pretextos para matar de guillermo torres

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Los paramilitares de las Autodefensas de Meta y Vichada aceptaron que asesinaron y desplazaron a cientos de inocentes, durante incursiones que buscaban combatir a las Farc.

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Colombia. "Pida perdón y busque a Dios que es lo más importante". Esas fueron las palabras de una madre al asesino de su hijo, José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, el exjefe paramilitar quien aceptó haberlo asesinado y a un sobrino hace doce años en la inspección San Teodoro (Vichada).
Así como en este caso, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) reconoció que él y sus hombres asesinaron a decenas de inocentes en un conflicto que, según dijo, buscaba solo combatir a los cabecillas de los Frentes 16 y 39 de las Farc.
Durante una audiencia de control de legalidad, alias ‘Guillermo Torres’ y sus cómplices Rafael Salgado alias ‘El Águila’, Miguel Ángel Achury y José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’ le dijeron a un magistrado de Justicia y Paz que entre 1998 y 2005 delinquieron en varias zonas de los Llanos en donde asesinaron y desplazaron a la población civil.
Según los exparamilitares, varios de estas incursiones fueron realizadas en conjunto con Los Urabeños, el grupo de paramilitares que fue entrenado en las fincas del Urabá cordobés de los hermanos Castaño y que envió hombres a los Llanos a cargo de Élkin Casarrubia alias ‘El Cura’ y de José Efraín Pérez Cardona alias ‘Eduardo 400’.
También lo hicieron junto a Los Buitrago, el grupo paramilitar de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, que delinquía en el Casanare y que luego se declaró en guerra con el Bloque Centauros. En las incursiones conjuntas con las Acmv, Los Buitrago estuvieron a cargo de William Fredy Ortiz alias ‘Chorote’.
De esta forma las autodefensas de ‘Guillermo Torres’ conocidas entre la gente como ‘Carranceros’, por presuntos vínculos con el esmeraldero Víctor Carranza que siempre han negado, cometieron varias masacres y desplazamientos en Meta y Vichada junto a Los Urabeños y Los Buitrago. "Nuestro objetivo militar eran los cabecillas de las Farc en la zona", dijo alias ‘Guillermo Torres’.
Sin embargo, el 8 de noviembre de 1998 en una incursión que buscaba combatir al guerrillero alias ‘Cadete’, los paramilitares asesinaron a dos civiles que estaban en un sitio conocido como Planchón de Peña, ubicado sobre el río Manacacías. "Esta fue la que se llamó la tercera incursión a La Picota (inspección de Vichada). Volvimos al lugar por orden de ‘Guillermo Torres’.
Unos camioneros le informaron que la zona estaba alias ‘Cadete’, del Frente 39 de las Farc, y a raíz de eso planea con la gente del Urabá y Los Buitrago volver a La Picota. Nuestro grupo solo estuvo en la zona de tres a cuatro horas. Sobre las dos personas que asesinaron no teníamos información de que tuvieran vínculos con la subversión. Los mató alias ‘El Sabanero’ del grupo Los Urabeños", contó alias ‘El Águila’, exjefe militar de las Acmv.
En su recorrido para llegar a La Picota, 175 paramilitares de los tres grupos se distribuyeron por la zona y pasaron por los sitios La Palmita, Icarco, Altamira, Maracaná sobre el río Planas, Brisalia, La Virgen, Puerto Mosco y La Loma. En esa ruta, algunos habitantes denunciaron ante Justicia y Paz que los paramilitares los amenazaron y les quemaron sus bienes, obligándolos a desplazarse.
La historia se repitió el 3 de mayo de 1999 en San Teodoro, otra inspección de Vichada. Con el pretexto de buscar y combatir a alias ‘Narices’ y ‘Napo’ del Frente 16 de las Farc, 180 paramilitares de los tres grupos dispararon indiscriminadamente contra la población, que al escuchar los disparos empezó a correr despavorida. Ese día fueron asesinados cuatro civiles.
"Esa fue una operación relámpago por una información que nos dieron en Puerto Gaitán (Meta), de que en San Teodoro estaba la subversión. Llegamos a la zona entre las nueve y diez de la mañana, nos ubicamos en la parte alta y los tres grupos hicimos avanzadas y empezamos a disparar contra el caserío. Mucha población salió corriendo", contó ‘Guillermo Torres’.
El exjefe paramilitar dijo que mataron a los dos guerrilleros y reconoció que los tres grupos paramilitares atentaron contra la población. "A un señor y un menor que movilizaban en una motocicleta, los mataron. Solo porque el señor dijo que era el presidente de la Junta de Acción Comunal y al joven porque dijo que él era su tío. Alias ‘Chorote’ (del grupo de Los Buitrago) mató al señor porque de pronto lo vinculó (con la subversión) y al joven para que no quedaran testigos", señaló alias ‘Guillermo Torres’.
Algunas de las 42 familias que vivían en esta inspección del Vichada denunciaron ante Justicia y Paz, que ese día los paramilitares no solo asesinaron a cuatro pobladores ajenos al conflicto sino que quemaron y saquearon varias de las casas. "Varias víctimas reportaron que perdieron todo, les robaron el surtido de ropa, sus negocios, mercado y los enseres de las casas. Muchos se fueron por miedo y cuando regresaron, todo estaba destruido o terceros se habían apropiado de lo que quedaba", leyó el Fiscal 59 de Justicia y Paz.

