes Morrison siguió una carrera ascendente en la FACh que lo llevó a ostentar el cargo de comandante de escuadrilla. Era un protegido. De hecho, cuando se conoció en 1984 la confesión de Andrés Valenzuela, fue enviado de inmediato como agregado a la embajada de Chile en Sudáfrica. Hasta que en 1987 se retiró de la institución.
En 1989, cuando la dictadura de Pinochet emprendía su retirada para darle paso a la transición democrática, el Wally vivía sin sobresaltos dedicado a los negocios. A pesar de confirmarse la veracidad de la confesión de Valenzuela y de las decenas de testimonios de sobrevivientes que lo reconocieron, la justicia lo dejó libre.
Su atención se concentraba en la fábrica de su propiedad Ñanque Limitada, ubicada en Vicuña Mackenna 1887, donde producía partes y piezas de armas y explosivos. Como cada mañana, aquel 9 de junio hacia allá dirigía sus pasos cuando los seis frentistas le salieron al paso. No alcanzó a desenfundar la pistola Browning 9 mm que siempre cargaba en su cinto y tampoco pudo subirse a su camioneta, curiosamente del mismo modelo y marca que usaba la DIFA para la captura y traslado de sus prisioneros.

Luis Fontaine Manríquez: Un blanco a Aniquilar
Eran cerca de las 13:30 horas del día 10 de mayo de 1990. Luis Duque Raúl Fontaine Manríquez aguardaba la luz verde en el taxi en el que viajaba junto a su secretaria Margarita Mardones, en calle Santa Isabel a escasos metros de la esquina de Portugal. De pronto 2 escolares que venían caminando por la vereda sur se aproximaron al vehículo desde atrás.
En un rápido y sorpresivo movimiento, los jóvenes desenfundaron sus armas y comenzaron a impactarle disparos a su objetivo. 18 tiros de balas 9 mm blandieron el cuerpo del retirado coronel de Carabineros. Su mandíbula y su cráneo quedaron totalmente destrozados.
Sus pistoleros, disfrazados de estudiantes secundarios, fueron 2 miembros del FPMR Autónomo. De los más legendarios. Ricardo Palma Salamanca, el Negro, y Raúl Escobar Poblete, Emilio, una dupla letal que ya era de temer, especialmente para los violadores a los derechos humanos que gozaban de impunidad. Juntos habían participado en el comando que asesinó al Wally.
Esta vez fue el turno del fundador del OS-7 de Carabineros. Según consta en las páginas de El Mercurio de la época, una semana antes de su muerte Fontaine convocó a una conferencia de prensa en la que declaró que "no le tengo miedo al FMR (sic) ni al Lautaro ni a ningún grupo armado". En la ocasión, además, se refirió al fallo del juez militar que lo absolvió de todo cargo en la muerte del universitario Carlos Godoy Echegoyen, militante del Partido Socialista (PS).
Ya en aquel entonces era uno de los blancos fijados por la dirección nacional del FPMR. Precisamente porque fueron agentes miembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) los que mataron a Godoy, luego de infringirle una brutal tortura, el 22 de febrero de 1985. Y Fontaine era nada menos que el director del mencionado servicio de inteligencia desde el año 1984.
Pero hubo un hecho anterior a este que inscribió a Fontaine dentro de la lista de principales violadores a los derechos humanos. Un caso bullado, que a la larga lo depositarían entre los objetivos a aniquilar por la fracción autónoma del Frente.

La Impunidad de un Represor
El 30 de marzo de 1985 aparecían degollados por un corvo los cuerpos de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, todos miembros del Partido Comunista. A los dos últimos los habían secuestrado desde la puerta de acceso al Colegio Latinoamericano de Integración, un día antes, donde Parada era apoderado y Guerrero profesor.
La noche del 29, los tres detenidos fueron torturados en ‘La Firma’, el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, el mismo que había utilizado previamente el comando de Roberto Fuentes Morrison.
Para la investigación del hecho se designó como ministro en visita al juez José Cánovas Robles, quien desde un primer momento estableció que el crimen era responsabilidad de Carabineros.
Todos eran agentes de la Dicomcar. El organismo lo dirigía Luis Fontaine, quien recibía órdenes directas del entonces director general de Carabineros César Mendoza, también miembro de la Junta Militar.
Los primeros procesamientos de Cánovas abrieron la posibilidad de enjuiciar a agentes represores durante la dictadura y de descubrir los posibles nexos que los vinculaban al Comando Conjunto. Esta posibilidad se cerró el 16 de enero de 1986 cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema estimó que los antecedentes no eran suficientes para establecer la participación de Fontaine en el secuestro de 4 profesores y una secretaria de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), ocurrido justo antes del plagio de Guerrero, Parada y Nattino.
Se cerraba, temporalmente, el caso y el proceso no arrojaba ningún responsable. Pero los efectos colaterales se habían dejado sentir en la institución. César Mendoza tuvo que renunciar a su cargo de director general de la policía uniformada y debió abandonar la Junta Militar.
Una suerte similar había corrido Fontaine, llamado a retiro a mediados de 1985. Casi 5 años más tarde, Fontaine se había reinventado como gerente de la industria de luminosos de neón Riesco y Cía. Aquel 10 de mayo había salido desde su oficina junto a su secretaria hacia calle Santa Isabel para abordar un taxi. Ahí lo esperaban sus verdugos.
Vestidos de escolares se confundieron con los numerosos colegiales que a esa hora salían de sus clases desde distintos establecimientos del sector. Por eso nadie se alarmó en el instante en que se acercaron al automóvil que transportaba a Fontaine. La sorpresa y la alarma llegaron tarde. Los disparos empezaron a salir alternadamente desde la subametralladora y la pistola semiautomática, ambas cargadas con balas de calibre 9mm.
Cumplido el objetivo, ambos arrancaron por calle Santa Isabel en dirección poniente, acertando un nuevo logro en la campaña "no a la impunidad" iniciada con la muerte de Fuentes Morrison.
Los fusileros tendrían una suerte dispar en su futuro. Mientras Emilio nunca fue detenido ni por esta ni por las diversas acciones subversivas en las que participó, Palma Salamanca cayó en 1992 por esta operación. Fue sentenciado en septiembre de 1994 a 15 años de presidio por homicidio calificado.
Un año antes del asesinato de Fontaine, en mayo de 1989, la justicia había reabierto el llamado caso Degollados. Un nuevo ministro en visita, el juez Milton Juica, sería el encargado de investigar la muerte de Parada, Guerrero y Nattino. La Corte Suprema dictaría el fallo definitivo en octubre de 1995, condenando a 16 implicados al caso, incluyendo cinco cadenas perpetuas.

Víctor Enrique Valenzuela Montecinos : El Escolta de Pinochet
Si uno analiza los ajusticiamientos de Roberto Fuentes Morrison y de Luis Fontaine, hay un punto en común que explica por qué fueron blancos del FPMR: ambos participaron directamente en actos de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En el caso de Víctor Valenzuela Montecinos los motivos son algo más difusos. Tal vez el haber sido "escolta de avanzada" de Augusto Pinochet fue el factor que terminó sentenciando la muerte de este sargento segundo de Ejército (S), incluido entre los objetivos de la campaña "No a la impunidad" de la agrupación subversiva.
Los pistoleros que se escogieron para su ejecución fueron la dupla más que fogueada que conformaban el Negro Palma y su jefe y compañero de misiones, Emilio.
La acción ocurrió el 26 de octubre de 1990. Temprano en la mañana, al dejar la casa de seguridad en la que pasaron la noche, Emilio le entregó a Palma un revólver calibre.38mm, cargado con 5 balas, y abordaron el taxi Peugeot 504 que habían robado el día anterior para concretar la operación.
Emilio condujo el vehículo con la patente adulterada FB1417, mientras su acompañante se subió en el asiento trasero con la cabeza hundida. Se estacionaron en una calle de tierra y caminaron por una calle paralela a Departamental hasta Maratón, en la intersección con el pasaje Pedro Rezka, en la comuna de Macul. A la entrada del pasaje esperaron por su víctima. Emilio adelante y Ricardo Palma Salamanca a sus espaldas.
Era temprano. Cerca de las 07:15 horas. De pronto, desde la casa ubicada en el número 2020 de Pedro Rezka apareció un hombre de civil, vestido con una casaca de cuero negra, camisa blanca y blue jeans. Emilio le indicó que él era el ex agente CNI al que iban a liquidar.
En su declaración extrajudicial, adjunta a fojas 118 del proceso, Palma Salamanca describió cómo su compañero se acercó por un costado y desenfundó su pistola calibre 9mm:

-Comienza a dispararle por el lado izquierdo. Mientras el sujeto iba cayendo le siguió disparando al cuerpo, casi encima de él, para luego rematarlo cuando éste estaba en el suelo.