Extorsiones y Desplazamientos
Los tres grupos paramilitares que se unieron para delinquir en la zona utilizaron la extorsión como un método de financiación. La Fiscalía tiene documentados en Meta al menos 350 casos de pagos de ‘vacunas’ en fincas de Puerto López y otros 250 casos en Puerto Gaitán.
Pese al sometimiento, algunos de sus pobladores fueron asesinados acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. "Durante tres años pagamos las extorsiones de los paramilitares y nunca tuvimos vínculos de las Farc", aclaró una mujer sobre el asesinato de su familiar el 21 de agosto de 2001.
Ese día alias ‘Platanote’ y alias ‘Alicate’, dos exguerrilleros que se sumaron a las filas guerrilleras, llegaron a la vereda Mayoral en Puerto López y se llevaron al administrador de una de las fincas de esa zona. "Al señor lo interrogaron, le pidieron que dijera que era guerrillero y por eso lo mataron", dijo el exparamilitar Miguel Ángel Achury. Alias ‘Guillermo Torres’ aceptó que podía ser recurrente que "se cometieran esos errores, que exguerrilleros que se unieron a la organización dijeran que cierta persona era guerrillera o auxiliadora para matarla".
A un maestro que vivía en uno de los resguardos del Vichada para enseñar a los indígenas, no le quedó otra opción que abandonar todo. "Gracias a Dios no tengo víctimas mortales. Pero cortaron mi plan de vida. Yo llevaba 28 años en el resguardo, enseñaba y mi proyecto era que a la hora de pensionarme pudiera tener un lugar donde vivir en tranquilidad con mi familia", explicó.
El profesor contó que el 24 de mayo de 2005 al menos 500 paramilitares se instalaron en su finca, en la inspección de San José de Ocuné, del Resguardo Comunidad La Libertad, y delante de sus hijas torturaron y asesinaron a un guerrillero. Por este hecho, él y ocho de sus familiares se convirtieron en objetivo militar. El fuego cruzado entre los dos grupos armados ilegales los obligó a dejar todo: la casa, el negocio y la tierra de la que vivían.
"Nuestra pretensión es que nos reconozcan los daños ocasionados porque fuimos desplazados. No hemos vuelto y ni pondremos un pie allí porque nos han dicho que la zona está peor que antes. Que hay rearmados. Hay muchas víctimas que no se han reportado", dijo el profesor.
La Fiscalía 59 de Justicia y Paz cree que es difícil saber el número de víctimas de de las Autodefensas del Meta y Vichada, por haber delinquido en la zona en conjunto con otros grupos paramilitares. "Tenemos documentados los casos de unas 250 víctimas, pero creemos que no superaremos las 800", dijo el Fiscal.
Para reconstruir los hechos, este despacho versiona e investiga a 13 exparamilitares y solicitará la postulación del Dioberto Ramírez Cardozo alias ‘Guahibo’, "que será clave para esclarecer muchos de los crímenes cometidos en la zona", señaló la Fiscalía.
La audiencia de control de legalidad, que se extenderá hasta el 2 de abril, presentará los casos de homicidios y desplazamientos cometidos por este grupo paramilitar.
1 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
©verdad abierta

donde el horror llegó al límite

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El bello Juradó, entre la selva y el océano en la frontera con Panamá, ha podido empezar a curarse las hondas heridas que le dejaron la barbarie paramilitar y la corrupción.

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[Mauricio Builes] Colombia. Hace tres meses que la suerte no se deja ver en Juradó. Los pescadores salen a buscarla desde las cinco de la mañana y la esperan en altamar hasta el atardecer. Los niños intentan imaginarla cuando recorren la playa desde el pueblo hasta la punta donde el Océano Pacífico recibe las aguas dulces del Río Juradó. Por las noches, sentados bajo los árboles del parque central, los hombres no hacen más que especular sobre quién será el próximo que se la encuentre de frente.
El último afortunado fue "el viejo Pitufo", el pescador más noble y humilde de esta tierra y que, al decir de los vecinos, tuvo un bien merecido encuentro. Cuentan que esa mañana de diciembre, el viejo salió a pescar como lo hacía todos los días del año, sin más pretensiones que traer la comida para su casa.  Antes del medio día, sus amigos lo vieron acercarse al muelle con el cuerpo erguido y la sonrisa de los triunfadores. En su lancha traía echada la mismísima suerte: una paca de  cocaína.
Los habitantes de Juradó están tan acostumbrados a los bultos de cocaína como al pescado. Sueñan con ellos, se imaginan los sesenta millones de pesos que les pagan por cada uno y hacen largos listados de las cosas que quieren comprar. Las autoridades la llaman "la pesca blanca" y la asumen con tal naturalidad que pareciera no los incomoda. Una mañana de pesca puede dejar rico a cualquiera.
Juradó es un municipio fronterizo, el último de Colombia al extremo norte por la Costa Pacífica, y su mar es ruta de las lanchas cargadas en las costas del departamento del Valle o del Cauca y que van hacia Centroamérica. A veces la Infantería de Marina agarra a los traficantes en pleno viaje. Ellos tiran los paquetes de cocaína al mar; y ahí quedan flotan sin dueño.  Muchas veces, mientras una es detenida, otras dos consiguen coronar. Es tan rutinario el asunto que a veces, los mismos tripulantes cuando se ven atrapados llaman a sus contactos en Juradó y le avisan: "Merca en altamar".
Pero el verano de marzo parece estar terminando, la mercancía no aparece y nadie llama al celular de los lancheros. Eso significa volver a los pargos, al atún y a la sierra.  De nuevo ser otro pueblo más del Chocó de ruegos insatisfechos, dicen los pescadores desilusionados.
Juradó está lleno de contrastes. Por un lado ves la selva exuberante, los delfines brincando en océano azul, aves rojas y verdes de diversas formas y tamaños. Pero cuando crees que te vas a encontrar otro pueblo más del Chocó miserable y sucio, te sorprendes. Te sientes más bien en un pueblo del oriente antioqueño: las calles limpias, los postes con canecas de basura, los niños con el uniforme blanco, planchado y con carpetas de colores bajo el brazo. Hay un asilo para ancianos que ya casi está terminado, el edificio de la Alcaldía se ve recién pintado y hay dos canchas de microfútbol impecables.  En los pasillos de la Gobernación en Quibdó, la capital chocoana,  me habían comentado con algo de envidia, que de un tiempo para acá, los de Juradó se creían panameños.
Los contradice la alcaldesa del pueblo, Jenny Rivas, una administradora de negocios educada en Medellín, que decidió regresar a su tierra para demostrar que no todos los políticos chocoanos van a la cárcel. No es la  influencia del país vecino que queda a tan sólo 30 minutos en lancha. Y niega con vehemencia que el progreso sea fruto la "pesca blanca".
"No te voy a negar que el problema del narcotráfico es serio pero con esa plata no se hacen asilos, ni se reconstruye un pueblo (…) la plata de las drogas se va en licor en ocio". ¿Por qué la alcaldesa habló de reconstruir Juradó?, ¿acaso fue derrumbado alguna vez?
Pues en cierto modo sí. Hace diez años la barbarie paramilitar sacó a casi todos sus cinco mil habitantes corriendo. Quedó como un municipio fantasma de cien habitantes.  En los corregimientos de Aguacate, Coredó, Guarín, Curiche y Patajoná  hubo masacres tremendas. Nadie sabe con exactitud cuántos muertos hubo, pero la gente habla de ellos en pasado porque nadie volvió a vivir allá.
Los familiares de los muertos huyeron hacia Panamá, Bahía Solano, Pizarro o Buenaventura. Tonny, el plomero de Juradó, fue uno de los pocos que se quedó no porque quisiera sino porque no tenía a dónde ir. Sentado en las graderías de una de las canchas recuerda el día en que la misma Alcadía –que por esos años despachaba desde Bahía Solano, a dos horas en lancha bimotor –contrató un barco para que sacara del pueblo a los que quisieran huir. "Fue el día del éxodo" dice Tonny y señala hacia el muelle, desde donde debió partir la embarcación en 2000.