En aquel momento el Negro se encontraba detrás de Emilio cuidándole las espaldas:

-Disparé en varias oportunidades con revólver al aire para luego salir corriendo con mi jefe- relató Palma.

Comenzaron su huida hacia el taxi Peugeot. Nadie los detuvo en su fuga. Tal como en el ajusticiamiento a Fontaine, los movimientos fueron veloces y letales. Pero ahora siete impactos de bala les bastaron para fusilar al suboficial experto en explosivos. Siete disparos certeros y fulminantes.

La Segunda Fue la Vencida
No era la primera vez que Víctor Valenzuela se encontraba cerca de la muerte por culpa de miembros del FPMR. En 1986 fue uno de los escoltas que componían la comitiva de Pinochet en el frustrado atentado en el Cajón del Maipo.
Aquella vez salió ileso. Cuatro año más tarde la fortuna no estuvo de su lado. Murió a los 36 años, habiendo desarrollado casi toda su carrera militar en tiempos de dictadura.
En 1973 ingresó al Ejército como soldado conscripto en la escuela de Caballería y egresó en 1975 como cabo segundo del Arma de Ingenieros. Al año siguiente comenzó a desempeñarse en la unidad de antiexplosivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a la que se dirigía cuando fue emboscado por sus fusileros.
Todas las investigaciones de su muerte apuntaban a que fue Emilio el único que le propinó impactos de bala. Así al menos indicaba la declaración extrajudicial de Ricardo Palma Salamanca. Pero surgió un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI que dio un vuelco a esta hipótesis.
El informe realizado por la Sección Balística fue enviado a la Cuarta Fiscalía Militar con fecha 4 de enero de 1991. Llevaba las pericias sobre tres proyectiles extraídos del cuerpo de Valenzuela. Dos de ellos correspondían a balas 9mm de percutidas por una pistola, mientras que el otro era de calibre 38mm proveniente de un revólver.
La conclusión saltaba a la luz. Los disparos habían sido perpetrados por dos armas diferentes. Y aquel proyectil 38mm salió percutido desde el revólver que portaba el Negro Palma. Evidencias que llevaron a la justicia a determinar la sentencia de 15 años de prisión contra Ricardo Alfonso Palma Salamanca.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
©ciper chile

condenas en causa orletti

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Penas de entre veinte años y prisión perpetua para cuatro represores del centro clandestino Automotores Orletti. Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro de exterminio en el que operaba la SIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el "Olé Olé" del "A dónde vayan los iremos a buscar". Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!
El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.
La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.
Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.
Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.

El Fallo
Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.
Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.
En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.

La Salida
–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.
En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. "Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante." Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. "Creo que es importante", decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.
Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
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macarena gelman sobre orletti

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Macarena Gelman destacó la condena a los represores de Orletti. "Para nosotros, este es el fallo mas significativo".

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Argentina. Para la nieta recuperada del poeta Juan Gelman, la condena a cuatro represores en la causa Automotores Orletti "es muy importante" tanto para su familia como para los uruguayos que pasaron por ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar argentina. "Para nosotros, éste fallo es el más significativo respecto de mi familia", ya que sus padres habían estado detenidos allí, destacó.
"Creo que son muy importantes estas sentencias que se están dando en la Argentina", declaró a Télam la joven cuya madre, María Claudia García, estuvo desaparecida en Orletti, mientras estaba embarazada. También su padre, Marcelo Gelman, fue detenido-desparecido allí y asesinado en la Argentina, la base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur.
"Para nosotros, éste fallo es el más significativo respecto de mi familia. También está el juicio del Plan Cóndor, pero es posterior", señaló la joven, quien subrayó la contemporaneidad de esta sentencia en la Argentina con "la discusión en el Parlamento uruguayo de la ley Interpretativa, con un proyecto que aparentemente se votaría en el Senado este mes y después en Diputados", a favor de la inaplicabilidad de cuatro artículos de la ley de Caducidad, que deja impunes a los represores en Uruguay.
Según Macarena, "está retrocediendo la impunidad, pero subsisten serias trabas en Uruguay, como el hecho de que muchas veces, en alguna instancia de los juicios, deba consultarse al Poder Ejecutivo si se puede o no continuar".
No obstante, sostuvo que "con el proyecto para modificar la ley Interpretativa, si se sanciona, muchos casos archivados van a poder reabrirse". Por eso, agregó, "es una época bastante fuerte. Yo creo que toda esta movida en varios frentes refuerza la esperanza y muchas cosas que parecían imposibles, son cada vez más posibles", afirmó.
Además, calificó como "reparadora" la labor que la Secretaría de Derechos Humanos argentina desarrolla también en Uruguay: "Realmente, a mí me gratifica mi trabajo. Creo que colaborar siempre nos repara también a todos en todo esto que tanto daño nos ha hecho", concluyó.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
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al teniente general balza