A partir de ese momento Juradó se volvió un "pueblo del relajo". Le cabe la descripción que hace el historiador, Jorge Orlando Melo, en el prólogo de ‘Aguas Arriba’ de Alfredo Molano, sobre los pueblos en la frontera con Brasil: "Un mundo en buena parte sin Estado, sin sistemas judiciales definidos, donde las normas de convivencia se imponen o espontáneamente o por la fuerza".
En Juradó fue esto último. Los hombres del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Freddy Rendón, alias "El Alemán", impusieron el orden que les convenía para sus negocios ilícitos y lo hicieron a la brava.
Cualquier juradoceño mayor de 20 años,  recuerda el sonido del avión cuando pasó por encima del pueblo: "Era la primera vez que un aparato de ese tamaño pasaba sobre nuestras cabezas –recuerda Tonny-. Ya sabíamos que adentro venían los paras".
También se dieron cuenta de que los infantes de esa época trabajaban de la mano con los del Élmer. Varios relatos recogidos en Juradó dan cuenta de cómo los hostigamientos a los pobladores venían de parte y parte. La diferencia era que mientras las amenazas de los militares del Estado servían como advertencia, la de los paras eran partida de defunción.
Ledesma es un apellido del que Juradó prefiere no acordarse. Aún hoy, cuando alguien lo pronuncia lo hace en un tono bajito como si se tratara de un secreto. El teniente Alejandro Ledesma, se vestía como infante de marina, pero actuaba como un hombre más del bloque paramilitar. En 2002 fue secuestrado por las Farc y el 5 de mayo de 2003 cayó abaleado junto al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, cuando el ejército intentó rescatarlos de su cautiverio en Urrao, Antioquia.
Durante eso años el terror se reciclaba casi con la misma frecuencia que los gobernantes. Desde el 2004 y hasta el 2008 Juradó tuvo diez alcaldes que iban cayendo en la medida en que se iban quedando con el dinero destinado para el hospital, la escuela, la electricidad, el agua potable y las basuras. Hasta los dos alcaldes indígenas (en total son ocho comunidades Embera) que hubo también fueron destituidos.
La historia de malos gobernantes se repitió hasta que llegó la primera mujer como candidata.  Las comunidades negras e indígenas le apostaron a que con ella podrían hacer un pueblo diferente. Y lo están logrando..
Cuatro mil personas han retornado a casi todo Juradó y el municipio ocupa el primer puesto en el departamento en desempeño integral, es decir, en manejo financiero y administrativo. A los únicos lugares donde aún no se animan a regresar los juradoceños es a los corregimientos donde hubo tanta masacre. Allá hoy sólo están los restos de las víctimas cubiertos por la tierra, la arena o los manglares.  La segunda semana de marzo de 2011, unos pocos se animaron a volver para colaborarle a la delegación de la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, liderada por Gustavo Duque, a que exhumara cuerpos de las víctimas para podérselas entregar debidamente a sus deudos, y además formalizar los cargos contra los responsables.  Sacaron doce cuerpos y quedó la promesa de una segunda visita para sacar a los demás.
Cuando le pregunto a la Alcaldesa, qué otra fórmula ha aplicado para que Juradó se vea tan ordenado, ella, tomando uno de sus dos teléfonos celulares, me contesta con cierto orgullo:  "Yo llamo a los ministros y los canso". Tanto que antes de que Álvaro Uribe terminara su presidencia logró que el entonces canciller, Jaime Bermúdez, visitara el pueblo y se reuniera con los habitantes para anunciarles que tendrían beneficios adicionales por ser un pueblo fronterizo, como girarles más recursos desde Bogotá.
La gente está preocupada, más aún que por la desaparición de la pesca blanca, porque no saben quién va a reemplazar a su eficiente alcaldesa. Un indígena de la comunidad de Aguascalientes, a dos horas en chalupa por el Río Juradó, me contó que el mismo día que la Fiscalía hizo la exhumación de tres cuerpos en su cementerio, gran parte de los hombres estaban trasnochados y borrachos porque un candidato llamado Bibiano los había visitado la noche anterior con cajas enteras de ron para darles a conocer sus propuestas.  No se ve que ese sea un futuro muy prometedor.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©verdad abierta

denuncian impunidad en colombia

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Ministerio de Asuntos Exteriores británico denuncia violencia e impunidad en Colombia. El informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores británico también se refiere a los logros alcanzados por el gobierno Santos, a los llamados "falsos positivos" y a la amenaza contra los periodistas.

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Colombia. El informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, presentado este jueves en Londres por el titular del Foreign Office, William Hague, analiza los progresos en materia de derechos humanos alcanzados en 26 países durante 2010 y al mismo tiempo denuncia los abusos y violaciones que continúan cometiéndose en muchas partes del mundo.
En el caso colombiano, el informe indica que "el tono del debate nacional sobre derechos humanos en Colombia cambió de forma notable con la llegada al poder del gobierno de Juan Manuel Santos, el 7 de agosto", y recuerda cómo el propio presidente declaró que defender esos derechos sería un "compromiso firme e inevitable" de su mandato.
No obstante, pese a ese "ambicioso programa de reformas en el que se embarcó el gobierno, que incluye una nueva legislación para combatir la corrupción, la reforma del poder judicial, la restitución de la tierra a los desplazados y la compensación a las víctimas", la situación "sigue siendo causa de preocupación", según el informe británico.
El documento denuncia que "los defensores de los derechos humanos han sido frecuentemente víctimas de violencia e intimidación y asesinato" en Colombia.
También lamenta que los indígenas y los afrocolombianos sufrieron "desplazamientos, amenazas y masacres y los niveles de impunidad continúan siendo altos".
El informe subraya que "las actividades de grupos armados ilegales fueron un obstáculo significativo al progreso en muchas partes del país".
El Foreign Office recuerda que el presidente Santos detalló un programa en el que incluía la reforma del sistema judicial y señala que, aunque ha habido elementos positivos en ese apartado, "el número de personas que no afrontó la justicia por sus delitos continuó siento alto".
Además, la Ley de Justicia y Paz del 2005, diseñada para desmovilizar a los paramilitares, "ha fracasado, hasta la fecha, a la hora de asegurar que los culpables respondan ante la Justicia por asesinatos o a la hora de reparar a las víctimas", afirma el documento difundido por el Ministerio de Exteriores británico.
En el informe también se hace alusión a los llamados "falsos positivos" y a los asesinatos extrajudiciales atribuidos a las fuerzas de seguridad.
A ese respecto, el informe dice que esos asesinatos se redujeron de forma significativa en los últimos dos años y que los autores de los crímenes del pasado han sido llevados ante la justicia.
Según el presidente Santos, 298 miembros del Ejército han sido condenados hasta la fecha por dichos crímenes, aunque, según el informe, esto representa sólo "una fracción" de los casos.
Aunque el entorno operativo mejoró en 2010 para los activistas de derechos humanos, muchos sindicalistas, indígenas, líderes afrocolombianos, periodistas y miembros de ONG se enfrentaron de forma continuada al riesgo de un ataque de grupos armados ilegales y criminales, señala el informe.
Sobre la libertad de expresión, en el documento se denuncia que los periodistas fueron blanco de amenazas y violencia y agrega que aunque el número de reporteros asesinados ejerciendo su trabajo continuó siendo bajo -uno por año tanto en el 2009 como en el 2010-, la violencia y la intimidación continuaron.
 1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©semana

lamentan muerte de montiglio

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Abogados y la AFDD destacron el aporte que hizo el fallecido magistrado al avance y la investigación de diversas sobre crímenes de la dictadura de Pinochet. Llevó las causas que heredó del juez Guzmán.