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De Orletti y el general Cabanillas. El 4 de abril de 1999, Juan Gelman reveló el pasado de Eduardo Cabanillas –en ese entonces general en actividad– en una contratapa publicada en este diario. Aquí se reproduce aquella nota, la primera de una serie de denuncias que ayer terminaron en su condena.

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[Juan Gelman] Argentina. Señor teniente general Martín Balza: tiene usted bajo su mando inmediato a uno de los responsables mediatos del robo de mi nieta o nieto nacida/nacido en cautiverio. Se trata del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Como usted no ignora, ese delito es imprescriptible. ¿Piensa hacer algo al respecto?
Un sumario de la justicia de instrucción militar caratulado "Comando de la IVta. Brigada de Infantería Aerotransportada, Letra: 417; Nro.: 0035; Cde: 1" recoge las declaraciones que ante el juez de la institución José Herman Llera formuló el 17 de noviembre de 1977 el entonces capitán Eduardo Rodolfo Cabanillas. La causa se inició por el secuestro extorsivo que la banda de Aníbal Gordon perpetró el 24 de julio de ese año contra el empresario Pedro León Zavalía, quien contaba al parecer –como en muy pocos otros casos de esa naturaleza– con los contactos jerárquicos necesarios para que el hecho pasara a la justicia militar. Aníbal Gordon era jefe de los "inorgánicos" que cobraban sueldo de la SIDE y operaban en "Automotores Orletti", centro clandestino de detención que fue polo de la Operación Cóndor en la Argentina.
El hoy general Cabanillas declara en dicho sumario (pág. 146 y ss) "que se desempeñó como segundo jefe de la OT 18, ya que como dijera anteriormente el jefe lo era el mayor Calmon, realizando Actividades Especiales de Inteligencia ordenadas por la SIDE". Agrega que prestó allí servicios "desde mediados del año mil novecientos setentiséis hasta el mes de diciembre de ese mismo año". Señalo a su atención, señor teniente general Martín Balza, dos elementos de ese testimonio que hacen directamente al tema que me ocupa. La OT 18 fue una base operativa que se instaló primero en la calle Bacacay y luego en la calle Venancio Flores de esta capital, en "Automotores Orletti". El segundo elemento es el período en que el declarante se desempeñó en la SIDE como subjefe de la OT 18. Durante ese lapso, exactamente el 24 de agosto de 1976, mi hijo Marcelo Ariel y su esposa María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, de 20 y 19 años de edad, fueron secuestrados en su domicilio por personal de Orletti y llevados a ese campo de concentración. Mi nuera estaba embarazada y durante ese lapso, exactamente el 7 de octubre de 1976, fue vista por un sobreviviente: María Claudia estaba en esa fecha encinta de 8 meses y medio, no había sido torturada y todo indica que su bebé ya estaba destinado a una pareja de apropiadores. No hay dudas de que mi nuera dio a luz durante el período en que el capitán Cabanillas se desempeñó como subjefe de la OT 18. Supongo, señor teniente general, que coincidirá conmigo en que al general Cabanillas le cabe una responsabilidad en la entrega de mi nieta o nieto a manos extrañas a mi familia.
¿Piensa usted hacer algo al respecto?