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Santiago, Chile. Diversos abogados y dirigentes de organizaciones de derechos humanos lamentaron profundamente la muerte del juez Víctor Montiglio, quien falleció la noche de ayer, a causa de un cáncer de páncreas que lo afectaba.
"Es verdaderamente lamentable lo que ha pasado. La investigación, en lo que respecta a las causas de derechos humanos y al inmenso avance que existió en los últimos años, le debe mucho al ministro Montiglio y es una pérdida irreparable para las causas", comentó el abogado de derechos humanos Boris Paredes.
Destacó que Montiglio procesó a Pinochet pese a que en 2002 la Corte Suprema lo había declarado "inimputable". El juez "se dio cuenta de la falacia de su inimputabilidad y siguió adelante con las investigaciones", señaló.
El diputado comunista y abogado Hugo Gutiérrez señaló que el magistrado "hizo un aporte significativo que permite el esclarecimiento de una serie de situaciones delictivas, de crímenes cometidos por la dictadura, que hasta ese momento no se tenían conocimiento".
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), lamentó también la muerte del juez: "Es una pérdida muy importante para la causa de derechos humanos, Montiglio demostró la decisión de un juez de investigar", dijo.
"Los abogados de derechos humanos siempre señalaron que con unos cinco Víctor Montiglio sin duda se habría avanzado mucho más", añadió.
El magistrado, un conservador que antes solía votar en contra del desafuero de Pinochet, trámite previo a un eventual procesamiento, recibió en 2005 un total de 35 causas que involucraban al general, que el juez Juan Guzmán Tapia, el primero que enjuició al dictador, dejó pendientes al jubilarse.
Las causas que llevaba el juez Montiglio son tramitadas actualmente por los magistrados Gloria Ana Chevesich y Alejandro Solís.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©la nación

la marihuana es buena

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columna de lísperguer

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Insitituto de Salud Pública y Minsal prohíben fármaco a base de marihuana.

Es increíble que el propio ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y el Servicio Agrícola Ganadero prohíban el uso de la marihuana para la producción de fármacos. En otros países la marihuana se usa amplia y exitosamente contra el cáncer, el mal de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, e incluso como analgésico general y contra males como el insomnio. Con esta decisión en realidad el ministerio de Salud impide el acceso a la salud de cientos de miles de personas, un acceso que, sin embargo, es garantizado por la Constitución. Ninguna persona razonable puede tomar en serio, ni menos acatar, la prohibición de la marihuana cuando la ley perjudica, impide o entorpece el derecho a la salud que tenemos todos. La marihuana, además, como droga recreativa, contribuye decisivamente a nuestro bienestar y calidad de vida. La marihuana es buena.
lísperguer

lo que los vampiros llaman democracia

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columna de lísperguer

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Observatorio Parlamentario constata escaso interés de clase política en democracia y derechos humanos.

De representantes que en realidad no son elegidos por nadie y que conforman una clase política autocrática no se puede esperar que quieran voluntariamente introducir prácticas más democráticas. Hay demasiados intereses en juego. Los salarios que se han fijado (los más altos del mundo: unos 15 mil dólares mensuales) no son privilegios desdeñables. Gracias al binominal, el voto ciudadano no cuenta para nada. Las elecciones parlamentarias son un paripé absurdo e innecesario: lo que se imagina que es democracia un milico borracho con delirium tremens. Varios de los parlamentarios fueron funcionarios políticos de la dictadura. Chile no ha sido capaz de dictar una ley de inhabilitación para este tipo de delincuentes. ¿Qué democracia que se puede esperar de estos canallas? Para ellos, la democracia es como la luz del día para los vampiros.
lísperguer

sag prohíbe marihuana médica

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SAG revoca autorización para cultivar marihuana con fines terapéuticos.