En el mismo sumario (pág. 279 y ss) el teniente coronel (RE) Juan Ramón Nieto Moreno confirma que la OT 18 "se constituyó por orden del entonces secretario de Inteligencia de Estado, general don Otto Carlos Paladino", que su personal era una mezcla de "inorgánicos" al mando de Aníbal Gordon –(a) El Viejo, (a) coronel Silva, (a) Ezcurra, otros alias– y de "orgánicos" o agentes de la SIDE como Eduardo Alfredo Ruffo y Juan Rodríguez, que éstos dependieron primero del vicecomodoro Guillamondegui –a su vez bajo las órdenes del coronel Carlos A. Mitchell– "y posteriormente de los entonces capitanes Calmon y Cabanillas", y que los efectivos de esa base ejecutaban los blancos operacionales fijados por el Departamento de Contrainteligencia de la SIDE que el declarante dirigió desde el 20 de enero de 1975 hasta el 8 de octubre de 1977. Esos "blancos operacionales" comprendieron a mi hijo, asesinado de un tiro en la nuca a menos de medio metro de distancia y cuyos restos aparecieron trece años después; a mi nuera desaparecida y a su bebé robado.
La vida social del capitán Cabanillas tuvo ribetes peculiares. Era "muy amigo" –dijo– del mayor Alberto Juan Hubert (sospechado de haber ayudado a Gordon en la comisión del secuestro extorsivo) hasta el punto de que "ambos son padrinos de sus respectivos hijos". Interrogado por el juez de instrucción militar acerca de una fiesta de despedida en honor del general Paladino por su pase a retiro, del mayor Calmon y de él mismo por el pase de ambos a la Escuela Superior de Guerra, el capitán Cabanillas declara que tuvo lugar en un carrito de la Costanera llamado "Años Locos", que "recuerda se hallaban presentes el señor general Paladino, jefe de la SIDE; el teniente coronel Visuara (jefe del mayor Calmon); el teniente coronel Nieto Moreno, jefe del Servicio de Contrainteligencia de la SIDE; el mayor Calmon, de la OT 18; oficiales del ejército uruguayo y chileno que estaban ‘en comisión’ (sic) en la SIDE (la Operación Cóndor, ¿no es cierto, señor teniente general?); y además personal civil contratado y orgánico de la SIDE que cumplían tareas en la OT 18 a quienes sólo conocía por nombres de guerra, tales como Aníbal, Zapato, Gallego, Paqui, Cornalito, Puma, León, Pájaro, Dondin, y otros". Es decir, otros secuestradores, torturadores, asesinos y ladrones de bebés de Orletti. El capitán Cabanillas agrega que "la mayoría de ellos concurrieron con sus respectivas señoras esposas", que en total habrían asistido unas 80 personas y que la fiesta fue organizada por "Aníbal", a quien dos respuestas más adelante le encuentra el apellido: Gordon. El declarante, como quien dice, se codeaba.
¿Acaso el general Cabanillas no sabe lo que supo el capitán Cabanillas? ¿Y qué piensa hacer al respecto, señor teniente general Martín Balza? Poco le costaría, por ejemplo, consultar la causa que menciono: es la 4 I 70035/1 y se encuentra en los archivos judiciales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, carpeta 10720, expediente 80739. A usted compete la responsabilidad de que los seis cuerpos de la causa no desaparezcan. También la de leerlos: atañen a su subordinado inmediato, nada menos que comandante de un cuerpo de Ejército.
En su notorio discurso del 25 de abril de 1995 ofreció usted a los familiares de las víctimas de la dictadura militar "respeto, silencio ante el dolor y el compromiso de todo mi esfuerzo para un futuro que no repita el pasado". Pero, ¿cómo impedir la repetición del pasado si se lo aplasta con impunidad y silencio? El dolor necesita palabras. Hable, señor teniente general. A usted le será mucho más fácil que a mí averiguar el destino de María Claudia y su bebé. Tiene acceso a todos los medios para ello. Si no lo hiciere, procure evitar el castigo del insomnio: el no sueño de la mala conciencia es un territorio devastado por la muerte.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
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la confesión de donda

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Su hermano fue asesinado en uno de los vuelos de la muerte. Su sobrina nació en cautiverio.