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Santiago, Chile. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), revocó la autorización para la siembra, plantación, cultivo y cosecha de especies vegetales del género Cannabis otorgado a la empresa AgroFuturo, en la Región del Biobío con fines terapéuticos.
Por medio de un comunicado, el organismo explicó que "la decisión se fundamenta en la reciente resolución emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP),  que rechaza conceder a la empresa el registro sanitario para un fitofármaco que contendría como materia prima Cannabis Sativa, conocida comúnmente como marihuana.
En opinión del SAG, esto implica que la empresa AgroFuturo no podrá cumplir con los fines para los cuales solicitó la autorización, por lo que ésta carece de justificación.
Al respecto Pablo Willson, jefe de la División Jurídica del SAG, puntualizó que "con fecha de hoy hemos tomado conocimiento que el Instituto de Salud Pública (ISP) ha establecido que está prohibido desarrollar un fitofármaco que contenga cannabis y a raíz de eso a nosotros nos corresponde dejar sin efecto la autorización que el SAG, en su momento, dictaminó".
Por esta razón, el ISP aclaró que si a futuro se le solicitara el registro sanitario de algún producto que contuviera Cannabis o Dronabinol, éste será denegado como medicamento y fitofármaco.
El artículo 6° del Decreto Supremo N° 405 del Minsal, Reglamento de Productos Sicotrópicos, prohíbe en el territorio nacional la producción, fabricación, preparación, distribución y expendio de productos que contengan Dronabinol, sustancia extraída de la Cannabis Sativa y que estaba contenida en la hierba para infusión que la empresa pretendía producir.
Cabe destacar que al entregar esta autorización la Dirección Regional del SAG de la Región del Biobío actuó en conformidad a lo que la Ley 20.000 y su reglamento establecen para estos casos.
Sin perjuicio de ello, aclaró el comunicado, "la Dirección Nacional iniciará una revisión de los procedimientos que llevaron a esta autorización".
Su resultado será entregado a las autoridades pertinentes, quienes determinarán si es necesario modificar o perfeccionar uno o más puntos de la actual normativa.
Finalmente, dado que ésta era la única autorización que el SAG había emitido con estos fines, y que la empresa no ha informado la siembra, trámite que debía cumplir con 30 días de anticipación, existe certeza que a la fecha no se ha sembrado absolutamente ninguna semilla de especies del género Cannabis con autorización de este Servicio.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©la nación

protestas por salida de capo cni

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Polémica por salida dominical de ex director de la CNI. "El gobierno debe decir públicamente que está pasando y revertir esta medida", exigió el jefe de la bancada de diputados PS. Senadora Alvear (DC) manifestó que la situación constituye "una burla para las víctimas y sus familias". Cardemil (RN) defendió el beneficio.

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Chile. Posiciones discrepantes entre los distintos sectores políticos generó la salida dominical con que está siendo beneficiado el ex director de la CNI Odlanier Mena, situación que para algunos constituye una "burla", mientras para otros simplemente es una muestra de "igualdad ante la ley".
El jefe de la bancada de diputados PS, Alfonso De Urresti, exigió explicaciones al gobierno, señalando que "es absolutamente condenable que se tomen medidas de esta naturaleza de manera poco transparente".
A su juicio, "llama la atención la oscuridad con que se ha manejado el tema. Exigimos saber qué entidad visó la libertad de este señor".
El parlamentario dijo que luego de conocerse este beneficio se genera una duda mayor acerca de las intenciones que podría tener un eventual indulto masivo.
"Un hecho de esta relevancia nos hace volver a cuestionarnos frente al proyecto de indulto que pretende mandar el gobierno al parlamento. Aquí lamentablemente siempre tenemos que estar atento a que haya una letra chica, por donde se cuelen en los beneficios carcelarios a los violadores derechos humanos", indicó.
Según De Urresti, "el gobierno debe decir públicamente que está pasando y revertir esta medida. Este señor dirigió una de las instituciones más oscuras que ha existido en Chile y no se puede permitir su libertad sin al menos una consulta a distintos organismos".
De esta manera se sumó al rechazo que ayer planteó la senadora Soledad Alvear (DC), quien consideró que el otorgamiento del beneficio a Odlanier Mena es "una burla para las víctimas y sus familias".
Recalcó que "es inoportuno que esto haya sucedido en medio del debate por los indultos que ha instalado el gobierno, sobre todo cuando hemos manifestado categóricamente que estamos en contra de cualquier beneficio a los condenados por violaciones a los derechos humanos".

Cardemil Defiende
El diputado RN Alberto Cardemil rechazó las críticas de la Concertación, señalando que  "ha habido una ley no escrita de la Concertación que está animada, más que por deseos de justicia, por deseos de venganza, por la cual ningún ex uniformado debiera salir de la cárcel".
En declaraciones a Radio Cooperativa, señaló que "si este gobierno está aplicando las leyes con igualdad de condiciones para todos los chilenos, me parece excelente".
1 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
©la nación