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[Adriana Meyer] Argentina. "Algunos canallas se retiraron con sus valores democráticos y dejaron a este grupo como chivo expiatorio, como pato de la boda o como quieran llamarlo", dijo ayer el represor Adolfo Miguel Donda en el juicio oral que lo juzga por su participación en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Donda dijo que actuó allí como "operativo" y cargó contra sus antiguos jefes de la Marina. "La ESMA era un lugar público, todo el mundo sabía que era un centro clandestino", fue otra de las frases con que sorprendió a los protagonistas del juicio que se les sigue a él y a otros 18 sicarios de la dictadura. Locuaz y detallista, Donda dio precisiones del accionar represivo en ese campo de exterminio e involucró a toda la Armada al describir su estructura, tal como había hecho en su primera declaración. "Arriba mío había 2500 personas, y yo tengo que estar dando explicaciones acá y todos ellos están libres", dijo al mencionar el organigrama de las fuerzas de tareas, de las cuales dependían los grupos que, a su vez, dirigían las unidades.
Ubicado en el banquillo, Donda debía ampliar su declaración indagatoria, pero primero pidió hablar y luego aceptó responder las preguntas del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, de la fiscalía y de las querellas. Incluso no terminó y hoy seguirá declarando, luego de lo cual debería hacerlo Jorge ‘Tigre’ Acosta. Aunque parecía indignado por haber sido "abandonado" por sus superiores, a la hora de dar nombres de sus ex camaradas de armas se negó "por una cuestión de lealtad".
Las abogadas querellantes Carolina Varsky (CELS) y Myriam Bregman (Ceprodh) coincidieron en que Donda, por un lado, trató de ensuciar a varios sobrevivientes, querellantes en el juicio y que fueron testigos, para intentar invalidar su testimonio y, por otro, reconoció su accionar como parte de los grupos de tareas de la ESMA. Al aclarar que se dedicaba a "tareas de inteligencia" terminó admitiendo que hubo "situaciones de tortura". Dijo que cuando iban a secuestrar gente le decían que era por otras causas, algo que varios sobrevivientes han mencionado, como por ejemplo, que los detenían por operativos de drogas. Además, el represor explicó que los procedimientos se hacían generalmente en la vía pública "para evitar enfrentamientos en las casas", y admitió que usaban antifaz, capuchas y esposas.
El ex marino es tío de la diputada nacional Victoria Donda, que nació en cautiverio en la ESMA, y hermano de otro marino, José Donda, que fue secuestrado con su esposa, llevado a ese centro y hecho desaparecer en uno de los denominados "vuelos de la muerte". Al referirse a ellos, el represor argumentó que se trató de "un tema personal, familiar", y afirmó que esas muertes "fueron en el contexto de una guerra", un clásico a la hora de justificarse. Sobre su hermano dijo puntualmente que él también quiere saber dónde está. La exposición de Donda fue seguida desde el palco del público por la activista castrense Cecilia Pando.
1 de abril de 2011
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corte exonera a santos por masacre

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Corte de Ecuador exonera a Santos por ataque a campamento de Raúl Reyes.El juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, anunció que Santos fue sobreseído de forma provisional del proceso porque goza de inmunidad como presidente de Colombia, informó el canal Ecuavisa.

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Ecuador. La Corte de Justicia de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos exoneró al presidente Juan Manuel Santos del proceso que investiga el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, en marzo de 2008, en el que murió ’Raúl Reyes’.
El juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, anunció que Santos fue sobreseído de forma provisional del proceso porque goza de inmunidad como presidente de Colombia, informó el canal Ecuavisa.
Méndez indicó que, sin embargo, llamó a juicio a seis jefes militares y policiales de Colombia, la cúpula a cargo en la operación militar del 1 de marzo de 2008 contra un campamento clandestino de la guerrilla de las FARC, en la zona selvática ecuatoriana de Angostura.
El juez incluyó en el proceso al excomandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla, al director de la Policía, Óscar Naranjo; al excomandante del Ejército Mario Montoya, al general Jorge Ballesteros, al excomandante de la Armada Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez.
Los acusados tienen tres días para presentar algún recurso de apelación, aunque Colombia no reconoce la competencia de la Justicia ecuatoriana en este caso.
En febrero pasado, la Fiscalía de Sucumbíos también se abstuvo de acusar al presidente Santos en el denominado "caso Angostura", aunque mantuvo su presunción de responsabilidad sobre los demás imputados.
Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se produjo el bombardeo y posterior incursión al campamento que las FARC habían construido en Angostura.
En esa operación fallecieron unas 26 personas, entre ellas el entonces "numero dos" de las FARC, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", así como un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.
Ecuador, dos días después de ese ataque, ejecutado sin aviso ni permiso, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, al considerar que se violó la soberanía nacional.
A finales de 2010, Ecuador y Colombia restablecieron plenamente sus lazos diplomáticos.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©semana